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En México hemos llegado a un punto donde la realidad política parece escrita como guion de película: declaraciones públicas, acusaciones cruzadas, expedientes en cortes de Estados Unidos, nombres que se repiten, personajes que se victimizan y una sociedad que, por momentos, finge sorpresa ante lo que todos han sabido durante años.

Si algo tiene el sistema americano es que cree en la palabra rendida ante una autoridad. Cuando un político, un testigo, un acusado o un operador declara ante fiscales, agencias o tribunales, esas palabras no se quedan en el aire. Se integran a carpetas, investigaciones, acuerdos de cooperación, acusaciones formales y procesos judiciales. Por eso no es casualidad que muchos casos de narcotráfico terminen revelando no solamente rutas, cargamentos y capos, sino también redes de protección, omisión y complicidad política.

El problema no nació ayer. Tampoco se puede reducir a Trump, a López Obrador, a Claudia Sheinbaum o a cualquier figura del momento. La raíz viene de más atrás: de los años en que se permitió que el crimen organizado creciera hasta volverse una estructura social, económica y política. México no solo enfrenta narcotráfico; enfrenta una permeabilidad criminal que entró por los negocios, las policías, los gobiernos locales, las campañas, los restaurantes, los conciertos, los permisos, las aduanas, los puertos y hasta las fiestas familiares.

Seamos realistas: cualquier autoridad policiaca en México sabe dónde comen, dónde duermen, dónde se pasean, qué negocios tienen, con quién conviven y quiénes son los amigos visibles de muchos operadores criminales. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. La diferencia es que allá, muchas veces, esperan el momento procesal para detenerlos; en México, demasiadas veces, parece que se espera el momento político para no tocarlos.

No hace falta ser agente del FBI, de la DEA o de la FGR para entender ciertas señales. En Culiacán, en Veracruz, en Cancún o en cualquier ciudad donde el dinero ilícito se exhibe sin pudor, la sociedad ve lo que la autoridad dice no ver: deportivos imposibles de justificar, fiestas de cientos de miles de pesos, grupos musicales carísimos, invitados sospechosos, consumo abierto de drogas, escoltas improvisados, ropa de firma usada como uniforme de poder y una cultura que romantiza al delincuente como si fuera personaje de corrido.

Entonces la pregunta no es si se sabe. La pregunta es: ¿por qué los dejan?

¿Por qué siguen viviendo con impunidad? ¿Por qué siguen operando negocios? ¿Por qué siguen apareciendo en eventos públicos? ¿Por qué un político no teme tomarse una fotografía con alguien de reputación criminal, sabiendo que esa imagen puede terminar mañana en manos de sus opositores, de periodistas o de agencias estadounidenses?

Ahí está la falla central: México no necesita más diagnósticos; necesita voluntad real. Porque cuando una gobernadora declara públicamente que antes había gobiernos que se coludían con el narco pero “lo controlaban”, el país debería detenerse a pensar en la gravedad de esa frase. ¿Desde cuándo aceptar una colusión “controlada” puede presentarse como orden? ¿Dónde quedó la autoridad? ¿Dónde quedó el respeto a la ley? ¿Dónde quedó la frontera entre gobernar y administrar criminales?

Estados Unidos tampoco actúa siempre de la forma correcta. Su presión, sus intereses y sus tiempos no siempre coinciden con la soberanía ni con la justicia mexicana. Pero México tampoco puede esconderse detrás del discurso nacionalista para no limpiar su propia casa. Si las cortes estadounidenses han logrado sentencias contra exfuncionarios mexicanos de altísimo nivel, el mensaje es brutal: lo que México no quiso, no pudo o no se atrevió a procesar, terminó procesándose afuera.

El caso de Genaro García Luna es el símbolo más duro de esa contradicción. Un hombre que fue presentado como arquitecto de la seguridad mexicana terminó condenado en Estados Unidos por proteger al Cártel de Sinaloa. No se trató de un rumor de sobremesa, sino de un juicio, una condena y una sentencia superior a 38 años. Ese caso no solo mancha a una persona; obliga a revisar una época completa, una estrategia completa y una clase política que hoy prefiere mirar hacia otro lado.

Y mientras tanto, la vida cotidiana sigue atrapada entre miedo e impunidad. La extorsión crece, los homicidios no se castigan en su mayoría, los desaparecidos se acumulan y los periodistas siguen pagando con amenazas o con la vida el costo de contar lo que muchos prefieren ocultar.

La ficción está en pretender que nadie sabe. La realidad está en que todos saben demasiado.

Sinaloa, por ejemplo, no puede explicarse solamente como un problema de seguridad. Es una cultura de tolerancia construida durante décadas. Un estado marcado por vínculos históricos con el narcotráfico, donde ciertos usos, fiestas, lenguajes, símbolos y formas de presumir riqueza funcionan como señales sociales. No todos son criminales, por supuesto, y sería injusto generalizar. Pero tampoco se puede negar que hay códigos visibles que han normalizado la cercanía con el dinero sucio.

