El abogado panista es cercano a Felipe Calderón y su papel durante el sexenio marcado por la guerra contra el narcotráfico y el aumento de la violencia en México.
La incorporación del abogado panista, Roberto Gil Zuarth, al equipo legal de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en medio de las investigaciones por el llamado “CIAGate”, desató críticas debido a su cercanía con personajes bizarros como el expresidente Felipe Calderón, así como por su participación en uno de los periodos más violentos del país.
Roberto Gil Zuarth fue uno de los colaboradores más cercanos de Calderón durante el sexenio marcado por la inseguridad y la llamada guerra contra el narcotráfico, estrategia de seguridad que dejó cientos de miles de muertos, desaparecidos y un aumento de la violencia en diversas regiones de México.
Durante las elecciones federales de 2009 fue electo diputado en la Sexagésima Primera Legislatura, siendo vicecoordinador de la bancada del PAN. En marzo de 2010, pidió licencia para asumir la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, a designación del Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
En octubre de 2010 volvió a la Cámara de Diputados para incorporarse a la negociación por el Presupuesto Federal 2011. En enero de 2011 fue nombrado Secretario particular del Presidente de la República, puesto que tuvo hasta diciembre de ese mismo año Incluso, en enero siguiente fue invitado a colaborar como coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota a la Presidencia de la República.
Es por esto que la llegada del abogado al caso de Maru Campos provocó cuestionamientos, pues se trata de un as bajo la manga del panismo. Una figura asociada a uno de los partidos y etapas más polémicas de la política y seguridad pública en México.
El expresidente panista, recordado por desatar la guerra contra el narcotráfico y dejar al país hundido en violencia, explotó contra la FGR por citar a Maru Campos por el caso de agentes extranjeros en Chihuahua.
El expresidente Felipe Calderón Hinojosa volvió a protagonizar un episodio de cinismo político al salir en defensa de la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) la citara a comparecer por la participación de presuntos agentes de la CIA en operativos realizados en territorio mexicano. El exmandatario, cuya administración quedó marcada por el baño de sangre de la llamada “guerra contra el narco”, acusó a las autoridades de ser “cobardes e hipócritas”.
A través de redes sociales, Calderón —quien todavía carga con el peso histórico de haber tenido como secretario de Seguridad a Genaro García Luna, hoy condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico— aseguró que las instituciones mexicanas están “al servicio de la delincuencia”. Según el panista, Morena protege criminales mientras persigue a quienes “combaten el crimen”, en referencia a Maru Campos, a quien calificó como una gobernadora “valiente”.
El berrinche del exmandatario surgió luego de que la FGR confirmara que Maru Campos y el exfiscal César Jáuregui fueron citados a declarar el próximo 27 de mayo como parte de la investigación sobre la presunta intervención de agentes estadounidenses en operativos contra el narcotráfico en Chihuahua. La comparecencia busca esclarecer posibles violaciones a la soberanía nacional y determinar cómo se permitió la participación extranjera.
Lejos de mostrar prudencia, Calderón incluso convocó a respaldar públicamente a la mandataria panista y llamó “sátrapas” a las autoridades federales. El exocupante de Los Pinos parece olvidar que durante su sexenio el país se convirtió en un auténtico campo de guerra, mientras el PAN protegía a personajes ligados a escándalos de corrupción, espionaje y pactos criminales.
La polémica también volvió a poner bajo reflector la cercanía entre Maru Campos y operadores del viejo calderonismo. Al momento de recibir el citatorio, la gobernadora estaba acompañada por Roberto Gil Zuarth, excolaborador cercano de Calderón y una de las figuras emblemáticas del panismo que hoy intenta victimizarse ante cualquier investigación federal.
Mientras Calderón habla de “persecución”, millones de mexicanos todavía recuerdan que fue su estrategia de seguridad la que dejó más de 120 mil muertos y un país sumido en violencia. Ahora, el expresidente pretende venderse como defensor de la legalidad, aunque cada vez que habla en redes sociales termina recordándole al pueblo mexicano por qué el PAN perdió la confianza ciudadana.
