El presidente del PRI contrató a una firma de Washington para coordinar su logística y su vestimenta en encuentros con funcionarios estadounidenses.
Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, firmó un contrato de 120 mil dólares con la firma Concord Hill Strategies. La empresa, con sede en Washington, le brinda servicios de relaciones públicas para sus visitas a Estados Unidos.
El documento, en poder de Forbes México, establece que el pago se realizará en cuotas mensuales. Concord Hill Strategies organiza la logística de las reuniones de Moreno con el gobierno de Donald Trump y con el Congreso estadounidense.
El contrato también detalla que la firma asesora al priista sobre su presentación personal y su vestimenta profesional. Además, define el protocolo logístico y elige la ubicación física para las sesiones fotográficas con funcionarios.
Martina Maietto, abogada de la compañía, firmó el acuerdo con Moreno Cárdenas el 2 de abril de 2026. El texto aclara que Concord Hill Strategies no participa en la agenda ni en el contenido de las conversaciones del priista.
“Un representante de Concord Hill Strategies podrá estar físicamente presente en las reuniones exclusivamente con fines logísticos y de coordinación”, señala el contrato. La firma tampoco ofrece asesoría sobre mensajes ni posturas políticas.
Moreno Cárdenas ha viajado cinco veces a Washington durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Sus visitas iniciaron en febrero de 2025 y la más reciente ocurrió a inicios de agosto de 2026. El senador realizó el mismo número de viajes durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Durante estos encuentros, el priista se ha reunido con legisladores republicanos y demócratas, así como con representantes de la OEA y la ONU. En febrero pasado, ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, aseguró que México necesita frenar a los “narcopolíticos de Morena”.
En mayo de 2025, Moreno Cárdenas grabó un video en el Capitolio para exigir la extradición de funcionarios sinaloenses solicitados por Washington. Ese mismo viaje, entregó un documento a tres dependencias estadounidenses para pedir que declaren a Morena como “asociación terrorista”.
Este mes, el líder priista denunció ante el Departamento de Estado a tres consejeros del INE. Los acusa de obligarlo a retirar publicaciones donde vincula a Morena con el crimen organizado.
Mandatarios estatales afines al movimiento respondieron este viernes a críticas recientes. Advirtieron que no cederán ante presiones ni campañas de desinformación.
Un grupo de gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación difundió este viernes 14 de agosto un pronunciamiento conjunto. El documento responde a señalamientos y campañas que, según ellos, buscan desacreditar su movimiento.
Los firmantes explicaron que su proyecto político nació de la lucha social y la organización popular. Aseguraron que siempre defendieron la justicia social, la democracia y la soberanía nacional.
En el texto marcaron distancia frente a sus críticos. Afirmaron que quienes tuvieron vínculos con corrupción, delitos de cuello blanco o crimen organizado no tienen autoridad para juzgarlos. Con esa postura, buscan restar legitimidad a las acusaciones que reciben.
Los mandatarios estatales también enviaron un mensaje firme sobre la soberanía. Rechazaron cualquier injerencia extranjera en asuntos internos de México. Insistieron en que el país debe mantenerse libre e independiente ante presiones externas.
Frente a las críticas y la desinformación, el grupo prometió responder con trabajo y resultados concretos. Aseguraron que seguirán cumpliendo con la responsabilidad que el pueblo les confió. Además, se comprometieron a continuar impulsando la transformación de la vida pública del país.
El documento cierra con una frase contundente dirigida a quienes consideran traidores a la patria. Señala que la historia se encargará de juzgarlos. Firmaron gobernadoras y gobernadores de 22 entidades, entre ellas Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Tamaulipas.
El detenido, identificado como “El Canelo”, es señalado por autoridades de actividades de sicariato y trasiego de drogas para una célula vinculada con La Mayiza.
Autoridades estatales y federales detuvieron en el Valle de Mexicali, Baja California, a Felipe de Jesús, alias “El Canelo”, señalado como presunto lugarteniente de Los Rusos, grupo relacionado con una facción del Cártel de Sinaloa conocida como La Mayiza. Durante el operativo también fue arrestado un supuesto escolta.
