Matan al regidor de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Franco Palomera, en Jalisco; crece la presión por inseguridad en el estado.
El regidor de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Franco Palomera, fue asesinado la mañana de este 30 de abril en el municipio de Talpa de Allende, en la región Sierra Occidental del estado. El funcionario, conocido como“Kito” Franco, murió tras recibir un disparo de arma de fuego en la colonia San Rafael, lo que evidencia la inseguridad que se vive en el estado de Pablo Lemus.
De acuerdo con el coordinador estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, policías municipales acudieron al sitio ubicado en la calle 5 de Febrero luego de escuchar una detonación mientras realizaban labores de vigilancia. Al llegar, encontraron al regidor sin signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.
Tras el ataque, un agente del Ministerio Público abrió una carpeta de investigación, mientras peritos forenses realizaron el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles responsables ni el móvil del crimen, debido a lo reciente de los hechos.
El homicidio de Franco Palomera se suma a una serie de hechos violentos contra funcionarios locales en Jalisco. En febrero pasado, fue asesinada la regidora Blanca Esthela Álvarez Chávez en Manzanilla de la Paz, lo que pone sobre el reflector el papel del gobernador Pablo Lemus, pues no logra controlar la seguridad y prosiguen los hechos violentos.
El gobernador de Jalisco ha gastado más de 21 millones de pesos en la difusión de su primer informe de gobierno, campañas ambientales y obras; también ha destinado casi la mitad de los recursos a cubrir su “huella digital”, pagándole a Estrategia de Creación y Contenido, ligada a Badabun, más de 8 millones de pesos para eliminar de internet todo contenido que lo comprometa o contradiga.
En el primer bimestre de 2026, el Gobierno de Jalisco derrochó 21 millones 796 mil 551 pesos en publicidad. Un gasto ejercido, principalmente, en la difusión del Primer Informe de Gobierno de Pablo Lemus, gobernador de la entidad.
Entre los proveedores mejor pagados destacan Televisa S. de R.L; TV Azteca S.A.B de C.V; Puerto Vallarta Opina Ediciones, Radiodifusoras de Occidentes, entre otros influencers y televisores a quienes Lemus pagó millones para difundir su informe, transmitido el 6 de noviembre de 2025.
Además de ello, el gobernador de Movimiento Ciudadano ha invertido unos 8 millones de pesos en estudios de mercado, que van desde el análisis de la conversación pública hasta el monitoreo de medios especializados en política y finanzas.
Entre enero y febrero de 2026, la administración de Pablo Lemus desembolsó 254 mil pesos para pagar a TV Azteca y Televisa la difusión de su primer informe. A esto se sumó el pago millonario por la difusión de una campaña llamada “Cuidado con el Aire”, además de otros 8 millones en servicios de análisis de mercado. El gobierno de Jalisco, al igual que el de Nuevo León, ha utilizado la publicidad como un arma de guerra y posicionamiento político.
El objetivo de los gobernadores emanados de MC es generar un impacto positivo entre las audiencias, aun cuando sus administraciones, en los hechos reales, han dejado de lado los problemas reales de la ciudadanía.
Desde que se desempeñaba como alcalde de Zapopan, Pablo Lemus y su esposa María Elena Villa (Maye) utilizaron el poder de las redes sociales para catapultar su imagen pública.
De ahí que el gobernador de Jalisco, quien cuenta con una aceptación de 53%, de acuerdo con la empresa de encuestas Mitosfsky, no escatima dinero a la hora de “invertir los recursos públicos” en casas encuestadoras.
Al gobernador emecista parece interesarle mucho dónde está la atención de la conversación pública. El primer mandatario de Jalisco también pone especial interés en presumir sus obras y sus viajes de trabajo al extranjero. También le interesa mucho conocer las debilidades de sus adversarios políticos.
En lo que va de 2026, Lemus ha contratado los servicios de al menos tres consultoras para dichos fines. Entre ellas Creación de Contenido y Estrategia 360 S.A de C.V, que figura como una de las proveedoras mejor pagadas en materia de comunicación y marketing.
