A menos de un año del inicio formal del proceso electoral de 2027, Nancy Núñez se mantiene como el perfil mejor posicionado en Azcapotzalco, de acuerdo con diversas mediciones que coinciden en señalar una ventaja para la actual alcaldesa.
Diversas encuestas, entre ellas Rubrum, Demoscopía Digital, Massive Caller, Statistical Research Corporation y MetaMetrics, colocan a Nancy Núñez al frente de las preferencias ciudadanas. Las mediciones reportan ventajas de entre 10 y 30 puntos porcentuales frente a otros posibles contendientes.
En Rubrum, Núñez registra 36% de las preferencias, mientras que Massive Caller le otorga 33%. Por su parte, Statistical Research Corporation la ubica por encima del 40%, mientras que MetaMetrics también la coloca en primer lugar con una diferencia superior a los 10 puntos.
Las mediciones también muestran una ventaja de Morena en Azcapotzalco, frente a perfiles del PAN. Además, Demoscopía Digital reporta que Núñez cuenta con 60% de aprobación ciudadana, ubicándola entre las alcaldesas con mayor respaldo de acuerdo con esa medición.
Azcapotzalco representa una demarcación estratégica para el mapa político de la Ciudad de México debido a su peso electoral y cercanía con el Estado de México. De mantenerse las tendencias señaladas por estas encuestas, Nancy Núñez y Morena partirían con una posición favorable rumbo a las elecciones de 2027.
La aspirante a coordinar la 4T en Michoacán destacó el papel de las mujeres artesanas y aseguró que la presidenta cuenta con respaldo ciudadano en la entidad.
Ante cientos de habitantes y artesanas de Capula, Gladyz Butanda Macías, aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Michoacán, encabezó una asamblea informativa en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la defensa de la soberanía nacional.
Durante el encuentro, Butanda Macías sostuvo que en Michoacán existe un amplio respaldo a la mandataria federal frente a lo que calificó como intentos de injerencia extranjera en los asuntos internos de México, los cuales, afirmó, cuentan con respaldo de sectores de la oposición. Llamó a mantener una lucha pacífica para consolidar la transformación.
“La presidenta no está sola”, afirmó la morenista, al asegurar que cuenta con el acompañamiento de hombres y mujeres de Michoacán. También destacó que las mujeres tienen un papel relevante en el proceso de transformación, particularmente por los programas sociales dirigidos a este sector.
La aspirante reconoció además el trabajo de las mujeres artesanas de Capula, quienes, señaló, contribuyen diariamente al bienestar de sus familias y comunidades. Consideró que su participación es fundamental para fortalecer los avances de la 4T en Michoacán y mantener la organización social en defensa del proyecto de transformación.
En la asamblea participaron la diputada local Nalleli Pedraza Huerta, la regidora de Morelia, Mariana Orozco Hernández, y María Ángela Villa, directora del grupo de artesanos Los Catrines de Capula. También acudieron militantes y fundadores de Morena, líderes sociales, maestras y maestros artesanos, así como habitantes de Tacícuaro, Lomas de Guayangareo y Villas del Pedregal.
El colectivo Grupo de las 6 acusó ante el Tribunal de Disciplina Judicial a la jueza Tania Neri Borjas por frenar el proceso legislativo contra el gobernador de Nuevo León.
Integrantes del Grupo de las 6 presentaron una denuncia formal contra la jueza Tania Virginia Neri Borjas. La acusan de favorecer al gobernador Samuel García Sepúlveda con un amparo exprés.
El colectivo interpuso el recurso el pasado 7 de agosto ante el Tribunal de Disciplina Judicial. Rebeca Clouthier, integrante del grupo y familiar de la aspirante morenista Tatiana Clouthier, explicó los motivos.
Clouthier difundió un video en redes sociales con los detalles del caso. Además, mostró documentos oficiales del proceso de amparo que benefició al mandatario estatal.
La activista señaló que el amparo detiene el juicio político que se tramita en el Congreso local. Esta resolución impide que los legisladores voten o resuelvan el caso contra García.