La captura ocurrió en el ejido Ciudad Coahuila, sobre el kilómetro 57 de la carretera Mexicali-San Luis Río Colorado, cuando elementos estatales, federales y militares realizaban labores preventivas. Los agentes detectaron una KIA Sportage con reporte de robo, en la que viajaban “El Canelo”, de 28 años, y Moisés, de 27, originario de Sinaloa.
De acuerdo con el reporte oficial, durante la intervención fueron asegurados dos fusiles, dos pistolas, 21 cargadores y 398 cartuchos, además de cuatro radios de comunicación y tres chalecos balísticos. Las autoridades también localizaron mil 350 envoltorios con 852 gramos de metanfetamina.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que “El Canelo” es identificado por las mesas de seguridad como presunto responsable de actividades de sicariato en distintos puntos de la zona sur del Valle de Mexicali. Asimismo, las autoridades lo ubican dentro de las células de Los Rusos dedicadas al trasiego de drogas para La Mayiza.
La detención forma parte de los operativos de seguridad desplegados en esta región fronteriza, donde autoridades estatales y federales mantienen acciones contra grupos dedicados al tráfico de drogas, violencia y delincuencia organizada.
Entre los detenidos está el presunto líder de una célula criminal; autoridades aseguraron rifles de asalto, pistolas, cartuchos, droga y equipo táctico.
La Fiscalía General de Baja California informó la captura de 17 presuntos integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en Tecate y estaría relacionada con al menos nueve hechos criminales de alto impacto, incluidos homicidios de civiles y de un agente de investigación.
El operativo Fuerza Fiscalía Alto Impacto permitió ubicar y detener a los sospechosos mediante trabajos de inteligencia, análisis de videovigilancia, seguimiento operativo y labores de campo. Entre los casos que se les atribuyen está el asesinato de Jesús Pereira, asesor en seguridad pública y esposo de la regidora morenista de Tecate, María Quijada, ocurrido el 14 de julio mientras se encontraba con su familia.
La célula también es investigada por el ataque contra cuatro personas en la taquería Mis Tíos, ocurrido el 4 de julio, así como por el homicidio de Cristian Sandoval, jefe del Grupo de Robos de la Agencia Estatal de Investigación, asesinado afuera de su domicilio el 19 de junio. Además, las autoridades relacionan a los detenidos con otros homicidios registrados en establecimientos comerciales y con agresiones contra corporaciones policiales.
Durante las acciones fueron aseguradas 10 armas de fuego, entre ellas ocho rifles de asalto y dos pistolas, además de 10 cargadores, 438 cartuchos, cuatro chalecos balísticos, 20 artefactos para ponchar llantas y 120 dosis de droga. Las investigaciones permitieron identificar rutas de desplazamiento, puntos de resguardo y patrones de operación de la organización criminal.
Entre los detenidos se encuentra Yael, alias “El Bolas”, señalado como presunto líder de la célula, además de otros 16 hombres identificados por las autoridades como Juan “El Vampi”, Jesús “El Boa”, Juan “El Flaco”, Sergio, Daniel “El Wero”, Michael “El Maicol”, Juan Diego, Abel, Raymundo, Jesús Adrián, Ramón, Josué, Jonathan, José Raúl, José Luis y Alejandro. La situación jurídica de los detenidos deberá ser determinada por las autoridades correspondientes.
Desde Tomás Yarrington y Mario Villanueva hasta Roberto Sandoval, Jesús Reyna y Eugenio Hernández. Diversos exgobernadores y dirigentes del PRI han sido investigados, detenidos o condenados por vínculos con el narcotráfico.
A lo largo de las últimas décadas, diversos políticos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sido investigados, detenidos, procesados o condenados por presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico y el crimen organizado. Los casos abarcan desde exgobernadores y dirigentes nacionales hasta funcionarios estatales.
Uno de los antecedentes más conocidos se remonta a Sinaloa, donde el entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis fue señalado históricamente por haber brindado protección política aMiguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara. A ello se suman los señalamientos contra el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, cuyo cuñado, Rubén Zuno Arce, fue condenado en Estados Unidos por su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y el secuestro del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.
