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Etiqueta: Fiscalía

  • Grecia Quiroz busca amparo para no entregar celulares de Manzo: Yesenia Méndez

    Grecia Quiroz busca amparo para no entregar celulares de Manzo: Yesenia Méndez

    Yesenia Méndez sostiene que los teléfonos del alcalde asesinado podrían aportar información clave para esclarecer sus últimos días y las posibles conexiones alrededor del crimen.

    La exsecretaria particular de Carlos Manzo, Yesenia Méndez, acusó a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, de presuntamente buscar un amparo para evitar entregar los celulares del edil asesinado en noviembre de 2025 a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

    Méndez acudió nuevamente ante la FGE de Michoacán para ampliar su declaración sobre el asesinato y pidió que se investigue la relación laboral y personal entre Quiroz y Samuel “N”, señalado como uno de los implicados en el crimen. Según la exfuncionaria, la alcaldesa estaría intentando frenar mediante la vía legal el requerimiento del Ministerio Público para realizar peritajes a los dispositivos.

    “Tengo entendido que anda buscando una manera de ampararse para no tener la necesidad de entregarlos”, declaró Méndez ante medios. La excolaboradora de Manzo insistió en que el contenido de los teléfonos podría ser relevante para reconstruir conversaciones previas al atentado y esclarecer posibles vínculos dentro del entorno municipal.

    Méndez también lanzó un llamado directo a Quiroz para entregar los aparatos: “El que nada debe, nada teme”, sostuvo, al señalar que incluso debería entregarse el teléfono de la propia alcaldesa para que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes.

    La exsecretaria particular además denunció que, tras su salida del Ayuntamiento de Uruapan, alrededor de 150 trabajadores habrían sido despedidos, entre policías, agentes de Tránsito, personal de confianza y empleados de la administración anterior. Afirmó que su despido y el de su esposo ocurrieron después de acudir ante la Fiscalía a declarar, por lo que consideró que se trató de una posible represalia.

  • Cerimedo, tras las rejas: la Justicia boliviana ordena su ingreso a Palmasola

    Cerimedo, tras las rejas: la Justicia boliviana ordena su ingreso a Palmasola

    Un juez de Santa Cruz de la Sierra dispuso prisión preventiva por seis meses contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, acusado de intento de femicidio.

    La resolución llegó este viernes tras una audiencia maratónica de casi seis horas en el Palacio de Justicia boliviano. El magistrado Wilson Espada avaló el pedido fiscal y ordenó el traslado de Cerimedo al penal de Palmasola. Ahí permanecerá mientras avanza la causa por el ataque armado contra su pareja, la abogada y activista Nadia Beller.

    El fiscal había pedido inicialmente la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. El juez optó finalmente por Palmasola, ubicada en Santa Cruz.

    Un ataque planeado con precisión

    Beller fue interceptada el lunes frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Dos hombres disfrazados de repartidores participaron del ataque. La mujer sobrevivió y permanece internada tras una cirugía.

    Durante la audiencia, participó de forma virtual desde la clínica donde se recupera. Publicó fotografías con lesiones visibles en brazos y clavícula. Junto a las imágenes, escribió un mensaje directo: pidió que Dios perdonara a Cerimedo.

    Su representación legal está a cargo del abogado Jerjes Justiniano. Según explicó, el alta médica de Beller todavía depende de nuevas evaluaciones.

    Las comunicaciones bajo la lupa

    La investigación se apoya en un elemento clave: las llamadas y los chats de WhatsApp del teléfono de Cerimedo. El propio consultor entregó el dispositivo a las autoridades tras su detención.

    Medios bolivianos difundieron un informe fiscal con intercambios entre Cerimedo, Beller y un tercer hombre identificado solo con las siglas EGC. Beller también publicó parte de esas conversaciones en su cuenta de Facebook, antes de que comenzara la audiencia.

    Ahora la Justicia deberá establecer qué relación guardan esos mensajes con el ataque. La clave es determinar si existen pruebas suficientes para sostener que Cerimedo ordenó o planificó el intento de asesinato.