El gobierno federal impulsará trenes públicos de carga y pasajeros con una red ferroviaria que superará ampliamente lo construido en los sexenios de Calderón y Peña Nieto.
La administración de Claudia Sheinbaum proyecta construir 2 mil 377 kilómetros de nuevas vías ferroviarias para trenes de carga y pasajeros, cifra que prácticamente duplicará lo realizado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y marcará una diferencia histórica frente a los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Durante la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, Andrés Lajous detalló que en el sexenio de Calderón apenas se construyeron 65 kilómetros de vías nuevas y con Peña Nieto únicamente 187 kilómetros, ambos bajo esquemas concesionados a privados. En contraste, con López Obrador se alcanzaron mil 736 kilómetros y ahora la meta del actual gobierno será superar los 2 mil 300 kilómetros con infraestructura pública.
“Nosotros queremos hacer más que eso, pero hoy nos vimos en el escenario bajo y son trenes públicos”, afirmó Sheinbaum al destacar que el objetivo es fortalecer el transporte ferroviario nacional tanto para pasajeros como para carga. La mandataria también recordó que durante gobiernos anteriores las obras emblemáticas fueron limitadas, mientras que la Cuarta Transformación impulsó proyectos estratégicos como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el AIFA y el Tren Insurgente.
La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) destacó que, a partir de los gobiernos de la Cuarta Transformación, se han construido más hospitales y miles de kilómetros adicionales de vías férreas. Recordó que, durante el gobierno de Felipe Calderón (@FelipeCalderon), se… pic.twitter.com/9SD8HYCEvN
Las autoridades informaron que actualmente existe un avance de más de 27 millones de metros cuadrados liberados de derecho de vía, equivalentes a 2 mil 547 predios, lo que permitirá acelerar la construcción de los nuevos corredores ferroviarios. Entre los tramos prioritarios destacan Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que ingenieros militares ya desarrollan cerca de 800 kilómetros de infraestructura ferroviaria en distintos frentes de obra. Además, se anunció la adquisición de más de 88 mil toneladas de rieles para los trenes del norte, de las cuales más de la mitad ya fueron fabricadas y parte del material incluso se encuentra en territorio nacional.
El gobierno federal también adelantó la compra de 15 trenes eléctricos para conectar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con Pachuca, reforzando así el plan ferroviario de movilidad impulsado por la administración de Sheinbaum, que apuesta por recuperar el transporte público masivo y fortalecer la integración regional del país.
La infraestructura hospitalaria impulsada por la Cuarta Transformación ya rebasa lo realizado durante los gobiernos panistas y priistas, incluso pese al impacto de la pandemia por Covid-19.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno proyecta la construcción de 9 mil 139 nuevas camas hospitalarias y 50 hospitales durante el sexenio, una meta que consolidará el crecimiento histórico de infraestructura médica iniciado en la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Durante la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark García, destacó que entre el sexenio de López Obrador y el de Sheinbaum se alcanzarán 16 mil 543 camas hospitalarias nuevas, cifra que supera ampliamente lo realizado en los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto juntos.
Los datos oficiales exhiben la diferencia en infraestructura hospitalaria entre administraciones. Mientras Calderón construyó 5 mil 308 camas y Peña Nieto apenas 3 mil 906 —sumando 9 mil 214 entre ambos sexenios—, el gobierno de López Obrador logró 7 mil 404 camas nuevas incluso enfrentando la pandemia de Covid-19. Ahora, la administración de Sheinbaum planea agregar otras 9 mil 139, consolidando una expansión hospitalaria sin precedentes recientes.
La mandataria federal subrayó que el fortalecimiento del sistema de salud continuará pese a las críticas de sectores opositores que insisten en defender el antiguo Seguro Popular. Señaló que la prioridad de su gobierno es garantizar atención médica digna, particularmente en estados y regiones históricamente rezagadas en infraestructura hospitalaria.
