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Etiqueta: Jueza Amarande Riojas Orozco

  • La democracia y el Minotauro: el laberinto latinoamericano

    La democracia y el Minotauro: el laberinto latinoamericano

    La democracia, al igual que los héroes griegos, parece condenada a librar una y otra vez batallas contra monstruos que creíamos extinguidos. La única diferencia es que, en nuestro tiempo, los monstruos suelen presentarse a elecciones.

    Si Zeus gobernara en América Latina, habría arrasado en las urnas prometiendo bajar el precio del néctar, barrer con la corrupción del Olimpo y devolverles la gloria a los dioses. Pero ya con la banda presidencial en el pecho, descubriría pronto la realidad: que la ley es un estorbo imperdonable, que el Congreso está repleto de traidores y que cualquier sentencia judicial que le ponga un alto no es justicia, sino un complot orquestado por Poseidón.

    Por fortuna, en la antigua Atenas comprendieron a tiempo una verdad demoledora: poner el destino de un pueblo en manos de seres caprichosos y soberbios, por más divinos que se proclamen, siempre termina en desastre. De ese recelo visceral hacia el poder absoluto nació la democracia: el mandato innegociable de que nadie está por encima de las leyes y de que la voluntad de un solo hombre jamás puede dictar el destino de todos.

    Veinticinco siglos después, seguimos atrapados en la misma trampa. La única diferencia es que hoy no consultamos al oráculo de Delfos, sino al algoritmo de las redes sociales; y los rayos fulminantes de Zeus fueron reemplazados por decretos a la medida, juicios sumarios en ruedas de prensa y amenazas escritas enteramente con mayúsculas.

    El asalto a los tres poderes en Brasil, ocurrido el 8 de enero de 2023 tras una elección auditada y legítima, retrató con nitidez este drama continental. Reveló una confusión peligrosa: creer que la democracia solo es válida cuando gana nuestro candidato. Cuando se asume esa lógica, el voto deja de ser un pacto pacífico para procesar las diferencias y se convierte en una liturgia cuyo resultado debe coincidir, por mandato forzoso, con nuestras simpatías personales.

    Aquí es donde aparece el Minotauro.

    En el mito clásico, la bestia devoraba a sus víctimas dentro de un laberinto diseñado para que nadie encontrara la salida. Nuestro laberinto contemporáneo está construido con desinformación, polarización artificial y miles de ciudadanos convencidos de poseer la verdad absoluta tras consumir un video de treinta segundos.

    En este laberinto, caemos en una trampa peligrosa que envenena la justicia: si una institución frena un capricho popular, la tachamos de corrupta; si un periodista saca a la luz verdades incómodas, lo linchamos como enemigo público; y a los jueces no se les evalúa por apegarse a la Constitución con pruebas y rigor, sino que se les aplaude como héroes o se les condena como villanos dependiendo únicamente de si su sentencia favoreció a nuestro bando o perjudicó a nuestro adversario. En esa lógica ciega, la ley deja de importar: lo único que cuenta es la revancha.

    Para entender la salida, hay que recordar el mito: el joven príncipe Teseo entró a la guarida del Minotauro a matar a la bestia, pero sabía que la fuerza bruta no bastaba; sin una guía, moriría atrapado para siempre en la oscuridad. Fue la princesa Ariadna quien le entregó un hilo dorado para ir desenrollándolo en el camino y encontrar el regreso a la luz. En la vida diaria de cualquier ciudadano, ese hilo protector no es magia: son las leyes claras, los juicios limpios y los jueces que resuelven sin miedo al poder ni al clamor de las redes. No basta con proclamar que nuestra causa es justa si para defenderla pisoteamos el proceso legal. Porque el día en que aceptemos saltarnos las reglas para castigar al enemigo, le habremos dado permiso al poder para aplastarnos a nosotros mañana sin darnos oportunidad de defensa.

    Aquí radica el papel central de la judicatura frente a las y los ciudadanos. Los jueces no estamos para complacer a mayorías momentáneas, buscar aplausos fáciles, ni someternos a la voluntad de los gobiernos. La función judicial consiste en ser el contrapeso que garantiza que la Constitución y los derechos humanos se apliquen por igual, sobre todo cuando hacerlo resulta impopular y muchas veces el justiciable no logre comprender el alcance de la determinación, porque no conoce las circunstancias del caso en concreto, ni las constancias, ni nada realmente sobre él. Solo repiten y creen aquello que dicen los medios controlando la narrativa.

    El debido proceso no es un capricho técnico: es la única garantía de que el día de mañana el poder público no atropelle a cualquiera de nosotros, sin derecho a defensa. Par que las autoridades o cualquiera abuse y vulnere nuestros derechos.

    Cuando la democracia se torna lenta y no resuelve con prontitud la deuda histórica de desigualdad, seguridad y justicia, comienzan a escucharse los cantos de las sirenas. En la Odisea, Ulises se ató al mástil para no arrojarse al mar ante promesas seductoras que conducían al naufragio. En América Latina, esas sirenas prometen atajos: orden inmediato, mano dura y prosperidad instantánea, siempre y cuando aceptemos dejar de incomodar con leyes, derechos y tribunales independientes.

    El autoritarismo siempre seduce porque ofrece la ilusión de un líder providencial que sabe exactamente qué hacer. Lo que nunca explica es qué herramientas nos quedarán para ponerle un límite cuando descubramos su error o su abuso.

    Defender la democracia en nuestra región no significa defender ideologías de turno ni a gobernantes transitorios. Significa cuidar un sistema donde las libertades no sean limosnas que nos regala el poder, sino frenos infranqueables que la ciudadanía impone al poder. Una Constitución no es adorno retórico para ceremonias cívicas; es el pacto vinculante que nos protege a todos.

    Nuestra historia se parece al castigo de Sísifo: subir una piedra pesada hasta la cima, solo para verla caer al barranco una y otra vez. En América Latina llevamos generaciones empujando esa roca frente a crisis, fraudes y políticos que se creen salvadores. Pero nosotros no estamos condenados a perder: la gente sí puede frenar la caída. Cada derecho que se defiende, cada juicio limpio y cada sentencia valiente que le pone un alto al abuso del gobierno es una traba firme para no regresar al hoyo.

    La democracia nunca será perfecta porque la hacemos personas de carne y hueso, no dioses. La libertad de verdad no es esperar a un iluminado que prometa arreglar la vida a cambio de que nos callemos y obedezcamos; la libertad es tener leyes tan fuertes que nadie pueda pasar por encima de ti. Si el precio de no agachar la cabeza es seguir empujando esa piedra todos los días, la vamos a empujar; pero que le quede muy claro al poder: los ciudadanos no somos sirvientes, la justicia no se vende, y esta montaña no tiene dueño.

  • El certificado de defunción que nadie firmó: la subasta del país en un clic

    El certificado de defunción que nadie firmó: la subasta del país en un clic

    Hay imágenes que no necesitan explicación para provocar miedo. A finales de septiembre circuló con fuerza un mapa de México pintado de rojo con una advertencia aplastante: el crimen organizado mandaría sobre un tercio del país, otro 47 por ciento estaría en disputa y apenas el 23 por ciento seguiría bajo control del gobierno. En cuestión de segundos, la imagen hizo lo que suele pasar cuando la foto sustituye a la razón: convirtió una suposición en una sentencia definitiva, un país complejo en una estampa fija y una crisis de seguridad gravísima en la idea de que México ya está entregado al narco.

