El presidente colombiano permitió operaciones militares conjuntas con Estados Unidos y la llegada de rescatistas israelíes, mientras el país atiende la emergencia sísmica.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, tomó dos decisiones que generaron controversia en plena emergencia por el terremoto de magnitud 7.4. La primera autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos en territorio colombiano.
El secretario de Defensa estadunidense, Pete Hegseth, confirmó el 12 de agosto en Panamá que Colombia autorizó a Estados Unidos realizar estas operaciones contra el narcotráfico. El anuncio marcó el ingreso formal de Colombia al Escudo de las Américas, coalición liderada por Washington.
Congresistas del Pacto Histórico, de izquierda, señalaron que esta decisión viola la Constitución colombiana. Según su interpretación, solo el Congreso tiene facultad para autorizar la presencia de tropas extranjeras en el país.
La oposición colombiana también calificó el anuncio como una “renuncia a la soberanía” nacional. Argumentan que correspondía al Senado permitir el tránsito de fuerzas militares extranjeras por territorio colombiano.
La segunda decisión permitió el ingreso de personal de la Fuerza de Defensa de Israel al país como parte de una misión humanitaria. Estos elementos llegaron a Cali para apoyar labores de rescate tras el sismo.
De la Espriella habló este sábado sobre una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.“Tuve una conversación muy cálida y enriquecedora con el primer ministro”, escribió en su cuenta de X.
El mandatario agradeció públicamente la ayuda humanitaria y el envío de rescatistas por parte de Israel. Poco después, el vocero del grupo israelí, Roni Kaplan, confirmó en la misma red social la presencia de 82 rescatistas en Colombia.
En cuanto al saldo del terremoto, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastrereportó 294 personas fallecidas y 3 mil 935 heridos. Las autoridades contabilizaron además 320 desaparecidos y 353 personas rescatadas con vida.
El sismo afectó a 15 de los 32 departamentos colombianos y a 448 municipios del país. Las autoridades estiman que 54 mil familias resultaron afectadas, mientras la población damnificada alcanzó las 115 mil personas.
Desde ayer comenzaron las labores de remoción de escombros en las ciudades más golpeadas, entre ellas Cali y Pereira. Ambos municipios registraron el mayor número de víctimas mortales durante el desastre natural.
El gobierno de Costa Rica abrió una investigación contra 116 agentes policiales señalados en un informe de inteligencia por presuntos nexos con organizaciones dedicadas al narcotráfico, la trata de migrantes y el contrabando de alcohol.
El gobierno de Costa Rica anunció la apertura de una investigación contra 116 policías luego de que se filtrara un informe de inteligencia que los relaciona con bandas dedicadas al narcotráfico, la trata de migrantes y el contrabando de alcohol. El documento, elaborado por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública, fue divulgado por el diario La Nación y motivó el inicio de las pesquisas.
Durante una conferencia de prensa, la presidenta Laura Fernández afirmó que “no vamos a tolerar ninguna corrupción en los cuerpos policiales”, al tiempo que el ministro de Seguridad, Gerald Campos, anunció que el expediente será remitido a la Fiscalía para que investigue tanto a los agentes presuntamente implicados como a los funcionarios que recibieron el informe meses atrás y no iniciaron ninguna acción.
De acuerdo con el reporte, algunos de los policías señalados habrían brindado protección a grupos criminales, fungido como escoltas y coordinado aterrizajes clandestinos de aeronaves presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas. Campos aseguró que, tras revisar el caso, se comprobó que durante la administración anterior no se ordenó ninguna investigación pese a contar con el documento.
La mandataria sostuvo que los agentes que sean encontrados culpables enfrentarán penas de prisión en centros de máxima seguridad y subrayó que su gobierno mantendrá una política de mano dura contra el crimen organizado, al que atribuye el incremento de la violencia y la criminalidad en un país que durante décadas fue considerado uno de los más seguros de Centroamérica.
Desde Tomás Yarrington y Mario Villanueva hasta Roberto Sandoval, Jesús Reyna y Eugenio Hernández. Diversos exgobernadores y dirigentes del PRI han sido investigados, detenidos o condenados por vínculos con el narcotráfico.
A lo largo de las últimas décadas, diversos políticos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sido investigados, detenidos, procesados o condenados por presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico y el crimen organizado. Los casos abarcan desde exgobernadores y dirigentes nacionales hasta funcionarios estatales.