    La defensa busca revertir la detención

    Los abogados Ernesto Giraldes y Margarita Arce presentaron varios recursos de nulidad durante la audiencia. Cuestionaron las condiciones del arresto, ocurrido el miércoles por la noche cuando Cerimedo llegaba al aeropuerto rumbo a la clínica.

    También reclamaron por la demora en presentarlo ante la Justicia. Sumaron objeciones sobre la imputación, la difusión de sus conversaciones privadas y la falta de aviso a las autoridades diplomáticas argentinas.

    Cerimedo negó ante la prensa haber planeado el ataque. Se declaró inocente. Al llegar al tribunal, rompió en llanto y pidió ver a sus hijos.

    Con la decisión judicial ya firme, el consultor pasará los próximos seis meses detenido en Palmasola. La Fiscalía continúa reuniendo pruebas para definir su responsabilidad final en el caso.

  • Kast propone castigo de por vida para condenados por crimen organizado en Chile

    Kast propone castigo de por vida para condenados por crimen organizado en Chile

    El mandatario chileno envió al Congreso una reforma que quita derechos sociales y políticos a criminales sentenciados. La iniciativa también crea un nuevo estado de excepción con amplios poderes presidenciales.

    El gobierno de José Antonio Kast ingresó esta semana al Senado un proyecto que endurece las penas contra el crimen organizado y el terrorismo. La propuesta busca modificar ocho artículos de la Constitución chilena.

    El texto avanza con “suma urgencia”, lo cual obliga al Congreso a resolverlo en 15 días dentro de la comisión respectiva. Kast impulsa esta medida como parte de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, conocida como ACOT.

    La reforma castiga con dureza a quienes resulten condenados por estos delitos. Perderán para siempre el derecho a ejercer cargos públicos. Durante 15 años tampoco podrán acceder a penas sustitutivas ni a beneficios penitenciarios.

    Los condenados quedarán además inhabilitados para recibir prestaciones financiadas con recursos del Estado. Esto incluye servicios de salud, educación y seguridad social. Una ley de quórum calificado definirá los alcances exactos de estas restricciones.

    El proyecto crea también un nuevo estado de excepción constitucional enfocado en seguridad pública. El presidente podrá decretarlo ante una amenaza grave o inminente contra el orden público. Esta medida durará hasta 120 días y admite una prórroga por igual periodo.

    Solo una extensión posterior a ese plazo necesitará el visto bueno del Congreso. Mientras rija el estado de excepción, el mandatario tendrá facultades excepcionales. Podrá restringir la libertad de movimiento y el derecho de reunión de las personas.

    También podrá intervenir comunicaciones, abrir documentos privados y ordenar la requisición de bienes. Estas atribuciones se aplicarán en zonas específicas designadas por el propio gobierno.

    Otro pilar de la reforma es la creación de un registro oficial de organizaciones criminales. El Presidente podrá calificar a un grupo como terrorista o de crimen organizado. Para hacerlo, necesitará un informe favorable de la Fiscalía o del Consejo de Seguridad Nacional.

    Esa declaración deberá pasar además por el Senado en sesión secreta. Se requerirán dos tercios de los votos para aprobarla formalmente.

    La iniciativa generó roces incluso entre aliados políticos del gobierno. Algunos sectores oficialistas cuestionan las restricciones a derechos como salud y educación. Críticos señalan que el Ejecutivo consultó poco a los partidos antes de presentar el proyecto.

    Desde la oposición de centroizquierda las críticas son más duras. El expresidente Gabriel Boric calificó la propuesta como una limitación de libertades sin precedentes en el país.

  • Fiscalía de Coahuila buscará pena máxima contra mujer que mató al perrito “Rocky”

    Fiscalía de Coahuila buscará pena máxima contra mujer que mató al perrito “Rocky”

    La muerte del can agravó el proceso penal por maltrato animal y la imputada podría enfrentar hasta ocho años de prisión.

    La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que solicitará la pena máxima contra Liliana “N”, luego de que esta arrastrara y atropellara a su perro “Rocky” en calles de Saltillo, luego de que el animal muriera a consecuencia de las graves lesiones sufridas durante la agresión.

    “Rocky”, un perro de raza Gran Pirineo de 14 años, falleció por un trauma medular agudo que le provocó daños neurológicos irreversibles. El caso se hizo público tras la difusión de un video en el que se observa al can siendo arrastrado por una camioneta y posteriormente atropellado en varias ocasiones.

