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  • ¿Por qué la verdadera justicia solo puede ser de izquierda?

    ¿Por qué la verdadera justicia solo puede ser de izquierda?

    Después de muchos años dedicada al derecho penal y hoy desde mi responsabilidad como jueza penal federal, he llegado a una convicción que, estoy segura, provocará debate: los expedientes penales también cuentan la historia de un país. No hablan de partidos políticos ni de campañas electorales, pero sí revelan cómo viven las personas, cuáles fueron sus oportunidades y, muchas veces, qué tan cerca o qué tan lejos estuvo el Estado cuando más lo necesitaban.

    Detrás de una carpeta de investigación existen víctimas que esperan justicia, personas imputadas que enfrentan el poder punitivo del Estado y familias enteras cuya vida cambia a partir de una resolución judicial. Con el paso de los años he aprendido que un expediente rara vez trata únicamente sobre un delito. También refleja desigualdad, abandono, abuso de poder o, en el otro extremo, privilegios que permiten enfrentar el sistema de justicia en condiciones muy distintas. Esa realidad alimenta lo que muchas personas identifican como un derecho selectivo, uno de los mayores desafíos para la credibilidad de nuestras instituciones.

    La Constitución establece que todas las personas somos iguales ante la ley. Como jueza, ese principio guía cada una de mis decisiones y no admite excepciones. Sin embargo, la propia Constitución también reconoce que la igualdad no puede quedarse en una declaración escrita. Al proteger la dignidad humana, los derechos sociales y el principio de igualdad sustantiva, nos recuerda que la justicia no consiste únicamente en aplicar una norma, sino en garantizar que todas las personas puedan ejercer realmente los derechos que esa norma reconoce.

    Esa diferencia entre igualdad formal e igualdad real se aprecia todos los días en materia penal. No enfrenta un proceso en las mismas condiciones quien puede contratar una defensa altamente especializada, ofrecer peritajes privados y sostener un litigio durante años, que quien depende exclusivamente de una defensoría pública con una enorme carga de trabajo o incluso llega a una audiencia sin comprender plenamente el procedimiento que enfrenta. La ley es la misma para ambos; las condiciones para ejercer sus derechos, no.

    Quienes trabajamos todos los días en un juzgado penal terminamos advirtiendo una realidad incómoda: el delito no surge en el vacío. Con frecuencia aparece en contextos marcados por la pobreza, la desintegración familiar, el abandono escolar, las adicciones o la ausencia de oportunidades. Reconocer esa realidad no significa justificar la conducta delictiva ni desconocer el derecho de las víctimas a obtener justicia. Quien comete un delito debe responder conforme a la ley. Pero si el Estado únicamente interviene cuando el delito ya ocurrió y no analiza las condiciones que favorecieron su aparición, difícilmente podrá construir una justicia completa. Cuando la ciudadanía percibe que la justicia responde dependiendo del poder económico o político de quienes son investigados, la confianza en el Estado de derecho se debilita.

    La experiencia dentro de un juzgado deja una enseñanza difícil de ignorar: la pobreza no constituye un delito, pero la desigualdad aparece una y otra vez en los expedientes. Esto no significa que las personas con menos recursos sean más propensas a delinquir, ni que quienes cuentan con mayores posibilidades económicas estén al margen de la ley. Significa que las condiciones sociales también influyen en la manera en que las personas llegan al sistema de justicia y en los recursos con los que cuentan para enfrentarlo.

    Por eso considero insuficiente entender la justicia únicamente como la aplicación idéntica de una norma. Nadie elige el lugar donde nace, la educación que recibe, el entorno en el que crece o las oportunidades que tendrá para desarrollar su proyecto de vida. Ignorar esas diferencias puede conducir a una igualdad meramente formal, incapaz de responder a las profundas brechas que todavía existen en nuestro país.

    En materia penal, esta visión constitucional se refleja en principios como la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a una defensa adecuada y la proporcionalidad de las penas. Ninguno de ellos existe para favorecer la impunidad. Existen para recordar que el poder del Estado también debe tener límites y que la justicia pierde legitimidad cuando olvida la dignidad de las personas.

    En estos primeros meses impartiendo justicia, estoy convencida de que un juez no sólo debe conocer la ley; también debe comprender la realidad sobre la que esa ley actúa. La imparcialidad no consiste en ignorar el contexto, sino en aplicar el derecho con objetividad, teniendo siempre presente que detrás de cada expediente hay personas, no estadísticas.

    Una justicia auténticamente transformadora busca reducir desigualdades, ampliar el acceso a los derechos y colocar la dignidad humana en el centro de toda decisión pública. Si esos principios han sido históricamente identificados con una visión progresista o de izquierda, no es porque pertenezcan exclusivamente a una ideología, sino porque expresan una convicción profundamente constitucional: que el derecho debe servir para proteger a las personas y construir una sociedad más igualitaria, no únicamente para administrar las diferencias existentes.

    En el ámbito penal, la presunción de inocencia, el derecho a un debido proceso y el juicio justo no fueron creados para proteger delincuentes; fueron establecidos para impedir que el Estado utilice su poder de manera arbitraria contra cualquier persona. El respeto a estas garantías no protege al delito: protege a la ciudadanía frente al abuso de autoridad.