Uno de los antecedentes más conocidos se remonta a Sinaloa, donde el entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis fue señalado históricamente por haber brindado protección política aMiguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara. A ello se suman los señalamientos contra el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, cuyo cuñado, Rubén Zuno Arce, fue condenado en Estados Unidos por su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y el secuestro del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.
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Durante los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid, distintas investigaciones y testimonios han señalado que el Cártel de Guadalajara operó bajo un entorno de protección institucional que permitió el crecimiento de figuras como Ernesto y Rafael Caro Quintero.
Posteriormente, en el sexenio de Ernesto Zedillo, también surgieron versiones sobre vínculos entre el entorno familiar presidencial y los hermanosJesús y Adán Amezcua Contreras, conocidos como “Los Reyes de las Metanfetaminas” y líderes del Cártel de Colima, aunque nunca se acreditó responsabilidad penal contra el expresidente.
Entre los casos con consecuencias judiciales destaca el de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, acusado de colaborar con el Cártel de Juárez. Fue procesado en México, extraditado a Estados Unidos y se declaró culpable de lavado de dinero relacionado con recursos provenientes de esa organización criminal. Tras cumplir condenas en ambos países, obtuvo prisión domiciliaria y posteriormente fue liberado por razones de salud.
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Otro de los expedientes más emblemáticos es el de Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas. Autoridades estadounidenses acreditaron que recibió sobornos del Cártel del Golfo y de Los Zetas, además de utilizar recursos ilícitos para adquirir propiedades en Estados Unidos. Extraditado desde Italia y posteriormente condenado por lavado de dinero, fue deportado a México en 2025, donde enfrenta nuevas investigaciones por delitos relacionados con el narcotráfico.
También enTamaulipas,Eugenio Hernández Flores, quien gobernó la entidad entre 2005 y 2010, ha enfrentado investigaciones por presunto lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales, incluidos señalamientos sobre posibles sobornos de Los Zetas. Aunque ha enfrentado procesos judiciales tanto en México como solicitudes de extradición, el caso continúa siendo uno de los más representativos del estado.
En Veracruz, el exgobernador Fidel Herrera Beltránfue señalado por un testigo identificado como contador del Cártel del Golfo de haber recibido recursos para financiar su campaña política. Aunque las acusaciones nunca derivaron en una condena judicial, su nombre permanece ligado a investigaciones.
En Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador priista, fue detenido en 2021 acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, el gobierno de Estados Unidos lo sancionó al señalar que recibió sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de los Beltrán Leyva a cambio de protección e información privilegiada. Su administración también quedó marcada por el caso del exfiscal Édgar Veytia, condenado en Estados Unidos a 20 años de prisión por tráfico internacional de drogas y por colaborar con organizaciones criminales.
En Michoacán, el entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa quedó envuelto en la polémica después de que su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, fuera videograbado reuniéndose con Servando Gómez “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios. Aunque Fausto Vallejo nunca fue procesado por narcotráfico, el caso golpeó severamente a su administración. Tras su salida del gobierno, el mandatario interino Jesús Reyna García fue detenido en 2014 acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud, luego de difundirse imágenes de reuniones con integrantes del mismo grupo criminal. Permaneció más de cuatro años en prisión antes de ser liberado por falta de pruebas suficientes.
Otro caso que generó repercusión internacional fue el de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI. En 2016 fue detenido en España por presunto lavado de dinero, organización criminal, cohecho y malversación de recursos. Aunque posteriormente recuperó su libertad por falta de pruebas para mantener el proceso en ese país, el caso deterioró aún más la imagen del partido.
A esta lista se suman otros exgobernadores priistas involucrados en procesos penales por distintos delitos de corrupción, entre ellos Mario Marín Torres, acusado por tortura; César Duarte Jáquez, procesado por corrupción y desvío de recursos; y Javier Duarte de Ochoa, sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Asimismo, el actual dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, enfrentó una investigación de la Fiscalía de Campeche por el presunto desvío de más de 83 millones de pesos durante su gestión como gobernador.
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Al menos una docena de exgobernadores priistas han enfrentado investigaciones por corrupción o vínculos con organizaciones criminales. Aunque no todos los expedientes concluyeron en sentencias condenatorias, varios de sus integrantes fueron detenidos, encarcelados, extraditados o condenados tanto en México como en Estados Unidos, dejando una de las listas de casos judiciales más amplias registradas para un partido político en el país.