    El golpe es contundente porque el pánico no se detiene a pensar. Basta una mancha roja para que la gente dé por hecho carreteras cerradas, autoridades expulsadas y pueblos enteros sometidos sin salida. El peligro empieza cuando esa imagen suplanta la realidad. Un mapa puede servir para explicar un problema, pero miente cuando no sabemos de dónde salieron los datos, cómo se midió el terreno o qué significa en realidad lo que nos están mostrando. En temas de seguridad nacional, el empaque de la cifra le cambia por completo el ánimo a un país.

    Esto no significa tapar la violencia ni restarle peso. Sería una falta de respeto ante las familias que buscan a un desaparecido, ante el comerciante ahogado por el cobro de piso o frente a comunidades enteras donde el crimen manda a diario. Como operador de justicia penal conozco de frente ese dolor: expedientes que guardan pérdidas que nadie repara, víctimas atrapadas en trámites interminables y familias cuya tranquilidad se acabó de golpe. El daño es real, duele en carne viva y no necesita exagerarse para saber que es una tragedia.

    Precisamente por su gravedad debemos ser exactos. Si un estudio habla de control, o influencia, para describir la extorsión o las amenazas sobre los negocios, eso no puede traducirse a la gente como si el Estado ya hubiera desaparecido. Que un grupo criminal cobre piso no significa que ya borró al gobierno municipal, ni que su presencia armada sea la dueña absoluta del país. Esta diferencia no es un adorno de abogados ni un capricho teórico: para quien vive en esas zonas, es la línea exacta entre atender un problema grave o declarar que el país ya se rindió.

    En los juzgados nos apegamos derecho a esa línea: de ella depende la libertad de las personas. Una acusación no se vuelve condena solo porque haga escándalo en las noticias, una sospecha no se convierte en prueba porque parezca creíble, ni una mentira se hace verdad por repetirla mil veces. La tarea de un juez es separar el rumor del hecho probado, revisar las pruebas de verdad y resolver con base en la ley. Esa seriedad no puede terminar al salir del juzgado. Si exigimos pruebas firmes para encarcelar a un ciudadano, no podemos aceptar números a la ligera para declarar derrotado a todo un país.

    Lo más alarmante de todo esto no es el error en los números: es enseñarle a la gente a resignarse. Si nos convencen de que el Estado ya tiró la toalla, dejamos de exigirle cuentas; si creemos que denunciar es inútil, el delito sigue creciendo; si damos por sentado que regiones enteras ya le pertenecen a los delincuentes, aceptamos el despojo como algo normal. El crimen organizado avanza a balazos, pero se queda con todo cuando convence a la ciudadanía de que no hay nada que hacer. Un pueblo convencido de que ya perdió es un pueblo fácil de someter.

    Reconocer la emergencia de seguridad no significa dar al país por muerto, ni criticar al gobierno significa negar las fallas que todavía existen. La realidad de México no es blanco o negro: conviven zonas golpeadas por la violencia con millones de personas que todos los días sacan a flote la vida pública con su trabajo. La resistencia no se ve en los mapas: se ve en la madre que busca a su hijo con una pala, en el comerciante que sube su cortina todos los días, en la escuela de pueblo que no deja de dar clases y en la víctima que todavía se para en un juzgado confiando en la ley. Cada uno de esos actos es un rotundo NO a regalarle al crimen la victoria del miedo.

    México necesita seriedad para llamar a las cosas por su nombre: señalar la extorsión, exhibir las omisiones de las autoridades, recuperar las comunidades en peligro y medir con hechos si la estrategia de seguridad sirve o no. Lo que no necesita es que, con un mapa pintado de rojo y un titular escandaloso, le firmen una sentencia de muerte antes de tiempo. El acta de defunción de una nación no la emite una gráfica, ni la decide nadie desde afuera: solo se consuma cuando su propia gente se cansa de defenderla.

  • La verdadera reforma debe transformar las Fiscalías

    La verdadera reforma debe transformar las Fiscalías

    La idea de que cambiar el mecanismo de selección de las personas juzgadoras, mediante su elección por voto popular, terminaría por sí mismo con la impunidad y la corrupción en México parte de un diagnóstico equivocado del funcionamiento de la justicia penal. La corrupción y la impunidad no se originan únicamente en la forma en que se designa a quienes juzgan. El sistema penal involucra a policías, fiscalías, peritos, defensores, autoridades penitenciarias y, por supuesto, órganos jurisdiccionales. Si las redes de corrupción pueden operar desde la investigación de un delito, manipular una carpeta, fabricar una imputación o utilizar indebidamente las facultades del Estado, cambiar únicamente el mecanismo de selección de los juzgadores no resuelve las causas que permiten que esas prácticas ocurran y, mucho menos, garantiza por sí mismo que desaparezcan.

    Cualquiera que haya caminado por los pasillos de una agencia del Ministerio Público, que conozca cómo funcionan las fiscalías, sabe con absoluta certeza dónde se vende el destino de las víctimas y cómo el pobre es aquel que no encuentra justicia y, en muchos casos, siendo inocente, termina en prisión. El juez no sale a perseguir criminales a la calle ni levanta casquillos en la madrugada; el juez resuelve con el expediente que le llevan a la mesa, con lo que las partes ponen a su vista. Y es precisamente en ese primer eslabón, en los escritorios grises de las fiscalías locales y federales, donde la justicia en este país no solo se detiene: se vende, se negocia o se pudre.

    Las cifras oficiales no alcanzan a retratar la tragedia humana, pero exhiben la dimensión del engaño. De acuerdo con el INEGI, más del 93 % de los delitos que se cometen en México ni siquiera se denuncian. La gente no deja de ir por flojera o indiferencia; no va porque sabe que entrar a una fiscalía es someterse a una segunda victimización, a horas de maltrato, a pedir favores y a toparse con servidores públicos que miran el reloj esperando dinero para mover una sola hoja. Y de ese raquítico porcentaje que sí se atreve a denunciar, la inmensa mayoría de las carpetas van a dar a un cajón en el olvido. La efectividad real del sistema no llega ni al 2 %. ¿De qué sirve transformar juzgados si la materia prima que llega a ellos está podrida desde el origen?

    La corrupción y la falta de vocación ministerial operan con dos rostros descarados. Por un lado, la desprotección más miserable hacia los vulnerables. Y lo viví como abogada postulante de forma recurrente: mujeres víctimas de violencia extrema, delitos sexuales o agresiones intrafamiliares, víctimas que tienen que mendigar medidas de protección; madres que deben pagar de su propia bolsa la gasolina de la patrulla para que vaya a notificar, o que tienen que conseguir por sus propios medios las grabaciones de las cámaras de seguridad antes de que se borren, porque el agente del Ministerio Público a cargo «no tiene personal», o hubo una «falla técnica y se borraron». Si la víctima o el imputado es pobre, su carpeta está muerta o tarda años en judicializarse. Esa indolencia no es falta de presupuesto ni cansancio burocrático: es una forma perversa de violencia institucional y de un negocio que tiene atrapados a los ministerios públicos.

    Por otro lado, opera una justicia a la carta para los ricos y los influyentes. Mientras una fiscalía puede mantener congelada la denuncia de una mujer violentada, aun cuando existen pruebas, también puede fabricar en cuestión de días una investigación penal para obtener una orden de aprehensión al servicio de un despacho influyente o de intereses políticos. Se inventan delitos patrimoniales para cobrar venganzas comerciales, se convierten controversias civiles en supuestos fraudes penales y se utiliza la amenaza de la cárcel como instrumento de extorsión. Y cuando un juez, con rigor constitucional, frena esos atropellos, como ocurre frente a detenciones ilegales sustentadas en informes falsos de supuesta flagrancia elaborados desde un escritorio, las redes de corrupción reaccionan utilizando el dolor de las víctimas y su desconocimiento jurídico para linchar mediáticamente al juzgador y ocultar su propia responsabilidad.