Entre enero y febrero, el Gobierno de Jalisco entregó a Creación de Contenido y Estrategia un total de 5 millones 555 mil 555 pesos, que fueron diferidos en cinco partidas por distintos conceptos. Dos de ellos atribuidos a la filmación de un “cortometraje”, cuyo precio se fijó en 10 millones de pesos, pero que, hasta el momento, el gobierno de Jalisco no ha especificado de qué se trata.
Lo más alarmante es que, de acuerdo con la adjudicación directa AD/025, el Gobierno de Jalisco deberá entregas otros siete millones y medio para cubrir el total del pago por el cortometraje.
Es importante destacar que Creación de Contenido y Estrategia es una empresa mexicana ligada a Badabun, otra promotora con sede en Tijuana, Baja California, especializada en la creación y viralización de contenido sensacionalista.
En 2019, la empresa enfrentó una serie de señalamientos que se vitalizaron luego de que varios de los YouTubers que colaboraban con la marca denunciaron al CEO, César Morales Jiménez, por acoso sexual y laboral.
Tras el escándalo, Badabun comenzó a buscar clientes entre la clase política a quienes promete “borrar” contenido comprometedor de la red.
En octubre de 2025, la Red de Defensa de los Derechos Digitales documentó cómo Harry Rodríguez, diputado plurinominal en Yucatán, y Andrés Fernández, diputados del Verde Ecologista, recurrieron a Badabun para retirar de X un video en el que aparecían en estado de ebriedad.
Finalmente, Rodríguez perdió su cargo como dirigente estatal del PVEM.
Otro político que ha recurrido a Badabun para eliminar de la red contenido comprometedor es Jorge Álvarez Maynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, quien pagó para retirar en 2024 un video -que él mismo subió- y en el que aparecía junto a Samuel García en estado de ebriedad.
Desde el proceso electoral de 2024, Creación de Estrategia y Contenido ha prestado servicios al Partido Verde Ecologista de México y a Movimiento Ciudadano para eliminar de plataformas y buscadores información que pudiera perjudicar a algunos de sus miembros.
En un momento en el que la realidad se mezcla con la ficción en el universo del internet, la estrategia de los partidos políticos y sus miembros ha evolucionado para enfocarse en la creación de una narrativa de hombres exitosos que hacen todo bien.
La situación en Guadalajara cada vez es más preocupante, servicios deficientes, calles en mal estado y falta de atención a la ciudadanía. Mientras el enojo social crece y se habla de revocación de mandato, las autoridades son señaladas por no dar soluciones y mantenerse alejadas de los problemas reales.
En Guadalajara el descontento ya es más que claro, puesto que vecinos de distintas colonias coinciden en lo mismo: la ciudad está descuidada y nadie se hace cargo. Lo que antes eran quejas, hoy son reclamos contra quienes gobiernan.
Verónica Delgadillo y Pablo Lemus se encuentran en el centro de las críticas. Son señalados por la gente, piden puntualidad y exigen pagos, pero no son buenos para resolver problemas básicos. ¿Qué se espera de un gobierno egoísta-emecísta que exige pero no responde?
Una de las grandes problemáticas es el agua. Existen reportes de agua sucia en varias colonias, algo que afecta directamente a las familias. Aún así, no hay explicaciones claras ni soluciones visibles aumentando las quejas.
A esto se añade la actitud de las autoridades, mientras la población exige respuestas, las declaraciones restan importancia al enojo social. Es por ello que el hartazgo ha llegado al punto de hablar de una revocación de mandato. Es una señal de que la gente ya no confía en un gobierno privilegiado y clasista y quiere un cambio.
Guadalajara se encuentra viviendo un momento complicado, cuando la gente siente que nadie la escucha y que los problemas crecen sin solución, se convierte en presión, y hoy esa presión va directamente contra quienes están al frente del gobierno.
Con el fin de facilitar la revocación del mandato de Pablo Lemus, legisladores de Morena y PT impulsan reformas que disminuirían los requisitos y critican la gestión del gobernador en Jalisco.
Legisladores de Morena y del Partido del Trabajo presentaron este lunes una propuesta en el Congreso de Jalisco. Su objetivo es facilitar la revocación del mandato del gobernador Pablo Lemus Navarro. En rueda de prensa, destacaron la necesidad de eliminar “candados” legales que limitan la supervisión de su gestión.