“Esta resolución judicial genera una grave preocupación sobre la imparcialidad del Poder Judicial”, expresó Clouthier en su mensaje. También cuestionó la rapidez con la que se resolvió el amparo.
El colectivo destacó un dato clave sobre el nombramiento de la jueza. Movimiento Ciudadano y el propio gobernador impulsaron su llegada al cargo durante la elección judicial pasada.
Por esta razón, las activistas hablan de un posible conflicto de interés. Consideran que la decisión judicial podría interpretarse como un pago de favores políticos.
El Grupo de las 6 pidió al Tribunal investigar los hechos con total transparencia. Además, exigió que se determinen responsabilidades para quienes resulten implicados en el caso.
El origen del conflicto se remonta al 12 de junio pasado. La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar el juicio político contra García.
Legisladores del PRI, PAN y Morena votaron a favor de la medida con seis votos. Solo Movimiento Ciudadano se opuso a abrir el proceso contra el gobernador.
El Congreso acusa al mandatario de triangular más de mil millones de pesos en recursos públicos. Los fondos habrían beneficiado a empresas ligadas al propio gobernador.
Antes de que García presentara su defensa por escrito el 23 de junio, la jueza ya había actuado. Diez días antes, Neri Borjas concedió la suspensión provisional al gobernador.
Esta medida permite que el proceso legislativo continúe en sus distintas etapas. Sin embargo, las autoridades no pueden someterlo a votación ni emitir un dictamen final.
Harman Consultores de América, S.A. de C.V., una de las empresas señaladas en las denuncias contra el alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes, por presunto uso indebido de recursos públicos para su promoción personal, tiene en su acta constitutiva el nombramiento de Director General a favor de Juan de Dios Gascón Rocha, un operador político con trayectoria documentada dentro del PRI.
Documentos en propiedad de Los Reporteros MX muestran, además, que la misma empresa mantiene —o mantuvo hasta mediados de 2025— un contrato de prestación de servicios publicitarios con el Comité Directivo Estatal del PRI en Aguascalientes, por el mismo tipo de actividades que factura al municipio gobernado por un alcalde de Morena.
Quién es Harman y quién la dirige
De acuerdo con el testimonio de su constitución, protocolizado el 21 de enero de 2021 ante el notario público número 46 de Aguascalientes, Ciro Silva Murguía (folio mercantil electrónico N-2021013545), Harman Consultores de América quedó con Gabriel Eduardo Esparza Llamas como Administrador Único, y con Juan de Dios Gascón Rocha como Director General, con facultades otorgadas dentro de la propia acta.
Gascón Rocha no es una figura desconocida en la política priista.
En 2018, siendo presidente de una asociación juvenil en Aguascalientes, tomó protesta como presidente del “Movimiento PRI.mx” de manos del entonces dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, junto con Janneth Moreno Argüelles como secretaria general. Su trayectoria pública en medios locales de Aguascalientes lo ubica de forma reiterada dentro de la estructura del tricolor en ese estado.
Un documento del Registro Público de Comercio de Aguascalientes, correspondiente a la constitución de otra sociedad —Blue Mountain Dream, S.A. (FME N-2021046337)— confirma además que Gascón Rocha y Lilia Estefanía Montoya Palacios son socios en esa empresa. Montoya Palacios es, a su vez, la representante legal de Harman Consultores de América: es ella quien firma en nombre de Harman el contrato con el PRI de Aguascalientes que se describe abajo, identificada con su credencial de elector del INE.
El contrato con el PRI de Aguascalientes
El 18 de noviembre de 2024, Harman Consultores de América firmó un “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Actividades para Gasto Ordinario” con el Partido Revolucionario Institucional, representado por el maestro Kendor Gregorio Macías Martínez, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Aguascalientes. Por Harman firmó Lilia Estefanía Montoya Palacios.
