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Etiqueta: Crimen organizado

  • INE ordena retirar spot del PAN que acusa a Morena de vínculos con el crimen organizado

    INE ordena retirar spot del PAN que acusa a Morena de vínculos con el crimen organizado

    La Comisión de Quejas del INE concluyó que el promocional panista contiene afirmaciones sin pruebas suficientes y podría desinformar al electorado durante el proceso político-electoral.

    El Instituto Nacional Electoral, a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, ordenó retirar de manera inmediata un spot del PAN que relaciona a Morena con el crimen organizado, al considerar que el mensaje difunde afirmaciones sin sustento y carece de pruebas mínimas que acrediten sus señalamientos.

    El promocional, titulado “Nos traicionaron”, fue difundido en radio y televisión y contenía frases como “Morena se alió con el crimen” y “entregó el gobierno al crimen”. De acuerdo con la denuncia presentada ante el organismo electoral, el contenido utilizaba narrativas de violencia, criminalización y apología del delito como parte de una estrategia de propaganda político-electoral.

    Por unanimidad, la Comisión del Instituto Nacional Electoral determinó procedente aplicar medidas cautelares y bajar el material de difusión. El órgano electoral señaló que, aunque el mensaje no acusa directamente la comisión de un delito específico, sí presenta afirmaciones que podrían considerarse falsas y que no están respaldadas por información verificable.

    El INE explicó que las expresiones difundidas por el PAN no pueden clasificarse únicamente como críticas políticas o libertad de expresión, ya que se presentan como hechos sin contar con elementos mínimos de prueba, como investigaciones periodísticas, documentos oficiales o información pública comprobable que sostenga las acusaciones.

    La autoridad electoral adelantó que el análisis de fondo sobre el contenido del espot continuará en las próximas semanas, mientras se determina si existieron violaciones adicionales a la normatividad electoral. Sin embargo, subrayó que la medida cautelar busca evitar la circulación de propaganda que pueda influir de manera indebida en la percepción ciudadana mediante señalamientos no comprobados.

    La resolución representa un nuevo choque entre la oposición y Morena rumbo a los próximos procesos electorales, en medio de una creciente disputa por el discurso político y el uso de campañas mediáticas para posicionar narrativas sobre seguridad, violencia y crimen organizado en el país.

  • Alito vocifera en redes pero nadie tiembla

    Alito vocifera en redes pero nadie tiembla

    El dirigente nacional del tricolor lanza advertencias en redes sociales mientras su propio partido se desmorona entre la irrelevancia electoral y los memes cotidianos.

    Alejandro Moreno volvió a encender las redes sociales con sus ya clásicos discursos de valentía pura. El campechano publicó un video donde reta directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Con el pecho inflado, juró que no teme a las supuestas amenazas ni a la persecución del gobierno actual.

    El líder del PRI aseguró que nadie va a callar a su partido. Además, acusó a los políticos de Morena de tener lazos directos con el crimen organizado. Sus palabras sonaron fuertes, pero el eco en las urnas dice todo lo contrario.

    Mientras “Alito” juega al héroe en el internet, los ciudadanos prefieren reír con su audacia. El político habla de un PRI fuerte y combativo. A pesar de eso, los números muestran un partido que apenas respira en el mapa político actual.

    La realidad es que el dirigente tricolor busca atención a toda costa. Sus rivales políticos simplemente ignoran los ataques. Por su parte, la gente en la calle está más al pendiente de otras cosas que por los dramas de este eterno sobreviviente político.

  • Crimen organizado deja 24 muertos en Honduras

    Crimen organizado deja 24 muertos en Honduras

    Una ola de violencia en Honduras dejó al menos 24 personas muertas, entre civiles y policías, en ataques atribuidos al crimen organizado en el norte del país, mientras el gobierno endurece medidas contra pandillas y narcotráfico.

    Al menos 24 personas murieron este jueves en Honduras tras una serie de ataques ligados al crimen organizado en el norte del país. El hecho más grave ocurrió en el municipio de Trujillo, en el departamento de Colón, donde 19 personas fueron ejecutadas con armas largas dentro de dos haciendas relacionadas con la explotación de palma africana.

    De acuerdo con autoridades hondureñas, grupos rivales mantienen disputas por el control de terrenos, rutas del narcotráfico y actividades ilegales en la región. El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó el hallazgo de los cuerpos y detalló que equipos forenses trabajaron en distintos puntos para levantar a las víctimas.