Como parte del Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria, el gobierno federal contempla además la construcción de 50 hospitales nuevos, la ampliación de 47 más y obras de sustitución y mejora en otros 55 nosocomios. Con ello, México pasará de 96 mil 966 camas hospitalarias registradas al inicio del sexenio a más de 106 mil camas en 2030, con una inversión estimada superior a los 18 mil millones de pesos.
Por su parte, Zoé Robledo informó que actualmente existen 19 frentes de obra hospitalaria en distintas entidades del país, mientras que Alejandro Svarch Pérez aseguró que nunca antes la población sin seguridad social había recibido una expansión médica de esta magnitud. En paralelo, Martí Batres Guadarrama confirmó nuevas entregas y proyectos hospitalarios en estados como Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán y Quintana Roo.
Manuel Clouthier, político y empresario sinaloense, reiteró que el espurio, Felipe Calderón no combatió al Cártel de Sinaloa durante su presidencia. Clouthier asegura que se reunió con el expresidente en 2010 para pedir acción y no vio resultados. Estas palabras reviven un debate antiguo sobre la estrategia de seguridad de ese sexenio.
Clouthier se expresó con claridad y enojo. Recordó la cita del 21 de enero de 2010 en Los Pinos. Ese día le pidió directamente a Calderón que actuara contra el cártel en su estado natal. Según él, el gobierno federal no tocó al grupo “ni con el pétalo de una rosa”.
El político panista vinculó esta omisión con la complicidad de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad. García Luna fue condenado en Estados Unidos por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. Clouthier cree que esta relación influyó en las decisiones del gobierno.
Muchos sinaloenses vivieron años de violencia durante ese periodo. Familias perdieron seres queridos. Clouthier, que conoce de cerca el dolor de su tierra, expresa la frustración de quienes esperaban protección real y no la encontraron.
Calderón siempre ha negado cualquier pacto o protección a criminales. Sus defensores destacan que su administración capturó o mató a varios líderes del narco. Sin embargo, las críticas persisten porque el Cártel de Sinaloa mantuvo gran poder en esos años.
Clouthier no es el único que levanta la voz. Testigos en juicios estadounidenses han mencionado supuestas órdenes para favorecer al cártel frente a sus rivales. Estas afirmaciones generan dudas que todavía dividen a la opinión pública.
Hoy, estas palabras de Clouthier recuerdan a miles de mexicanos las heridas abiertas por la violencia. Detrás de las acusaciones hay historias de gente común que solo quería vivir en paz y vio cómo el miedo crecía en sus comunidades. El debate sigue vivo porque la seguridad de México todavía duele en el corazón de muchas familias.
Figuras y plataformas opositoras difundieron desinformación y culpas sin sustento, profundizando la polarización y desviando la atención de las causas reales del hecho.
El ataque armado ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán dejó una inmediata ola de desinformación y discursos de odio promovidos desde sectores de la derecha. En cuestión de horas, figuras públicas de la oposición como Salinas Pliego, Felipe Calderón y Lilly Tellez difundieron una narrativa que buscó no sólo criticar a la izquierda, sino responsabilizar políticamente al gobierno actual sin evidencia alguna, abonando a una pedagogía del odio en un caso que merece el debido respeto y tratamiento.
“¿Estarán los dioses de Macuspana contentos con el resultado del programa de la 4T “sembrando odio”?”, fue sólo algo de lo que el deudor a la nación, Salinas Pliego, publicó sobre el tema; mientras que Lilly Tellez se sumó al escribir: “Así se manifiesta el odio promovido por AMLO y Sheinbaum. Son responsables por esta violencia. Morena envenena de odio al pueblo”.
Así se manifiesta el odio promovido por AMLO y Sheinbaum.
Son responsables por esta violencia.
Morena envenena de odio al pueblo, tal como en el régimen nazi.
