Investigaciones revelan que compañías estadounidenses como Arroyo Terminals, Big Hog Energy y Jentran participaron en el robo y refinamiento de crudo mexicano, que luego regresaba a México como gasolina legal, en un esquema que benefició a organizaciones criminales y funcionarios corruptos.
Una compleja red de huachicol fiscal operó entre México y Estados Unidos, involucrando a empresas estadounidenses que cerraban el ciclo de corrupción. Miles de litros de crudo robado eran transportados a Estados Unidos, refinados y regresados a México para su venta legal, eludiendo impuestos millonarios y beneficiando tanto a organizaciones criminales como a funcionarios federales en activo, de acuerdo con información de Ángel Hernández para Milenio.
Entre las firmas implicadas destacan Arroyo Terminals, Big Hog Energy y Jentran. Según la fiscalía estadounidense, James Jensen, dueño de Arroyo Terminals en Río Hondo, Texas, lideró operaciones de tráfico y blanqueo de hidrocarburo con apoyo de intermediarios mexicanos que sacaban el crudo del país, mayormente por puertos fronterizos en Tamaulipas.
El crudo llegaba a la terminal de Arroyo Terminals, donde era almacenado antes de enviarlo a otras compañías estadounidenses para refinamiento. Posteriormente, el producto regresaba a México mediante la aduana de Tampico, con complicidad de funcionarios aduaneros, y se comercializaba en gasolineras bajo etiquetas falsas.
Entre mayo de 2022 e inicios de 2025, las empresas de los Jensen recibieron más de 2 mil 881 cargamentos, generando ganancias superiores a 300 millones de dólares, de los cuales 47 millones habrían sido enviados a socios criminales en México. La fiscalía detalla que James Jensen y su familia participaron directamente en el lavado de dinero de estas ventas ilegales, con conocimiento de que los pagos eran para organizaciones como el CJNG.
La investigación de la DEA y la FGR señala que este esquema representa un nuevo método de financiamiento para cárteles, incluyendo Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, utilizando crudo de Pemex como moneda de cambio. La operación implicó servidores públicos, empresas civiles y gasolineras, consolidando una red criminal transnacional que operó entre 2018 y 2024.El expediente de la FGR destaca además la participación de empresas mexicanas como Grupo Jomadi Logistics & Cargo, Energy International LLC y Serv Energy LLC, que facilitaron la venta del combustible robado como legal, cerrando un ciclo de corrupción que involucró tanto a autoridades como organizaciones criminales.