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Durante los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid, distintas investigaciones y testimonios han señalado que el Cártel de Guadalajara operó bajo un entorno de protección institucional que permitió el crecimiento de figuras como Ernesto y Rafael Caro Quintero.
Posteriormente, en el sexenio de Ernesto Zedillo, también surgieron versiones sobre vínculos entre el entorno familiar presidencial y los hermanosJesús y Adán Amezcua Contreras, conocidos como “Los Reyes de las Metanfetaminas” y líderes del Cártel de Colima, aunque nunca se acreditó responsabilidad penal contra el expresidente.
Entre los casos con consecuencias judiciales destaca el de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, acusado de colaborar con el Cártel de Juárez. Fue procesado en México, extraditado a Estados Unidos y se declaró culpable de lavado de dinero relacionado con recursos provenientes de esa organización criminal. Tras cumplir condenas en ambos países, obtuvo prisión domiciliaria y posteriormente fue liberado por razones de salud.
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Otro de los expedientes más emblemáticos es el de Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas. Autoridades estadounidenses acreditaron que recibió sobornos del Cártel del Golfo y de Los Zetas, además de utilizar recursos ilícitos para adquirir propiedades en Estados Unidos. Extraditado desde Italia y posteriormente condenado por lavado de dinero, fue deportado a México en 2025, donde enfrenta nuevas investigaciones por delitos relacionados con el narcotráfico.
También enTamaulipas,Eugenio Hernández Flores, quien gobernó la entidad entre 2005 y 2010, ha enfrentado investigaciones por presunto lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales, incluidos señalamientos sobre posibles sobornos de Los Zetas. Aunque ha enfrentado procesos judiciales tanto en México como solicitudes de extradición, el caso continúa siendo uno de los más representativos del estado.
En Veracruz, el exgobernador Fidel Herrera Beltránfue señalado por un testigo identificado como contador del Cártel del Golfo de haber recibido recursos para financiar su campaña política. Aunque las acusaciones nunca derivaron en una condena judicial, su nombre permanece ligado a investigaciones.
En Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador priista, fue detenido en 2021 acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, el gobierno de Estados Unidos lo sancionó al señalar que recibió sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de los Beltrán Leyva a cambio de protección e información privilegiada. Su administración también quedó marcada por el caso del exfiscal Édgar Veytia, condenado en Estados Unidos a 20 años de prisión por tráfico internacional de drogas y por colaborar con organizaciones criminales.
En Michoacán, el entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa quedó envuelto en la polémica después de que su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, fuera videograbado reuniéndose con Servando Gómez “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios. Aunque Fausto Vallejo nunca fue procesado por narcotráfico, el caso golpeó severamente a su administración. Tras su salida del gobierno, el mandatario interino Jesús Reyna García fue detenido en 2014 acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud, luego de difundirse imágenes de reuniones con integrantes del mismo grupo criminal. Permaneció más de cuatro años en prisión antes de ser liberado por falta de pruebas suficientes.
Otro caso que generó repercusión internacional fue el de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI. En 2016 fue detenido en España por presunto lavado de dinero, organización criminal, cohecho y malversación de recursos. Aunque posteriormente recuperó su libertad por falta de pruebas para mantener el proceso en ese país, el caso deterioró aún más la imagen del partido.
A esta lista se suman otros exgobernadores priistas involucrados en procesos penales por distintos delitos de corrupción, entre ellos Mario Marín Torres, acusado por tortura; César Duarte Jáquez, procesado por corrupción y desvío de recursos; y Javier Duarte de Ochoa, sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Asimismo, el actual dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, enfrentó una investigación de la Fiscalía de Campeche por el presunto desvío de más de 83 millones de pesos durante su gestión como gobernador.
Foto: Cuartoscuro
Al menos una docena de exgobernadores priistas han enfrentado investigaciones por corrupción o vínculos con organizaciones criminales. Aunque no todos los expedientes concluyeron en sentencias condenatorias, varios de sus integrantes fueron detenidos, encarcelados, extraditados o condenados tanto en México como en Estados Unidos, dejando una de las listas de casos judiciales más amplias registradas para un partido político en el país.