    Como jueza penal federal jamás dictaré una sentencia basada en ideologías. Mis decisiones se fundamentan y se fundamentarán siempre en la Constitución, los tratados internacionales y la ley. Pero mi trabajo también me ha enseñado que para impartir justicia es necesario mantener los ojos abiertos frente a la realidad social. Ignorar la desigualdad no vuelve imparcial a un juez; simplemente limita su capacidad para comprender el contexto en el que aplica el derecho.

    La verdadera justicia no consiste en aplicar la ley de manera automática sin observar las consecuencias humanas de las decisiones. Consiste en construir un país donde la libertad no sea un privilegio, donde la igualdad deje de ser una aspiración y donde la dignidad humana tenga más valor que el dinero o las influencias.

    La justicia deja de ser justa cuando se limita a tratar como iguales a quienes la vida ha colocado en condiciones profundamente desiguales. La verdadera justicia no puede ser una simple operación mecánica de aplicar normas; debe tener la capacidad de mirar la realidad, reconocer las brechas existentes y actuar para que los derechos dejen de ser privilegios reservados para unos cuantos.

    Porque una sociedad no se mide únicamente por la fuerza con la que castiga a quien infringe la ley, sino por la capacidad que tiene para proteger a quienes históricamente han quedado atrás, para limitar los abusos del poder y para garantizar que la dignidad humana esté por encima del dinero, los privilegios o las influencias.

    Como jueza penal federal sé que la justicia no puede tener partido, pero también sé que la Constitución mexicana nació de una profunda convicción social: que el Estado no puede ser indiferente frente a la desigualdad. Que la libertad sin igualdad real puede convertirse en una promesa vacía. Que los derechos sólo tienen sentido cuando alcanzan a todas las personas, especialmente a quienes durante décadas han tenido menos oportunidades para hacerlos valer.

    Por eso, cuando hablamos de una justicia verdaderamente transformadora, hablamos de una justicia que no administra las desigualdades, sino que busca superarlas; que no protege privilegios, sino derechos; que no observa la injusticia desde la distancia, sino que trabaja para corregirla.

    Por ello sostengo que la verdadera justicia siempre camina hacia la izquierda: porque en su esencia más profunda no busca conservar las diferencias que existen, sino construir las condiciones para que todas las personas puedan vivir con la misma dignidad.

  • La verdadera transformación también se mide por los derechos de las mujeres

    La verdadera transformación también se mide por los derechos de las mujeres

    Cuando se habla de la Cuarta Transformación, casi siempre la conversación gira alrededor de la política, los programas sociales, las obras públicas o las elecciones. Es normal, son temas que ocupan los titulares todos los días. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a hacer una pregunta mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más importante: ¿cómo sabemos si un país realmente está cambiando?

    Desde mi perspectiva, la respuesta no está solamente en los indicadores económicos ni en los discursos de quienes gobiernan. Una transformación verdadera se refleja en la vida cotidiana de las personas, especialmente de aquellas que durante muchos años permanecieron invisibles para el Estado.

    Por eso, si queremos evaluar con honestidad y objetividad cualquier proyecto de nación, incluida la Cuarta Transformación, inevitablemente tenemos que hablar de las mujeres y de las niñas.

    Es justo reconocer que durante los últimos años este tema adquirió una relevancia que antes no tenía. La igualdad sustantiva dejó de ser una conversación exclusiva de especialistas y comenzó a ocupar un lugar en el debate público. Hoy se habla con mayor claridad de violencia de género, de feminicidio, de violencia vicaria, de brechas salariales y de derechos reproductivos, pero solo hablarlo o estar conscientes no significa que el problema desaparezca. Por otro lado, también se fortalecieron políticas públicas dirigidas a salvaguardar a las mujeres, que históricamente habían permanecido al margen de muchas decisiones del Estado. Ese avance existe y negarlo sería injusto.

    Pero reconocerlo tampoco significa cerrar los ojos frente a lo mucho que aún falta por hacer.

    Porque la verdadera transformación no ocurre cuando una causa llega al discurso político. Ocurre cuando esa causa llega a las instituciones y cambia la vida de las personas. Ahí todavía existe una enorme deuda.

    Como jueza en materia penal he aprendido que los expedientes nunca cuentan únicamente una historia jurídica. Detrás de cada carpeta de investigación, de cada expediente judicial, hay personas, hay niñas cuya infancia terminó demasiado pronto; mujeres que soportaron años de violencia antes de encontrar el valor para denunciar; madres que siguen buscando justicia para sus hijas y familias que depositan en las instituciones la esperanza de encontrar una respuesta, que muchas veces no llega.

    Es imposible conocer esas historias y pensar que el problema ya está resuelto.

    Durante décadas normalizamos conductas que jamás debieron parecer normales. Se minimizó la violencia familiar, se cuestionó la palabra de las víctimas de violencia sexual y se les exigieron explicaciones que nunca se les habrían pedido a otros. Poco a poco esa cultura ha comenzado a cambiar, pero todavía persiste en muchos espacios. Y aún más cuando vemos en nuestras instituciones que prevalece el derecho selectivo y no la real, efectiva y verdadera justicia para todas.

    Precisamente por eso existe la perspectiva de género.

    Lamentablemente, todavía hay quienes creen que se trata de un privilegio para las mujeres o de una herramienta para favorecerlas automáticamente en un juicio. Nada más alejado de la realidad.

