La policía boliviana detuvo a 36 personas e hirió a decenas más durante las marchas del jueves en La Paz. El presidente Rodrigo Paz advierte que puede decretar el estado de excepción en cualquier momento.
Cuarenta y dos días de protestas llegaron este jueves a un punto de quiebre en La Paz. La policía boliviana arremetió contra los manifestantes de la Central Obrera Boliviana (COB), que habían logrado llegar al centro de la capital tras dos semanas de bloqueo. El saldo: 36 detenidos y decenas de heridos.
Testigos y participantes de la marcha denunciaron golpes, gas y detenciones arbitrarias. Para blindar esas acciones, el Comando de la Policía pidió a periodistas y comunicadores que se alejaran de los operativos. La medida no busca proteger a los reporteros, sino evitar que las cámaras documenten lo que ocurre en las calles.
Lo que nació el 1 de mayo como un reclamo laboral de más de 70 sindicatos ha crecido hasta convertirse en una exigencia masiva: que Rodrigo Paz renuncie a la presidencia. El Ejecutivo nunca respondió el pliego de peticiones, y esa omisión encendió la mecha.
Paz, por su parte, tomó otro camino. El lunes promulgó la Ley 1740, que habilita a las Fuerzas Armadas y a la policía a actuar juntas contra los más de 90 bloqueos carreteros en todo el país. La norma también amplía las facultades de la Fiscalía y reduce las garantías constitucionales de los ciudadanos. El presidente ya cuenta con el aval de la Asamblea Legislativa para decretar el estado de excepción cuando lo decida.
Ante esa amenaza, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo actuaron este jueves. Emitieron un comunicado de urgencia conjunto y convocaron a las principales organizaciones de La Paz y El Alto a un pacto departamental. El objetivo es frenar la escalada y encontrar una salida negociada.
Mientras tanto, la vida cotidiana se deteriora. Los bloqueos cortan el suministro de alimentos y combustibles en La Paz y El Alto. La canasta básica subió de precio y la gasolina ya se consigue hasta cinco veces más cara en el mercado negro. Las familias enfrentan escasez, miedo y la incertidumbre de no saber qué ocurrirá si se aplica el estado de excepción.
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