    A la par, cinco policías antipandillas fueron asesinados en otro ataque ocurrido en Omoa, cerca de la frontera con Guatemala. La escalada de violencia ocurre apenas días después de que el Congreso hondureño aprobara reformas para reforzar la seguridad, incluyendo mayor participación militar en tareas públicas y la posibilidad de catalogar a pandillas y cárteles como grupos terroristas.

  • Gobierno de EUA reconoce coordinación de Sheinbaum en combate al narcotráfico y seguridad fronteriza

    Gobierno de EUA reconoce coordinación de Sheinbaum en combate al narcotráfico y seguridad fronteriza

    El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos destacó las reuniones con Claudia Sheinbaum y el gabinete mexicano para reforzar acciones contra el tráfico de drogas, personas y la migración irregular.

    El secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, reconoció la coordinación del gobierno de Claudia Sheinbaum en temas de seguridad y combate al crimen organizado, luego de sostener reuniones con la mandataria mexicana y funcionarios del gabinete federal en Palacio Nacional.

    A través de redes sociales, el funcionario estadounidense calificó como positiva la colaboración bilateral y señaló que durante los encuentros se abordaron temas prioritarios para Washington, entre ellos el combate al narcotráfico, la seguridad fronteriza y las estrategias contra el tráfico ilegal de personas y drogas. Mullin también destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre ambos gobiernos para enfrentar amenazas transnacionales.

    “Fue un placer reunirme con Claudia Sheinbaum y con el embajador Ronald Johnson”, escribió el funcionario tras concluir las reuniones oficiales realizadas en la Ciudad de México. Además, aseguró que México y Estados Unidos revisaron mecanismos para reforzar compromisos operativos enfocados en frenar la migración irregular y fortalecer las acciones de vigilancia en la frontera compartida.

    El secretario de Seguridad Interior sostuvo que una de las prioridades discutidas fue la cooperación contra organizaciones criminales dedicadas al tráfico de narcóticos y personas. En ese sentido, resaltó que el intercambio de información y la coordinación operativa son fundamentales para contener las actividades de grupos delictivos que operan en ambos lados de la frontera.

    Mullin también afirmó que, bajo la administración del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha alcanzado “niveles históricos” de seguridad fronteriza. Según el funcionario, las alianzas sólidas con gobiernos como el de México son clave para mantener la estabilidad regional y reforzar las políticas de seguridad nacional impulsadas por Washington.

    La reunión ocurre en medio del fortalecimiento de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en temas de seguridad, migración y combate al crimen organizado. Desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, el gobierno mexicano ha insistido en mantener una relación de coordinación con respeto a la soberanía nacional, priorizando el intercambio de inteligencia y las acciones conjuntas contra delitos transnacionales.

  • Sheinbaum envía iniciativa para que partidos revisen vínculos de candidatos antes de postular

    Sheinbaum envía iniciativa para que partidos revisen vínculos de candidatos antes de postular

    La presidenta Claudia Sheinbaum enviará una reforma electoral para impedir que personas relacionadas con el crimen organizado lleguen a cargos públicos mediante candidaturas partidistas.

    La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este jueves enviará a la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de que los partidos políticos verifiquen si sus candidatos tienen posibles vínculos con la delincuencia organizada antes de registrarlos oficialmente.

    Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que la propuesta surge luego de diversos casos detectados en municipios del país, donde autoridades locales terminaron relacionadas con estructuras criminales. Sheinbaum subrayó que se trata de casos aislados, pero consideró indispensable crear mecanismos preventivos rumbo a las elecciones de 2027 para evitar que el crimen organizado infiltre gobiernos municipales o cargos públicos.

    La iniciativa contempla la creación de una Comisión de Verificación e Integridad de Candidaturas, integrada por cinco consejeros del Instituto Nacional Electoral. Este organismo trabajaría en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para detectar posibles riesgos relacionados con actividades ilícitas.

    De acuerdo con la propuesta, los partidos entregarían voluntariamente la lista de aspirantes para que las autoridades realicen revisiones de antecedentes e identifiquen posibles nexos con organizaciones criminales. Posteriormente, cada fuerza política decidiría si mantiene o retira las candidaturas señaladas, aunque las instituciones federales podrían continuar las investigaciones correspondientes en caso de encontrar elementos relevantes.