El objeto del contrato: “la elaboración de material publicitario, así como diseño de imagen para la promoción de las actividades efectuadas por ‘EL PARTIDO’ a través de las distintas redes sociales”, incluyendo fotografía, video y diseño gráfico, con entregas mensuales. La contraprestación pactada fue de $50,000 mensuales más IVA ($58,000 mensuales en total), y el contrato fija su vigencia desde el 3 de julio de 2024 hasta junio de 2025, con posibilidad de prórroga.
Ese periodo —julio de 2024 a junio de 2025— coincide casi por completo con el tramo en el que, según los registros de pagos de Escobedo ya documentados en la primera parte de este reportaje, el municipio comenzó a pagar de forma regular a proveedores de publicidad y comunicación vinculados con la promoción de Mijes.
Es decir: durante buena parte de ese año, Harman Consultores facturaba de manera simultánea al Comité Estatal del PRI en Aguascalientes y —de acuerdo con las denuncias ante el INE y la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León— a un municipio gobernado por un alcalde de Morena, por el mismo tipo de servicio: producción de contenido y material para redes sociales.
Un pago documentado desde Escobedo, sin el contrato a la vista
La relación analítica de pagos de la Tesorería de Escobedo correspondiente a enero de 2026 registra, entre cientos de proveedores, un pago del 8 de enero de 2026 (cheque 23000037429) a HARMAN CONSULTORES DE AMÉRICA, S.A. DE C.V., por $621,760.00, bajo el concepto “SEGUIMIENTO EN VIDEO”.
El archivo público no incluye, junto a este pago, el contrato o la orden de servicio que lo respalda —a diferencia de lo que sí ocurre en el expediente de Magenta Multimedia revisado en la primera parte—, lo que impide conocer con precisión el objeto contractual completo detrás de esa factura. Esa ausencia documental es, en sí misma, un punto que las autoridades investigadoras tendrían que requerir directamente al municipio.
Esta cifra es consistente con lo señalado en las denuncias de Ramiro Alvarado Beltrán ante el INE, que atribuyen a Harman Consultores 21 pagos del municipio de Escobedo por un total de $4,640,000 entre noviembre de 2023 y enero de 2026, así como el pago de 743 anuncios en la Biblioteca de Anuncios de Meta difundidos desde las cuentas personales de Andrés Mijes en Facebook e Instagram —346 de ellos activos durante el mismo periodo en que se registraron los pagos municipales a la empresa.
Que Harman Consultores esté dirigida estatutariamente por un operador con trayectoria dentro del PRI, y que esa misma empresa haya cobrado al gobierno de un alcalde morenista por su promoción personal, alimenta la acusación central de las denuncias presentadas ante Morena: que Andrés Mijes usó el erario de un municipio gobernado por su partido para financiar, entre otros, a estructuras y operadores de la oposición que dice combatir.
Para sus críticos dentro del propio movimiento, no se trata de un descuido administrativo, sino de una traición con recursos públicos al proyecto que Mijes dice representar.
El gobernador de Tabasco aseguró que programas como Sembrando Vida y Fertilizantes buscan atender directamente a productores y comunidades rurales, además de respaldar a jóvenes para que continúen sus estudios.
Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, aseguró que los programas sociales y apoyos para el campo actualmente llegan a la población sin intermediarios ni cobros indebidos, al encabezar la Jornada de Atención al Pueblo en Territorio, en el poblado Rancho Grande, Tenosique.
Durante el encuentro, el mandatario afirmó que sectores que durante años enfrentaron dificultades para acceder a apoyos ahora cuentan con programas destinados a fortalecer sus actividades productivas. Como ejemplo, mencionó Sembrando Vida, Fertilizantes, Producción para el Bienestar, Pescando Vida y los apoyos al sector ganadero.
May cuestionó las condiciones bajo las cuales, afirmó, anteriormente se entregaban algunos recursos al campo. Recordó el extinto Procampo, mediante el cual los productores recibían alrededor de 700 pesos por hectárea, con un límite de 12 hectáreas y un pago anual.