La operación “Vanille” desmanteló uno de los mayores laboratorios de metanfetamina en Europa. La droga era enviada desde México oculta en cargamentos de aroma líquido de vainilla.
Las autoridades de España y Francia propinaron un fuerte golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al desarticular su estructura operativa en territorio español. Como resultado de la operación conjunta fueron detenidas 13 personas y aseguradas 2.5 toneladas de metanfetamina, una de las mayores incautaciones de esta droga registradas en Europa.
De acuerdo con la Policía Nacional de España y la Oficina Antidrogas de Francia (OFAST), la organización criminal estaba integrada por siete mexicanos, cuatro españoles y dos colombianos, quienes presuntamente introdujeron la droga desde México disuelta en casi 12.7 toneladas de aroma líquido de vainilla. Posteriormente, la sustancia era procesada en un laboratorio clandestino ubicado en una finca aislada de la provincia de Lleida, donde recuperaban la metanfetamina mediante procesos químicos de extracción, purificación y cristalización.
La investigación comenzó a principios de junio y culminó el 11 de julio con un operativo simultáneo en Lleida, Barcelona y Tarragona. Cinco personas fueron detenidas en Lleida, cuatro en Barcelona y cuatro más en Tarragona. De los capturados, 12 ya fueron enviados a prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de la red criminal en Europa.
Las autoridades calificaron la Operación Vanille como un éxito histórico, al lograr el desmantelamiento de uno de los mayores laboratorios de metanfetamina detectados en el continente europeo. El inspector jefe Alejandro Martín advirtió que la metanfetamina ha dejado de ser una amenaza potencial para convertirse en una realidad en España, aunque aclaró que, hasta el momento, el fentanilo no ha logrado establecerse en ese país.
El operativo representa un nuevo revés para las operaciones internacionales del CJNG, considerado uno de los grupos delictivos con mayor capacidad de expansión fuera de México. La colaboración entre las autoridades de España y Francia permitió frenar una red que utilizaba sofisticados métodos para ocultar el tráfico de drogas y abastecer el mercado europeo de metanfetamina.
El exgobernador de Quintana Roo continuará sentenciado por delitos contra la salud y asociación delictuosa; un juez rechazó reducir su pena pese a que permanece en prisión domiciliaria por motivos de salud.
La justicia federal confirmó la condena de 36 años y nueve meses de prisión contra el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, al declarar improcedente la solicitud para reducir o modificar la pena que enfrenta por delitos relacionados con el narcotráfico. La resolución representa un nuevo revés para el exmandatario, señalado por colaborar con el Cártel de Juárez durante su administración.
El fallo fue emitido por Fredy Ladislao Portillo González, titular del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas de la Ciudad de México, quien determinó que Villanueva sigue siendo responsable de los delitos de asociación delictuosa y delitos contra la salud, al facilitar actividades del crimen organizado. Asimismo, el juzgador rechazó modificar la medida cautelar que pesa sobre el exgobernador.
De acuerdo con el expediente judicial conocido como el “Maxiproceso”, Mario Villanueva brindó protección institucional y apoyo logístico para permitir el traslado de cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, en colaboración con el Cártel de Juárez, encabezado en ese entonces por Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. Las investigaciones también lo señalan por haber integrado una red de complicidad con mandos policiacos y funcionarios de su administración para proteger las operaciones del grupo criminal en Cancún y otras zonas del Caribe mexicano.
Aunque actualmente permanece en prisión domiciliaria en su vivienda de Chetumal, beneficio otorgado desde 2020 por su avanzada edad, problemas cardíacos y enfermedad pulmonar, la medida continúa siendo temporal. Tras el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19, un juez ordenó su regreso a un penal federal para concluir su sentencia; sin embargo, dicha resolución permanece suspendida mientras se resuelve un recurso promovido por su defensa.
Mario Villanueva fue detenido en 2001 y, en 2010, se convirtió en el primer exgobernador mexicano extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. En 2017 fue repatriado para continuar cumpliendo su condena en México, la cual ahora fue ratificada por la autoridad judicial.
Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana”, enfrenta una posible condena de hasta 30 años de prisión tras declararse culpable ante una corte federal estadounidense.
Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico ante un tribunal federal de Washington D.C., con lo que evitó llegar a un juicio y quedó a la espera de su sentencia.
Durante la audiencia, la jueza Beryl Howell confirmó que “Tony Montana” entendía las consecuencias de su decisión y que su declaración era voluntaria. Al ser cuestionado sobre los delitos que se le imputan, respondió de manera afirmativa: “sí, culpable”.
Oseguera Cervantes, de 68 años, fue presentado ante la corte con uniforme de reo. El también identificado como operador del CJNG fue entregado por México a autoridades de Estados Unidos el 27 de febrero de 2025, junto con otros 28 presuntos narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero.
Las autoridades estadounidenses acusan a “Tony Montana” de colaborar con la organización criminal encabezada por su hermano El Mencho, una de las estructuras del narcotráfico más importantes de México. Por los cargos aceptados, podría recibir una pena de hasta 30 años de prisión.
La sentencia está prevista para noviembre. Sin embargo, su situación podría modificarse si decide colaborar con las autoridades estadounidenses en investigaciones relacionadas con otros integrantes del grupo criminal.
La captura y traslado de Oseguera Cervantes forma parte de los procesos judiciales contra figuras clave del Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras Estados Unidos mantiene una ofensiva contra los principales operadores del narcotráfico internacional.
El exlíder del Cártel de Juárez continuará preso en Nueva York mientras su defensa busca alcanzar un acuerdo con el gobierno estadounidense antes de llegar a juicio.
Vicente Carrillo Fuentes, conocido como “El Viceroy”, obtuvo una nueva extensión de 90 días para mantener las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, en un proceso judicial que se mantiene abierto desde su detención y que podría evitar que enfrente un juicio rápido.
Durante una audiencia celebrada este martes 28 de julio ante la jueza Joan M. Azrack, en la Corte de Distrito Este de Nueva York, la defensa del exlíder del Cártel de Juárez confirmó que continuará las conversaciones con las autoridades estadounidenses. Como parte del acuerdo procesal, Carrillo Fuentes renunció nuevamente a su derecho a un juicio rápido.
Con esta determinación, la próxima audiencia fue programada para el 20 de octubre de 2026, mientras permanecen activas las negociaciones entre ambas partes. Durante este periodo, El Viceroy seguirá bajo custodia en una prisión de Nueva York, acusado de delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
Vicente Carrillo Fuentes fue capturado en México en 2014 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por presuntamente dirigir una de las organizaciones criminales más importantes de México durante finales de los años 90 y principios de los 2000.
¿Quién es “El Viceroy”? Tras la muerte de su hermano Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, en 1997, Vicente Carrillo Fuentes asumió el liderazgo del Cártel de Juárez, una de las estructuras del narcotráfico más poderosas del país en esa época. Bajo su mando, la organización mantuvo presencia en diversas regiones de México y disputó territorios con otros grupos criminales.
El detenido fue ubicado en Mazatlán junto con otros cinco presuntos integrantes de una célula criminal; autoridades aseguraron armas, vehículos, dinero en efectivo y equipo tecnológico.
Fuerzas federales detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, a Ricardo Ozuna Tirado, alias “El Tío”, identificado como presunto operador financiero y uno de los líderes de una célula vinculada a Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.
El operativo fue informado por el Gabinete de Seguridad federal, que detalló la captura de otros cinco presuntos integrantes del grupo delictivo: Alejandro Coronel Reyes Jr., de nacionalidad estadounidense; Marcelo Eduardo Mendoza Ramírez; José Manuel Félix Covarrubias; Jano Alonso López Ruiz y José Manuel Sosa Carrasco.
Durante la intervención, las autoridades aseguraron dos armas de fuego, cargadores, cartuchos, cerca de 100 mil dólares en efectivo, teléfonos celulares, computadoras, dos vehículos y dos inmuebles presuntamente utilizados para actividades ilícitas.
En una acción coordinada en Mazatlán, Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a seis personas, entre ellas a Ricardo “N”, alias “El Tío”, operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva… pic.twitter.com/XzowivBoIU
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 27, 2026
De acuerdo con las investigaciones, “El Tío”, de 49 años, operaba principalmente en el municipio de La Cruz de Elota, Sinaloa, donde era señalado como uno de los principales responsables de las operaciones financieras de una célula ligada a Los Chapitos, grupo encabezado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron identificar dos inmuebles utilizados por la organización criminal en Mazatlán. Tras establecer un cerco de seguridad, elementos federales lograron la detención de los seis presuntos integrantes.
El operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como parte de las acciones contra estructuras del crimen organizado en el país.
El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole,afirmó durante la Cumbre por una América Libre de Fentanilo que los cárteles mexicanos y el Gobierno de México “son inseparables”. Sin embargo, el funcionario no presentó pruebas que respalden una acusación de tal magnitud.
De hecho, las palabras de Cole contrastan con el propio historial de la DEA, una agencia que en los últimos años ha enfrentado diversos casos documentados de corrupción interna, que se han expuesto en Los Reporteros Mx, con trabajo de Ricardo Sevilla. Uno de los más conocidos fue el revelado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que documentó que agentes de la DEA participaron entre 2001 y 2012 en fiestas con prostitutas financiadas por integrantes de cárteles de la droga en Colombia.
El informe señaló que algunos funcionarios recibieron regalos, dinero e incluso armas de organizaciones criminales. El escándalo derivó en fuertes cuestionamientos del Congreso estadounidense y precedió a la salida de la entonces administradora de la DEA, Michele Leonhart, en 2015.
Otro de los episodios más graves fue el protagonizado por el exagente especial José Irizarry, quien se declaró culpable de múltiples delitos federales tras desviar millones de dólares provenientes de operaciones encubiertas de lavado de dinero para financiar un estilo de vida de lujo. En 2020 fue condenado a 12 años de prisión. Durante entrevistas posteriores, Irizarry describió la llamada guerra contra las drogas como “un juego divertido” y aseguró que las irregularidades dentro de las investigaciones eran más amplias de lo que públicamente se reconocía.
A estos antecedentes se suma la condena del exagente Joseph Bongiovanni, declarado culpable por filtrar información confidencial a narcotraficantes en Buffalo, así como las investigaciones administrativas contra Nicholas Palmeri, exdirector de la DEA en México, por mantener relaciones inapropiadas con abogados de presuntos narcotraficantes y por el uso indebido de recursos públicos. Estos casos, documentados por autoridades estadounidenses y diversos medios de comunicación, muestran que la propia DEA ha enfrentado problemas de corrupción al más alto nivel.
En ese contexto, las declaraciones de Terry Cole han sido recibidas con escepticismo por distintos sectores, que consideran que acusaciones de esa magnitud deben ir acompañadas de pruebas públicas. Más aún cuando la propia DEA ha tenido que reconocer, investigar y sancionar durante años a funcionarios que terminaron colaborando o beneficiándose de las mismas organizaciones criminales que la agencia asegura combatir.
Elementos de la Semar interceptaron dos embarcaciones frente a costas oaxaqueñas y decomisaron droga con valor superior a 652 millones de pesos.
Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México lograron un importante golpe al narcotráfico en costas de Oaxaca. La institución aseguró tres toneladas de cocaína durante un operativo naval este fin de semana.
El decomiso ocurrió cuando los traficantes transportaban la droga en dos embarcaciones. Personal naval detuvo a cuatro tripulantes durante la intervención marítima.
La Semar informó que este operativo surgió de las labores de vigilancia aérea y marítima que realiza la institución. La Armada de México cumple funciones de Guardia Costera en aguas nacionales.
Con este nuevo aseguramiento, el gobierno de Claudia Sheinbaum acumula ya 77 toneladas de cocaína decomisadas. La cifra refleja el ritmo constante de operativos contra el tráfico de drogas por mar.
Para lograr la intercepción, los efectivos navales utilizaron primero un vuelo de patrullaje marítimo. Después se sumó una patrulla oceánica, lo cual permitió concretar la intervención en ambas lanchas.
Durante el operativo, la Marina también aseguró 20 bidones con gasolina preparada. Cada recipiente contenía 50 litros, sumando en total mil litros de combustible, además de ocho bidones vacíos.
Autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República coordinarán las siguientes acciones legales. Los cuatro detenidos enfrentarán el proceso correspondiente cuando el buque de la Armada llegue a puerto.
La Semar destacó que este decomiso evitó la distribución de casi 6 millones de dosis de droga. La institución estimó una afectación económica de 652 millones 941 mil 250 pesos para el crimen organizado.