    La presidenta recordó que desde el inicio de su administración se han registrado casos de alcaldes y funcionarios detenidos por presuntos vínculos delictivos, como ocurrió en operativos recientes en Morelos y Jalisco. Señaló que muchas de estas investigaciones comenzaron gracias a denuncias ciudadanas y reiteró que el objetivo de la reforma es fortalecer la transparencia y proteger los procesos democráticos.

    Sheinbaum también aclaró que el mecanismo deberá respetar plenamente la presunción de inocencia establecida en la Constitución. Sin embargo, insistió en que los partidos políticos no pueden desentenderse del perfil de quienes postulan. “Es importante que exista algún mecanismo que permita saber si una persona tiene antecedentes o posibles vínculos antes de competir por un cargo público”, sostuvo la mandataria.

  • La manzana del Edén

    La manzana del Edén

    México vive uno de los momentos políticos y sociales más complejos de las últimas décadas. Lo que antes se discutía únicamente en pasillos gubernamentales, columnas especializadas o expedientes judiciales, hoy se convirtió en tema cotidiano en la mesa familiar, en las redes sociales, en las campañas electorales y hasta en las conversaciones empresariales. La seguridad dejó de ser un problema aislado para convertirse en el eje central de la vida pública nacional.

    Solo era cuestión de tiempo para que la pequeña oposición sacara sus armas ocultas y comenzara a atacar con todo al régimen actual. Pero lo verdaderamente preocupante no es la confrontación política en sí, sino el nivel al que ha escalado la narrativa pública: hoy los narcopolíticos acusan de narcopolíticos a sus adversarios, sin medir las consecuencias diplomáticas, económicas y sociales que esto puede provocar para México.

    Y es que las acusaciones lanzadas en cortes o agencias de Estados Unidos no se quedan únicamente en un discurso mediático. Allá, cualquier declaración abre líneas de investigación formales. El problema es que, bajo esa lógica, las redes indirectas de relación pueden extenderse hasta niveles absurdos. Literalmente, cualquiera podría terminar involucrado en un expediente por una relación indirecta, comercial o social.

    Por eso menciono el ejemplo de las tiendas de conveniencia. En México, un criminal compra comida, bebidas, recarga teléfonos, envía dinero o realiza depósitos en establecimientos completamente legales. Bajo interpretaciones extremas, esos negocios podrían terminar siendo considerados proveedores financieros indirectos o facilitadores operativos. Suena exagerado, pero así de delicada se ha vuelto la narrativa internacional alrededor del combate al crimen organizado y al terrorismo.

    Porque ahora el término ya no es solamente “crimen organizado”. Hoy la palabra que comienza a dominar el escenario es “terrorismo”. Y esa clasificación cambia absolutamente todo.

    De acuerdo con distintos análisis y estimaciones elaboradas durante años por agencias estadounidenses sobre economías ilícitas y redes sociales indirectas, millones de personas mantienen algún tipo de contacto económico, familiar, territorial o circunstancial con estructuras criminales, muchas veces sin siquiera dimensionarlo. En regiones completas del país, la línea entre convivencia social y cercanía con actores criminales se volvió peligrosamente difusa.

    Lo vemos todos los días. Familias antes consideradas “tradicionales” o “de bien” hoy conviven en eventos sociales, políticos o empresariales con personajes señalados o relacionados con estructuras criminales. Empresarios, operadores políticos e incluso figuras aparentemente respetables hablan con naturalidad de conocer “al líder de la plaza”, “al encargado de la zona” o “a quien mueve las cosas”. Lo más alarmante es que muchos ya lo ven como algo normal.

    Y ahí es donde México perdió parte de su rumbo moral.

    Porque durante años se permitió que el miedo, la corrupción y la impunidad crecieran hasta infiltrarse en la vida cotidiana. Desde aproximadamente 2008, el país entró en una espiral de violencia brutal donde gobiernos completos fueron señalados por vínculos criminales, mientras comunidades enteras quedaron atrapadas entre el abandono institucional y el poder de los grupos armados.

    Por eso resulta paradójico escuchar hoy que quienes impulsan programas sociales, becas, apoyos económicos y estrategias de contención de violencia sean acusados automáticamente de ser parte del problema. Claro que existen funcionarios corruptos. Claro que hay políticos vinculados al crimen, y deben ser castigados con todo el peso de la ley. Pero también debe existir memoria histórica.