En ese contexto, el gobernador señaló que los productores también enfrentaban presuntas prácticas irregulares para acceder a los apoyos. Incluso utilizó la conocida expresión “ponerse la del Puebla” para referirse al supuesto pago de “moches” que, según relató, era necesario para ingresar a determinados programas.
En contraste, May sostuvo que la actual política social busca eliminar intermediarios y atender directamente a las comunidades, con programas orientados a recuperar las actividades productivas del campo y mejorar las condiciones de las familias rurales. “Estamos sacando al campo del olvido y del abandono”, afirmó.
El gobernador también destacó los apoyos para las juventudes, particularmente aquellos destinados a evitar que estudiantes abandonen su formación por falta de recursos. Señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para atender las necesidades de las comunidades y generar mejores oportunidades para las familias tabasqueñas.
La senadora con licencia sostuvo un encuentro con cerca de 500 trabajadoras y trabajadores para conocer sus necesidades y plantear que mejores condiciones laborales se traduzcan en una mejor atención a la ciudadanía.
La aspirante de la 4T por Baja California, Julieta Ramírez, se reunió con integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, con el objetivo de escuchar las necesidades de las y los trabajadores en activo y jubilados del servicio público.
Durante el encuentro, Ramírez destacó la importancia de que la función pública en Baja California se conduzca bajo los principios de la Cuarta Transformación, con énfasis en la ética, sencillez y honradez, además de mantener como prioridad el bienestar de la ciudadanía.
Hoy escuchamos a trabajadoras y trabajadores del servicio público de Mexicali, sus experiencias, necesidades y propuestas.
Porque mejores condiciones laborales también se traducen en una mejor atención para la ciudadanía.
Julieta señaló que los principios de la 4T deben traducirse también en los ámbitos locales, por lo que consideró necesario mantener un diálogo permanente con quienes trabajan en ayuntamientos e instituciones públicas. En ese sentido, sostuvo que las necesidades de las y los servidores públicos deben formar parte de la construcción de una administración cercana a la población.
Ante cerca de 500 trabajadoras y trabajadores, Julieta Ramírez llamó a sumar esfuerzos y destacó que escuchar directamente al personal que presta servicios a la población permite identificar necesidades y construir soluciones. También remarcó que mejorar las condiciones laborales puede contribuir a fortalecer la atención que reciben las y los ciudadanos.
El encuentro forma parte de los acercamientos que la legisladora ha mantenido con trabajadores del servicio público en Baja California, bajo la premisa de que el diálogo y la participación de quienes integran las instituciones son fundamentales para consolidar una vida pública más cercana a la población y acorde con los principios que impulsa la Cuarta Transformación.
El líder nacional del blanquiazul busca una ley que obligue a responder en vivo a la presidenta.
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, anunció desde el Senado una iniciativa para regular el derecho de réplica en las mañaneras. El dirigente panista acusó al gobierno de Morena de querer imponer silencio a la oposición.
Romero Herrera calificó las conferencias matutinas como un espacio de propaganda ideológica. Aseguró que desde ese lugar se persigue a los opositores y se calumnia a quien no apoya al régimen actual.
El líder blanquiazul denunció que el Estado utiliza sus recursos para atacar a los contrapesos políticos desde hace ocho años. Sostuvo que la mañanera fabrica culpables sin pruebas suficientes, más allá de los señalamientos presidenciales.
Como ejemplo, citó el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Según Romero, las autoridades lo señalaron como culpable desde la conferencia, aunque su proceso legal sigue abierto.
El dirigente panista defendió el principio de equidad detrás de la propuesta. Explicó que si el gobierno exige derecho de réplica a los medios privados, la oposición merece esa misma garantía frente a Palacio Nacional.
Romero también criticó la desigualdad de trato entre oficialismo y oposición dentro de esos espacios. Denunció que a los opositores se les juzga y sentencia, mientras al oficialismo se le defiende de inmediato.