    La perspectiva de género no sustituye las pruebas, no elimina la presunción de inocencia, ni autoriza sentencias arbitrarias. Lo que exige es que quienes impartimos justicia seamos capaces de advertir cuándo una desigualdad histórica puede influir en la forma en que valoramos los hechos o aplicamos la ley.

    No se trata de dejar de ser imparciales. Se trata, justamente, de alcanzar una imparcialidad real.

    Sin embargo, también sería deshonesto afirmar que ese estándar ya se aplica de manera uniforme en todos los órganos encargados de impartir justicia. Sigue existiendo la violencia institucional hacia las mujeres, sin importar su condición o clase social.

    Todavía existen resoluciones que dejan de lado los criterios desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los tratados internacionales en materia de protección de los derechos de las mujeres. Todavía encontramos decisiones que reproducen estereotipos, que analizan los casos sin considerar el contexto de violencia o que imponen a las víctimas cargas que la propia jurisprudencia ha considerado inadmisibles.

    Lo digo no solamente desde mi experiencia profesional.

    También desde una experiencia profundamente personal.

    Hace algunos años fui víctima de violencia sexual. Como cualquier otra mujer, acudí a las instituciones esperando que el Derecho me protegiera. Y aun desempeñando hoy el cargo de jueza de Distrito en materia penal, he conocido lo que significa enfrentar resoluciones que, desde mi perspectiva, no aplican plenamente los estándares de perspectiva de género construidos por nuestra Suprema Corte.

    Lo menciono porque demuestra que este problema no distingue profesiones, cargos públicos ni trayectorias. Si una servidora pública puede enfrentar obstáculos para acceder a una tutela judicial con perspectiva de género, resulta inevitable preguntarnos cuántas mujeres viven la misma situación sin contar con conocimientos jurídicos, sin recursos económicos o sin una red de apoyo.

    No escribo estas líneas para hablar de mi caso. Lo hago porque estoy convencida de que las experiencias personales también pueden servir para evidenciar las tareas que el Estado todavía tiene pendientes.

    La justicia no puede depender de la sensibilidad individual de quien resuelve un asunto. Debe descansar en instituciones sólidas, en criterios uniformes y en una capacitación permanente que permita que los principios constitucionales se conviertan en una práctica cotidiana. Ese es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.

    Las mujeres no necesitan privilegios.

    Necesitan investigaciones profesionales, ministerios públicos capacitados, policías que preserven adecuadamente las pruebas, peritos suficientes, asesoría jurídica de calidad y tribunales independientes que apliquen la Constitución con absoluto rigor, sin permitir que despachos corruptos o autoridades incompetentes, logren manipular el sistema jurídico en contra de mujeres que sufren violencia.

    Necesitan saber que cuando denuncien serán escuchadas, no juzgadas.

    Necesitan confiar en que el acceso a la justicia no dependerá de su condición económica, de su profesión, de su apellido o de la repercusión mediática de su caso.

    Por eso creo que la agenda de los derechos de las mujeres no puede pertenecer a un partido político ni agotarse en un sexenio. Debe convertirse en una política de Estado.

    Reconocer los avances alcanzados durante los últimos años no significa renunciar a la crítica. Al contrario. Las instituciones democráticas se fortalecen cuando existe la capacidad de reconocer aquello que funciona y, al mismo tiempo, aceptar aquello que todavía debe corregirse.

    Porque ninguna transformación está terminada mientras una niña siga teniendo miedo de regresar sola a su casa. Mientras una mujer tenga que pensar dos veces antes de denunciar. Mientras una víctima de violencia deba librar primero una batalla contra los prejuicios del sistema antes que contra su agresor.

    Los derechos de las mujeres no son patrimonio de ningún gobierno, de ningún partido ni de ninguna ideología. Son una conquista constitucional que debe defenderse todos los días.

    Y quizá esa sea la prueba más importante para cualquier proyecto que aspire a transformar a México: no el número de reformas aprobadas, ni el tamaño de las obras construidas, sino la capacidad de lograr que cada mujer y cada niña puedan vivir libres de violencia y con la certeza de que, cuando necesiten justicia, encontrarán instituciones que las escuchen, las protejan y resuelvan conforme a la Constitución, no conforme a prejuicios.

    Solo entonces podremos decir, con toda honestidad, que la transformación dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad.

  • EL COMBATE A LA IMPUNIDAD EN EL CASO GILDA LOZOYA: JUSTICIA SIN PRIVILEGIOS Y CON APEGO A LA CONSTITUCIÓN

    EL COMBATE A LA IMPUNIDAD EN EL CASO GILDA LOZOYA: JUSTICIA SIN PRIVILEGIOS Y CON APEGO A LA CONSTITUCIÓN

    Es un caso que confirma que en México hoy se realizan esfuerzos históricos para abatir la impunidad de la que durante años gozaron exfuncionarios y sus cómplices, incluidos familiares, durante la etapa del neoliberalismo en el país. Durante ese periodo, amplios sectores de la sociedad percibieron que el poder político y económico generaba redes de protección que dificultaban la investigación y sanción de actos de corrupción de gran escala. Hoy, independientemente del desenlace judicial que corresponda en cada expediente, el hecho de que las instituciones investiguen y sometan a proceso a personas que durante mucho tiempo parecían intocables constituye un mensaje claro: el combate a la impunidad debe alcanzar a todos, sin distingos, pero siempre dentro de los límites que impone la Constitución.