La propuesta incluye cambios al artículo 11 de la Constitución del estado y a la Ley del Sistema de Participación para la Gobernanza. Los legisladores quieren reducir el porcentaje de firmas requeridas para iniciar el proceso de revocación, de un 3% a un 1% del padrón de electores. También buscan bajar el umbral de asistencia a las urnas, del 40% al 30%.
El diputado Almaguer Castañeda comentó que la actual norma dificulta el acceso de la población a la consulta ciudadana. Entre los motivos de esta iniciativa se encuentra la contaminación del agua, que, según los legisladores, causa enfermedades en comunidades de El Salto y Juanacatlán.
La falta de acción del gobernador y las medidas que favorecen la gentrificación también fueron mencionadas como razones de peso. Los legisladores aseguran que el alto costo de las rentas ha forzado a muchas familias a abandonar sus hogares y barrios. Esto, a su vez, ha incrementado el riesgo de la niñez ante la violencia de grupos criminales.
Erika Pérez y José Luis Sánchez, líderes de Morena y del PT en Jalisco, respaldan esta medida. Con esta propuesta, buscan fortalecer las herramientas de acción ciudadana y promover una evaluación del desempeño del gobernador.
La crisis de agua sucia, el caos en las calles y los pleitos sin control exhiben a un gobierno fallido en Guadalajara. A dos meses del Mundial 2026, Pablo Lemus y Verónica Delgadillo enfrentan reclamos por una ciudad que se deteriora cada vez más.
Guadalajara ya no puede ocultar lo evidente, el agua que sale de las llaves está sucia, con mal olor y en muchos casos ni siquiera llega a las casas. A dos meses del mundial, la ciudad que Movimiento Ciudadano quería presumir al mundo muestra su peor lado: lo básico no funciona y la gente paga las consecuencias todos los días.
El abandono no se puede ocultar. Ciudadanos de más de 170 colonias afectadas en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque viven con agua de color café. Mientras las autoridades hablan de “situaciones imprevistas”, los vecinos llevan días, y en algunos casos semanas, denunciando esta situación sin que nadie resuelva algo.
Las explicaciones oficiales suenan más a pretextos: que si descargas, que si tuberías viejas, pero la pregunta es: ¿Por qué dejaron que esto pasara? Lo que hoy indigna a la gente no solo es el agua sucia, sino que de los responsables nadie estaba haciendo su trabajo.
Pablo Lemus enfrenta esta crisis con respuestas lentas y poco claras, puesto que su gobierno parece ir siempre detrás del problema, tratando de apagar el conflicto cuando ya todo está fuera de control. La falta de rumbo es evidente y la molestia crece en las calles.
La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, tampoco logra salir invicta, pues su postura ha sido traducida como distante y sin fuerza. En momentos así, la falta de carácter político se vuelve parte del problema.
Y mientras el agua falla, la ciudad también se derrumba con bloqueos, protestas y pleitos entre conductores de aplicaciones y taxistas, lo que complica el tránsito en zonas claves como el aeropuerto. Viajar y moverse por la ciudad se ha vuelto un problema.
Esta situación tampoco es nueva. Que si la alza de tarifas al transporte público, taxis de app que pelean por un lugar en el aeropuerto, el descontento con la movilidad está fuera de control. Nadie pone orden ni media el problema. ¿El resultado? Una ciudad con tráfico detenido, usuarios afectados y una autoridad que parece alejarse de la realidad.
Así, Guadalajara llega al Mundial con una realidad que exhibe la falla de servicios, calles tensas y un gobierno que no logra dar respuestas. Movimiento Ciudadano prometió eficiencia y modernidad, pero hoy lo que se ve es desorden, desgaste y una ciudad que se les está cayendo de las manos.
Mientras la ciudad se alista para recibir a miles de visitantes, colonias enteras siguen recibiendo agua turbia, con mal olor y potencialmente contaminada, sin solución inmediata.
A semanas del arranque del Mundial 2026, la zona metropolitana de Guadalajara enfrenta una crisis que pone en entredicho su capacidad para recibir turismo internacional: el suministro de agua potable sucia.
Habitantes de colonias como La Aurora reportan que el líquido llega turbio y con mal olor, evidenciando una problemática que el propio Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) reconoce como grave y sin solución a corto plazo.