Las bancadas panistas en el Congreso impulsarán formalmente esta iniciativa de ley. La propuesta busca que las afirmaciones hechas con recursos públicos tengan sustento comprobable y generen responsabilidades si resultan falsas.
El consejero nacional de Morena, Ramiro Alvarado Beltrán, denunció ante el INE, el IEEPC de Nuevo León, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y la Fiscalía Anticorrupción del estado el presunto uso de recursos públicos del municipio de Escobedo para promover la imagen de su alcalde con licencia, Andrés Mijes Llovera.
Documentos de pagos, contratos y facturas revisados por Los Reporteros MX muestran que buena parte de esos recursos llegó a Magenta Multimedia, S.A.P.I. de C.V., empresa dueña del portal Código Magenta, dirigido por Ramón Alberto Garza —una de las voces que más ha criticado públicamente a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum.
Las denuncias, presentadas el 4 de agosto, piden investigar contratos y pagos del municipio entre 2023 y 2026 y determinar si hubo promoción personalizada con dinero público. Entre las empresas señaladas está Magenta Multimedia.
Casi 3 millones de pesos para Código Magenta
El 29 de enero de 2025 el municipio de Escobedo adjudicó directamente a Magenta Multimedia un contrato por $2,088,000 (con IVA incluido) para “publicidad mediante el portal de Magenta para difusión masiva de actividades municipales y de todo tipo de campañas institucionales”, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Firma por el “Prestador” César Iñaqui Abis Coutigno, representante legal de la empresa; por el Municipio, entre otros, el propio Mijes.
Sin embargo, la relación de pagos publicada por la Tesorería municipal registra 16 pagos a Magenta Multimedia entre julio de 2024 y marzo de 2026, por un total acumulado de $2,966,700, una cifra que ya rebasa en casi $880,000 el monto del contrato de 2025.
Un detalle documentado y relevante: siete de esos pagos —de $174,000 cada uno, entre julio de 2024 y enero de 2025— se realizaron antes de que existiera el contrato que en teoría los ampara, firmado hasta el 29 de enero de 2025. El expediente de contratos revisado sólo identifica un antecedente de 2018 (por $482,328, y con vigencia hasta octubre de 2019), insuficiente para justificar esos pagos previos.
Los pagos, casi todos de $174,000 mensuales, muestran algunas variaciones hacia el final del periodo: uno de $348,000 en enero de 2026 y otro de $182,700 en marzo de 2026, ya fuera de la vigencia formal del contrato de 2025.
Cuatro facturas (CFDI) ligadas a publicidad oficial de septiembre a diciembre de 2025, por $174,000 cada una, están además vinculadas en la Plataforma Nacional de Transparencia a un tema específico: tres de ellas, la de septiembre, octubre y noviembre, aparecen bajo el concepto “No le falle Mijo es Mijes”, mientras que el CFDI en sí usa una descripción fiscal más genérica (“publicidad y contenido de octubre”, por ejemplo).
Una de esas facturas, con folio fiscal 44a49283-35df-4061-bc93-e88c0fb0334a, corresponde exactamente al comprobante de octubre de 2025 revisado para este reportaje: $150,000 de subtotal, $24,000 de IVA, $174,000 de total.
La cobertura: 90 de 114 piezas fueron favorables o promocionales
Aquí está el hallazgo que más llama la atención. Un rastreo de las 114 publicaciones que el propio sitio de Código Magenta arroja al buscar “Mijes” muestra que 90 de ellas fueron clasificadas como cobertura favorable, promocional o editorial explícitamente elogiosa hacia el alcalde, su gobierno o su proyecto político de la “4T Norteña”.
Títulos como “El efecto Mijes en el nuevo Escobedo”, “El Factor Mijes”, “La Morena 4T que sí funciona” o “La 4T Norteña ya dio frutos, mijo” —esta última publicada apenas un día después de que Mijes rindiera su primer informe de gobierno del nuevo ciclo, en septiembre de 2025— coinciden en el tiempo con la vigencia del contrato de publicidad.
