El embajador Ronald Johnson detalló la estrategia binacional para atacar los recursos económicos del crimen organizado.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, presentó este jueves una declaración sobre la estrategia contra el narcotráfico. El funcionario aseguró que el gobierno estadounidense busca desmantelar por completo la red financiera de los cárteles.
Según Johnson, esta prioridad existe desde el primer día de la administración del presidente Donald Trump. La cooperación entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum permite atacar no solo drogas y armas, sino también recursos ilícitos.
El diplomático explicó que las autoridades ahora persiguen redes financieras, facilitadores y estructuras de corrupción. Estos elementos sostienen las operaciones criminales de los cárteles en ambos países.
“Cuando les quitamos los recursos que permiten comprar fentanilo y precursores químicos, golpeamos el corazón de sus operaciones”, afirmó Johnson. El embajador añadió que sin dinero, los cárteles pierden capacidad para reorganizarse.
Asimismo, Johnson vinculó directamente la lucha contra el narcotráfico con el combate a la corrupción institucional. Explicó que la corrupción aleja inversión legítima y facilita la operación de estas redes criminales.
El funcionario destacó el papel del Foro Internacional sobre Delitos Financieros CI-FIRST en esta estrategia binacional. Por primera vez, expertos de ambos gobiernos conectan información que ningún país podría analizar por separado.
De acuerdo con el embajador, una transacción sospechosa puede llevar a cuentas, activos y redes criminales completas. Grupos de trabajo bilaterales, sanciones de OFAC y cooperación financiera hacen posible este seguimiento.
Johnson subrayó que los cárteles ya no pueden esconder sus recursos entre fronteras como antes. Consideró que la cooperación conjunta entre México y Estados Unidos elimina cualquier posibilidad de ocultamiento.
“Seguir el dinero, conectar la información y tomar acciones decisivas”: así resumió el embajador la estrategia binacional actual. Esta fórmula busca desmantelar completamente las redes criminales que operan en ambos países.
Una investigación de Associated Press reveló que agentes vigilaron cargamentos de hasta cientos de miles de pastillas sin decomisarlos, mientras las autoridades buscaban fortalecer investigaciones contra redes de narcotráfico.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos investiga a la Administración de Control de Drogas (DEA) por una estrategia que habría permitido que grandes cantidades de fentanilo llegaran a las calles con el objetivo de construir casos penales de mayor alcance. El presidente del comité, James Comer, solicitó al Departamento de Justicia registros relacionados con esta práctica.
La pesquisa se concentra en Nuevo México, donde informantes de la DEA denunciaron que agentes recibieron instrucciones para no interceptar cientos de miles de pastillas de fentanilo. Comer calificó como “inconcebible” una política que permita que cargamentos conocidos circulen sin ser decomisados y advirtió que pudo haber provocado daños y pérdidas de vidas.
Una investigación de Associated Press documentó que agentes de la DEA vigilaron grandes cargamentos entre 2023 y 2025 mientras las autoridades construían investigaciones contra presuntas redes de distribución. La práctica, conocida como dejar que las drogas “caminen”, permitió seguir los cargamentos para identificar a otros integrantes de las organizaciones criminales, en lugar de detenerlos inmediatamente.
El Departamento de Justicia modificó en 2024 sus protocolos de actuación y otorgó a los agentes mayor discrecionalidad para decidir cuándo impedir el tráfico de fentanilo, bajo el argumento de preservar investigaciones de largo plazo. La política contrasta con las medidas adoptadas en 2017, que establecían decomisar o impedir la distribución de esta droga tan pronto como fuera posible.
La estrategia quedó bajo mayor escrutinio después de que autoridades federales anunciaran en mayo de 2025 el mayor decomiso de fentanilo en la historia de la DEA, con alrededor de 3 millones de pastillas incautadas. Sin embargo, denunciantes sostienen que la red investigada pudo haber sido desmantelada meses antes. El inspector general del Departamento de Justicia ya inició una revisión nacional para determinar si la misma práctica fue utilizada en otras investigaciones.
El caso también enfrenta al gobierno federal con autoridades estatales. El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó una demanda para obtener registros sobre la estrategia, mientras la DEA defiende que sus investigaciones son complejas y de largo plazo. La controversia ocurre en medio de la crisis de fentanilo, considerada la epidemia de drogas más letal en la historia de Estados Unidos.