Es particularmente preocupante el papel de plataformas como La Derecha Diario, vinculadas a la corrientes de ultraderecha, que difundieron versiones falsas al calificar al agresor como “terrorista de izquierda” y “comunista”, pese a reportes que lo vinculan con ideologías extremistas de derecha fascista. Libro Negro, por su parte, aseveró: “Este es el resultado de la xenofobia promovida desde Morena con AMLO y Claudia Sheinbaum contra los extranjeros”.
🚨🇲🇽 | EL COMUNISMO ES SATÁNICO: Se reportó que el tirador que asesinó a una turista canadiense e hirió a 13 extranjeros en Teotihuacán tenía material con referencias a la Unión Soviética en su casa, así como armas de caza, un cuchillo y cartuchos. pic.twitter.com/rZugBtEbjI
Incluso el expresidente panista Felipe Calderón se sumó a estas descalificaciones, que pese a que acusan una supuesta violencia, fomentan el odio entre sectores de la población, pues escribió: “No hay duda alguna: el discurso de odio y de polarización, de división entre los mexicanos, entre ricos y pobres, entre “indígenas” y extranjeros fue sembrado todos los días por este régimen”.
No hay duda alguna: el discurso de odio y de polarización, de división entre los mexicanos, entre ricos y pobres, entre “indígenas” y extranjeros fue sembrado todos los días por este régimen. Dividieron, sembraron odio incluso racial y ahí tienen las consecuencias. Asuman su…
Este tipo de afirmaciones, lejos de contribuir a un análisis serio, de un tema que merece el debido estudio a la salud mental, factores sociales, entorno digital, e incluso economía, seguridad y cultura. Por lo que estos comentarios, emitidos a la ligera, forman parte de una estrategia de manipulación que no es menor: construyen una pedagogía del odio que desinforma a la opinión pública y exacerba la división social.
¿Estas acciones tendrán que ver con la exigencia de que España nos pida perdón? ¿Ya con estos sacrificios humanos podemos dar por terminada esa pelea estéril y que solo nos ha llevado a nada? ¿Estarán los dioses de Macuspana contentos con el resultado del programa de la 4T… https://t.co/5RoF3x55nz
— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 21, 2026
Más allá de las diferencias políticas, lo ocurrido evidencia un problema de fondo: la normalización del discurso de odio como herramienta política. La insistencia en culpar sin pruebas, el uso de lenguaje violento y la difusión de información falsa no solo dejan mal parado el debate público, sino que crean un clima de confrontación permanente. En este contexto, la responsabilidad no recae únicamente en las autoridades, sino también en quienes, desde posiciones de poder mediático y económico, optan por alimentar la polarización.
Se cumplen 21 años del desafuero de 2005, impulsado por PRI y PAN, que lejos de debilitarlo, fortaleció la figura de López Obrador y marcó el camino que lo llevaría a la presidencia en 2018.
El 7 abril de 2005, hace 21 años, se le retiró el fuero al entonces gobernador del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Un movimiento político apoyado por el presidente panista en turno, Vicente Fox, que más que diezmar el movimiento del tabasqueño, marcó un precedente para su llegada a la presidencia en 2018.
Fue el 5 de diciembre del 2000, cuando AMLO entró como jefe de gobierno de la ahora Ciudad de México, bajo el sello del extinto PRD. Un personaje que desde el principio incomodó al gremio político del PRI y PAN, quienes buscaban desacreditarlo.
En 2001, el gobierno del D.F. entró en un proceso de demanda, por la expropiación de predio en el Encino, en Santa Fe, donde el mandatario buscaba construir un camino para mejorar la vialidad y, en particular, conectar un hospital. Bajo ese argumento, la PGR configuró el delito de desacato a una orden judicial, señalando directamente a López Obrador como responsable.
Para 2004 la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Rafael Macedo de la Concha, pidió iniciar el juicio para retirar el fuero a Andrés Manuel López Obrador.
