Este miércoles 3 de mayo el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que, mediante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), solicito de manera formal a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, no abordar este jueves la impugnación sobre la primera parte del ‘Plan B’ electoral, el cual plantea invalidar reformas realizadas por la mayoría de Morena.
En cambio, la Presidencia solicitó que el máximo tribunal resuelva de forma inmediata la constitucionalidad o no del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC) desde el pasado el 11 de mayo de 2018, reforma que fue respaldada por el PRI y PAN en su momento.
Bajo esta connotación, el gobierno federal solicitó al alto tribunal resolver primero dicho tema, ya que lleva cinco años pendiente.
“Hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018”, se lee en un comunicado.
Asimismo, la Consejería detalló que la LGCS fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del PRI y el PAN, causando los cuestionamientos de la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el partido Movimiento Ciudadano, pues consideraban que existían vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones no son constitucionales.
Sin embargo, reprochó, que al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la acción de inconstitucionalidad 29/2023, contra el ‘Plan B’.
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