    El caso de Gilda Lozoya vuelve a poner el dedo en la llaga y pone a prueba la madurez y los avances del sistema penal acusatorio mexicano. Más allá de la relevancia política y mediática del asunto, este proceso refleja que las instituciones de procuración e impartición de justicia hoy enfrentan investigaciones que durante años parecían inalcanzables, incluso cuando involucran a familiares de altos exfuncionarios. Al mismo tiempo, este caso obliga a preguntarnos: ¿para qué sirven realmente las medidas cautelares?

    La hermana del exdirector de Pemex enfrenta una imputación muy delicada por operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del caso Agronitrogenados. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Gilda habría participado presuntamente en una triangulación de aproximadamente 3.4 millones de dólares para la adquisición de un inmueble en la alcaldía Álvaro Obregón. Después de una audiencia inicial de más de diez horas, la jueza electa Norma Ileana García Peralta, respetando los derechos fundamentales de la imputada y con pleno apego al orden constitucional, determinó que Gilda Lozoya continuará su proceso en libertad, pero bajo diversas medidas cautelares: firma periódica ante la autoridad, colocación de un localizador electrónico, entrega del pasaporte y prohibición para salir de la zona metropolitana y del territorio nacional.

    La resolución, que puede resultar hasta cierto punto impopular, generó opiniones encontradas. Para algunos, permitir que una persona imputada por lavado de dinero enfrente el proceso en libertad representa un acto de impunidad o incluso de corrupción. Sin embargo, precisamente porque hoy existe una investigación seria y una imputación formal en un caso de alto impacto, conviene distinguir entre impunidad y respeto al debido proceso. Combatir la impunidad no significa desconocer los derechos fundamentales de quien enfrenta un proceso penal. Por el contrario, significa demostrar que incluso los casos más emblemáticos pueden conducirse conforme a la Constitución y no bajo la lógica de la condena anticipada.

    El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy claro al establecer que la prisión preventiva constituye una medida excepcional y no una regla general. No se trata de una pena anticipada, y esa diferencia debe ser comprendida por toda la sociedad.

    Asimismo, los artículos 155 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen que el juez debe privilegiar la medida cautelar menos restrictiva posible, siempre que sea suficiente para garantizar la comparecencia del imputado al proceso, evitar la obstaculización de la investigación, proteger a la víctima, a los testigos o a la comunidad y asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia.

    Este principio de mínima intervención no representa un beneficio para quien enfrenta un proceso penal; constituye una garantía esencial de todo Estado constitucional de derecho. La prisión preventiva no fue diseñada para satisfacer la exigencia social de castigo, sino para neutralizar riesgos procesales, como la afectación a la víctima, la obstaculización del procedimiento o la posibilidad de fuga de la persona imputada. Sin embargo, evitar esos riesgos no significa que la prisión preventiva deba ser la única opción. Por el contrario, debe ser el último recurso cuando ninguna otra medida resulte suficiente para cumplir con esas finalidades.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la prisión preventiva es la medida cautelar más gravosa dentro del proceso penal y, por ello, únicamente resulta constitucional cuando ninguna otra medida menos restrictiva permite alcanzar los fines del procedimiento. En la misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado, en asuntos como Suárez Rosero vs. Ecuador, Bayarri vs. Argentina y Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, que la prisión preventiva no puede utilizarse como una pena anticipada ni justificarse por la presión mediática o por el interés público que genere un caso.

    La autoridad judicial no puede imponer prisión preventiva únicamente porque Gilda Lozoya sea hermana del exdirector de Pemex o por los prejuicios que existan en torno al caso. Resolver conforme a derecho fortalece la legitimidad del combate a la impunidad, pues demuestra que el Estado puede investigar y procesar a personas vinculadas con antiguos círculos de poder sin renunciar a los principios constitucionales que rigen todo proceso penal.

    También queda demostrado que las instituciones de justicia tienen hoy la oportunidad de consolidar una transformación profunda: dejar atrás un sistema en el que durante años coexistieron la impunidad para algunos y el abuso del poder punitivo para otros. La legitimidad de ese cambio dependerá de que las decisiones judiciales se expliquen con claridad y se sustenten siempre en la Constitución, no en presiones políticas o mediáticas.

    El debate jurídico sobre el caso Gilda Lozoya no debería centrarse exclusivamente en determinar si fue correcta o incorrecta la decisión de permitir que enfrentara el proceso en libertad. La verdadera discusión consiste en identificar cuáles son las medidas más eficaces para impedir la sustracción de la justicia, garantizar el desarrollo del proceso y asegurar, en su caso, la reparación del daño.

    En delitos patrimoniales y financieros, como las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el riesgo procesal no siempre radica únicamente en la posibilidad física de abandonar el país. Con frecuencia, el mayor riesgo deriva de la capacidad económica de la persona imputada para movilizar recursos, ocultar activos, financiar una eventual evasión, impedir que el Estado recupere los bienes vinculados con la conducta investigada o incluso utilizar estructuras de corrupción para influir indebidamente en las autoridades.

    Por ello, además de las medidas cautelares personales impuestas por la autoridad judicial, resulta fundamental analizar, cuando corresponda, la imposición de medidas cautelares de carácter real, como el aseguramiento de cuentas bancarias, la inmovilización de activos, el embargo precautorio de bienes y la fijación de garantías económicas suficientemente robustas. Estos mecanismos permiten neutralizar el riesgo patrimonial sin afectar de manera desproporcionada el derecho a la libertad personal. Además, no sólo dificultan una eventual fuga, sino que preservan bienes que podrían destinarse a la reparación del daño en caso de una sentencia condenatoria.