Fue el 7 de abril de 2005 cuando, con 360 votos a favor, 127 votos en contra y 2 abstenciones, se aprobó el retiro del fuero a López Obrador, un resultado que fue interpretado como una estrategia para detener la candidatura para presidencia que vendría en 2006, sin embargo, lejos de detenerlo, le dio una proyección como oposición.
A raíz de esto, AMLO encabezó diversas protestas contra el proceso. El sector de la población que lo apoyaba proclamaba: “no al desafuero” y “fuera Fox”. Incluso, convocó a una marcha del silencio el 25 de abril, donde se reunieron alrededor de un millón de personas en el centro de la capital. Obrador señaló a Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Santiago Creel, por el ataque político.
Debido a una fuerte presión política y social, la Procuraduría General de la República decidió no ejercer acción penal efectiva contra López Obrador y posteriormente retiró los cargos. Esto dejó sin efecto práctico el desafuero. En cuanto al predio, este continuó su proceso legal y la vialidad se concretó, aunque no en los términos originales.
Con la crisis política del gobierno en turno, y el aumento de popularidad de Andrés Manuel, se llevaron a cabo las elecciones del 2006, una contienda marcada por la polarización, en donde AMLO y Felipe Calderón se disputaron la silla presidencial. Teniendo como resultado unas votaciones nubladas, en donde la institución electoral dio la victoria al panista con 14,916,927 frente a los 14,683,096 de Obrador, una apenas ventaja del 0.59%.
Tras los resultados y falta de resolución clara, López Obrador y su movimiento denunciaron un fraude electoral debido a las irregularidades en el conteo de votos y en la actuación de las autoridades electorales. Las protestas profundizaron la crisis política y la desconfianza en las instituciones electorales.
A la distancia, el proceso de desafuero y la elección de 2006 se convirtieron en momentos clave en la construcción política de López Obrador. Lejos de debilitarlo, consolidaron su base social y su narrativa, lo que eventualmente lo llevó a su triunfo electoral de 2018, cuando alcanzó la presidencia de México con un amplio margen de votación.
“Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí, nos juzgue la Historia. ¡Viva la dignidad!, ¡Viva México!”, declaró López Obrador durante el proceso, una frase que quedó grabada en el colectivo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, alcanzó un 84% de aprobación en sus iniciativas legislativas, superando a sus antecesores desde el 2000.
En sus primeros 18 meses como presidenta, Claudia Sheinbaum ha demostrado una notable efectividad en el Congreso. Logró que se aprobara el 84% de las iniciativas que presentó, un récord en comparación con sus predecesores desde el año 2000. Esta cifra se destaca a pesar de enfrentarse a retos significativos en el ámbito legislativo.
Desde octubre de 2024 hasta marzo de 2026, Sheinbaum propuso un total de 75 reformas y nuevas leyes. De estas, 63 ya han sido aprobadas, mientras que 11 están pendientes y solo una fue rechazada. Este éxito es importante en el contexto actual, especialmente después de las dificultades que enfrentó con sus planes electorales.
A diferencia de otros presidentes, Sheinbaum cuenta con el apoyo mayoritario de su partido, Morena, y sus aliados, el PT y el PVEM. Esto le ha permitido avanzar en sus prioridades legislativas. Sin embargo, la reciente reforma electoral no logró el respaldo necesario, un revés significativo en su agenda.
En comparación, el expresidente priista Enrique Peña Nieto alcanzó una aprobación del 80% en sus propuestas, mientras que el espurio, Felipe Calderón logró un 79.55%. Andrés Manuel López Obrador, por su parte, tuvo una tasa de aprobación del 75.73%. En el lado opuesto, Vicente Fox, quien presentó el mayor número de iniciativas, tuvo una tasa de rechazo más alta.