    La mujer fue vinculada a proceso y permanece en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Femenil de Saltillo. Inicialmente enfrentaba cargos por maltrato animal con lesiones, pero la muerte del perro modificó la gravedad del delito y permitió a la Fiscalía buscar una sanción más severa.

    De acuerdo con el Código Penal de Coahuila, el delito de crueldad y violencia contra los seres sintientes contempla penas de dos a cuatro años de prisión, pero cuando las agresiones ocasionan la muerte del animal o daños de mayor gravedad, las sanciones pueden incrementarse. En caso de ser declarada culpable, Liliana “N” podría recibir hasta ocho años de cárcel.

  • Bolivia: represión y estado de excepción

    Bolivia: represión y estado de excepción

    La policía boliviana detuvo a 36 personas e hirió a decenas más durante las marchas del jueves en La Paz. El presidente Rodrigo Paz advierte que puede decretar el estado de excepción en cualquier momento.

    Cuarenta y dos días de protestas llegaron este jueves a un punto de quiebre en La Paz. La policía boliviana arremetió contra los manifestantes de la Central Obrera Boliviana (COB), que habían logrado llegar al centro de la capital tras dos semanas de bloqueo. El saldo: 36 detenidos y decenas de heridos.

    Testigos y participantes de la marcha denunciaron golpes, gas y detenciones arbitrarias. Para blindar esas acciones, el Comando de la Policía pidió a periodistas y comunicadores que se alejaran de los operativos. La medida no busca proteger a los reporteros, sino evitar que las cámaras documenten lo que ocurre en las calles.

    Lo que nació el 1 de mayo como un reclamo laboral de más de 70 sindicatos ha crecido hasta convertirse en una exigencia masiva: que Rodrigo Paz renuncie a la presidencia. El Ejecutivo nunca respondió el pliego de peticiones, y esa omisión encendió la mecha.

    Paz, por su parte, tomó otro camino. El lunes promulgó la Ley 1740, que habilita a las Fuerzas Armadas y a la policía a actuar juntas contra los más de 90 bloqueos carreteros en todo el país. La norma también amplía las facultades de la Fiscalía y reduce las garantías constitucionales de los ciudadanos. El presidente ya cuenta con el aval de la Asamblea Legislativa para decretar el estado de excepción cuando lo decida.

    Ante esa amenaza, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo actuaron este jueves. Emitieron un comunicado de urgencia conjunto y convocaron a las principales organizaciones de La Paz y El Alto a un pacto departamental. El objetivo es frenar la escalada y encontrar una salida negociada.

    Mientras tanto, la vida cotidiana se deteriora. Los bloqueos cortan el suministro de alimentos y combustibles en La Paz y El Alto. La canasta básica subió de precio y la gasolina ya se consigue hasta cinco veces más cara en el mercado negro. Las familias enfrentan escasez, miedo y la incertidumbre de no saber qué ocurrirá si se aplica el estado de excepción.

  • Capturan en CDMX a segundo implicado en el asesinato de familia de intérpretes en Michoacán

    Capturan en CDMX a segundo implicado en el asesinato de familia de intérpretes en Michoacán

    El detenido es señalado por secuestro exprés agravado y homicidio; el crimen conmocionó a la comunidad sorda tras el hallazgo de los cuerpos calcinados en Zinapécuaro.

    Autoridades detuvieron en la Ciudad de México a Dilan Kaled “N”, segundo presunto implicado en el homicidio de una familia de intérpretes de lengua de señas mexicana ocurrido en enero pasado en Michoacán, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

    La captura se realizó en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de secuestro exprés agravado y homicidio en agravio de Anayeli “N”, Víctor Manuel “N” y su hija adolescente. En el operativo participaron la Subsecretaría de Investigación Especializada, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

    El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Este arresto se suma al de Alfredo “N”, aprehendido el 17 de enero en Morelos y ya vinculado a proceso por su probable participación en el triple homicidio; se informó que era familiar de las víctimas.