    Hace apenas algunos años, programas sociales como Oportunidades alcanzaban aproximadamente a poco más de seis millones de personas. Hoy, los programas de bienestar llegan a más de treinta millones de mexicanos. No porque la población haya explotado demográficamente de un día para otro, sino porque durante décadas la corrupción devoró recursos públicos completos. El dinero desaparecía entre estructuras burocráticas, contratos inflados, operadores políticos y gobiernos estatales que hoy incluso tienen exgobernadores encarcelados o perseguidos.

    México no puede caer nuevamente en la tentación de la “manzana del Edén”.

    La historia bíblica es simple pero poderosa: la advertencia existía, el peligro estaba frente a todos, pero alguien decidió probar aquello que parecía atractivo, cómodo o conveniente. Y después vino la caída.

    Hoy la sociedad mexicana enfrenta exactamente esa disyuntiva. Normalizar la cercanía con el crimen, romantizar el poder ilegal o justificar relaciones oscuras por conveniencia económica puede terminar destruyendo todavía más el tejido social.

    La salida no está en polarizar al país ni en convertir cada elección en una guerra de exterminio político. Tampoco en usar agencias extranjeras como instrumentos electorales. La verdadera salida está en reconstruir instituciones, fortalecer valores, recuperar el respeto por la legalidad y alejarnos de todo aquello que huela a crimen, corrupción o terrorismo, como debimos hacerlo desde hace décadas.

    Porque cuando una sociedad comienza a convivir cómodamente con el mal, tarde o temprano termina consumiendo la manzana completa.

  • Alito Moreno busca protagonismo en Washington y evade desastre del PRI

    Alito Moreno busca protagonismo en Washington y evade desastre del PRI

    Alejandro “Alito” Moreno reapareció en Estados Unidos con discursos sobre democracia y autoritarismo, pero las críticas se hicieron presentes por intentar limpiar la imagen de un PRI debilitado y marcado por corrupción, desgaste y pérdida de credibilidad ante millones de mexicanos. 

    El líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, volvió hacer lo que mejor sabe: montar un espectáculo político lejos de México mientras lo que queda de su partido se termina de hundir entre el rechazo y desprestigio. 

    Desde Washington, se presentó como “defensor de la democracia”, y su intento de discurso no sonó a convicción, sino a una campaña desesperada para mantenerse vigente.

    El dirigente priista quiso vender la imagen de un opositor “valiente”, pero su credibilidad ya está hecha pedazos. Hablar de instituciones fuertes resultó una burla viniendo de alguien que lidera un partido señalado de corrupción y  manipulación. Alito intentó dar clases de democracia cuando ni siquiera ha podido  limpiar la imagen del PRI.

    Su reunión con la venezolana María Corina Machado pareció una sesión de propaganda personal. Moreno aprovechó la tragedia en Venezuela para emitir mensajes alarmistas y tratar de posicionarse como líder internacional de la oposición.

    Lo más contradictorio fue que Alito habló de crimen organizado y autoritarismo como si el PRI no hubiera sido señalado por redes de corrupción, impunidad y gobiernos marcados por escándalos.

    Más que defender a México, Alito Moreno quiere defender una supervivencia política mientras se cree el salvador de la democracia. No cabe duda de que el PRI sigue siendo el recuerdo vivo de la vieja política que el país está dejando atrás.

  • Abaten a “El Huesos” en Colima tras balacera con fuerzas federales

    Abaten a “El Huesos” en Colima tras balacera con fuerzas federales

    El presunto generador de violencia operaba en la zona limítrofe entre Colima y Jalisco; durante el operativo también aseguraron armas de alto poder y vehículos utilizados por la célula criminal.

    Un fuerte operativo de seguridad en Colima terminó con la muerte de dos presuntos sicarios, entre ellos un sujeto identificado como “El Huesos”, señalado por autoridades como objetivo prioritario y presunto generador de violencia en la región colindante entre Colima y Jalisco. La intervención de fuerzas estatales y federales también habría evitado un homicidio que el grupo criminal planeaba cometer.