Claudia Sheinbaum también ha promulgado 19 reformas constitucionales en su mandato, superando a Vicente Fox, quien logró 18. Entre sus cambios destacados se encuentran la reducción de la jornada laboral y la prohibición de reelección. Esto refleja su enfoque en mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
Recientemente, la presidenta presentó un plan electoral, el cual fue rechazado por la oposición, impidiendo que se alcanzara la mayoría necesaria. No obstante, su partido sigue buscando opciones para presentar de nuevo esta iniciativa en el futuro.
Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, enfatizó que los resultados son un paso hacia la eliminación de privilegios en el sistema electoral. No obstante, los críticos, como Rubén Moreira del PRI, acusan a Morena de desviar la atención de problemas urgentes como la inflación y la inseguridad.
Claudia Sheinbaum continúa trabajando por su agenda legislativa, mostrando su compromiso con un futuro donde el bienestar de los ciudadanos sea la prioridad. (Con información de Milenio).
El hijo del expresidente Felipe Calderón, Luis Felipe Calderón Zavala, comenzó a emprender a los 11 años con acceso a funcionarios de alto perfil, oportunidades que no están al alcance del ciudadano común.
Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón, reveló que comenzó su primer negocio a los 11 años vendiendo corbatas a funcionarios de Gobierno, con el permiso de su padre. La iniciativa, según relató, buscaba que él y su hermana María “llevaran una vida normal”, aunque su acceso privilegiado a funcionarios y espacios oficiales evidencia la mezcla entre emprendimiento y ventajas familiares.
Durante su juventud, Calderón Zavala aprovechó su posición para relacionarse con empresarios de alto perfil como Carlos Slim y Arturo Elías Ayub. Con estos contactos, vendió desde corbatas hasta cámaras digitales, obteniendo ganancias gracias a su acceso directo a recursos y mercados que no están al alcance del ciudadano común.
El hijo del exmandatario reconoció que sus padres controlaban su vida financiera y su exposición pública: no recibía dinero para diversión y contaba con seguridad personal, reflejo de los privilegios ligados a su apellido.
Actualmente, Calderón Zavala trabaja como asociado comercial en Liqui Moly, pero su trayectoria incluye empleos en bienes raíces, firmas de abogados y medios de comunicación, llegando a ser socio comercial de Tarimas y Empaques Industriales San José en 2024. Su historia refleja cómo la red de contactos y el apellido familiar facilitaron oportunidades laborales y empresariales desde la infancia.
Datos oficiales revelan que el fenómeno creció de forma exponencial tras el despliegue militar contra el narcotráfico, marcando un antes y un después en la violencia del país.
El fenómeno de desapariciones en México registró un incremento sin precedentes durante el sexenio de Felipe Calderón, tras el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, de acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Entre 2000 y 2006, durante el gobierno de Vicente Fox, se reportaron 950 personas desaparecidas; sin embargo, entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012, ya bajo la administración de Calderón, la cifra se disparó a 17 mil 327 víctimas, evidenciando un crecimiento exponencial vinculado al aumento de la violencia.
El primer año del sexenio calderonista marcó un punto de quiebre: los casos pasaron de 236 en 2006 a 837 en 2007, casi cuadruplicándose. La tendencia continuó al alza con mil 153 desapariciones en 2008 y mil 741 en 2009, en paralelo al despliegue de fuerzas federales en el país.
Para 2010, la crisis ya era evidente, con más de 4 mil 200 víctimas acumuladas, lo que representó un aumento de hasta 20 veces en solo cuatro años. El pico se alcanzó en 2011, con 5 mil 165 casos, detonando protestas sociales y el surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que denunció la magnitud del problema.
En ese contexto, familiares de víctimas encararon al entonces presidente en el Castillo de Chapultepec, cuestionando que los desaparecidos fueran considerados “daños colaterales” de la estrategia de seguridad. Calderón defendió su decisión y afirmó que su error fue no actuar antes contra el crimen organizado.
Al cierre de su gobierno, con 4 mil 192 desapariciones registradas en 2012, el fenómeno se consolidó como una crisis estructural que persiste hasta hoy, generando alertas internacionales, como los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