El narcotraficante Hernán Geovani Ojeda Elenes, alias “El Inge”, aceptó su responsabilidad en una conspiración para producir y distribuir fentanilo fabricado en México y enviado a Estados Unidos.
Hernán Geovani Ojeda Elenes, de 48 años y originario de Culiacán, Sinaloa, se declaró culpable ante una jueza federal de Estados Unidos por participar en una organización dedicada a la fabricación y distribución de fentanilo entre 2019 y 2024.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), “El Inge” trabajó junto con su padre, Hernán Domingo Ojeda López, y otros integrantes de la organización. Los documentos judiciales señalan que el grupo produjo y distribuyó varias toneladas métricas de fentanilo, elaborado en un laboratorio instalado en México y posteriormente trasladado a territorio estadounidense.
La operación también incluía la adquisición de precursores químicos provenientes de China, entre ellos 4-piperidona y N-fenilpiperidin-4-amina. Estos productos llegaban a México para ser utilizados en la fabricación de la droga que posteriormente era introducida a Estados Unidos para su venta.
El caso fue investigado por la DEA y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). La declaración de culpabilidad fue aceptada por la jueza de Distrito Ana C. Reyes, quien deberá establecer la sentencia. Ojeda Elenes enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
“El Inge” fue trasladado a Estados Unidos el 20 de enero de 2026, junto con otras 36 personas entregadas por el Gobierno de México para enfrentar procesos judiciales. El DOJ destacó la cooperación mexicana para concretar su traslado. La sentencia del primo de Ovidio Guzmán aún no tiene fecha definida.
Terry Cole advirtió sobre una posible colaboración de funcionarios con el grupo criminal y dejó abierta la puerta a operaciones de Estados Unidos en territorio mexicano.
El director de la DEA, Terry Cole, afirmó que existen altos funcionarios mexicanos que presuntamente trabajan directamente con cárteles, particularmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque durante la entrevista no presentó pruebas públicas que sustenten sus señalamientos.
En declaraciones a Univisión, Cole aseguró que investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos han detectado corrupción gubernamental en México y sostuvo que algunos funcionarios señalados fueron advertidos por Washington hace dos semanas. Hasta ahora, Estados Unidos no ha presentado acusaciones públicas contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el CJNG.
Las declaraciones se producen después de que autoridades estadounidenses señalaran meses atrás al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios de esa entidad por presuntos nexos con una facción del Cártel de Sinaloa. Cole, sin embargo, no identificó públicamente a los funcionarios que supuestamente tendrían relación con el CJNG.
El funcionario estadounidense también no descartó operaciones unilaterales en territorio mexicano, al tiempo que reiteró que la DEA mantendrá su ofensiva contra el CJNG y el Cártel de Sinaloa, considerados por el gobierno de Donald Trump entre las principales amenazas para la seguridad de Estados Unidos.
Pese a sus advertencias, Cole destacó que existe cooperación e intercambio de inteligencia con México y aseguró mantener comunicación diaria con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien recientemente calificó como un “socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos”. Asimismo, identificó a Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, como uno de los principales objetivos de la DEA contra el CJNG.
La defensa del exsecretario de Seguridad podrá presentar de manera oral sus argumentos ante tres magistrados; la Fiscalía de EUA también responderá durante la sesión.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York programó para la segunda semana de noviembre la audiencia en la que la defensa de Genaro García Luna buscará convencer a tres magistrados de revocar la condena que recibió por delitos relacionados con narcotráfico.
La sesión será la única oportunidad para que los abogados del exfuncionario mexicano, encabezados por César de Castro, expongan oralmente los argumentos presentados previamente por escrito. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también tendrá participación para responder a los planteamientos de la defensa. La Fiscalía únicamente pidió que la audiencia no se realice el 9 de noviembre, debido a que el fiscal Adam Amir tendrá otro juicio.
García Luna fue declarado culpable en 2023, después de un juicio de casi cinco semanas. En octubre de 2024, el juez Brian Cogan le impuso una condena de 38 años de prisión, además de una multa de dos millones de dólares. Actualmente permanece recluido en la prisión de máxima seguridad Florence ADMAX USP, en Colorado, con una fecha de liberación prevista para 2051.