El director del Siapa, Ismael Jáuregui Castañeda, admitió que la infraestructura hidráulica está “completamente colapsada”, lo que impide garantizar la calidad del agua. A pesar de ello, el gobierno estatal encabezado por Pablo Lemus no ha presentado una estrategia integral de fondo, limitándose a medidas paliativas como la limpieza de tanques, insuficientes ante una red obsoleta que requiere inversiones millonarias.
La situación se agrava con los cortes de agua y baja presión en diversas colonias del oriente de la ciudad, derivados de trabajos emergentes en tanques de almacenamiento. En total, el Siapa administra al menos 119 tanques, muchos de ellos en condiciones críticas, lo que hace inviable concluir labores antes del inicio del evento deportivo internacional.
Investigadores de la Universidad de Guadalajara calificaron el problema como una “emergencia sanitaria y biológica”, tras detectar en el agua la presencia de algas, restos orgánicos e incluso invertebrados. Pese a ello, el gobierno de Lemus ha minimizado los riesgos, respaldándose en evaluaciones oficiales, mientras la población sigue expuesta a un servicio deficiente.
Además, crece el descontento social ante el cobro regular de tarifas por un servicio que no cumple estándares básicos. Aunque el Siapa analiza la posible condonación de pagos, la medida depende de decisiones administrativas y legislativas, lo que retrasa una respuesta concreta para miles de usuarios afectados.
La falta de previsión, inversión y atención oportuna por parte del gobierno estatal coloca a Guadalajara en una posición vulnerable frente al mundo. A días de un evento global, la ciudad no solo enfrenta un reto logístico, sino una crisis de salud pública que exhibe la incapacidad de la administración de Pablo Lemus para garantizar servicios básicos de calidad.
Con información de Juan Carlos Partida para La Jornada.
El caso que conmocionó al país por transmitirse en vivo sigue sin justicia, evidenciando fallas graves en la estrategia de seguridad estatal.
El feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, permanece sin detenidos a casi un año del ataque, lo que ha desatado críticas contra el gobierno estatal encabezado por Pablo Lemus, señalado por la falta de resultados en la investigación.
La joven de 23 años fue asesinada a tiros dentro de su negocio mientras realizaba una transmisión en vivo, en un crimen que impactó a todo México por su brutalidad y difusión en redes sociales. A pesar de la evidencia videográfica y testimonios clave, las autoridades no han logrado capturar a ningún responsable.
La Fiscalía del Estado de Jalisco inició la investigación bajo el protocolo de feminicidio y recabó más de 30 declaraciones, además de analizar videos de cámaras de seguridad para reconstruir la ruta de escape del agresor. Sin embargo, los avances han sido insuficientes y no han derivado en detenciones.
El caso incluso escaló a nivel internacional cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó al presunto criminal Ricardo Ruiz Velasco, asociado al CJNG, como posible responsable. Aun con esta línea de investigación, las autoridades estatales no han concretado acciones efectivas.
La falta de resultados ha evidenciado una grave ineficiencia en la procuración de justicia en Jalisco, donde la impunidad persiste en casos de violencia contra mujeres. Colectivos y ciudadanos han cuestionado la estrategia de seguridad del gobierno de Pablo Lemus, al considerar que no ha habido avances reales.
A casi un año del crimen, familiares y seguidores de Valeria Márquez mantienen la exigencia de justicia, mientras el caso se convierte en símbolo de la impunidad y la incapacidad institucional para resolver feminicidios en el estado.
El respaldo de gobiernos de Movimiento Ciudadano al llamado “Congreso de Masculinidad más Grande de Latinoamérica” no sólo exhibe una cercanía con posturas conservadoras, sino que reaviva cuestionamientos por el uso de recursos públicos.
Entre promoción oficial, patrocinio institucional y exclusividad económica, el caso brinda un debate sobre los márgenes entre gobierno, religión y hasta agenda política. La presencia de logos oficiales, y una aportación de aproximadamente 400 mil pesos en financiamiento colocan el uso de recursos de todos para la proyección del evento.
La realización del evento en el Santuario de los Mártires en Tlaquepaque, Jalisco, no se llevaría a cabo por sí solo. Lo cuestionable surge cuando las instancias de gobierno, encabezadas por Pablo Lemus, así como autoridades municipales como Juan José Frangie, aparecen como patrocinadores.