    Los cuerpos de la familia fueron hallados calcinados a un costado de la autopista de Occidente (México-Morelia-Guadalajara), en la localidad de Ucareo, municipio de Zinapécuaro. La identificación oficial se logró días después mediante pruebas de ADN.

    El caso generó profunda indignación en la comunidad sorda de Michoacán, ya que Víctor Manuel y Anayeli eran reconocidos por su labor como intérpretes en sesiones del Congreso estatal y en eventos públicos, donde contribuyeron a garantizar el acceso a la información para personas con discapacidad auditiva.

  • Gertz Manero, nuevo embajador de México en Gran Bretaña, confirma Sheinbaum

    Gertz Manero, nuevo embajador de México en Gran Bretaña, confirma Sheinbaum

    El ex fiscal general dejó el cargo en noviembre y ahora será representante diplomático en Londres, tras una gestión marcada por cuestionamientos y polémicas.

    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Alejandro Gertz Manero, ex titular de la Fiscalía General de la República (FGR), será designado embajador de México en Gran Bretaña, una vez que concluya el trámite de presentación de cartas credenciales ante el gobierno británico.

    El anuncio se da luego de que Gertz Manero renunciara a la FGR el pasado 27 de noviembre, decisión que notificó mediante una carta enviada al Senado de la República. En ese documento, el ex fiscal explicó que la Presidenta le propuso asumir una representación diplomática en un país al que calificó como “amigo”, motivo por el cual formalizó su salida del organismo autónomo.

    La designación ocurre tras un periodo en el que la gestión de Gertz Manero al frente de la Fiscalía estuvo rodeada de señalamientos por el manejo de casos de alto perfil, críticas por la falta de resultados en investigaciones emblemáticas y cuestionamientos sobre el uso político de la institución. Su salida, en ese contexto, marca el cierre de una etapa controvertida dentro de la procuración de justicia en México.

    Sheinbaum se limitó a confirmar el cambio de función, subrayando que el proceso se realiza conforme a los canales institucionales y diplomáticos, sin que ello implique respaldo o deslinde sobre la actuación previa del ex fiscal.

    El envío de Gertz Manero a Londres se da en medio de un reacomodo en áreas clave del Estado mexicano, mientras la nueva administración busca redefinir su relación con organismos autónomos y proyectar estabilidad en el ámbito internacional.

    El nombramiento deberá ser formalizado conforme a la normativa diplomática, aunque ya genera debate por tratarse de un ex funcionario cuya gestión dejó más dudas que consensos en materia de justicia.

  • Localizan a Ney González, exgobernador priísta de Nayarit prófugo; se trabaja en su extradición

    Localizan a Ney González, exgobernador priísta de Nayarit prófugo; se trabaja en su extradición

    La subfiscalía confirmó que ya se ubica al exmandatario priísta en un país de América del Norte y que el proceso judicial avanza tras años de especulación y amparos fallidos.

    La Fiscalía de Nayarit confirmó la localización del exgobernador Ney González Sánchez, prófugo desde 2022 y señalado por una amplia red de delitos que afectan al estado. La subfiscal Ludmila Heredia Verdugo detalló que el exmandatario se encuentra en un país de América del Norte, donde avanza el proceso para solicitar su extradición a México, luego de que en 2023 se formalizara la orden de aprehensión derivada de denuncias del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA).

    Heredia Verdugo enfatizó que, aunque durante años hubo especulación sobre su paradero, es la primera vez que las autoridades cuentan con información certera. También explicó que todos los amparos promovidos por González Sánchez han sido rechazados, pues los jueces consideran que sus argumentos deben resolverse en juicio; esto implica que el exgobernador deberá comparecer ante un tribunal mexicano.

    El exmandatario priísta es investigado por administración fraudulenta, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita, simulación de actos jurídicos, enriquecimiento ilícito, peculado y falsificación de documentos. De acuerdo con la subfiscalía, estos delitos abarcan desde su gestión (2005-2011) y continúan en administraciones posteriores, lo que ha impedido declarar prescripción.

    Las autoridades también lo vinculan con empresas fantasma manejadas mediante familiares directos. Sobre la extradición, Heredia Verdugo explicó que el país donde se encuentra exige cumplir el principio de doble criminalidad, es decir, que los delitos imputados también sean considerados ilícitos en su legislación. Aunque este punto ha sido complejo por diferencias jurídicas, la funcionaria aseguró que el proceso avanza sin obstáculos.

