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Citación a Maru Campos genera controversia en Chihuahua
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, enfrenta una acusación de intento de secuestro presentada por el senador Javier Corral. La situación ha desatado un intenso debate político en la entidad.
Maru Campos, la gobernadora panista, ha recibido un citatorio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Este documento la convoca en calidad de imputada por un intento de secuestro contra el senador morenista Javier Corral. La audiencia está programada para este viernes en la capital del país.
En sus redes sociales, Campos expresó su preocupación por la situación. Afirmó que la acusación surge tras un operativo de aprehensión fallido en agosto de 2024, en el que agentes de la Fiscalía de Chihuahua intentaron detener a Corral mientras este cenaba en un bar de la colonia Roma. La intervención de funcionarios de la fiscalía capitalina impidió la detención en aquel momento.
Recientemente, la gobernadora denunció que se encuentra bajo un ataque político. “Se moviliza el aparato del Poder Federal en mi contra sin pruebas”, comentó. Su declaración hace referencia a las acusaciones de peculado y desvío de recursos que enfrenta Javier Corral.
La tensión aumentó cuando el Congreso local recibió una solicitud de juicio político en su contra. Esta petición provino de once diputados locales del partido Morena, quienes argumentan que Campos debe rendir cuentas por su gestión. La diputada Kenia López Rabadán confirmó la recepción del documento en la Cámara de Diputados.
Ante estas situaciones, campos lamentó lo que considera una persecución política. “Me acusan sin fundamento, esto es una cacería”, afirmó. A medida que se acercan las fechas clave de las audiencias, la atención pública se centra en cómo esta controversia impactará a su gobierno y al clima político en Chihuahua.
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Maru Campos entregó la Fiscalía de Juárez a Carlos Salas, ligado al Cártel de Juárez
Aunque el nombramiento ocurrió en 2023, las acusaciones contra Carlos Manuel Salas vuelven a exhibir el tipo de perfiles que la gobernadora panista colocó en áreas clave de seguridad y justicia en Chihuahua.
La decisión de María Eugenia Campos Galván de nombrar en 2023 a Carlos Manuel Salas como Fiscal de Distrito Zona Norte sigue generando cuestionamientos debido al historial de señalamientos que arrastra el exfuncionario ligado al gobierno de César Duarte Jáquez.
A casi tres años del nombramiento, el caso vuelve a cobrar relevancia por los antecedentes de presuntos vínculos con el crimen organizado y las acusaciones relacionadas con el asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz.
Carlos Manuel Salas fue Fiscal General durante el sexenio de Duarte, uno de los periodos más oscuros y violentos en la historia reciente de Chihuahua. Desde los años noventa, investigaciones periodísticas retomaron informes de la DEA que lo señalaban por presuntamente proteger al grupo criminal encabezado por Rafael Muñoz Talavera, ligado al llamado Cártel de Juárez. Pese a ello, Maru Campos decidió colocarlo al frente de una de las fiscalías más importantes del estado.
El historial de Salas también quedó marcado por el caso de Marisela Escobedo, asesinada en diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija Rubí. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó irregularidades, omisiones y violaciones graves a derechos humanos cometidas por funcionarios de la Fiscalía encabezada entonces por Salas. Incluso se le acusó de no brindar protección adecuada a la activista pese a las amenazas existentes.
La polémica se intensificó luego de que un documental de Netflix retomara los cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades estatales en el contexto del asesinato de Escobedo. Además, la propia CNDH señaló que durante la gestión de Salas se incurrió en fabricación de culpables, deficiencias en las investigaciones y violaciones al derecho a la verdad y a la justicia.
El nombramiento realizado por Maru Campos alimentó las críticas sobre el regreso de figuras vinculadas al duartismo dentro de su administración. Organizaciones y analistas han advertido que varios perfiles integrados al gobierno estatal provienen de estructuras políticas señaladas por corrupción, impunidad y presuntos nexos con grupos criminales, situación que contradice el discurso oficial de combate a la inseguridad.
Aunque el nombramiento ocurrió en enero de 2023, el tema sigue siendo relevante porque refleja las decisiones políticas tomadas por la actual administración panista en áreas sensibles como la procuración de justicia. Para muchos chihuahuenses, la presencia de personajes con este historial en puestos estratégicos representa una señal preocupante sobre el rumbo que tomó el gobierno de Maru Campos en materia de seguridad y derechos humanos.
Con información de Zona Free.
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Maru Campos convierte citario en excusa para no dar la cara ante FGR
La gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, intenta convertir su citatorio en la excusa perfecta para no dar la cara ante la FGR y comparecer por sus señalamientos de violación a la soberanía al llevar a cabo operaciones de agencias estadounidenses en territorio estatal, diciendo que tiene “errores”.