    De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), las corporaciones recibieron reportes sobre la presencia de hombres armados al interior de un motel ubicado en la capital colimense. Al arribar al sitio, los agentes fueron recibidos a balazos desde el inmueble, lo que provocó una persecución contra dos vehículos en los que intentaron escapar los sospechosos.

    Durante la huida, uno de los automóviles perdió el control y se impactó contra un camellón. Los ocupantes descendieron disparando contra los elementos de seguridad, desatando un enfrentamiento armado. En el intercambio de disparos fueron abatidos dos presuntos delincuentes, incluido “El Huesos”, quien era investigado por su presunta participación en hechos violentos ligados al crimen organizado.

    Las autoridades detallaron que a los sujetos se les aseguraron armas de uso exclusivo del Ejército, entre ellas una ametralladora FN y un fusil AK-47. Además, se localizaron cargadores, cartuchos y un segundo vehículo abandonado, junto con casquillos percutidos y otra arma de fuego.

    La SSP informó que la célula criminal estaba integrada por al menos seis personas; sin embargo, cuatro lograron escapar tras el enfrentamiento y ya son buscados por fuerzas estatales y federales. Las investigaciones apuntan a que el grupo se dirigía a ejecutar un ataque armado, acción que habría sido frustrada gracias a la rápida respuesta de las corporaciones de seguridad.

  • ¿Inhabilitación de por vida? ¡El PRI tendría que empezar por sí mismo!

    ¿Inhabilitación de por vida? ¡El PRI tendría que empezar por sí mismo!

    Por Nathael Pérez

    Recientemente, en redes sociales, el PRI ha propuesto que “los funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado sean inhabilitados de por vida”, lo cual llama la atención: ¿por qué, durante tantos años de gobierno, no decidieron ponerlo en práctica?

    Es más, ¿cómo un partido con un historial vinculado al crimen organizado se atreve a proponer esto? Aquí, una lista de políticos del PRI vinculados al crimen organizado que no hubieran podido continuar ejerciendo después de haber sido señalados.

    Mario Villanueva Madrid — Gobernador de Quintana Roo (1993–1999)

    Villanueva habría recibido sobornos del Cártel de Juárez, encabezado por Amado Carrillo Fuentes, a cambio de brindar protección institucional y garantizar el tránsito de cargamentos. Al término de su mandato en 1999, y ante la inminencia de una orden de aprehensión, el exgobernador se dio a la fuga, convirtiéndose en uno de los primeros casos de un mandatario estatal prófugo por delitos relacionados con narcotráfico. Fue capturado en 2001, extraditado a Estados Unidos en 2010, y se declaró culpable de conspiración para lavar dinero procedente del narcotráfico en 2012. Continuó en el cargo hasta casi el último día de su mandato, apoyado en el fuero que le otorgaba la gubernatura. 

    Tomás Yarrington Ruvalcaba — Gobernador de Tamaulipas (1999–2005)

    Tomás Yarrington fue uno de los políticos más influyentes de su generación dentro del PRI, con proyección nacional e incluso aspiraciones presidenciales. Durante su mandato, Tamaulipas se consolidó como una de las principales rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. Fue acusado de recibir sobornos del Cártel del Golfo y Los Zetas. El dinero presuntamente financió su campaña política y la adquisición de propiedades en Texas. Cuando finalizó su administración, Yarrington expresó públicamente su interés por contender por la presidencia de la República. Fue detenido en Italia en 2017. En abril de 2025 fue deportado a México y trasladado al penal del Altiplano, donde quedó a disposición de la justicia. Ejerció toda su gubernatura y buscó ascender políticamente pese a las investigaciones en su contra. 

    Eugenio Hernández Flores — Gobernador de Tamaulipas (2005–2010)

    Eugenio Hernández es buscado por la DEA en los Estados Unidos por la presunta operación de un sistema de lavado de dinero de 30 millones de dólares. La DEA informó sobre el vínculo del priista Eugenio Hernández con los Zetas y el Cártel del Golfo. Completó su mandato sin interrupciones y no fue detenido sino hasta años después, cuando el gobierno estatal emitió una orden de aprehensión por peculado y lavado de dinero. Gobernó el estado íntegramente a pesar de los vínculos documentados. 