    Sería injusto, sin embargo, desconocer que también existen agentes del Ministerio Público que trabajan con honestidad, que se esfuerzan por hacer justicia y que genuinamente buscan ayudar a las personas. El problema es que, en determinadas instituciones, las redes de corrupción son tan profundas que terminan por involucrar, someter o convertir en instrumentos de sus intereses incluso a quienes inicialmente no forman parte de ellas. Hay quienes participan directamente y quienes, bajo presiones, instrucciones o amenazas de sus propios compañeros o superiores, terminan ejecutando actos que nunca debieron ocurrir. El resultado es el mismo para quien enfrenta un proceso penal: investigaciones manipuladas, detenciones ilegales, informes falsos de supuesta flagrancia elaborados desde un escritorio y decisiones que pueden destruir una vida. Cuando un juez, con rigor constitucional, frena esos atropellos, esas mismas redes pueden utilizar el dolor de las víctimas y su desconocimiento jurídico para desacreditar públicamente al juzgador, mientras ocultan su propia responsabilidad.

    Hablemos claro: la autonomía de las fiscalías se convirtió en un cheque en blanco para el compadrazgo y la impunidad interna. Se autonombraron intocables, pero siguen subordinadas al poder político en turno y a los intereses fácticos de sus titulares. Adentro no asciende quien investiga con rigor científico, ética o perspectiva de derechos humanos; asciende quien obedece consignas, quien cuida las espaldas a los mandos y quien sabe qué expedientes no deben tocarse jamás. Sus órganos de control interno y sus visitadurías son simples figuras de adorno, diseñadas para tapar los delitos de casa y castigar únicamente al que no se alinea a la red.

    La ciudadanía tiene que mirar de frente la raíz del problema. No habrá paz, verdad ni reparación del daño mientras existan fiscalías en las que la discrecionalidad, la opacidad y la corrupción permitan que una denuncia no sea debidamente investigada, que una investigación se utilice para favorecer intereses particulares o que una persona sea sometida a un proceso penal por razones ajenas a la justicia.

    La reforma que realmente puede cambiarle la vida al ciudadano no consiste únicamente en modificar estructuras, cambiar nombres o mover funcionarios de una oficina a otra; exige instituciones capaces de investigar con independencia, de rendir cuentas sobre la actuación de sus agentes y sobre las determinaciones que adoptan en cada investigación, de explicar y justificar sus decisiones conforme a la ley y, sobre todo, de investigar y sancionar a quienes utilizan las facultades del Estado para cometer abusos. También implica proteger a los agentes del Ministerio Público que hacen correctamente su trabajo, para que no sean presionados, utilizados o silenciados por quienes pretenden convertir la procuración de justicia en un espacio de intereses particulares.

    La justicia penal no comienza con la sentencia de un juez. Comienza mucho antes: en el momento en que una persona herida, asustada o vulnerada cruza la puerta de una fiscalía buscando ser escuchada y encontrar protección. Ahí empieza también la responsabilidad del Estado. Si esa persona encuentra indiferencia, corrupción, influyentismo, violencia o impunidad, el daño no termina en una carpeta mal integrada: se rompe su confianza en las instituciones y se debilita el Estado de derecho.

    Por eso, combatir la corrupción en las fiscalías no es una cuestión administrativa ni un asunto interno de las instituciones; es una obligación frente a cada persona que deposita en ellas su libertad, su patrimonio, su seguridad y, muchas veces, la esperanza de obtener justicia.

    Porque cuando el poder de investigar deja de estar al servicio de la justicia, puede convertirse en una de las formas más peligrosas de injusticia.

  • Gobernar no es ganar elecciones: es dar la cara ante la gente

    Gobernar no es ganar elecciones: es dar la cara ante la gente

    Gobernar no concluye con el conteo de los votos. El compromiso de fondo empieza cuando las decisiones públicas deben traducirse en resultados tangibles y en explicaciones claras frente a la sociedad.

    A propósito de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum no limitó su encargo a la entrega formal ante el Congreso de la Unión exigida por el artículo 69 constitucional. La decisión de recorrer las 32 entidades federativas para exponer los avances de la administración pone sobre la mesa una distinción fundamental: la diferencia entre acatar un trámite republicano y asumir la rendición de cuentas de cara a la población.

    Ya que una cosa es cumplir con una obligación constitucional y otra, es acercar esa información a la ciudadanía.

    La gira “Honestidad y Resultados” trazó una ruta por el país que comenzó en Morelos y concluirá este 27 de septiembre en la Ciudad de México, tras recorrer 24 estados. En cada entidad, la conversación no fue general ni abstracta. Se habló de lo que a cada comunidad le preocupa de verdad: el agua que falta en la llave, los caminos y trenes para trasladarse, una vivienda propia, un hospital con medicinas o una escuela digna para las hijas y los hijos.

    Y hagámonos esta sencilla pregunta: ¿por qué importa que un informe de gobierno salga de las oficinas y se presente directamente en el territorio? La respuesta es, porque los números cambian de sentido cuando tocan la vida diaria de las y los mexicanos.

    Ya que hablar de millones de pesos en un documento oficial, con lenguaje técnico y presentado por escrito, suele sonar lejano e incomprensible. En cambio, cuando el presupuesto se explica en la calle y frente a la comunidad, la cifra se vuelve tangible: se traduce en una obra terminada, en un servicio que funciona o en una necesidad que aún no se resuelve.

    Rendir cuentas en el territorio transforma de raíz la relación con el poder. Cuando los servidores públicos salimos del escritorio, el informe deja de ser un monólogo lejano y se convierte en un ejercicio honesto de cara a la gente: un espacio donde se explican las decisiones de frente y la ciudadanía tiene la posibilidad real de contrastar las palabras con lo que vive todos los días.

    Hablar de cifras multimillonarias resulta abstracto para una familia ocupada en resolver lo urgente: cómo llegar a tiempo al trabajo, conseguir una cita médica, pagar la renta o asegurar la escuela de sus hijos. En cambio, explicar con claridad cuánto costó un camino, cuándo llegará el agua a su colonia o cuántas viviendas se van a construir, le devuelve sentido al servicio público, permitiendo que cada persona comprenda con exactitud qué significa el presupuesto en su propia vida.

    Ese es, para mí, el verdadero sentido de la rendición de cuentas: que el gobierno no solamente informe, sino que explique, que busque que la mayoría de los mexicanos entienda. Que se acerque al pueblo de México, que busque generar cultura jurídica en el país, que explique aquello que es técnico en algo sencillo para que pueda ser comprendido por la mayoría de las personas.

    Hay datos que permiten dimensionar el tamaño de lo que está en juego. Por ejemplo, el Gobierno Federal ha señalado que durante este año los Programas para el Bienestar alcanzan casi un billón de pesos y que su financiamiento forma parte del presupuesto público.

    Una cantidad de esa magnitud no puede entenderse únicamente como una cifra presupuestal. Son recursos que pertenecen a todos los mexicanos y, por lo mismo, deben estar sujetos a reglas, controles, transparencia y evaluación.