La gobernadora chihuahuense, Maru Campos, parece haber encontrado un pretexto para no aparecer y comparecer ante la Fiscalía General de la República, puesto que asegura que el citatorio que recibió hace un par de días está “mal hecho”. En lugar de asistir para aclarar los hechos y enfrentar el tema públicamente, la edil panista decidió esconderse y victimizarse.
El asunto tomó fuerza después de que surgieran dudas tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no existe una imputación formal contra Maru, la reacción de la gobernadora reforzó las dudas. Lejos de mostrarse dispuesta a colaborar, convirtió todo en una batalla política para intentar desviar la atención.
Roberto Gil Zuarth aseguró que dicho citatorio contiene “contradicciones” porque la gobernadora aparecía como testigo, pero se hacía mención de artículos relacionados con personas investigadas. Bajo ese argumento, buscan elaborar una narrativa de “persecución”, aunque el mensaje que transmiten es el miedo a enfrentar sus señalamientos.
Mientras Campos y su gente preparan una supuesta denuncia contra la misma FGR por “irregularidades” en el procedimiento así como discursos de victimización, las y los chihuahuenses así como la ciudadanía nacional, siguen esperando explicaciones y respuestas claras.
Si en realidad Maru Campos no tiene nada que ocultar, entonces resulta difícil entender por qué su prioridad parece ser atacar el documento y no esclarecer el tema de fondo.
En Chihuahua crece la percepción de que el gobierno estatal intenta manejar la crisis como asunto de imagen y no de transparencia. Cada declaración de la mandataria refuerza más las sospechas. Días antes de recibir el documento, en su gira de medios chayoteros reconoció tener conocimiento de operaciones y presencia de corporaciones como la DEA.
Su estrategia parece diseñada para ganar tiempo y convertir un asunto delicado en una disputa política, y su enfoque es la insistencia en errores administrativos, en vez de asumir una postura firme y abierta ante la investigación.
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Maru Campos pagó 92 mdp a Canal 44, propiedad de la familia de Armando Cabada, para blindar su imagen
La televisora ligada a la familia de Armando Cabada habría recibido millonarios contratos de publicidad mientras arrastra antecedentes de desvíos, conflictos de interés y señalamientos por corrupción en Ciudad Juárez.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, enfrenta nuevos cuestionamientos luego de revelarse que su administración destinó más de 92 millones de pesos a Canal 44, medio señalado por operar una línea editorial enfocada en favorecer la imagen del gobierno estatal y atacar sistemáticamente al Gobierno de México y a personajes incómodos para el grupo político de la mandataria panista, de acuerdo con información de Zona Free.
La empresa beneficiada pertenece a la familia de Armando Cabada Alvídrez, exalcalde de Ciudad Juárez y actual diputado federal por Morena, quien busca mantenerse en la política pese a los múltiples señalamientos que arrastra desde sus administraciones municipales. Durante su paso por la presidencia municipal, Cabada fue acusado de irregularidades en el manejo de recursos públicos, contratos entregados a personas cercanas y conflictos de interés relacionados con empresas de comunicación de su entorno familiar.
Uno de los casos más polémicos fue el de Canal 44, propiedad de familiares de Cabada y empresa que recibió más de 52 millones de pesos en contratos de publicidad oficial durante sus gobiernos municipales, superando incluso el gasto destinado al resto de televisoras locales juntas. Investigaciones periodísticas también documentaron que, mientras buscaba otros cargos políticos, el entonces alcalde destinó millones en propaganda fuera de Ciudad Juárez para fortalecer su imagen pública.
A esto se suman los escándalos relacionados con la llamada “nómina secreta” del exgobernador priista César Duarte Jáquez. Cabada fue señalado por recibir recursos públicos durante ese sexenio y posteriormente devolvió 4.3 millones de pesos tras acogerse a un criterio de oportunidad ante las autoridades estatales. Además, auditorías e investigaciones ciudadanas detectaron contratos millonarios otorgados a compadres, familiares y socios de funcionarios municipales durante su gestión.
La administración de Cabada también quedó marcada por obras inconclusas y promesas incumplidas. Pese a gastar millones en programas de bacheo y alumbrado público, Ciudad Juárez terminó con severos problemas de infraestructura y con uno de los peores niveles de aprobación ciudadana en servicios urbanos. Paralelamente, su gobierno fue criticado por el gasto excesivo en ferias y festejos mientras crecían las denuncias por malos manejos financieros.