El exgobernador de Quintana Roo continuará sentenciado por delitos contra la salud y asociación delictuosa; un juez rechazó reducir su pena pese a que permanece en prisión domiciliaria por motivos de salud.
La justicia federal confirmó la condena de 36 años y nueve meses de prisión contra el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, al declarar improcedente la solicitud para reducir o modificar la pena que enfrenta por delitos relacionados con el narcotráfico. La resolución representa un nuevo revés para el exmandatario, señalado por colaborar con el Cártel de Juárez durante su administración.
El fallo fue emitido por Fredy Ladislao Portillo González, titular del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas de la Ciudad de México, quien determinó que Villanueva sigue siendo responsable de los delitos de asociación delictuosa y delitos contra la salud, al facilitar actividades del crimen organizado. Asimismo, el juzgador rechazó modificar la medida cautelar que pesa sobre el exgobernador.
De acuerdo con el expediente judicial conocido como el “Maxiproceso”, Mario Villanueva brindó protección institucional y apoyo logístico para permitir el traslado de cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, en colaboración con el Cártel de Juárez, encabezado en ese entonces por Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. Las investigaciones también lo señalan por haber integrado una red de complicidad con mandos policiacos y funcionarios de su administración para proteger las operaciones del grupo criminal en Cancún y otras zonas del Caribe mexicano.
Aunque actualmente permanece en prisión domiciliaria en su vivienda de Chetumal, beneficio otorgado desde 2020 por su avanzada edad, problemas cardíacos y enfermedad pulmonar, la medida continúa siendo temporal. Tras el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19, un juez ordenó su regreso a un penal federal para concluir su sentencia; sin embargo, dicha resolución permanece suspendida mientras se resuelve un recurso promovido por su defensa.
Mario Villanueva fue detenido en 2001 y, en 2010, se convirtió en el primer exgobernador mexicano extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. En 2017 fue repatriado para continuar cumpliendo su condena en México, la cual ahora fue ratificada por la autoridad judicial.
El gobierno estatal retiró de sus cargos a elementos comisionados en municipios y anunció una revisión de las corporaciones municipales y de la Policía Estatal.
El Gobierno de Nayarit relevó de sus funciones a policías estatales comisionados en distintos municipios tras detectar casos de infiltración del crimen organizado. La medida fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Manasés Langarica.
El funcionario informó que existen indicios de posibles vínculos entre grupos delictivos y corporaciones policiacas municipales, aunque señaló que tampoco se descartan casos dentro de la Policía Estatal. Afirmó que estas situaciones representan un riesgo para la seguridad de la población.
Langarica explicó que el relevo del personal permitirá reorganizar a los elementos y que cada municipio asuma la responsabilidad de sus propias corporaciones. También indicó que los ayuntamientos deberán proporcionar información confiable a las autoridades estatales para fortalecer la vigilancia.
El secretario adelantó que se reforzarán los controles internos dentro de la corporación estatal para prevenir la infiltración del crimen organizado. La semana pasada, el gobernador Miguel Ángel Navarro ya había advertido sobre la existencia de estos casos, aunque sin revelar en qué municipios fueron detectados.
Efectivos navales aseguraron tres embarcaciones cargadas con cocaína y detuvieron a 13 personas en aguas del Pacífico mexicano.
La Secretaría de Marina decomisó más de cuatro toneladas de cocaína durante labores de vigilancia en las costas de Chiapas y Oaxaca. La droga viajaba a bordo de tres embarcaciones que los elementos navales lograron interceptar y asegurar.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó el operativo a través de sus redes sociales. El funcionario detalló que también fueron detenidas 13 personas relacionadas con el traslado del narcótico.
García Harfuch destacó que la acción impidió que millones de dosis llegaran a las calles. Además, el golpe afecta de forma significativa las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales involucradas.
Durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Marina ha asegurado más de 80 toneladas de cocaína en mares mexicanos. La cifra refleja el ritmo constante de operativos que la institución mantiene en el Pacífico.