    La rendición de cuentas, entonces, no consiste en escuchar únicamente los logros de una administración. También implica preguntar cuánto costó, quién recibió el beneficio, cuándo estará terminada una obra, qué resultados produjo y qué problemas continúan pendientes.

    Ahí está una de las diferencias entre informar y rendir cuentas. Informar es decir lo que se hizo. Rendir cuentas supone explicar y responder por ello. Y esto no corresponde solamente al Poder Ejecutivo.

    Como jueza federal, considero que este principio también debe aplicarse a las instituciones de justicia. El Poder Judicial tiene una obligación particularmente importante: explicar a la sociedad cómo funciona la justicia, cuáles son los derechos de las personas y qué pueden hacer cuando una autoridad vulnera sus derechos. La ciudadanía no tiene por qué ser experta en derecho para exigir justicia.

    Si una persona está detenida, debe saber qué derechos tiene. Si una autoridad no responde una solicitud, debe conocer qué mecanismos existen para reclamar. Si alguien necesita acudir al juicio de amparo, debe poder comprender, en términos sencillos, para qué sirve y cuáles son sus alcances.

    Las instituciones no podemos exigirle a la gente que domine el lenguaje técnico con el que trabajamos; somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad ética y profesional de explicarlo con sencillez. Quienes integramos el servicio público, ya sea desde el Poder Judicial o desde cualquier otra trinchera del Estado, estamos para servir a la ciudadanía, y es nuestro primer deber hablarle con claridad, rendirle cuentas y responderle de frente a México.

    Por eso hablar con la ciudadanía no debe confundirse con hacer política partidista. Una institución pública puede acercarse a la sociedad sin perder su imparcialidad. Al contrario, una institución que explica cómo funciona, transparenta sus resultados y escucha las necesidades de las personas puede generar mayor confianza.

    Claro que un acto público, una plaza llena o una cifra presentada en un escenario no sustituyen los mecanismos formales de fiscalización, auditoría, transparencia ni control institucional. Tampoco sustituyen la obligación de que los datos puedan ser revisados y contrastados, ya que la rendición de cuentas necesita siempre de dos cosas: cercanía con la gente y controles institucionales.

    Porque la ciudadanía tiene derecho a escuchar a sus autoridades, pero también tiene derecho a preguntar, cuestionar y verificar. Ese equilibrio es indispensable.

    La gira de la Presidenta para informar sobre sus dos primeros años de mandato debe evaluarse más allá de las concentraciones masivas. Su trascendencia democrática depende de qué información llega a la gente y qué herramientas le otorga para exigir cuentas. Gobernar de frente significa no escudarse en escritorios ni en cifras incomprensibles.

    Esta obligación no admite excepciones: rige para el Ejecutivo, el Legislativo y, desde luego, para el Poder Judicial. El poder público no pertenece al servidor en turno, sino a la sociedad. Por eso la rendición de cuentas debe ser un hábito diario y no un evento anual: explicar, escuchar, responder y corregir cuando haga falta. En eso consiste, lisa y llanamente, la verdadera responsabilidad republicana

    Porque quien tiene el honor de servir a México también tiene la obligación de dar la cara ante México.

  • Cuando los datos rompen el relato

    Cuando los datos rompen el relato

    La seguridad no se defiende con consignas; se construye mirando de frente los hechos. Hay una regla que quienes hemos pasado años frente a un expediente aprendemos casi sin darnos cuenta: los hechos no se negocian. Una resolución no puede depender de simpatías, enojos, presiones externas ni de aquello que quisiéramos encontrar en una carpeta. La prueba se mira de frente, se analiza, se contrasta y, después, con responsabilidad, se decide.

    En la conversación pública deberíamos exigirnos exactamente lo mismo, porque también en política, en seguridad y en la vida cotidiana tenemos una costumbre peligrosa: aceptar con entusiasmo los datos que confirman lo que ya pensamos y desconfiar de aquellos que nos obligan a cambiar de opinión.

    Una cifra no tiene partido y no debería tenerlo. Los datos no están para darnos la razón; están para decirnos dónde estamos.Por eso vale la pena detenernos ante los últimos indicadores de percepción de seguridad publicados por el INEGI. El 59.8% de la población adulta en las principales ciudades del país manifestó sentirse insegura.

    La cifra sigue siendo enorme y no hay que maquillarla: significa que prácticamente seis de cada diez personas todavía viven una parte de su vida cotidiana con miedo. Eso no puede minimizarse, porque detrás de cada punto porcentual hay personas, familias que esperan un mensaje para saber que alguien llegó bien, mujeres que modifican sus rutas, comerciantes que miran dos veces hacia la calle antes de cerrar y víctimas que todavía esperan justicia. La deuda con ellas permanece, sin embargo, reconocer esa deuda tampoco nos obliga a cerrar los ojos ante lo que muestran los mismos datos.

    En junio, la percepción de inseguridad fue de 59.8%, frente al 61.5% registrado en marzo y al 63.2% de junio del año anterior; en diciembre pasado había alcanzado 63.8%. Hay, entonces, una disminución. No es una opinión ni una interpretación política: es una variación estadística registrada por el instrumento que mide la percepción de seguridad urbana. Reconocerla tampoco significa declarar resuelto el problema.

    En materia de seguridad no existen victorias definitivas, mucho menos cuando hablamos de un fenómeno que durante años ha lastimado comunidades enteras y que se vive de manera distinta en cada territorio, pero una cosa es exigir más y otra, muy distinta, negar aquello que los datos están mostrando simplemente porque no coincide con nuestras posiciones.

    Tenemos que aprender a mirar los números sin miedo. Si un indicador mejora, decirlo no significa entregar un cheque en blanco a la autoridad; del mismo modo, si un indicador empeora, señalarlo tampoco significa negar todo lo que sí funciona. La madurez democrática comienza, en buena medida, cuando dejamos de escoger los datos que queremos escuchar.

    La seguridad, además, tampoco cabe completa en una gráfica: tiene el rostro de la madre que recibe un mensaje de su hija diciendo “ya llegué”, la puerta de un negocio que puede cerrarse sin miedo, el vecino que vuelve a caminar por su parque y, también, la víctima que espera que una investigación avance y que un tribunal haga justicia.

    Por eso debemos distinguir algo fundamental: la percepción de inseguridad que mide el INEGI no es lo mismo que los delitos registrados ante las fiscalías. Son fenómenos distintos y deben analizarse como tales.

    También resulta relevante observar que, en los indicadores oficiales disponibles, aparecen señales de disminución en los homicidios dolosos. De acuerdo con los datos del Gabinete de Seguridad, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 48% entre septiembre de 2024 y junio de 2026, con una reducción acumulada de 51% en julio. Estos números merecen ser examinados con rigor, sin propaganda, pero también sin negación y, sobre todo, sin convertirlos en una excusa para dejar de exigir.

    Reconocer que una política pública muestra resultados no elimina nuestra obligación de vigilarla; al contrario, obliga a preguntar qué está funcionando, dónde está funcionando, dónde todavía no y qué debe corregirse. Eso también es defender una transformación: no consiste en aplaudir todo ni en desacreditar todo, sino en observar, comparar, preguntar y exigir.

    Quien rechaza un dato solamente porque no coincide con su postura termina construyendo una realidad a la medida de sus propias certezas. Pero quien convierte una cifra favorable en motivo de celebración absoluta también se equivoca, porque todavía hay víctimas, todavía hay delitos y todavía hay familias esperando justicia.