Entre los principales argumentos de la apelación, la defensa sostiene que dos testigos clave incurrieron presuntamente en perjurio durante el juicio y que la Fiscalía ocultó documentos y evidencias que podrían haber favorecido al exfuncionario. También cuestiona que se limitara el contrainterrogatorio a los testigos cooperantes Sergio Villarreal-Barragán y Harold Poveda-Ortega.
Asimismo, los abogados consideran que se permitió presentar fotografías de propiedades atribuidas a García Luna sin demostrar que fueran producto de los delitos imputados. La defensa también argumenta que tanto la condena como la multa son desproporcionadas. La apelación formal fue presentada el 19 de diciembre de 2025, tras varios retrasos en el proceso.
El exagente de inteligencia argentino era requerido por asociación delictuosa, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de dinero; su defensa intentó frenar durante años la entrega.
El gobierno de México extraditó a Argentina a Raúl Luis Martins, señalado como exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y presunto integrante de una organización vinculada con Zona Divas, dedicada a la explotación sexual de mujeres. La entrega fue realizada en el Aeropuerto Internacional de Cancún, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con investigaciones de autoridades argentinas, Martins habría encabezado entre 2010 y 2019 una organización criminal dedicada a la explotación sexual, utilizando establecimientos registrados como bares, cafés y whiskerías para cometer los delitos. El argentino era requerido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 1 de Buenos Aires.
Las autoridades también señalaron que existen acusaciones sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, entre ellos supuestas alianzas con Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, información gubernamental refiere que una hija de Martins declaró tener conocimiento de sus nexos con actividades relacionadas con el narcotráfico.
El extraditado enfrentará en Argentina acusaciones por asociación delictuosa, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de dinero. La entrega fue autorizada por México en cumplimiento del Tratado de Extradición firmado con Argentina, luego de que las autoridades sudamericanas solicitaran formalmente su traslado.
La defensa de Martins intentó impedir la extradición durante aproximadamente siete años, mediante diversos juicios de amparo y recursos legales promovidos en Cancún, Quintana Roo, y Ciudad de México. Entre sus argumentos se encontraban su edad y estado de salud, pero los recursos fueron combatidos por la FGR, hasta concretarse la entrega a agentes argentinos para su traslado a ese país.
El presidente colombiano permitió operaciones militares conjuntas con Estados Unidos y la llegada de rescatistas israelíes, mientras el país atiende la emergencia sísmica.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, tomó dos decisiones que generaron controversia en plena emergencia por el terremoto de magnitud 7.4. La primera autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos en territorio colombiano.
El secretario de Defensa estadunidense, Pete Hegseth, confirmó el 12 de agosto en Panamá que Colombia autorizó a Estados Unidos realizar estas operaciones contra el narcotráfico. El anuncio marcó el ingreso formal de Colombia al Escudo de las Américas, coalición liderada por Washington.
Congresistas del Pacto Histórico, de izquierda, señalaron que esta decisión viola la Constitución colombiana. Según su interpretación, solo el Congreso tiene facultad para autorizar la presencia de tropas extranjeras en el país.
La oposición colombiana también calificó el anuncio como una “renuncia a la soberanía” nacional. Argumentan que correspondía al Senado permitir el tránsito de fuerzas militares extranjeras por territorio colombiano.
La segunda decisión permitió el ingreso de personal de la Fuerza de Defensa de Israel al país como parte de una misión humanitaria. Estos elementos llegaron a Cali para apoyar labores de rescate tras el sismo.
De la Espriella habló este sábado sobre una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.“Tuve una conversación muy cálida y enriquecedora con el primer ministro”, escribió en su cuenta de X.
El mandatario agradeció públicamente la ayuda humanitaria y el envío de rescatistas por parte de Israel. Poco después, el vocero del grupo israelí, Roni Kaplan, confirmó en la misma red social la presencia de 82 rescatistas en Colombia.
En cuanto al saldo del terremoto, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastrereportó 294 personas fallecidas y 3 mil 935 heridos. Las autoridades contabilizaron además 320 desaparecidos y 353 personas rescatadas con vida.
El sismo afectó a 15 de los 32 departamentos colombianos y a 448 municipios del país. Las autoridades estiman que 54 mil familias resultaron afectadas, mientras la población damnificada alcanzó las 115 mil personas.
Desde ayer comenzaron las labores de remoción de escombros en las ciudades más golpeadas, entre ellas Cali y Pereira. Ambos municipios registraron el mayor número de víctimas mortales durante el desastre natural.