    En un país donde durante años prevaleció un modelo que permitió que numerosos casos de corrupción permanecieran impunes y donde la cercanía con el poder político frecuentemente representó un escudo frente a la acción de la justicia, resulta indispensable que el combate a la impunidad alcance también a quienes antes parecían intocables. Ese legado de privilegios, asociado por muchos al periodo neoliberal, sólo podrá superarse mediante instituciones fuertes que investiguen sin excepción y juzguen sin favoritismos. Sin embargo, ese esfuerzo perdería legitimidad si las decisiones judiciales dejaran de responder a criterios constitucionales y legales para atender únicamente la presión mediática. La igualdad ante la ley exige rechazar tanto el populismo punitivo como cualquier trato privilegiado que permita a quienes cuentan con mayor poder económico sustraerse de la acción de la justicia.

    El combate a la impunidad no comienza ni termina con la prisión preventiva. Comienza cuando el Estado es capaz de investigar a quienes durante años permanecieron fuera del alcance de la justicia y continúa cuando ese proceso se desarrolla con pleno respeto a las garantías constitucionales. En investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita, esa justicia no necesariamente se alcanza privando de la libertad a la persona imputada, sino asegurando los recursos económicos que podrían facilitar una eventual evasión y preservando el patrimonio que, en su caso, deberá responder frente a la sociedad.

    El verdadero reto no consiste únicamente en decidir quién merece una celda, sino en demostrar que ningún apellido, vínculo familiar o posición política puede colocar a una persona por encima de la ley. La justicia será verdaderamente transformadora cuando sea capaz de romper con las inercias de impunidad heredadas del periodo neoliberal, pero también cuando lo haga respetando escrupulosamente la Constitución, el debido proceso y los derechos humanos. Porque cuando un juez protege los derechos de una persona imputada no está otorgando impunidad; está garantizando que la ley se aplique con la misma fuerza y bajo las mismas reglas para todos.

    Romper con las inercias de impunidad heredadas del periodo neoliberal exige instituciones fuertes, ministerios públicos profesionales y jueces independientes. También exige comprender que el respeto al debido proceso no protege a una persona en particular; protege a todos los ciudadanos frente al ejercicio arbitrario del poder.

    Por: Jueza Amarande Riojas Orozco
    Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana

  • La verdad también debe exigirse a los medios de comunicación

    La verdad también debe exigirse a los medios de comunicación

    En una democracia, los medios de comunicación desempeñan una función indispensable. Informan, cuestionan al poder y contribuyen a la formación de la opinión pública. Precisamente por esa enorme responsabilidad, su principal obligación debería ser una sola: publicar hechos comprobados.

    Lo ocurrido recientemente con El Universal demuestra por qué ese principio nunca puede relajarse. El diario publicó una supuesta entrevista de Carlos Monsiváis con expresiones atribuidas al escritor sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y, posteriormente, tuvo que retirarla al reconocer que no podía acreditar su autenticidad.

    No se trató únicamente de una rectificación editorial. Vale la pena preguntarnos cuántas personas ya habían leído, compartido y dado por cierta esa información antes de que el propio medio admitiera que no podía sostenerla. Para entonces, el daño ya estaba hecho.

    Este episodio confirma que la desinformación no proviene únicamente de cuentas anónimas en redes sociales. También puede originarse en medios tradicionales de enorme alcance, cuando el afán de sostener una narrativa termina desplazando la obligación elemental de verificar los hechos antes de publicarlos.

    Desde hace años, diversos medios con una línea editorial conservadora han mantenido una postura particularmente crítica frente a los gobiernos de izquierda. Esa posición es legítima y forma parte del pluralismo democrático. Lo que deja de ser aceptable es que la línea editorial prevalezca sobre el rigor periodístico. Una democracia necesita medios críticos, pero también responsables; medios que cuestionen al poder sin renunciar a la verdad.

    La crítica nunca debe construirse sobre información cuya autenticidad no puede demostrarse. Cuando eso ocurre, el periodismo pierde autoridad moral y la ciudadanía pierde confianza. Las consecuencias de una publicación falsa, incompleta o insuficientemente corroborada pueden ser profundas e irreversibles.

    Como jueza electa en materia penal, conozco bien el valor de la prueba. En un tribunal nadie puede ser condenado con rumores, percepciones o documentos cuya autenticidad no está acreditada. La presunción de inocencia es uno de los pilares del Estado de Derecho y constituye una garantía frente al abuso del poder. Ese mismo principio de prudencia y responsabilidad debería inspirar el ejercicio periodístico. Antes de afirmar, es indispensable corroborar.

    Lo digo también desde la experiencia personal, ya que fui objeto de publicaciones en las que algunos medios afirmaron o insinuaron que había dejado en libertad a un feminicida. Esa versión se difundió ampliamente y generó una percepción equivocada sobre mi actuación como jueza electa. Sin embargo, omitía un hecho fundamental: esa persona nunca recuperó su libertad y actualmente existe una sentencia condenatoria de 45 años de prisión en su contra. Ese dato, indispensable para comprender el caso en su totalidad, prácticamente desapareció del debate público.