    Entre ambos extremos existe algo mucho más difícil, pero también mucho más responsable: aceptar la realidad completa. En un juzgado, las pruebas no se acomodan para que encajen en una historia; es la historia la que tiene que responder a las pruebas. Quizá la vida pública debería exigirse exactamente lo mismo.

    Porque gobernar y juzgar tienen una responsabilidad que, aunque ocurre en espacios distintos, comparte una misma raíz: no cerrar los ojos frente a aquello que los hechos nos obligan a mirar.Defender una transformación no significa negar los problemas que todavía existen, pero tampoco significa negar los avances cuando aparecen. Significa tener la honestidad de reconocer ambos.

    México todavía enfrenta enormes desafíos en materia de seguridad y nadie debería utilizar una disminución estadística para decirle a una víctima que su dolor ya no importa. Pero tampoco deberíamos decirle a millones de personas que nada está cambiando cuando los indicadores muestran otra cosa. La democracia necesita ciudadanos capaces de exigir sin prejuicios y autoridades capaces de rendir cuentas sin miedo; necesita menos relatos construidos para ganar una discusión y más voluntad para entender una realidad compleja.

    Porque cuando los datos contradicen aquello que creíamos, tenemos dos caminos: cuestionar los datos hasta que vuelvan a darnos la razón o cuestionar nuestras propias certezas. En un expediente judicial, lo segundo no es una opción: los hechos terminan imponiéndose. Tal vez en la vida pública deberíamos aprender la misma lección.

    Cuando los datos rompen el relato, quizá no tengamos que romper los datos. Quizá tengamos que cambiar el relato.

  • El caso Cerimedo: la trampa de vender veneno con etiqueta de libertad

    El caso Cerimedo: la trampa de vender veneno con etiqueta de libertad

    La libertad de expresión es uno de los pilares de cualquier democracia. Gracias a ella podemos cuestionar a quienes gobiernan, denunciar abusos, expresar desacuerdos, defender una causa o sostener una opinión que incomode a la mayoría. Es justo por eso que debemos ser cuidadosos cuando alguien pretende utilizar ese derecho como protección para conductas que van mucho más allá de expresar una simple opinión.

    El caso de Fernando Cerimedo en Brasil permite entender esta diferencia y revela un problema que ya no pertenece únicamente a los tribunales o a los grandes juristas: la manera en que la desinformación puede utilizarse para alterar la percepción de millones de personas y con ello provocar desconfianza en las instituciones, llevar la disputa política de las pantallas a las calles, e inclusive arruinar la vida de alguna persona.

    Cerimedo es un consultor y estratega político argentino relacionado con campañas de la derecha latinoamericana, entre ellas las de Javier Milei y Jair Bolsonaro. Después de las elecciones presidenciales brasileñas de 2022, difundió contenidos en los que cuestionaba el correcto funcionamiento de las urnas electrónicas y sostenía que determinados resultados habían sido manipulados. El problema no fue simplemente que expresara una posición política contraria al resultado electoral; la importancia radicaba en la difusión de afirmaciones presentadas como información técnica, aun cuando no existían elementos suficientes que demostraran el fraude que se estaba denunciando.

    Y eso no fue lo único que importó, sino también la forma. Los mensajes se presentaban acompañados de gráficos, datos, supuestos análisis técnicos y transmisiones diseñadas para generar la impresión de que se estaba revelando una verdad oculta. En las redes, esa apariencia puede ser muy poderosa, ya que cuando una afirmación se presenta con lenguaje técnico, imágenes, cifras y una gran cantidad de reproducciones, muchas personas pueden asumir que es cierta antes de detenerse a comprobarla, puesto que la gran mayoría de la población no tiene por qué ser experta para discernir si los datos informáticos son o no verdaderos.

    Las consecuencias fueron sumamente graves. Después de la derrota electoral de Jair Bolsonaro, en enero de 2023, miles de personas que rechazaban el resultado de las elecciones participaron en actos de protesta que terminaron con la invasión y destrucción de edificios de las principales instituciones brasileñas: el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio de Planalto. No fue simplemente una discusión acalorada en redes sociales. La desconfianza alimentada durante meses terminó trasladándose al espacio público y puso en riesgo real la estabilidad institucional de una democracia.

    Para entender quién es realmente Fernando Cerimedo, hay que quitarle la máscara. Este tipo arrastra un historial turbio y peligroso; fue detenido en Bolivia, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de su propia pareja, que además estaba embarazada. Y fue justo ella quien, con su testimonio, lo dejó al descubierto al confesar a qué se dedica en verdad: no hace periodismo ni defiende ideas, tiene montada una red para desestabilizar países y polarizar a la gente en redes sociales, usando las mismas trampas, montajes y golpeteo mercenario que tipos como Javier Negre. Así que no nos equivoquemos: esto no es libertad de expresión, es un negocio sucio diseñado para fabricar caos.

    Aquí hay que distinguir, ya que como ciudadanos debemos tener muy claro que una cosa es expresar una opinión, incluso una opinión equivocada, y otra muy distinta es construir deliberadamente una operación de desinformación destinada a presentar como hechos afirmaciones que no lo son, especialmente cuando existe una intención de manipular a la población o provocar acciones contra las instituciones democráticas.

    La libertad de expresión protege el desacuerdo, protege la crítica al gobierno, la oposición política, el debate público y hasta las ideas que pueden resultar incómodas, ofensivas o profundamente equivocadas. Una democracia no puede existir si el Estado pretende decidir qué opiniones son correctas y cuáles deben desaparecer.

    Pero la existencia de ese derecho tampoco significa que todo lo que se publica en internet quede automáticamente protegido por la palabra “libertad”. Los derechos fundamentales conviven con responsabilidades. El análisis jurídico debe atender al contenido del mensaje, a la manera en que fue difundido, al contexto, a sus consecuencias y, cuando corresponda, a la existencia de una conducta deliberada detrás de esa difusión.

    Esta diferencia es sumamente importante en una época en la que cualquier persona puede recibir en segundos un video, una grabación, una fotografía o una supuesta investigación que parece revelar algo que “nadie quiere que sepamos”. La velocidad de las redes sociales muchas veces permite que una mentira llegue a millones de personas antes de que una institución, un periodista o un ciudadano pueda demostrar que es falsa.

    Por eso, el caso Cerimedo también nos deja una enseñanza indispensable para México. La desinformación no siempre llega con apariencia de mentira. A veces llega cuidadosamente producida, con música, imágenes, cifras, lenguaje técnico y una narrativa diseñada para despertar miedo, indignación o enojo. Y cuando una persona comparte ese contenido convencida de que está difundiendo una verdad, puede convertirse, sin saberlo, en parte de una cadena de desinformación y mentiras enormes.

    No se trata de desconfiar de todo ni de pedirle al gobierno que vigile lo que pensamos. La clave es pausar y comprobar antes de compartir. Vale la pena hacerse preguntas básicas: ¿quién lo firma?, ¿cuál es el origen del dato?, ¿hay pruebas o fuentes confiables que lo respalden?, ¿nos están informando o solo buscan indignarnos?

    Desde mi labor como jueza lo digo claro: la ley tiene que cuidar la crítica y el desacuerdo, jamás amordazarlos. Pero la libertad de expresión no es un cheque en blanco para el fraude. No podemos permitir que la mentira organizada se disfrace de derecho, porque cuando se destruye la verdad, se manipula al pueblo.