El gobierno de Costa Rica abrió una investigación contra 116 agentes policiales señalados en un informe de inteligencia por presuntos nexos con organizaciones dedicadas al narcotráfico, la trata de migrantes y el contrabando de alcohol.
El gobierno de Costa Rica anunció la apertura de una investigación contra 116 policías luego de que se filtrara un informe de inteligencia que los relaciona con bandas dedicadas al narcotráfico, la trata de migrantes y el contrabando de alcohol. El documento, elaborado por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública, fue divulgado por el diario La Nación y motivó el inicio de las pesquisas.
Durante una conferencia de prensa, la presidenta Laura Fernández afirmó que “no vamos a tolerar ninguna corrupción en los cuerpos policiales”, al tiempo que el ministro de Seguridad, Gerald Campos, anunció que el expediente será remitido a la Fiscalía para que investigue tanto a los agentes presuntamente implicados como a los funcionarios que recibieron el informe meses atrás y no iniciaron ninguna acción.
De acuerdo con el reporte, algunos de los policías señalados habrían brindado protección a grupos criminales, fungido como escoltas y coordinado aterrizajes clandestinos de aeronaves presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas. Campos aseguró que, tras revisar el caso, se comprobó que durante la administración anterior no se ordenó ninguna investigación pese a contar con el documento.
La mandataria sostuvo que los agentes que sean encontrados culpables enfrentarán penas de prisión en centros de máxima seguridad y subrayó que su gobierno mantendrá una política de mano dura contra el crimen organizado, al que atribuye el incremento de la violencia y la criminalidad en un país que durante décadas fue considerado uno de los más seguros de Centroamérica.
Desde Tomás Yarrington y Mario Villanueva hasta Roberto Sandoval, Jesús Reyna y Eugenio Hernández. Diversos exgobernadores y dirigentes del PRI han sido investigados, detenidos o condenados por vínculos con el narcotráfico.
A lo largo de las últimas décadas, diversos políticos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sido investigados, detenidos, procesados o condenados por presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico y el crimen organizado. Los casos abarcan desde exgobernadores y dirigentes nacionales hasta funcionarios estatales.
Uno de los antecedentes más conocidos se remonta a Sinaloa, donde el entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis fue señalado históricamente por haber brindado protección política aMiguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara. A ello se suman los señalamientos contra el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, cuyo cuñado, Rubén Zuno Arce, fue condenado en Estados Unidos por su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y el secuestro del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.
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Durante los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid, distintas investigaciones y testimonios han señalado que el Cártel de Guadalajara operó bajo un entorno de protección institucional que permitió el crecimiento de figuras como Ernesto y Rafael Caro Quintero.
Posteriormente, en el sexenio de Ernesto Zedillo, también surgieron versiones sobre vínculos entre el entorno familiar presidencial y los hermanosJesús y Adán Amezcua Contreras, conocidos como “Los Reyes de las Metanfetaminas” y líderes del Cártel de Colima, aunque nunca se acreditó responsabilidad penal contra el expresidente.
Entre los casos con consecuencias judiciales destaca el de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, acusado de colaborar con el Cártel de Juárez. Fue procesado en México, extraditado a Estados Unidos y se declaró culpable de lavado de dinero relacionado con recursos provenientes de esa organización criminal. Tras cumplir condenas en ambos países, obtuvo prisión domiciliaria y posteriormente fue liberado por razones de salud.
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Otro de los expedientes más emblemáticos es el de Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas. Autoridades estadounidenses acreditaron que recibió sobornos del Cártel del Golfo y de Los Zetas, además de utilizar recursos ilícitos para adquirir propiedades en Estados Unidos. Extraditado desde Italia y posteriormente condenado por lavado de dinero, fue deportado a México en 2025, donde enfrenta nuevas investigaciones por delitos relacionados con el narcotráfico.
También enTamaulipas,Eugenio Hernández Flores, quien gobernó la entidad entre 2005 y 2010, ha enfrentado investigaciones por presunto lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales, incluidos señalamientos sobre posibles sobornos de Los Zetas. Aunque ha enfrentado procesos judiciales tanto en México como solicitudes de extradición, el caso continúa siendo uno de los más representativos del estado.