Lo mismo ocurre en muchas regiones de México. El crimen no crece solo porque haya delincuentes; crece porque encuentra quien le venda, quien le rente, quien le cante, quien le lave, quien le avise, quien le cobre, quien le perdone, quien lo invite y quien lo salude de abrazo en un evento público.

Ahí empieza la verdadera permeabilidad: en el mexicano que permite, tolera, presume, calla o se beneficia. En el empresario que acepta dinero sin preguntar. En el político que busca estructura electoral. En el policía que cobra cuota. En el funcionario que firma permisos. En el ciudadano que admira al delincuente porque “le fue bien”.

Por eso esta historia no es de un solo partido ni de un solo sexenio. Es una película larga, con demasiados capítulos, demasiados actores y demasiados silencios. Una película donde todos acusan a todos, pero pocos aceptan que el problema se volvió nacional porque durante años se le permitió entrar a la vida pública, privada y cultural del país.

México no necesita otra temporada de Pulp Ficción política. Necesita dejar de actuar sorprendido y empezar a desmontar, desde la raíz, la estructura social que protege al crimen.

Porque el narco no solamente se combate con operativos.

Se combate dejando de admirarlo.

Se combate dejando de invitarlo.

Se combate dejando de justificarlo.

Se combate cuando la autoridad deja de fingir que no ve lo que todos vemos.

México vive una especie de guerra fría política. No hay tanques recorriendo las calles ni misiles apuntando hacia el horizonte, pero sí existe una confrontación permanente entre narrativas, ideologías, medios de comunicación, grupos de interés y actores políticos que parecen haber convertido la discusión pública en una batalla sin tregua.

Hoy cualquiera puede convertirse en analista político. Las redes sociales están llenas de expertos, comentaristas, influencers y comunicadores que diariamente construyen argumentos para demostrar que el país vive la peor crisis de su historia. El problema no es la crítica. La crítica es necesaria en cualquier democracia. El problema surge cuando la crítica se convierte en una industria y el fracaso nacional se vuelve un negocio rentable.

Conversando con un amigo hace algunos días, me decía algo que llamó mi atención. “Cuando platico con algunas personas parece que el actual gobierno acabó con sus vidas”. Escuchas que México está destruido, que el narcotráfico controla todo, que vivimos bajo un narcogobierno, que la corrupción está fuera de control, que la gente ya no quiere trabajar porque recibe apoyos sociales y que el país se encuentra al borde del colapso.

Después aparecen los videos, los expedientes, los análisis políticos y las investigaciones que circulan diariamente en plataformas digitales. Todo parece perfectamente documentado y sustentado. Sin embargo, pocas veces se escucha la pregunta más importante: ¿de dónde venimos como país?

Porque para entender el presente es necesario recordar el pasado.

Quienes vivimos los años más violentos de la llamada guerra contra el narcotráfico recordamos perfectamente lo que ocurría en las calles mexicanas. Durante el sexenio de Felipe Calderón muchas ciudades parecían vivir bajo un toque de queda no declarado. Familias enteras evitaban salir por las noches. Los secuestros, las extorsiones y los enfrentamientos armados eran parte de las conversaciones cotidianas.

Las imágenes de cuerpos abandonados en avenidas, personas decapitadas, restos humanos encontrados en espacios públicos y convoyes armados circulando con absoluta impunidad quedaron grabadas en la memoria colectiva de millones de mexicanos. Hubo una generación completa que creció viendo escenas que nunca debieron normalizarse. Muchos se hicieron más fuertes. Otros quedaron profundamente marcados por aquellas imágenes que aparecían diariamente en periódicos y noticieros.

Yo mismo recuerdo recibir una llamada de mi madre completamente alterada diciéndome: “Hijo, ven por mí, acaban de matar a un niño frente a mí”. Son recuerdos imposibles de borrar y que hacen difícil aceptar que algunos hablen como si la violencia hubiera nacido apenas hace unos años.

Y si retrocedemos aún más, tampoco podemos olvidar la crisis económica de 1994. Miles de familias perdieron sus viviendas, negocios y ahorros. Padres de familia vieron desaparecer el patrimonio construido durante décadas. Algunos jamás lograron recuperarse económicamente. Otros quedaron atrapados en deudas que marcaron el resto de sus vidas.

Por eso resulta sorprendente observar cómo ciertos sectores políticos parecen sufrir de amnesia selectiva.

Porque sí, México enfrenta problemas graves. Sería absurdo negarlo. Existen regiones donde la delincuencia continúa siendo una amenaza. Persisten prácticas de corrupción. Hay instituciones que requieren fortalecerse. Existen desafíos enormes en materia de seguridad, salud, educación e impartición de justicia.