Código Magenta también pagó directamente anuncios en la Biblioteca de Anuncios de Meta para promover piezas favorables a Mijes: al menos cuatro, con textos que lo describen como “un político forjado en la cultura del esfuerzo y la tenacidad norteña” o que aseguran que “las cifras hablan por sí solas” respecto a su gestión, firmados como opinión de Ramón Alberto Garza.
El símbolo de la traición pura
El contraste resulta evidente: mientras Código Magenta y su director, Ramón Alberto Garza, han construido una imagen pública de crítica frontal a los gobiernos de Morena, la administración de Andrés Mijes destinó recursos públicos a la empresa vinculada con ese medio. Garza —fundador de Reporte Índigo y exdirectivo de Reforma, El Universal y Televisa— ha cuestionado en distintas ocasiones a la administración de Andrés Manuel López Obrador y a funcionarios de la Cuarta Transformación, además de lanzar críticas contra la presidenta Claudia Sheinbaum.
Garza también participa en espacios como Atypical TeVe, programa de crítica política encabezado por Carlos Alazraki, y ha entrevistado al empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los principales críticos de la llamada Cuarta Transformación y quien mantiene un conflicto fiscal con el Gobierno de México.
Y aquí aparece la contradicción que Mijes tendrá que explicar: ¿por qué un político de Morena, que además busca posicionarse rumbo a la gubernatura de Nuevo León, destinó millones de pesos a una empresa vinculada con un medio cuya línea editorial ha sido abiertamente crítica de la Cuarta Transformación?
La pregunta no es menor. Mijes no contrató cualquier medio: contrató a Código Magenta, un espacio que ha construido buena parte de su identidad editorial precisamente a partir de sus críticas contra los gobiernos de Morena. Por eso, los casi 3 millones de pesos identificados en los pagos a Magenta Multimedia adquieren una dimensión política que ahora deberá ser aclarada.
Porque si Mijes presume pertenecer a Morena y pretende encabezar un proyecto político bajo la bandera de la “4T Norteña”, resulta inevitable preguntarse por qué recurrió a una empresa vinculada con un medio que mantiene una línea editorial tan distante —e incluso confrontativa— con el movimiento al que dice representar.
¿Estrategia política, promoción personal o simple conveniencia?
Lo demás: Harman Consultores y las marcas de “4T Norteña”
Las denuncias de Alvarado también señalan a Harman Consultores de América, S.A. de C.V., que habría recibido 21 pagos del municipio por $4,640,000 entre noviembre de 2023 y enero de 2026, relacionados con 743 anuncios de Meta pagados por esa empresa desde las cuentas personales de Mijes en Facebook e Instagram, de los cuales 346 coincidieron con el periodo de los pagos municipales.
Otro expediente aborda la expresión “4T Norteña”: se identificaron 187 anuncios relacionados con ese proyecto político y nueve solicitudes de Mijes ante el IMPI durante 2025 para registrar la marca, entre ellas tres para “La 4T Norteña” y seis para “4T Norteña ¡Transformación para Nuevo León!”.
Los denunciantes piden determinar si hubo promoción personalizada con recursos públicos y una relación entre la comunicación institucional del municipio y la actividad política de Mijes, hoy precandidato de Morena a la gubernatura de Nuevo León.
Las denuncias incluyen como señalados a Mijes, a funcionarios de la Tesorería y de la Unidad de Información, Enlace y Difusión de Escobedo, y a las empresas Harman Consultores y Magenta Multimedia.
Gabriela Osorio, alcaldesa de Tlalpan, obtuvo 68.5% de aprobación en julio de 2026, con lo que se convirtió en la alcaldesa de Morena mejor evaluada del país en el ranking de Demoscopía Digital.
La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, se posicionó como la presidenta municipal de Morena mejor evaluada del país, de acuerdo con el ranking correspondiente a julio de 2026 elaborado por Demoscopía Digital. La morenista alcanzó un 68.5% de aprobación entre las personas consultadas en la demarcación que gobierna.
