México vive uno de los momentos políticos y sociales más complejos de las últimas décadas. Lo que antes se discutía únicamente en pasillos gubernamentales, columnas especializadas o expedientes judiciales, hoy se convirtió en tema cotidiano en la mesa familiar, en las redes sociales, en las campañas electorales y hasta en las conversaciones empresariales. La seguridad dejó de ser un problema aislado para convertirse en el eje central de la vida pública nacional.
Solo era cuestión de tiempo para que la pequeña oposición sacara sus armas ocultas y comenzara a atacar con todo al régimen actual. Pero lo verdaderamente preocupante no es la confrontación política en sí, sino el nivel al que ha escalado la narrativa pública: hoy los narcopolíticos acusan de narcopolíticos a sus adversarios, sin medir las consecuencias diplomáticas, económicas y sociales que esto puede provocar para México.
Y es que las acusaciones lanzadas en cortes o agencias de Estados Unidos no se quedan únicamente en un discurso mediático. Allá, cualquier declaración abre líneas de investigación formales. El problema es que, bajo esa lógica, las redes indirectas de relación pueden extenderse hasta niveles absurdos. Literalmente, cualquiera podría terminar involucrado en un expediente por una relación indirecta, comercial o social.
Por eso menciono el ejemplo de las tiendas de conveniencia. En México, un criminal compra comida, bebidas, recarga teléfonos, envía dinero o realiza depósitos en establecimientos completamente legales. Bajo interpretaciones extremas, esos negocios podrían terminar siendo considerados proveedores financieros indirectos o facilitadores operativos. Suena exagerado, pero así de delicada se ha vuelto la narrativa internacional alrededor del combate al crimen organizado y al terrorismo.
Porque ahora el término ya no es solamente “crimen organizado”. Hoy la palabra que comienza a dominar el escenario es “terrorismo”. Y esa clasificación cambia absolutamente todo.
De acuerdo con distintos análisis y estimaciones elaboradas durante años por agencias estadounidenses sobre economías ilícitas y redes sociales indirectas, millones de personas mantienen algún tipo de contacto económico, familiar, territorial o circunstancial con estructuras criminales, muchas veces sin siquiera dimensionarlo. En regiones completas del país, la línea entre convivencia social y cercanía con actores criminales se volvió peligrosamente difusa.
Lo vemos todos los días. Familias antes consideradas “tradicionales” o “de bien” hoy conviven en eventos sociales, políticos o empresariales con personajes señalados o relacionados con estructuras criminales. Empresarios, operadores políticos e incluso figuras aparentemente respetables hablan con naturalidad de conocer “al líder de la plaza”, “al encargado de la zona” o “a quien mueve las cosas”. Lo más alarmante es que muchos ya lo ven como algo normal.
Y ahí es donde México perdió parte de su rumbo moral.
Porque durante años se permitió que el miedo, la corrupción y la impunidad crecieran hasta infiltrarse en la vida cotidiana. Desde aproximadamente 2008, el país entró en una espiral de violencia brutal donde gobiernos completos fueron señalados por vínculos criminales, mientras comunidades enteras quedaron atrapadas entre el abandono institucional y el poder de los grupos armados.
Por eso resulta paradójico escuchar hoy que quienes impulsan programas sociales, becas, apoyos económicos y estrategias de contención de violencia sean acusados automáticamente de ser parte del problema. Claro que existen funcionarios corruptos. Claro que hay políticos vinculados al crimen, y deben ser castigados con todo el peso de la ley. Pero también debe existir memoria histórica.
Hace apenas algunos años, programas sociales como Oportunidades alcanzaban aproximadamente a poco más de seis millones de personas. Hoy, los programas de bienestar llegan a más de treinta millones de mexicanos. No porque la población haya explotado demográficamente de un día para otro, sino porque durante décadas la corrupción devoró recursos públicos completos. El dinero desaparecía entre estructuras burocráticas, contratos inflados, operadores políticos y gobiernos estatales que hoy incluso tienen exgobernadores encarcelados o perseguidos.
México no puede caer nuevamente en la tentación de la “manzana del Edén”.
La historia bíblica es simple pero poderosa: la advertencia existía, el peligro estaba frente a todos, pero alguien decidió probar aquello que parecía atractivo, cómodo o conveniente. Y después vino la caída.
Hoy la sociedad mexicana enfrenta exactamente esa disyuntiva. Normalizar la cercanía con el crimen, romantizar el poder ilegal o justificar relaciones oscuras por conveniencia económica puede terminar destruyendo todavía más el tejido social.
La salida no está en polarizar al país ni en convertir cada elección en una guerra de exterminio político. Tampoco en usar agencias extranjeras como instrumentos electorales. La verdadera salida está en reconstruir instituciones, fortalecer valores, recuperar el respeto por la legalidad y alejarnos de todo aquello que huela a crimen, corrupción o terrorismo, como debimos hacerlo desde hace décadas.
Porque cuando una sociedad comienza a convivir cómodamente con el mal, tarde o temprano termina consumiendo la manzana completa.
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