    Humberto Moreira Valdez — Gobernador de Coahuila (2005–2011) y Presidente Nacional del PRI (2011–2012)

    Humberto Moreira es señalado directamente por testigos en juicios contra integrantes de Los Zetas de haber recibido millones de dólares para financiar sus campañas políticas, a cambio no solo de protección para el cártel, sino también de contratos de gobierno. Tras terminar la gubernatura, fue nombrado presidente nacional del PRI, el cargo más alto del partido. También se le señaló por malversación de recursos públicos, organización criminal y cohecho. En 2012, la PGR lo absolvió de los delitos de endeudamiento al no contar con pruebas. Fue detenido en España en 2016 pero finalmente liberado por falta de pruebas suficientes ante la justicia española. 

    Rubén Moreira Valdez — Gobernador de Coahuila (2011–2017) y Diputado Federal

    De acuerdo a Adolfo Tavira, identificado como exadministrador de producción de Televisa y narcotraficante, el gobernador Rubén Moreira también colaboró con Los Zetas. Los hermanos Humberto y Rubén Moreira son señalados en múltiples testimonios judiciales en Estados Unidos por presuntos vínculos con la organización criminal. A pesar de ello, Rubén Moreira concluyó su mandato como gobernador y posteriormente fue electo diputado federal, cargo que ocupó sin que prosperara ninguna causa penal en su contra en México. 

    Fidel Herrera Beltrán — Gobernador de Veracruz (2004–2010) y Cónsul en Barcelona (2015–2017)

    Fidel Herrera, exgobernador priista de Veracruz, fue señalado por José Carlos Hinojosa, contador del Cártel del Golfo, de haber recibido dinero de esa banda criminal para financiar su campaña. Lo más llamativo de su caso es que, ya bajo sospecha, fue designado cónsul de México en Barcelona. Fidel Herrera estuvo bajo la mira de la DEA y la policía catalana cuando fue cónsul en Barcelona, por su presunta conexión con el narcotráfico, combinando su misión diplomática con relaciones tóxicas. Renunció en enero de 2017 a su puesto como cónsul y nunca fue procesado formalmente en México. 

    Jesús Reyna García — Gobernador Interino de Michoacán (2013–2014)

    Fue nombrado gobernador interino de Michoacán por 90 días en abril de 2013. Un año después, fue detenido por la PGR al ser acusado de proteger al Cártel de Los Caballeros Templarios. La PGR acusó al priista de tener vínculos con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, considerado el líder de dicho cártel. Un juez federal le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada. Reyna permaneció más de cuatro años en prisión; sin embargo, en 2018 fue liberado luego de que un juez determinara que las pruebas presentadas no eran suficientes para acreditar los delitos imputados. Ejerció la gubernatura interina y fue detenido solo después de dejar el cargo. 

    Fausto Vallejo — Gobernador de Michoacán (2012–2014)

    Fausto Vallejo, exgobernador de Michoacán del PRI, fue evidenciado por la propia Secretaría de Seguridad de su entidad de haber recibido cientos de millones de pesos para su campaña. Fausto Vallejo se vio obligado a renunciar a la gubernatura argumentando problemas de salud; sin embargo, pese a retirarse de la vida política, su nombre siguió escuchándose debido a supuestas reuniones de su hijo Rodrigo Vallejo “El Gerber” con “La Tuta”. Gobernó casi dos años antes de dimitir. 

    Roberto Sandoval Castañeda — Gobernador de Nayarit (2011–2017)

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo vinculó con organizaciones como el CJNG y el grupo de los Beltrán Leyva, señalando presuntos pagos a cambio de protección y facilidades operativas. En junio de 2021, Sandoval fue detenido en México tras varios meses fuera del radar público, en medio de investigaciones por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Actualmente el exgobernador se encuentra prófugo de la justicia, luego de que las autoridades de Estados Unidos lo vincularan con el narcotráfico, hecho que derivó en el bloqueo de más de 42 cuentas bancarias. Terminó su mandato completo de seis años sin ser procesado durante su gestión.

    Manlio Fabio Beltrones — Senador, diputado y dirigente nacional del PRI

    Beltrones, quien fue uno de los hombres más poderosos del PRI y presidente de la Cámara de Diputados, fue señalado reiteradamente por la DEA y medios como El Universal por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa durante su paso como gobernador de Sonora (1991–1997). Nunca fue sometido a proceso judicial y continuó una larga carrera política, llegando incluso a presidir el PRI en 2015–2016. 