    No se trata de una defensa personal. Se trata de evidenciar cómo la información parcial también desinforma. No siempre es necesario publicar una mentira; en ocasiones basta con omitir los hechos relevantes para conducir al lector hacia una conclusión equivocada.

    Ese tipo de coberturas no sólo afecta la reputación de las personas involucradas. También deteriora la confianza ciudadana en las instituciones y en quienes las integran. Cuando se desacredita a juezas y jueces mediante información incompleta o fuera de contexto, el debate público deja de sustentarse en los hechos y comienza a construirse sobre percepciones.

    El caso de El Universal debería abrir una discusión que durante mucho tiempo se ha evitado. Así como los medios exigen transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad a los poderes públicos, la sociedad también tiene derecho a exigirles el mismo estándar de rigor, ética y profesionalismo.

    La libertad de expresión no está en debate. Es uno de los pilares de nuestra democracia. Lo que sí debe debatirse es la responsabilidad con la que se ejerce. Tener una línea editorial, sea de izquierda, de centro o de derecha, es completamente legítimo. Lo que nunca será legítimo es presentar como verdad aquello que no ha sido verificado o difundir sólo la parte de la historia que conviene a una determinada narrativa.

    En los tribunales, una sola prueba insuficiente puede significar la absolución de un culpable o la condena de un inocente. Por eso el Derecho exige pruebas antes de emitir un juicio. Quizá ha llegado el momento de exigir el mismo estándar a quienes tienen el poder de informar. Porque en una democracia, la verdad no debe ser una opción editorial: debe ser una obligación ética.

  • El Espejo Roto de la Justicia: Violencia Institucional contra las Mujeres

    El Espejo Roto de la Justicia: Violencia Institucional contra las Mujeres

    Año 2026, México transita por un momento de profunda transformación política. En los discursos de nuestros gobernantes celebran el avance de las causas populares, la soberanía y la reivindicación de los sectores históricamente desprotegidos. Sin embargo, detrás del discurso, subsiste una contradicción dolorosa y estructural que la izquierda no puede seguir ignorando: la violencia institucional contra las mujeres. Una maquinaria burocrática que existe desde siempre en nuestro país y  que opera con profunda crueldad tanto hacia afuera, contra la ciudadana de a pie, como hacia adentro, contra las servidoras públicas.

    Una transformación real y contundente de una nación no se mide únicamente por sus indicadores macroeconómicos o la soberanía de sus recursos; se mide, en la felicidad, protección, libertad y seguridad de sus mujeres. Mientras el aparato estatal siga siendo una herramienta de opresión, cualquier proyecto de justicia social será inútil y fallara por completo.

    Para la mujer trabajadora, la campesina o la madre buscadora, el encuentro con la justicia local suele ser una experiencia de completa violencia, dilación, burla y humillación. Los Ministerios Públicos, las fiscalías, los jueces locales, las autoridades en general se han convertido en los principales muros de contención del patriarcado. Cuando una mujer acude a denunciar, el Estado responde con la sospecha: se investiga la moral y el comportamiento de la víctima antes que los actos violentos del agresor. Las carpetas de investigación y los recursos legales se dilatan y el acceso a la justicia se vuelve un privilegio económico que favorece a unos cuantos que dispuestos romper con la integridad del estado, fomentan diariamente la corrupción. Permitir que las malas prácticas del viejo Estado operen para que impere la impunidad es una traición al pueblo de México.

    Pero esta opresión posee una segunda faceta: la que se ejerce contra las mujeres que operamos el aparato estatal y que tratamos de hacer las cosas de forma diferente a la ignorancia, indiferencia, lentitud y corrupción institucional. Existe el falso mito de que detentar una investidura federal inmuniza contra el machismo. Al interior de las instituciones, las mujeres que alzamos la voz somos leídas bajo el viejo manual del conservadurismo: se nos tilda de “problemáticas”, “locas” ”arrogantes”, “prepotentes” o “desleales”. El acoso laboral se disfraza de exigencia técnica y se nos exige una subordinación ciega que los hombres rara vez deben pagar. Si las servidoras públicas debemos callar la discriminación y la violencia para conservar nuestros puestos, el Estado no se está transformando; solo está cambiando de una elite a otra.

    El feminismo popular y la justicia de género no buscan destruir a los hombres, ni son distracciones de la lucha social que existe para mejorar nuestro país; son el corazón mismo de una izquierda de vanguardia. Para construir un México de dignidad, equidad e igual entre hombre y mujeres, urgen acciones concretas: como, castigar penalmente e inhabilitar a los fiscales, policías y peritos locales que por desdén o misoginia congelen investigaciones; segundo, auditar las secretarías y juzgados para erradicar el acoso vertical; y tercero, comprender que el buen comportamiento, la confidencialidad de los procesos o la investidura de un determinado cargo, no puede usarse como pretexto para silenciar a las mujeres que exigimos justicia.

    El éxito de este momento histórico no se consolidará en la retórica de las autoridades. Se logrará el día en que una ciudadana denuncie con la certeza absoluta de ser protegida, aunque se enfrente a los despachos legales más caros, corruptos y con más tráfico de influencias; cuando las mujeres que servimos a la patria podamos ejercer el poder sin tener que bajar la cabeza ante injusticias y negociar nuestra dignidad en el intento. La verdadera justicia y crecimiento de nuestra nación será con las mujeres, o no será.