    La democracia la sostienen las personas, no los papeles. El caso Cerimedo nos avisa a tiempo: la estabilidad del país se disputa hoy en las redes sociales. No se trata de censurar a nadie, sino de abrir los ojos y marcar un límite tajante: se vale cuestionar al poder, pero manipular con mentiras no es libertad, es una trampa.

  • DOS AÑOS DE UNA PRESIDENTA, OCHO AÑOS DE UN MÉXICO QUE CAMBIA

    DOS AÑOS DE UNA PRESIDENTA, OCHO AÑOS DE UN MÉXICO QUE CAMBIA

    Hay gobiernos que simplemente administran el calendario y hay momentos políticos que terminan por definir una época. México vive uno de esos instantes decisivos: por primera vez en más de dos siglos de historia independiente, una mujer encabeza el Poder Ejecutivo Federal. El dato sacude nuestra memoria histórica, pero su verdadero valor rebasa la anécdota biográfica o la fecha electoral; habla de un país que transformó la manera en que entiende el poder y, sobre todo, a quienes les pertenece ejercerlo. Para las mujeres que consagramos nuestra vida a la función pública y al servicio de la nación, este parteaguas marca una ruta sin retorno.

    La llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República no fue un hecho aislado ni un regalo de quienes durante años concentraron las decisiones del país. Es parte de un cambio que comenzó hace ocho años y que puso en el centro otras prioridades y una idea distinta de gobierno: escuchar y atender a las mayorías. Durante décadas, los espacios donde se tomaban las decisiones más importantes estuvieron alejados de muchas mexicanas y mexicanos. Hoy, que una niña mexicana pueda crecer sabiendo que la Presidencia de la República también puede ser ocupada por una mujer, rompe con una idea que durante generaciones parecía inamovible. No se trata solamente de quién ocupa la banda presidencial, sino de que las nuevas generaciones sepan que ningún cargo, por importante que sea, tiene dueño y que las mujeres también pueden llegar a los lugares donde se decide el rumbo de México.

    Reconocer con orgullo que hoy una mujer ocupa la Presidencia de México no significa darle un cheque en blanco ni dejar de señalar lo que debe hacerse mejor. La igualdad no necesita elogios por el simple hecho de ser mujer; necesita mujeres capaces de gobernar con firmeza, tomar decisiones difíciles, rendir cuentas y responder ante quienes les dieron su confianza, sin olvidar jamás la verdad, la honestidad, el respeto y la lealtad al pueblo de México.

    A una Presidenta no se le demuestra lealtad con silencios ni con aplausos incondicionales, sino acompañando el proyecto de país, señalando lo que debe corregirse y exigiendo resultados. Al final, su legado no dependerá solamente de haber abierto una puerta que durante mucho tiempo estuvo cerrada para las mujeres, sino de lo que logre hacer desde ella: defender la soberanía de México, cuidar el dinero público y conseguir que las decisiones del gobierno se traduzcan en mejores condiciones de vida para las familias.

    Para entender si ese cambio existe, hay que mirar más allá de los discursos y revisar los resultados. De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, entre 2018 y 2024 alrededor de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, mientras la población en situación de pobreza pasó de 41.9 a 29.5 por ciento. También 13 millones de mexicanos se incorporaron a la clase media. Estas son cifras que pueden parecer lejanas detrás de una pantalla, pero estas se traducen en familias que hoy tienen mayores posibilidades de cubrir sus necesidades y construir un patrimonio.

    El salario mínimo pasó de 248.93 pesos en 2024 a 315 pesos en 2026 y acumula, según el informe, un incremento real de 153% desde 2019. A ello se suma una red de programas de bienestar que en 2026 alcanza a 42 millones de personas y un sistema de becas que beneficia a 19.5 millones de estudiantes de escuelas públicas. Pero para millones de familias, esto representa un ingreso adicional, una oportunidad educativa o la posibilidad de que un hijo permanezca en la escuela.

    En cuanto hace a un aspecto económico, México registró una inversión extranjera directa de 41 mil millones de dólares en 2025, alcanzó 22.8 millones de empleos formales en julio de 2026 y mantuvo niveles de desempleo históricamente bajos. Las exportaciones llegaron a cerca de 665 mil millones de dólares en 2025 y el Plan México contempla 14 Polos de Desarrollo Económico para impulsar inversión, industria y empleo. El reto ahora es que ese crecimiento no se quede en los indicadores macroeconómicos y termine reflejándose en mejores salarios, más oportunidades y mayor bienestar para las comunidades.

    En el sector salud también existen avances, ya que durante estos dos primeros años se pusieron en operación 32 hospitales, además de nuevas obras y ampliaciones que buscan aumentar la capacidad de atención. De igual forma en cuanto hace a vivienda, se reportan 518 mil casas contratadas, así como la reestructuración de créditos que durante años resultaron prácticamente impagables para millones de familias. Estas son medidas que se toman para que el Estado vuelva a ser capaz de responder cuando una familia necesita atención médica, una vivienda o una oportunidad para salir adelante.

    Pero ningún proyecto de transformación puede considerarse completo si la gente no puede vivir tranquila. Por eso en el tema de seguridad, el Gobierno reporta una reducción de 51 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y julio de 2026, además de miles de personas detenidas y armas aseguradas. Y claro que son resultados importantes, pero no suficientes para un México, donde todavía hay regiones sometidas por la violencia y muchas familias que viven con temor. La seguridad no se mide únicamente en estadísticas: se mide cuando una madre puede dejar salir a su hija, cuando un comerciante puede abrir su negocio, cuando una persona puede regresar a casa sin preguntarse si llegará con vida, cuando la gente camina tranquila sin temor a ser violentada.

    Como jueza lo constato todos los días: la legitimidad de un régimen no se defiende con discursos ni con buenas voluntades, sino con hechos y resoluciones que transformen la vida diaria de la gente común. Detrás de cada expediente, de cada audiencia, de cada resolución, hay familias mexicanas que no piden favores ni dádivas, sino estricto debido proceso, respuesta pronta de sus autoridades y castigo efectivo a los culpables.

    El verdadero patriotismo dentro de la función pública exige que las garantías consagradas en el texto constitucional dejen de ser postulados teóricos y se conviertan en realidades materiales que protejan al débil frente al abusivo.

    Por eso, reconocer lo avanzado no significa cerrar los ojos frente a lo que falta. La violencia que persiste en distintas regiones, la impunidad, los delitos cometidos contra las mujeres y la necesidad de fortalecer nuestro sistema de justicia siguen siendo deudas que no pueden esperar. Una transformación verdadera necesita instituciones fuertes, operadores honestos y decisiones técnicamente sólidas. Necesita también ciudadanos que no renuncien a su derecho de exigir cuentas, incluso cuando coincidan con el rumbo del gobierno.

    Una mujer en Palacio Nacional adquiere su máxima dimensión histórica cuando ese liderazgo se traduce en ministerios públicos eficaces, en una disminución real de la violencia contra las mujeres, en acceso equitativo a la salud y la educación y en oportunidades que permitan a las familias vivir con dignidad. Porque el mayor triunfo de este tiempo histórico no radica únicamente en contar con una primera Presidenta, sino en lograr que, después de su sexenio, el ejercicio del poder en manos de una mujer se asuma como una normalidad democrática indiscutible.

    Sí, son dos años de una Presidencia firme, ocho años de una transformación que modificó la conversación pública y una patria que todavía tiene deudas históricas por saldar. Apoyar lo que ha funcionado no obliga a callar frente a lo que debe corregirse. Al contrario: exigir mejores resultados también es una forma de defender a México.