Por otra parte, elementos navales enfrentaron una agresión armada durante una operación terrestre en Nayarit. Un marino resultó herido en el ataque, mientras que uno de los agresores perdió la vida.
En el lugar, las autoridades aseguraron un arma de fuego junto con cargadores y cartuchos. Ambos operativos forman parte de la estrategia de seguridad que el gobierno federal mantiene contra el crimen organizado.
Autoridades estatales y federales acabaron con estos aparatos en nueve municipios, cortando una fuente de ingresos ilícitos que superaba los 100 millones de pesos anuales.
Elementos de seguridad en Michoacán decomisaron y destruyeron 721 máquinas tragamonedas durante este año, como parte de la estrategia contra el crimen organizado. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que estos equipos generaban ganancias ilegales por más de 100 millones de pesos al año.
Los operativos se realizaron en Lázaro Cárdenas, La Piedad, Uruapan, Quiroga, Maravatío, Morelia, Zamora, Queréndaro y Arteaga. En cada municipio, las autoridades ubicaron y retiraron las máquinas que operaban al margen de la ley.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó el acto de destrucción de los aparatos. Ahí explicó que la estrategia de seguridad del estado busca dos objetivos: detener a los delincuentes y cortar sus fuentes de financiamiento.
El encargado del despacho de la FGE, Israel Vega Rodríguez, señaló que estas máquinas financiaban actividades ilícitas. Además, agregó que sacarlas de circulación golpea directamente la economía de las organizaciones criminales.
De acuerdo con las estimaciones de la Fiscalía, cada máquina generaba cerca de 12 mil pesos mensuales. Al multiplicar esa cifra por las 721 unidades destruidas, el monto ilícito superaba los 8.6 millones de pesos cada mes.
Esta cifra mensual, proyectada a un año completo, representa más de 100 millones de pesos que dejaron de fluir hacia el crimen organizado. Los recursos, según la FGE, servían para fortalecer las operaciones delictivas en la región.
La Fiscalía logró estos resultados gracias a la coordinación entre distintas corporaciones. Participaron la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y autoridades federales.
Ambos partidos cuestionan el momento de la captura del exgobernador panista y la vinculan con el caso de Marina del Pilar.
La Fiscalía General de la República detuvo este jueves al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por delincuencia organizada y contrabando de combustible. Horas después, dos partidos exigieron su liberación inmediata.
El partido Somos México, que acaba de obtener su registro, calificó la detención como “un atropello inaudito”. La organización aseguró que Ruffo, su consejero consultivo, enfrenta una acusación fabricada para distraer a la opinión pública.
Según el comunicado, el gobierno federal busca desviar la atención de otros escándalos. Mencionaron directamente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El PAN, partido donde Ruffo militó gran parte de su carrera política, emitió una postura más cautelosa. El comunicado panista señaló que la detención ocurre justo cuando crece el escrutinio público sobre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Los panistas recordaron que existen audios donde la mandataria reconoce negociaciones con agentes estadounidenses fuera del marco legal. Por ello, expresaron confianza en que Ruffo aclarará su situación conforme avance la investigación.
Además, el partido pidió que la ley se aplique sin criterios políticos ni “jueces de acordeón”. Insistieron en que la justicia debe usar el mismo rasero para todos los señalados por corrupción.
El comunicado panista contrastó la rapidez con la que actuaron contra Ruffo frente a la lentitud en otros casos. Citaron específicamente las acusaciones contra Rocha Moya y Marina del Pilar, que hasta ahora no han derivado en acciones judiciales.
Por su parte, Somos México defendió la trayectoria empresarial de Ruffo. Aseguraron que la empresa señalada cuenta con avales de aduanas, el SAT y la Secretaría de Energía.
El partido acusó también a la fiscal Ernestina Godoy de actuar con dureza selectiva. Según su comunicado, la FGR ignora evidencia de fraude fiscal que involucra a la Secretaría de Marina y a gobernadores morenistas en funciones.
La FGR confirmó que la orden de aprehensión se ejecutó en Ensenada la tarde del jueves. El caso forma parte de una investigación más amplia sobre el llamado huachicol ferroviario, que involucra el contrabando de combustible desde Estados Unidos.