  • El fútbol no nació para unos cuantos

    El fútbol no nació para unos cuantos

    Hay algo profundamente contradictorio en el Mundial que hoy se juega en México. Mientras nuestras calles se llenan de aficionados de todo el mundo, los estadios reciben a miles de personas y las cámaras muestran al planeta la alegría de nuestro país, millones de mexicanas y mexicanos observan esa misma fiesta desde afuera. El torneo está aquí, se juega en nuestras ciudades, moviliza nuestros servicios públicos y presume la calidez de nuestra gente, pero para una enorme parte de la población entrar a un estadio es, simplemente, imposible. Esa es la otra cara del Mundial de la que casi no se habla.

    La FIFA celebra cifras históricas de ingresos, los patrocinadores convierten cada partido en un escaparate global y el futbol confirma que es una de las industrias más rentables del planeta. Sin embargo, detrás del espectáculo también existe una pregunta incómoda: ¿de qué sirve organizar la mayor fiesta del futbol si quienes sostienen este deporte con su pasión quedan excluidos de ella?

    La respuesta está en la forma en que el futbol ha cambiado en las últimas décadas. Lo que nació en los barrios, en las colonias y en las canchas públicas hoy se encuentra cada vez más condicionado por la lógica del mercado. Los boletos alcanzan precios inaccesibles para la mayoría, la reventa multiplica su costo hasta volverlos inalcanzables y las experiencias “premium” parecen importar más que la posibilidad de que una familia trabajadora pueda asistir a un partido.

    No se trata de negar que un Mundial genere riqueza o impulse el turismo. México recibe visitantes, crea empleos temporales y fortalece su imagen ante el mundo. El problema aparece cuando el éxito del torneo comienza a medirse únicamente por los ingresos que produce y deja de preguntarse quién puede disfrutar realmente de esa riqueza. Cuando la capacidad económica se convierte en el principal filtro para acceder al espectáculo, el futbol deja de ser un espacio de encuentro y empieza a reflejar las mismas desigualdades que existen fuera del estadio.

    Esa contradicción resulta especialmente preocupante porque la propia FIFA insiste en presentar al futbol como un lenguaje universal, un instrumento de inclusión y una herramienta para acercar a los pueblos. Pero ningún discurso sobre la inclusión puede sostenerse si millones de personas quedan excluidas por razones económicas. La universalidad del futbol pierde sentido cuando la mayor parte de la afición solo puede participar desde una pantalla.

    Por eso es momento de poner sobre la mesa un tema que durante años ha permanecido en segundo plano: los derechos de las y los aficionados.

    Con demasiada frecuencia se habla de ellos únicamente como consumidores. Se les ofrecen productos, experiencias y paquetes turísticos, pero rara vez se les reconoce como el verdadero corazón del espectáculo. Sin embargo, sin su pasión cotidiana no existirían los contratos de televisión, las marcas globales ni las ganancias históricas que hoy presume la FIFA. El futbol es una industria porque antes fue una comunidad.

    Reconocer los derechos de las y los aficionados significa entender que merecen mucho más que un asiento en la tribuna. Significa exigir procesos transparentes para la venta de boletos, mecanismos eficaces para combatir la reventa que lucra con la ilusión de miles de personas y políticas que garanticen localidades accesibles para la población del país anfitrión. Significa también que reciban información clara sobre precios, condiciones de compra y servicios, sin abusos ni prácticas que favorezcan únicamente a intermediarios o plataformas de especulación.

    Pero esos derechos no terminan al cruzar la puerta del estadio. También incluyen el derecho a disfrutar del evento en condiciones dignas de seguridad, movilidad y accesibilidad; a contar con transporte público suficiente, espacios seguros para las familias, infraestructura incluyente para personas con discapacidad y servicios que respondan a la enorme concentración de personas que genera un torneo de esta magnitud. La experiencia mundialista no debería convertirse en una carrera de obstáculos económicos y logísticos.

    Hablar de derechos de los aficionados también implica reconocer que las ciudades anfitrionas y sus habitantes hacen posible el Mundial. Son las comunidades las que reciben a millones de visitantes, las que adaptan su movilidad, las que aportan recursos públicos y las que convierten sus calles en una auténtica celebración. Resulta razonable, entonces, exigir que el legado del torneo no quede únicamente en balances financieros, sino también en mejores espacios públicos, infraestructura útil para la población y políticas que fortalezcan el acceso al deporte una vez que el último partido haya terminado.

    México está demostrando una vez más que su mayor riqueza no son únicamente sus estadios, sino su gente. Son las miles de personas que reciben con alegría a quienes nos visitan, las que llenan las calles de música y celebración y las que hacen del futbol una expresión popular antes que un producto comercial. Sería profundamente injusto que muchos de esos mexicanos solo pudieran contemplar desde afuera una fiesta organizada en su propio país.

    Porque el verdadero éxito de un Mundial no debería medirse únicamente por la derrama económica, las ganancias de la FIFA o los récords de audiencia. También debería medirse por la cantidad de niñas que entraron por primera vez a un estadio, por las familias trabajadoras que pudieron compartir esa experiencia y por los jóvenes que descubrieron que el futbol también les pertenece.

    México ya le está demostrando al mundo que sabe organizar una Copa del Mundo. Ahora hace falta demostrar algo todavía más importante: que somos capaces de defender la esencia de este deporte frente a quienes pretenden convertirlo únicamente en un negocio.