En Veracruz, el exgobernador Fidel Herrera Beltránfue señalado por un testigo identificado como contador del Cártel del Golfo de haber recibido recursos para financiar su campaña política. Aunque las acusaciones nunca derivaron en una condena judicial, su nombre permanece ligado a investigaciones.
En Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador priista, fue detenido en 2021 acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, el gobierno de Estados Unidos lo sancionó al señalar que recibió sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de los Beltrán Leyva a cambio de protección e información privilegiada. Su administración también quedó marcada por el caso del exfiscal Édgar Veytia, condenado en Estados Unidos a 20 años de prisión por tráfico internacional de drogas y por colaborar con organizaciones criminales.
En Michoacán, el entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa quedó envuelto en la polémica después de que su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, fuera videograbado reuniéndose con Servando Gómez “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios. Aunque Fausto Vallejo nunca fue procesado por narcotráfico, el caso golpeó severamente a su administración. Tras su salida del gobierno, el mandatario interino Jesús Reyna García fue detenido en 2014 acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud, luego de difundirse imágenes de reuniones con integrantes del mismo grupo criminal. Permaneció más de cuatro años en prisión antes de ser liberado por falta de pruebas suficientes.
Otro caso que generó repercusión internacional fue el de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI. En 2016 fue detenido en España por presunto lavado de dinero, organización criminal, cohecho y malversación de recursos. Aunque posteriormente recuperó su libertad por falta de pruebas para mantener el proceso en ese país, el caso deterioró aún más la imagen del partido.
A esta lista se suman otros exgobernadores priistas involucrados en procesos penales por distintos delitos de corrupción, entre ellos Mario Marín Torres, acusado por tortura; César Duarte Jáquez, procesado por corrupción y desvío de recursos; y Javier Duarte de Ochoa, sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Asimismo, el actual dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, enfrentó una investigación de la Fiscalía de Campeche por el presunto desvío de más de 83 millones de pesos durante su gestión como gobernador.
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Al menos una docena de exgobernadores priistas han enfrentado investigaciones por corrupción o vínculos con organizaciones criminales. Aunque no todos los expedientes concluyeron en sentencias condenatorias, varios de sus integrantes fueron detenidos, encarcelados, extraditados o condenados tanto en México como en Estados Unidos, dejando una de las listas de casos judiciales más amplias registradas para un partido político en el país.
La operación “Vanille” desmanteló uno de los mayores laboratorios de metanfetamina en Europa. La droga era enviada desde México oculta en cargamentos de aroma líquido de vainilla.
Las autoridades de España y Francia propinaron un fuerte golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al desarticular su estructura operativa en territorio español. Como resultado de la operación conjunta fueron detenidas 13 personas y aseguradas 2.5 toneladas de metanfetamina, una de las mayores incautaciones de esta droga registradas en Europa.
De acuerdo con la Policía Nacional de España y la Oficina Antidrogas de Francia (OFAST), la organización criminal estaba integrada por siete mexicanos, cuatro españoles y dos colombianos, quienes presuntamente introdujeron la droga desde México disuelta en casi 12.7 toneladas de aroma líquido de vainilla. Posteriormente, la sustancia era procesada en un laboratorio clandestino ubicado en una finca aislada de la provincia de Lleida, donde recuperaban la metanfetamina mediante procesos químicos de extracción, purificación y cristalización.
La investigación comenzó a principios de junio y culminó el 11 de julio con un operativo simultáneo en Lleida, Barcelona y Tarragona. Cinco personas fueron detenidas en Lleida, cuatro en Barcelona y cuatro más en Tarragona. De los capturados, 12 ya fueron enviados a prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de la red criminal en Europa.
Las autoridades calificaron la Operación Vanille como un éxito histórico, al lograr el desmantelamiento de uno de los mayores laboratorios de metanfetamina detectados en el continente europeo. El inspector jefe Alejandro Martín advirtió que la metanfetamina ha dejado de ser una amenaza potencial para convertirse en una realidad en España, aunque aclaró que, hasta el momento, el fentanilo no ha logrado establecerse en ese país.
El operativo representa un nuevo revés para las operaciones internacionales del CJNG, considerado uno de los grupos delictivos con mayor capacidad de expansión fuera de México. La colaboración entre las autoridades de España y Francia permitió frenar una red que utilizaba sofisticados métodos para ocultar el tráfico de drogas y abastecer el mercado europeo de metanfetamina.