Con este resultado, Osorio ocupó el primer lugar nacional entre las 20 alcaldesas de Morena incluidas en la medición. La alcaldesa de Tlalpan superó a Yoselin Mendoza, de Nicolás Romero, Estado de México, quien registró 68.2% de aprobación, así como a Laura Imelda Pérez, de Tlaquepaque, Jalisco, con 67.8%.
El listado también coloca a Xóchitl Flores, de Chimalhuacán, Estado de México, con 64.4%, y a Betzabé Martínez, de Gómez Palacio, Durango, con 63.4%. De esta manera, Gabriela Osorio encabezó la medición entre las mujeres de Morena que gobiernan municipios y alcaldías en distintas entidades del país.
Además de destacar entre las alcaldesas morenistas, Osorio también se ubicó entre los primeros lugares de aprobación al considerar conjuntamente a hombres y mujeres de Morena. El resultado de julio refuerza su posición dentro de las figuras mejor evaluadas del partido entre quienes actualmente encabezan gobiernos municipales.
Colectivos ciudadanos piden desempolvar una reforma que exige estudios de derecho a los candidatos al Congreso local.
Un grupo de organizaciones civiles pide al Congreso de Puebla que discuta y apruebe una reforma constitucional conocida como “Ley Salvatori”. El proyecto busca exigir a los aspirantes a diputado local un título y cédula profesional de abogado.
Los activistas quieren que los legisladores saquen la iniciativa del archivo. El documento se presentó formalmente el 23 de junio de 2026 y los promoventes esperan que entre en vigor antes de las elecciones locales de 2027.
Las organizaciones sostienen que su exigencia responde al derecho humano a un buen gobierno. También citan el principio constitucional de buena administración pública, respaldado por criterios de tribunales administrativos federales.
El escándalo que revivió la propuesta
La iniciativa ganó fuerza después de la polémica que protagonizaron las diputadas locales de Morena, Nayeli “Nay” Salvatori y Graciela Palomares. Ambas participaron en un podcast donde hicieron comentarios despectivos sobre personas adultas mayores. Dijeron que olían a “baúl viejo” y que “ya se estaban pudriendo”.
Por ese episodio, distintos colectivos bautizaron de forma extraoficial la reforma como “Ley Salvatori”. Buscan frenar el paso de perfiles improvisados o polémicos hacia el Congreso local.
Los inconformes recordaron además que Salvatori ya enfrentó quejas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. La denuncia surgió porque engañó y hostigó a una mujer víctima de violencia doméstica durante una broma en su programa de radio.
Quiénes impulsan la reforma
La asociación civil Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público, A.C. redactó y presentó la propuesta original. Alejandro Ruiz Cabrera preside esa organización y dirigió el documento a Marcos Castro Martínez, presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura.
El abogado Armando Blanco Osorio, representante de Causa Común por Puebla, se sumó al esfuerzo. Ambos grupos buscan presionar a los legisladores para que el proyecto no se quede olvidado en el Congreso.
Los cambios que propone el proyecto
La reforma plantea modificar el artículo 36 de la Constitución de Puebla. Actualmente, la ley solo pide tres requisitos para ser diputado local: ser ciudadano del estado con derechos vigentes, saber leer y escribir, y tener 18 años cumplidos el día de la elección.
Los promoventes quieren añadir una cuarta fracción a ese artículo. Esa fracción obligaría a los candidatos a contar con cédula profesional de licenciado en derecho.
El argumento económico detrás de la propuesta
Los impulsores de la reforma documentaron el costo que ha tenido para Puebla la falta de perfiles especializados en el Congreso. Citan varios juicios que el Poder Legislativo local perdió ante el Poder Judicial de la Federación.
Entre ellos mencionan la Acción de Inconstitucionalidad 9/2022 y sus acumulados, que invalidaron cobros de alumbrado público en leyes de ingresos municipales de 2022. También señalan la Acción de Inconstitucionalidad 61/2021, que anuló varias disposiciones de la Ley del Notariado de Puebla.