  • FGR reserva por cinco años patrimonio de Alejandro Gertz Manero

    FGR reserva por cinco años patrimonio de Alejandro Gertz Manero

    El Comité de Transparencia argumenta que revelar los bienes del exfiscal podría poner en riesgo su seguridad y la de la propia institución.

    La Fiscalía General de la República (FGR) determinó mantener en confidencialidad todas las declaraciones patrimoniales de Alejandro Gertz Manero durante los próximos cinco años, decisión que se hizo pública tras su reciente renuncia a la titularidad de la dependencia, cargo que ocupó por siete años.

    De acuerdo con los documentos consultados por Froji MX, las seis “versiones públicas” de las declaraciones presentadas por el exfiscal aparecen totalmente testadas, con la información cubierta por bloques negros. 

    El Comité de Transparencia de la FGR sostuvo que la reserva responde a razones de seguridad, al advertir que divulgar los bienes, inversiones e ingresos del exfuncionario podría convertirlo en un objetivo atractivo para la delincuencia organizada.

    La institución enfatizó que revelar detalles como propiedades o vehículos podría facilitar su localización en tiempo real, poniendo en riesgo no solo su integridad, sino también la de su familia, colaboradores y de la propia Fiscalía. Como sustento, el Comité citó el atentado contra el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para ilustrar los riesgos asociados a la exposición pública de patrimonios de altos mandos.

    Además, la FGR argumentó que tampoco cuenta con el consentimiento del exfiscal para difundir sus declaraciones, y sostuvo que conocer la cantidad y tipo de bienes que posee no representa un interés público. 

    Sin embargo, este razonamiento contrasta con la práctica general de transparencia, donde las versiones públicas de funcionarios incluyen tipo de bien, fecha y valor de adquisición, sin comprometer datos personales. Incluso las declaraciones del propio Harfuch son de acceso abierto bajo estos criterios.

    La decisión ha fortalecido el debate sobre los límites entre la seguridad de los servidores públicos y el derecho ciudadano a la rendición de cuentas, especialmente tratándose de quien encabezó por años la institución encargada de combatir la corrupción y asegurar la legalidad.

    Con información de Rodrigo Gutierréz para Froji MX

  • Confirma Fiscalía de Michoacán orden de aprehensión contra jefe de escoltas de Carlos Manzo

    Confirma Fiscalía de Michoacán orden de aprehensión contra jefe de escoltas de Carlos Manzo

    La Fiscalía de Michoacán confirmó que el coronel José Manuel “N”, hombre de máxima confianza del alcalde asesinado Carlos Manzo, es buscado por presunta responsabilidad en el caso.

    La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó una orden de aprehensión contra José Manuel “N”, coronel del Ejército y jefe de escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el pasado 1 de noviembre. Jiménez Miranda logró huir durante el operativo en el que fueron capturados siete integrantes del equipo de seguridad del edil, acusados de homicidio por omisión.

    De acuerdo con la investigación, el coronel no solo encabezaba el equipo de protección, sino que reclutó personalmente a los siete escoltas que conformaban el primer círculo de seguridad del alcalde, varios de ellos con antecedentes en el Ejército Mexicano. La FGE también documenta que Jiménez Miranda tenía un historial previo de señalamientos: en septiembre de 2024 fue separado del cargo de secretario de Seguridad Pública de Uruapan, luego de ser acusado por su pareja de violencia familiar y amenazas con arma de fuego. El propio Manzo ordenó su destitución en ese momento.

    Pese al antecedente, el alcalde decidió incorporarlo después como jefe de escoltas, al considerarlo un colaborador de absoluta confianza. Tras la salida del coronel en 2024, el cargo de Seguridad Pública municipal quedó en manos del general brigadier Francisco Javier Nieto Osorio, quien continúa en funciones.

    Este jueves, el juez Luis Fernando Díaz Parra determinó la vinculación a proceso de los siete escoltas detenidos. Permanecerán recluidos en el Centro de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto No. 1, en el complejo penitenciario de Mil Cumbres, en Charo.