    Porque la verdadera transformación no termina cuando cambia quien ocupa la Presidencia. Apenas comienza cuando los ciudadanos pueden mirar a su gobierno y decir, mi vida ha cambiado para bien. Ya que como bien sentenció la jurista Ruth Bader Ginsburg: “Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones”.

  • La reforma judicial: un año después, lo que ya cambió y lo que todavía nos corresponde transformar

    La reforma judicial: un año después, lo que ya cambió y lo que todavía nos corresponde transformar

    Hablar de la reforma al Poder Judicial de la Federación exige honestidad. Porque detrás de cada juzgado y cada sentencia hay personas que esperan ser escuchadas, que llegan con miedo, dolor, incertidumbre y confían en encontrar justicia.

    A un año de la toma de protesta de quienes hoy somos los primeros jueces y magistrados electos, no sería serio afirmar que todos los problemas están resueltos; tampoco sería justo decir que nada ha cambiado. Una transformación de esta dimensión debe juzgarse por sus resultados y por la forma en que mejora la vida de quienes acuden a un tribunal.

    Uno de los cambios está en la administración de los recursos públicos. El Poder Judicial destina nueve de cada diez pesos de su presupuesto a nómina. Por eso, implementar políticas de austeridad exige responsabilidad y disciplina. En 2026, el PJF opera con alrededor de 70 mil millones de pesos, el mismo monto autorizado por la Cámara de Diputados para el último año del extinto Consejo de la Judicatura Federal. Cada peso público proviene del esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos; administrarlo bien es una obligación ética.

    La austeridad no debe significar precariedad, se debe eliminar privilegios y dirigir los recursos donde hacen falta. La austeridad no significa quitar derechos a quienes trabajan en el Poder Judicial. Para entenderlo mejor: los niveles 2 al 11 corresponden a los puestos de mayor jerarquía y responsabilidad; los niveles 12 al 34 comprenden al personal de confianza y sindicalizado que sostiene gran parte del trabajo cotidiano de los tribunales. Se ajustaron las remuneraciones de los puestos superiores y hoy nadie, de ministros para abajo, gana más que la Presidenta de la República. Al mismo tiempo, se respetaron los salarios y prestaciones de las personas trabajadoras que hacen posible que los tribunales funcionen todos los días.

    Hablamos de más de 50 mil servidoras y servidores públicos y trabajadores en los cuatro órganos jurisdiccionales del nuevo PJF. La transformación institucional también debe respetar a quienes todos los días hacen posible que los tribunales funcionen.

    Otro reto es el rezago. Los juzgadores han mejorado su productividad y recientemente la mayoría adoptó un acuerdo del Pleno del Órgano de Administración Judicial para abatir el rezago heredado de expedientes. Pero ojo un expediente penal nunca es solamente un número: detrás hay una víctima que espera justicia, una persona imputada con derecho a un proceso sin dilaciones y familias que necesitan certeza.

    Medir resultados es necesario; convertir los juzgados en fábricas de sentencias, no. La verdadera productividad exige resolver oportunamente sin sacrificar la calidad de las decisiones, ni olvidar en todo momento el respeto a los derechos humanos, recordemos que una justicia que llega tarde puede ser injusticia.

    También está cambiando nuestra relación con la sociedad. Actualmente la mayoría de los juzgadores recibimos a las partes interesadas y a ciudadanos que buscan conocer y entender cómo funciona la justicia. Las puertas deben permanecer abiertas, inclusive me atrevería a decir que es necesario, llevar la justicia a territorio, a las calles, universidades, comunidades y colonos. A cualquier foro que pueda ayudar a la gente a comprender qué fue y qué es la reforma judicial , que función tenemos como juzgadores y cómo pueden defender su derechos.

    Soy una jueza electa y lo digo con orgullo, pero también con plena conciencia de lo que significa. La elección directa sí cambió la forma en que las personas juzgadoras nos relacionamos con la sociedad. El voto, sin embargo, no sustituye la preparación jurídica, ni determina el sentido de una sentencia. Nuestra obligación es juzgar con independencia e imparcialidad, conforme a la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y los derechos humanos, incluso cuando una decisión no sea popular. O no se logre comprender a simple vista por la mayoría.

    El voto nos dio una responsabilidad frente al pueblo; el Estado constitucional nos impone límites frente a cualquier forma de poder.

    Acercar la justicia también significa explicar los derechos y hacerlos comprensibles. Una persona que conoce sus derechos tiene más herramientas para defenderlos, esta justicia debe ser intercultural e incluyente: nadie debe quedar lejos de ella por su lengua, origen, condición económica o lugar donde vive.

    Falta mucho, pero queremos trabajar para mejorar cada día. Sabemos que  tenemos que fortalecer la preparación y la carrera judicial, evaluar con rigor, reducir tiempos, combatir la corrupción y preservar la independencia judicial. Reconocer lo que funciona y corregir lo que no, también es parte de transformar la impartición de justicia.

    Ya que como jueza, mi obligación no es defender una reforma ciegamente. Es reconocer sus aciertos, señalar sus pendientes y trabajar para mejorarla. Juzgar significa estudiar, escuchar, decidir con independencia y respetar los derechos humanos. La ley no es una herramienta de poder: es el límite del poder.

    Debemos eliminar los privilegios y recuperar los ideales que deben guiar nuestra función: justicia, honestidad, defensa de quien se encuentra en mayor vulnerabilidad y transparencia. Esos son los jueces y magistrados que México merece y debe tener.

    Amo a mi país y por eso no creo que México necesite instituciones perfectas, necesita instituciones honestas, responsables y capaces de reconocer sus errores para corregirlos. Ya que quienes fuimos electos tenemos una responsabilidad mayor: demostrar con nuestro trabajo que la confianza recibida, es un compromiso que debemos honrar todos los días.

    La transformación judicial no se demuestra en los discursos. Se demuestra en cada expediente, audiencia y sentencia; en la víctima que encuentra respuesta, en quien no tiene recursos y logra ser escuchado, en quien llega hablando otra lengua y encuentra comprensión, en la persona imputada cuyos derechos son respetados.

    Porque una reforma no cambia la justicia por sí sola. La cambian quienes tienen la responsabilidad de impartirla. Y ahí, frente a quien espera justicia, es donde debemos demostrar que estamos construyendo el Poder Judicial que México merece: sin privilegios, con independencia, con honestidad y con las puertas abiertas para todos.

  • Cuando la medicina no llega, el amparo no puede esperar

    Cuando la medicina no llega, el amparo no puede esperar

    Hay interrogantes que la dogmática jurídica suele abordar con tratados y jurisprudencia, pero que en la realidad social se formulan desde la angustia más elemental: ¿qué camino le queda a una persona cuando su salud depende de un medicamento y las instituciones simplemente no se lo proporcionan?

    Mi trayectoria previa como abogada litigante en materia penal me permitió conocer de primera mano las dinámicas cotidianas que rodean al proceso penal. Ese contacto directo con la realidad social y procesal me dio una perspectiva práctica sobre el impacto de las decisiones judiciales en la libertad y la dignidad de las personas.

    A partir de esa experiencia, entiendo la función jurisdiccional como un equilibrio necesario: la solidez del análisis jurídico debe dialogar permanentemente con la sensibilidad práctica, reconociendo que cada expediente representa circunstancias humanas concretas.