Pero también es cierto que México no es el único país donde políticos han sido señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales. A lo largo de la historia moderna han existido funcionarios de distintos partidos acusados de permitir la operación de grupos delictivos, de utilizar estructuras criminales para fines electorales o de construir redes de protección política. Los expedientes judiciales, las investigaciones periodísticas y los procesos legales abiertos tanto en México como en el extranjero han demostrado que el problema no pertenece a una sola fuerza política ni a una sola época. Es un fenómeno complejo que se ha desarrollado durante décadas y que exige instituciones más fuertes, no solamente discursos más agresivos.

Lo preocupante es cuando algunos actores parecen apostar al fracaso nacional como estrategia política.

Porque existe una diferencia enorme entre señalar errores para corregirlos y desear que el país fracase para obtener beneficios electorales.

A veces pareciera que ciertos grupos políticos, económicos y mediáticos necesitan que México esté mal para justificar su propia existencia. Como si la tragedia nacional fuera la única plataforma desde la cual pudieran construir una narrativa de rescate.

De pronto aparecen empresarios que aseguran tener todas las respuestas para salvar al país. Líderes de opinión que prometen soluciones inmediatas. Políticos que se presentan como los únicos capaces de corregir el rumbo nacional. Pero la realidad es mucho más sencilla.

México no necesita salvadores.

México necesita servidores públicos eficientes.

Necesita mejores escuelas.

Necesita mejores hospitales.

Necesita universidades modernas.

Necesita carreteras seguras.

Necesita oportunidades para quienes menos tienen.

Necesita que los recursos públicos lleguen a donde verdaderamente se necesitan.

Necesita que el estudiante sea la prioridad del sistema educativo.

Que el paciente sea la prioridad del sistema de salud.

Que el contribuyente sea respetado.

Que el ciudadano reciba atención digna sin importar su condición económica.

Ese debería ser el verdadero debate nacional.

No quién gana la próxima elección.

No quién obtiene más seguidores en redes sociales.

No quién produce el video más viral.

La discusión debería centrarse en cómo construir un país donde cada generación viva mejor que la anterior.

Y en medio de esta confrontación permanente hemos llegado a un punto donde incluso los espacios que antes servían para unir a los mexicanos se han convertido en motivo de disputa política.

Hoy vemos a los mismos mexicanos que diariamente hablan de patriotismo, identidad nacional y amor por el país, cuestionar y hasta promover el boicot de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, un evento que debería traer alegría, inspiración y motivación a millones de niños y jóvenes.

Recuerdo perfectamente la emoción que se vivía cuando se acercaba un Mundial. Las calles se llenaban de balones. Los parques se convertían en estadios improvisados. Miles de niños soñaban con representar algún día a México. Las familias se reunían frente a la televisión y durante noventa minutos desaparecían las diferencias políticas, económicas y sociales.

Aquellos eventos despertaban disciplina, compañerismo, trabajo en equipo y esperanza.

Por eso resulta difícil entender que hoy algunos sectores parezcan más interesados en encontrar razones para desacreditar un acontecimiento internacional que en aprovechar la oportunidad para fortalecer el turismo, la economía y, sobre todo, la ilusión de las nuevas generaciones.

El Mundial no pertenece a un partido político.

No pertenece a un gobierno.

No pertenece a una ideología.

Pertenece a los niños que sueñan con jugar fútbol.

Pertenece a los jóvenes que encuentran en el deporte una alternativa de vida.

Pertenece a las familias mexicanas que merecen momentos de alegría y orgullo nacional.

Porque cuando una sociedad pierde la capacidad de celebrar sus propios logros y convertir sus éxitos en motivos de unidad, corre el riesgo de quedarse atrapada en una confrontación permanente donde todo es motivo de enojo, de crítica y de división.

Hace poco alguien me preguntó si yo apoyaba a Morena. Mi respuesta fue simple. No se trata de apoyar partidos políticos.

Se trata de reconocer cuando existen avances y señalar cuando existen errores.

Considero que la presidenta Claudia Sheinbaum está realizando un trabajo importante y que el proyecto de nación impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador transformó aspectos fundamentales de la vida pública mexicana. Eso no significa que todo esté resuelto ni que no existan problemas pendientes.

Ningún gobierno posee una varita mágica.

Ningún presidente puede corregir en unos cuantos años problemas acumulados durante generaciones.

Lo que sí podemos hacer como sociedad es abandonar la guerra permanente de narrativas y concentrarnos en aquello que verdaderamente importa.

Porque mientras unos pelean por el poder y otros por el micrófono, millones de mexicanos simplemente siguen esperando mejores oportunidades para vivir, estudiar, trabajar y salir adelante.

Y al final del día, ese es el México que la mayoría queremos construir: un país donde las diferencias políticas no sean más grandes que nuestro deseo de vivir mejor, donde la crítica sirva para mejorar y no para destruir, y donde el bienestar de las personas esté siempre por encima de cualquier interés partidista.

Ese debería ser el verdadero proyecto de nación.