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El tema del narcotráfico y la seguridad del país siempre ha sido relevante; no obstante, fue hasta el fraude de 2006 y la llegada del espurio Felipe Calderón a la Presidencia de nuestro país cuando adquirió una dimensión nacional sin precedentes.

Ojalá la relevancia hubiera sido por un combate frontal contra los capos que no solo apostaban por la venta de estupefacientes, sino que también incursionaban en otros giros delictivos como el secuestro. Sin embargo, no fue así. La notoriedad de los cárteles de la droga se debió a la violencia desmedida, una violencia impulsada por el gobierno del panista, que, lejos de combatir al crimen, lo potenció con su fallida estrategia de guerra.

Por años, se sabía que los capos estaban estrechamente ligados a los altos mandos políticos del país, pero era un tema apaciguado, confinado a ciertos rincones de la República. Se conocía el poderío de los narcos, pero su presencia no era tan avasalladora ni tan letal para la población civil como lo fue después de 2006.

Como decía Andrés Manuel López Obrador, Calderón golpeó el avispero del crimen organizado y, en el proceso, se alió con uno de los cárteles para favorecerlo y despejarle el camino para convertirse en el más importante: el Cártel de Sinaloa.

Esta alianza no solo está documentada, sino que su principal operador, el hombre encargado de la supuesta lucha contra el narcotráfico, está purgando una condena en Estados Unidos por narcotráfico. Claro, hablamos de Genaro García Luna, el artífice de una estrategia que dejó muerte, corrupción y descomposición institucional a su paso, avalado por Felipe Calderón Hinojosa.

Resulta irónico que, casi 20 años después de aquel episodio sangriento e histórico, el país aún no se haya recuperado por completo y que quienes originaron esa debacle ahora pretendan construir narrativas para acusar al actual gobierno de vínculos con el crimen organizado.

Mucho se ha dicho que AMLO recibió del Cártel de Sinaloa dos millones de dólares para su campaña de 2006, en una época en la que el dólar rondaba los 10.90 pesos. Es decir, que de los 899 millones 127 mil 845 pesos que gastó en campaña, suponen que el crimen aportó 20 millones, apenas el 2.22% de todo lo invertido. No tiene congruencia.

Pero la principal incongruencia en esa narrativa es que, cuando Felipe Calderón se robó la Presidencia, el grupo delictivo más beneficiado por su gobierno fue precisamente el Cártel de Sinaloa.

La mentira de que los gobiernos morenistas están ligados al crimen organizado se desmoronó aún más este sábado 1 de marzo, cuando se emitió una orden de aprehensión contra Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, quien tenía hasta un búnker y rutas de escape blindadas en su propia casa.

Esta noticia no es solo una más sobre políticos de oposición vinculados al crimen organizado. Silvano Aureoles no solo fue gobernador, sino también el principal financiador del medio de comunicación Latinus y, por lo tanto, el patrocinador estrella del “periodista” Carlos Loret de Mola, quien ha dedicado los últimos años de su carrera a fabricar “reportajes” para atacar al gobierno de AMLO y ahora al de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, la oposición que acusa sin pruebas es la que, en los hechos, está hundida en la podredumbre del crimen.

El discurso de los sectores conservadores es una paradoja en sí mismo: quienes incendiaron el país con su guerra absurda hoy juegan a ser los defensores de la paz. Quienes se beneficiaron de la complicidad con el narco ahora quieren dictar lecciones de moral pública. Quienes usaron el periodismo como herramienta de propaganda y encubrimiento hoy se presentan como adalides de la verdad. No hay mayor cinismo que el de los derrotados aferrados a su propio engaño.

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Si entendemos la política desde la perspectiva occidental y capitalista, se reduce a la disputa por el control del poder económico, social y coercitivo, dejando en segundo plano el bienestar social y la reducción de desigualdades. La lucha no se centra en mejorar la vida del pueblo, sino en fortalecer estructuras de privilegio que benefician a unos pocos.