    En la Constitución el artículo 4º consagra el derecho humano a la protección de la salud como una obligación directa para el Estado. Sin embargo, para miles de familias, el juicio de amparo se ha transformado en el último recurso disponible frente a tratamientos suspendidos, cirugías postergadas o recetas no surtidas.

    Esta realidad nos obliga a plantear una profunda reflexión: ¿por qué un ciudadano tiene que acudir a la vía judicial federal para acceder a aquello que la Constitución ya le garantiza?

    El amparo es un mecanismo de tutela extraordinaria frente a las omisiones de la autoridad. De ninguna manera debería normalizarse como el conducto ordinario para ingresar al sistema de salud pública.

    En el ámbito médico, el factor tiempo resulta determinante y no admite demoras burocráticas. Un fármaco suministrado oportunamente salvaguarda la vida; el mismo tratamiento recibido semanas después puede resultar inútil.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente al determinar que, en observancia al principio de progresividad, la atención médica debe brindarse de forma continua, oportuna y sin retrocesos arbitrarios. Esto cobra especial relevancia en padecimientos crónicos o degenerativos, donde cualquier interrupción genera secuelas irreparables.

    En el ejercicio de la judicatura, resulta indispensable recordar que una resolución cautelar o una sentencia pueden contar con una técnica impecable, no obstante, si se dictan o se cumplen de manera tardía, el sentido verdadero de la protección constitucional se habrá desvanecido, será inútil.

    Superar esta problemática exige una visión que trascienda las sedes judiciales y alcance la esfera de la planeación y la administración pública. El artículo 134 constitucional exige que el ejercicio del gasto se conduzca bajo directrices de eficiencia, eficacia, economía y absoluta transparencia.

    El desabasto y la falta de distribución oportuna no son únicamente deficiencias operativas; constituyen vulneraciones directas a los derechos humanos.

    Urge consolidar mecanismos modernos de trazabilidad que permitan transparentar cada eslabón de la cadena de suministro: saber con precisión qué insumos se adquieren, en qué almacenes se resguardan, cuáles son sus vigencias y los motivos específicos por los cuales no se encuentran disponibles para el paciente en el momento en que se requieren.

    Las y los juzgadores asumimos con estricta responsabilidad la tutela de estos derechos cuando los asuntos llegan a nuestra potestad. Sin embargo, la respuesta integral compete a la totalidad de las dependencias encargadas de la gestión de la salud en el país.

    El juicio de amparo es un salvavidas cuando el sistema falla, pero nadie debería tener que recurrir a un juez para recibir la atención médica que por derecho le corresponde. La justicia no se queda en un papel firmado; la verdadera justicia ocurre cuando la medicina llega a las manos del paciente. Y cuando se trata de la salud, llegar tarde es simplemente no llegar.

  • Cuando la justicia habla una lengua que no entiendes

    Cuando la justicia habla una lengua que no entiendes

    Imaginemos por un momento que estamos sentados frente a una jueza. Escuchamos que hablan de una acusación, de pruebas, de nuestra libertad y de nuestro futuro, pero no entendemos lo que dicen. Queremos explicar lo ocurrido, responder las preguntas y defendernos, pero nadie habla nuestra lengua. La audiencia continúa y las decisiones se toman. ¿Podríamos llamar justicia a un procedimiento en el que la persona no puede comprender lo que está sucediendo? En mi criterio como juzgadora,  no puede existir una defensa adecuada cuando primero no se garantiza que una persona pueda comprender un procedimiento legal.

    Por eso considero relevante el Convenio Marco de Colaboración “Por la Defensa y Promoción de los Derechos Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas”, recientemente suscrito por instituciones como el Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Órgano de Administración Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

    El convenio busca fortalecer el ejercicio de los derechos político electorales y contempla, la formación, evaluación y certificación de intérpretes y traductores. Pero su importancia va más allá de la materia electoral: nos recuerda que una persona no debería tener que renunciar a su lengua para poder ejercer sus derechos frente al Estado.

    En el ámbito penal, esto adquiere una dimensión todavía más delicada. Las palabras tienen consecuencias. Una pregunta que no se comprende puede afectar una declaración; una resolución que no se entiende difícilmente puede ser impugnada; y una persona que no puede comunicarse adecuadamente con su defensa se encuentra en una situación de evidente desventaja. Por eso, el artículo 2° de nuestra Constitución reconoce a las personas indígenas, el derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado y a ser asistidas por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y su cultura. No es un privilegio ni una concesión: es una condición para que la igualdad procesal sea real.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que resolver casos que muestran las consecuencias que puede tener ignorar esta garantía. En el Amparo Directo 77/2012, la Primera Sala ordenó la inmediata libertad de una persona indígena que había sido sentenciada a 40 años de prisión, al advertir violaciones relacionadas con su defensa adecuada y la falta de un intérprete que conociera su lengua y cultura. En otro asunto, el Amparo Directo en Revisión 2434/2013, una persona indígena mazateca, había recibido una sentencia de 21 años de prisión por homicidio y la Corte determinó que debía reponerse el procedimiento, entre otras razones, porque no había contado con un intérprete que conociera su lengua y cultura. Son casos que deberían obligarnos a detenernos: detrás de un expediente hay una persona y detrás de una deficiencia procesal puede arruinarle la vida a una persona.

    Además, la Corte ha sido clara en que no basta con decir que la persona “habla español”. En el Amparo Directo en Revisión 4034/2013, la Primera Sala estableció que el derecho a contar con intérprete no puede condicionarse simplemente al grado de castellanización. Una persona puede comunicarse en español y, al mismo tiempo, no comprender el lenguaje jurídico, las consecuencias de una decisión o la complejidad de un proceso penal.

    Porque un intérprete no es simplemente alguien que cambia palabras de una lengua a otra. En un proceso penal, su función permite que exista una comunicación efectiva entre la persona, su defensa y la autoridad. Y esto es especialmente importante porque la Suprema Corte ha reconocido que el intérprete forma parte de la garantía de defensa adecuada y que recurrir a un intérprete práctico debe ser una medida de último recurso, después de agotar las posibilidades de contar con una persona intérprete profesional o certificada que conozca la lengua y la cultura correspondiente.

    El reto tampoco corresponde únicamente a los juzgadores, una persona indígena puede tener contacto con el Estado primero a través de una policía, una fiscalía, una defensoría pública o una autoridad administrativa. Por ello necesitamos instituciones preparadas para identificar estas necesidades desde el primer momento, intérpretes suficientes y profesionalizados, mecanismos para localizarlos oportunamente y servidores públicos capacitados para comprender que la perspectiva intercultural no significa favorecer a una persona, sino impedir que sus circunstancias culturales o lingüísticas se conviertan en una desventaja para ejercer sus derechos.

    México no habla una sola lengua. México tiene muchas voces y todas forman parte de este país. Cuando hablamos de derechos lingüísticos, no hablamos solamente de traducción: hablamos de igualdad, de defensa, de debido proceso y de dignidad; hablamos del derecho de una persona a contar su historia en la lengua que aprendió de sus padres y a defender su libertad sin que el idioma se convierta en un obstáculo frente al Estado.

    La justicia no debe pedirle a nadie que cambie su voz para ser escuchado. Debe aprender a escuchar todas las voces de México.

    Porque cuando una persona pueda entrar a un juzgado, hablar en la lengua de sus raíces y saber que el Estado hará todo lo necesario para comprenderla, no habremos cumplido simplemente con una formalidad procesal. Habremos dado un paso para que la justicia deje de ser una institución que habla desde arriba y se convierta en una institución que verdaderamente escucha al pueblo al que sirve.