    El fútbol nació del pueblo y siempre le pertenecerá. Los patrocinadores cambian, los contratos terminan y las directivas se van. Pero la afición permanece todos los días. Porque ningún patrocinador canta un gol, ninguna corporación hace vibrar una tribuna y ningún contrato millonario hace latir un estadio. El alma del fútbol tiene un solo nombre: su gente.

    Jueza Amarande Riojas Orozco

  • Soberanía o subordinación: ¿México soberano y patriota, o México condicionado?

    Soberanía o subordinación: ¿México soberano y patriota, o México condicionado?

    Hay momentos en la historia de las naciones en los que se debe elegir entre la dignidad y la sumisión, entre la independencia y la subordinación. México vive hoy uno de esos momentos. Mientras algunos defienden el derecho del país a tomar sus propias decisiones y construir su futuro con autonomía, otros parecen aceptar, e incluso promover, la idea de que nuestro destino debe estar condicionado por los intereses y las determinaciones de potencias extranjeras.

    El debate no es menor. No se trata únicamente de política exterior ni de diferencias ideológicas; se trata de definir qué tipo de país queremos ser: un México soberano, capaz de defender sus intereses nacionales y de actuar con base en la voluntad democrática de su pueblo, o un México subordinado a presiones externas que limitan su capacidad de decidir libremente su rumbo.

    Por ello, hablar de soberanía no es un ejercicio retórico, ni tampoco un recurso discursivo. Es hablar de la dignidad de un pueblo que, a lo largo de su historia, ha luchado una y otra vez por decidir su propio destino. No se trata de un concepto abstracto ni de letra muerta en la Constitución; es el derecho de las mexicanas y los mexicanos a construir su futuro sin imposiciones externas y a defender los intereses de la nación por encima de cualquier presión extranjera.

    Sin embargo, hoy existen quienes, desde una visión marcada por el individualismo y el malinchismo, parecen aspirar a un México subordinado, sumiso y condicionado a las decisiones de los Estados Unidos. Esa postura suele sustentarse en el miedo a Estados Unidos, en la falta de confianza en las capacidades del Estado mexicano, en la inconformidad con el actual gobierno de izquierda o en la pérdida de privilegios que durante años beneficiaron a ciertos sectores. Todo ello los lleva a buscar cualquier alternativa que les permita conservar esos beneficios, incluso cuando ello implique traicionar al Pueblo de México.

    La defensa de la soberanía ha sido una bandera histórica para quienes creen en la justicia social, la autodeterminación de los pueblos y el respeto entre las naciones. Y hoy el pueblo de México más que nunca, no está dispuesto a soportar que ninguna fuerza extranjera por poderosa que sea, venga a controlar o manipular a nuestra nación. Y aun cuando el actual gobierno de la Presidenta Claudia Sheimbaun, procure una relación de colaboración, respeto y ayuda mutua, no significa que van a permitir que exista alguna vulneración o ataque a nuestra soberanía. 

    En el contexto actual, la relación con Estados Unidos es indispensable, ya que compartimos una extensa frontera, profundos vínculos económicos y desafíos comunes, como la migración y la seguridad. No obstante, la cooperación jamás debe confundirse con subordinación. La amistad entre naciones solo puede construirse sobre la base del respeto mutuo y el reconocimiento de la soberanía de cada país.

    México tiene el derecho inalienable de tomar sus propias decisiones y de resolver sus asuntos internos de acuerdo con la voluntad democrática de su pueblo. Para quienes defienden una visión progresista y comprometida con la justicia social, la soberanía también implica preservar la capacidad del Estado para impulsar políticas públicas que beneficien a las mayorías, reduzcan las desigualdades y fortalezcan los derechos de la población.

    Defender la soberanía no significa promover el aislamiento ni la confrontación como cree la oposición. México necesita cooperar con el mundo, dialogar con otras naciones y construir acuerdos que favorezcan el desarrollo común. Sin embargo, esos acuerdos deben alcanzarse desde una posición de igualdad y respeto, nunca desde la imposición. Ninguna nación, por poderosa que sea, puede atribuirse el derecho de decidir el rumbo de otra.

    Defender la soberanía mexicana es honrar a quienes lucharon por la Independencia, a quienes resistieron las intervenciones extranjeras y a quienes han trabajado incansablemente por un país más libre, más justo y democrático. Es reconocer que el destino de México pertenece exclusivamente a su pueblo.

    México no necesita tutelas ni imposiciones. Necesita unidad, confianza en sus instituciones y compromiso con su gente. La defensa de la soberanía nacional es, en esencia, la defensa de la dignidad colectiva de un pueblo que ha demostrado una y otra vez su capacidad para resistir, transformar su realidad y mantener viva la esperanza de un país más justo, más democrático y verdaderamente libre.

    La pregunta sigue abierta: ¿queremos un México soberano, dueño de su destino y fiel a su historia, o un México condicionado por intereses externos y ajenos al mandato de su pueblo?

    La respuesta definirá no solo el rumbo político del país, sino también la profundidad de nuestro compromiso con la independencia, la democracia y la dignidad nacional. Porque las naciones que renuncian a su soberanía terminan perdiendo mucho más que capacidad de decisión: terminan perdiendo una parte de su identidad. Y México, por su historia, por su pueblo y por su futuro, merece seguir siendo una nación libre, soberana y orgullosa de sí misma.

    Jueza Amarande Riojas Orozco