Ahora, bajo el gobierno de Maru Campos, Canal 44 vuelve al centro de la polémica debido al millonario flujo de recursos públicos que habría recibido para operar como plataforma de propaganda política.
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Subsecretario de Seguridad y mano derecha de Maru Campos, ligado a empresa del Cártel de Sinaloa
Ricardo Fernández Acosta, subsecretario de Seguridad y encargado del sistema penitenciario de Chihuahua, figura como socio y administrador de una empresa sancionada por Estados Unidos por presuntos vínculos con una red financiera del Cártel de Sinaloa.
El gobierno de Maru Campos vuelve a quedar bajo la lupa. Ahora, uno de sus funcionarios más cercanos en materia de seguridad, Ricardo Fernández Acosta, fue exhibido como socio de una empresa vinculada por autoridades estadounidenses a operaciones de lavado de dinero relacionadas con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con información de Julieta Cruz y Angélica Vázquez para El Universal.
Se trata de la empresa Grupo Especial Mamba Negra, sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones, la compañía estaría conectada con una red encabezada por Alfredo Orozco Romero, identificado como operador financiero ligado al cártel. Documentos del Registro Público de Comercio revelan que Fernández Acosta aparece como socio desde febrero de 2022 y llegó incluso a presidir el Consejo de Gerentes de la empresa, con facultades para administrar y dirigir sus operaciones.
El funcionario estatal intentó deslindarse con una explicación que terminó generando más dudas que respuestas. “Me estafaron”, aseguró en entrevista, argumentando que pensó que se trataba únicamente de una empresa de seguridad privada. También afirmó que intentó salir de la sociedad, aunque reconoció haber fungido como representante legal de la compañía y dijo no saber que aún aparece oficialmente como socio. Todo muy conveniente: encargado de las cárceles estatales, pero supuestamente sin enterarse de con quién hacía negocios.
La situación se agrava porque Fernández Acosta no reportó esta ni otras empresas en sus declaraciones patrimoniales, pese a que registros oficiales lo vinculan con al menos cuatro sociedades adicionales. Además, en su declaración de 2025 aparecieron ingresos superiores a 190 millones de pesos atribuidos a su cargo público, cifra que después justificó diciendo que fue “un error de la secretaria”. Sí, claro: casi 200 millones de pesos “por accidente”.
El historial del funcionario muestra que ha ocupado cargos estratégicos en seguridad desde gobiernos anteriores, pero fue durante la administración de Maru Campos cuando tomó mayor relevancia dentro de la estructura estatal. Actualmente se desempeña como encargado del Sistema Penitenciario de Chihuahua bajo las órdenes del secretario de Seguridad, Gilberto Loya Chávez.
El escándalo golpea nuevamente a la administración panista, justo cuando crecen los cuestionamientos por la relación de funcionarios estatales con agencias estadounidenses y por el manejo de la seguridad en Chihuahua. Mientras el gobierno de Maru Campos presume estrategias como el Proyecto Centinela, las investigaciones y revelaciones sobre sus colaboradores comienzan a pintar un panorama cada vez más incómodo para Palacio de Gobierno.
Con información de Julieta Cruz y Angélica Vázquez para El Universal
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Roberto Gil Zuarth fue abogado de Cabeza de Vaca, un prófugo de la justicia
Por: Frank Alvarado
El panista fue señalado por sus contratos millonarios y su defensa jurídica del exgobernador de Tamaulipas, prófugo en EUA ante casos de corrupción y lavado de dinero.
Ante la llegada de la figura del abogado panista Roberto Gil Zuarth al equipo legal de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, es de recordar la relación profesional que este tuvo con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien cuenta con una orden de aprehensión en México por corrupción y lavado de dinero, mientras permanece prófugo en Estados Unidos.
Luego de que el Congreso de Tamaulipas aprobara revisar las cuentas públicas del gobierno de Cabeza de Vaca correspondientes al periodo 2016-2021. Legisladores señalaron desvíos de recursos públicos por más de 46 millones de pesos destinados al pago de despachos jurídicos, entre ellos Accuracy Legal and Consulting, firma ligada a Roberto Gil Zuarth, que habría recibido cerca de 31.9 millones de pesos por asesorías y litigios relacionados con controversias gubernamentales y juicios de amparo.
Además de los contratos, diputados de Morena y el PT cuestionaron que Gil Zuarth se convirtió en uno de los principales defensores políticos y jurídicos de Cabeza de Vaca, a quien asesoró en distintas controversias legales. También recordaron declaraciones públicas en las que el abogado justificó la salida del exgobernador de México, al afirmar que tenía derecho a protegerse porque “el piso no está parejo” en el sistema judicial.