Durante décadas, esta visión imperó en México. La administración pública no se concebía como un espacio para el servicio, sino como un negocio redondo donde los gobernantes se enriquecían a costa del erario, relegando las necesidades del pueblo a un plano secundario. El Estado se convirtió en un mecanismo para la acumulación de riqueza de la élite política y económica, consolidando un sistema profundamente desigual.

Es evidente que cualquier cambio cultural enfrenta resistencias feroces de quienes se benefician del statu quo. La derecha mexicana, históricamente aferrada a sus privilegios, no ha escatimado en esfuerzos para mantener intactos sus intereses, recurriendo a la manipulación mediática, la desinformación y la difamación como herramientas para socavar cualquier intento de transformación.

Desde antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de la Ciudad de México y, posteriormente, a la Presidencia de la República, la lucha política giraba en torno al control de la narrativa pública. El poder económico determinaba el discurso y protegía a sus beneficiarios: los políticos en turno no podían ser cuestionados, y mucho menos, señalados por corrupción o abuso de poder, es decir; no podían ser tocados con el pétalo de una flor.

Sin embargo, todo cambió con la llegada de AMLO. Su gobierno impulsó una transformación profunda que desestabilizó los cimientos del viejo régimen. Ante la imposibilidad de competir con propuestas, la derecha recurrió a la estrategia más ruin de la propaganda: la mentira sistemática. Su política se basa en la desinformación, en la fabricación de crisis y en la generación de pánico social como un mecanismo para preservar sus intereses.

Repetir una mentira hasta que se convierta en verdad se ha convertido en su estandarte. Apelan a la psicología de la repetición: cuanto más se difunde una falsedad, más se internaliza como realidad. Un ejemplo claro fue el informe de seguridad del gobierno de la Ciudad de México, que, con estadísticas verificables y el respaldo de la ciudadanía, mostró avances significativos en la reducción de delitos. A pesar de ello, la derecha insistió en que los datos estaban manipulados, sin presentar pruebas ni argumentos sólidos.

Otro caso evidente fue la narrativa sobre la propiedad privada. Se intentó instalar la idea de que el gobierno de Clara Brugada pretendía expropiar viviendas, un discurso basado en la mentira absoluta, sin sustento alguno, pero con una carga emocional diseñada para generar miedo e indignación. Al más puro estilo de la propaganda nazi, se apeló al temor irracional para deslegitimar un proyecto de gobierno que busca mejorar las condiciones de vida de la población.

Lo mismo ocurrió con los programas sociales. Se les tachó de “populismo”, “compra de votos” y “despilfarro”, cuando en realidad han sido herramientas fundamentales para reducir la pobreza y la desigualdad. Para la derecha, garantizar derechos es un peligro, pues amenaza su monopolio del poder. Por eso, han utilizado la desinformación para convencer a sectores de la población de que mejorar sus condiciones es, paradójicamente, un daño para ellos.

El problema no es solo la mentira, sino su impunidad y la suavidad de abordar estos temas por parte del gobierno. La manipulación mediática ha sido una constante en la historia política del país, y en tiempos de redes sociales, las fake news se han convertido en un arma aún más poderosa. La derecha no necesita demostrar nada, solo sembrar la duda, explotar el miedo y aprovechar la desconfianza.

Es claro que permitir que este juego de la derecha avance es peligroso para toda la sociedad, incluso, sin escrúpulos, los panistas y la derecha, utilizan estrategias antidemocráticas como el acoso y criminalidad de la prensa libre (caso Salinas Pliego) o promueven una invasión extranjera con tal de mantener sus propios privilegios. Es necesario que, en el caso del Gobierno Federal, la Presidenta Sheinbaum debería de comenzar a implementar mano dura en contra de quienes utilizan la ilegalidad para atentar con mentiras en contra del gobierno, mientras que, en el caso del gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada debería de empezar a controlar la narrativa y no hablar en medios cuatro o hasta cinco días después de que la mentira ya hizo estragos.

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