  • Corrupción, nepotismo y opacidad: el gobierno de Salomón Jara Cruz en Oaxaca

    Corrupción, nepotismo y opacidad: el gobierno de Salomón Jara Cruz en Oaxaca

    Por Nathael Pérez

    Desde que tomó protesta el 1 de diciembre de 2022, la administración del gobernador Salomón Jara Cruz, de Oaxaca, ha acumulado denuncias formales, escándalos mediáticos y una percepción ciudadana que lo ubicó entre los mandatarios más corruptos del país.

    “Moches” y desvíos en la Secretaría de Fomento Agroalimentario (SEFADER)

    El excoordinador del Programa de Agronegocios, Jesús Pacheco Arango, denunció ante la Presidencia de la República, la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación la existencia de esquema de “moches”, desvío de recursos, tráfico de influencias y prestanombres al interior de la SEFADER. De acuerdo a la denuncia (Carpeta 924-FEMCCO-2023), funcionarios de alto rango incitaban al personal técnico a exigir cuotas ilegales a los beneficiarios del programa.

    Percepción ciudadana: entre los gobernadores más corruptos del país

    En sus primeros ocho meses de gobierno,la aprobación de Jara se desplomó 10.7 puntos porcentuales, cayendo de 57.2% a 46.5% según las encuestadoras Varela y Asociados y C&E México. En agosto de 2023, el 77% de los oaxaqueños consultados lo consideró corrupto, ubicándolo en el cuarto lugar nacional en ese rubro. El Sistema Nacional Anticorrupción colocó a Oaxaca entre los once estados con más actos de corrupción del país, con 27 mil 484 casos por cada 100 mil habitantes, y señaló que el 55% de la población percibe que convive en un entorno donde se exigen o entregan dádivas para obtener servicios públicos.

    Nepotismo: 20 familiares en la nómina del gobierno estatal

    La Jornada documentó que al menos 20 parientes del gobernador —incluyendo un hermano, tres hijos, una nuera, un yerno y diez sobrinos— ocuparon cargos en los tres poderes del estado a lo largo de su administración. El gobernador también tomó el control del partido Morena en Oaxaca a través de su sobrino Emanuel Navarro Jara (presidente estatal del partido) y su hijo Shabin Jara Bolaños (secretario de Organización). Tras la presión de la presidenta Sheinbaum, Jara pidió la renuncia de 24 funcionarios de primer nivel en febrero de 2026, aunque críticos señalaron que “se cambió para seguir igual”.

    Vínculos señalados con el crimen organizado

    Durante la campaña de 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera vinculó a Antonino Morales Toledo —expresidente municipal de San Blas Atempa y principal operador financiero de Jara— con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Morales Toledo fue además acusado ante la FGR en 2019 por huachicoleo. Pese a esos antecedentes, fue designado Secretario de Administración del estado de Oaxaca tras el triunfo de Jara. El gobernador atribuyó las acusaciones a “la mafia de la corrupción”.

    Irregularidades auditadas: miles de millones de pesos observados

    La Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del propio gobierno estatal reportó en enero de 2025 que las auditorías del ejercicio 2023 arrojaron 185 observaciones y 50 recomendaciones, con un monto observado superior a los 3 mil 960 millones de pesos. Para 2024 se abrieron nuevas revisiones por casi 7 mil 986 millones de pesos fiscalizables. Como resultado, se presentaron 46 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción contra diversas dependencias estatales, incluyendo las secretarías de Administración y Movilidad, los Servicios de Salud y el DIF Oaxaca.

    Revocación de mandato y acusaciones de fraude electoral (enero 2026)

    El 25 de enero de 2026, Oaxaca celebró la primera consulta estatal de revocación de mandato del país. Con 100% de actas escrutadas, 58.82% de los votantes respaldó la continuidad de Jara frente a un 38.16% que exigió su revocación; sin embargo, la participación de 29.9% no alcanzó el mínimo legal de 40% para que el resultado fuera vinculante. Sin embargo, se denunció fraude, al señalar la existencia de “casillas zapatos” y la fabricación de hasta 270 mil votos. Analistas políticos atribuyeron el desgaste de Jara a su gobierno “envuelto en escándalos de corrupción y nepotismo”, y el propio gobernador reconoció que los cuatro grandes reclamos ciudadanos eran justamente el nepotismo, la corrupción, la inseguridad y la crisis en salud.