Para los críticos, el abogado representa una red política y jurídica ligada al panismo y a figuras cuestionadas por presuntos actos ilícitos durante los últimos años. Su relación con Cabeza de Vaca nos da cuenta de que sus clientes suelen terminar con órdenes de aprehensión, ¿será este el destino de Maru Campos?
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Roberto Gil Zuarth, quien defendia a García Luna, ahora defiende a Maru Campos
Por: Frank Alvarado
El exsenador panista nunca denunció a Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, pese a haber compartido gabinete durante el sexenio de Felipe Calderón.
La incorporación del abogado y exsenador panista Roberto Gil Zuarth al equipo legal de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, generó una ola de críticas debido a sus vínculos con figuras clave del sexenio de Felipe Calderón, particularmente con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública condenado en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada.
El anuncio ocurre en medio de las investigaciones relacionadas con el “CIAGate” y tras el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República para que Maru Campos declare su papel en la participación de agencias estadounidenses en operativos dentro del estado.
Las acusaciones contra el abogado se centran en que nunca denunció públicamente a García Luna pese a las acusaciones que durante años rodearon al exfuncionario, de fechorías que habría realizado también en 2010 y 2011, mientras Zuarth era su compañero de gabinete. Incluso, sus detractores recordaron que en distintas ocasiones defendió al exsecretario de Seguridad y su estrategia de seguridad durante sesiones públicas.
Incluso, después de la condena a Garcia Luna, el abogado sostuvo que el gobierno de Felipe Calderón no tenía conocimiento de sus presuntos nexos con el crimen organizado, admitiendo que operaba bajo sus narices. Por lo que su llegada a la defensa de Maru Campus, responde a una estrategia que se aplica cuando hay algún compañero panista en peligro.
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Maru Campos disparó la deuda de Chihuahua a 64 mil millones de pesos
Aunque la gobernadora presume “orden financiero”, datos oficiales recopilados por Zona Free revelan que la deuda pública de Chihuahua aumentó más de 15 mil millones de pesos durante su administración; además, contrató nuevos créditos a pagar hasta por 25 años.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, volvió a quedar exhibida por el desastre financiero de su administración. A pesar de repetir en discursos que logró “reducir la deuda pública”, cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda estatal, citadas en una investigación de Zona Free, muestran exactamente lo contrario: en menos de cinco años incrementó el endeudamiento en un 32%, llevando el pasivo de Chihuahua a casi 64 mil millones de pesos. Mucho maquillaje mediático, pero las matemáticas no se dejan chorear.
Cuando la panista llegó al gobierno en septiembre de 2021, la deuda estatal era de 48 mil 218 millones de pesos. Sin embargo, al 17 de abril de 2026, el monto ya ascendía a 63 mil 642 millones, es decir, un incremento de más de 15 mil 424 millones de pesos. Todo esto mientras el estado sigue padeciendo abandono en infraestructura, inseguridad y obras fantasma que parecen existir solo en los boletines del gobierno estatal.
El golpe más reciente ocurrió el pasado 17 de abril, cuando la administración de Campos adjudicó nueva deuda por 3 mil millones de pesos, a pagarse hasta en 25 años y con tasas de interés de hasta 8.88%. En otras palabras: hipotecaron el futuro de Chihuahua para seguir administrando como si la tarjeta de crédito fuera infinita. Pero eso sí, en las conferencias nunca falta el discurso de “responsabilidad financiera”.
Imagen: Gráfica de la deuda en Chihuahua realizada por Zona Free.
Los datos también contradicen la narrativa con la que Maru Campos ha intentado culpar a su antecesor, Javier Corral, del endeudamiento estatal. De acuerdo con informes entregados al Congreso local, Corral redujo la deuda en un 2.4% respecto al monto heredado por César Duarte, quien disparó el pasivo durante su sexenio con el respaldo político del PAN. Sí, el mismo grupo político del que Maru formaba parte mientras operaba la famosa “nómina secreta”.
Por si fuera poco, la administración panista también ha contratado 43 créditos a corto plazo por un monto acumulado de 14 mil 850 millones de pesos, evidenciando un manejo financiero marcado por el endeudamiento constante y el gasto descontrolado. Mientras la ciudadanía enfrenta carencias y servicios deficientes, en Palacio de Gobierno parecen jugar al “tarjetazo eterno”.
La realidad es contundente: Chihuahua no vive una reducción de deuda, sino uno de los periodos de mayor crecimiento del pasivo estatal en años recientes. Y aunque desde el gobierno intenten vender espejitos de “orden” y “estabilidad”, los números muestran que la factura del despilfarro panista terminará pagándola la población durante décadas.
Con información de Zona Free.