En lugar de fungir como autoridades imparciales, se posicionan como promotores de un discurso inclinado hacia la identidad y roles de género.
Hablar de recursos públicos implica mucho más que dinero, aunque en este caso la cifra resulta reveladora, pues cerca de 400 mil pesos habrían sido destinados para respaldar el evento. Se trata también de la legitimidad del Estado y sus vías oficiales de comunicación que deberían de servir para un interés general.
La alineación de los ponentes con posturas religiosas y conservadoras refuerza esta percepción. Figuras como Eduardo Verástegui y Jordan Peterson, quienes encabezan un cartel que promueve una visión austera de la masculinidad, también son acompañados por perfiles como el de Carles Puyol.
Mientras Lemus ha defendido públicamente los llamados “valores tradicionales”, sus posturas en temas como identidad de género y las acciones promovidas desde gobiernos locales, apuntan a un plan que traspasa lo administrativo. La promoción de este “congreso” parece más de línea ideológica de “masculinidad virtuosa”, donde la institucionalidad se pone al servicio de principios particulares, y sobre todo privilegios.
A eso se añade la exclusión: los altos costos de acceso; mientras se destinan recursos públicos para su impulso, el evento queda fuera del alcance de la mayoría, con precios que van desde los 1,490 pesos hasta los 7 mil 500 pesos, como siempre aplicando su identidad clasista, privatizando los beneficios de un congreso impulsado por Andrés Villaseñor.
Cuando gobiernos como el de Lemus deciden financiar y promover con dinero público una visión ideológica de este tipo, convirtiendo lo que debería ser un gobierno para todos en un servicio de creencias particulares, evidenciando un uso politizado de recursos de la ciudadanía.
El Gabinete de Seguridad reporta 21 bloqueos carreteros activos; cinco ya fueron liberados mientras fuerzas federales y estatales trabajan para restablecer la circulación.
El Gabinete de Seguridad informó que en Jalisco se mantienen activos 21 bloqueos carreteros, derivado de hechos violentos registrados en distintas regiones del estado. Precisó que cinco puntos ya fueron desactivados y que en el resto se registra un flujo vehicular lento pero constante, gracias al despliegue coordinado de fuerzas federales y estatales.
De acuerdo con la autoridad federal, todas las vialidades afectadas se encuentran en proceso de control, con operativos permanentes para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de la población. Las acciones se realizan de manera conjunta entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, con prioridad en carreteras estratégicas y accesos urbanos.
Se informa que, en el estado de Jalisco, se registran al momento 21 bloqueos carreteros activos. Las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas; todos los puntos están en proceso de control registrando un flujo a baja velocidad pero constante, de igual forma cinco ya…
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026
Ante este escenario, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó la suspensión de clases presenciales en todos los planteles educativos del estado, como medida preventiva para resguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, anunció la cancelación de eventos masivos programados para este domingo.
En el cuidado de nuestros niños, niñas, jóvenes y maestros de Jalisco, he decidido que mañana se cancelarán clases presenciales en el estado; en unos momentos más @SecEducacionJal ampliará la información.
El mandatario estatal detalló que fue activado el Código Rojo, luego de que individuos incendiaron y atravesaron vehículos para inhibir la acción de las autoridades. “He dado la instrucción de instalar de inmediato la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y activar el Código Rojo con el fin de evitar actos contra la población”, señaló.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a permanecer en sus hogares, evitar traslados innecesarios y mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales, mientras continúan las labores para normalizar la movilidad y reforzar la seguridad en todo el estado.
Tras un operativo en Tapalpa, el Gabinete de Seguridad activó acciones coordinadas con estados y federación para proteger a la población y restablecer la movilidad.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que intervino de manera inmediata ante los narcobloqueos registrados en Jalisco y Michoacán, derivados de operativos federales contra grupos delictivos realizados en el municipio de Tapalpa. La estrategia, detalló, se ejecuta en coordinación con autoridades estatales para proteger a la ciudadanía y recuperar el orden.
En un comunicado, la instancia federal precisó que instituciones de seguridad federales mantienen operativos coordinados para atender los bloqueos y neutralizar riesgos en las zonas afectadas. “Nuestra prioridad es la seguridad y protección de la población”, subrayó el Gabinete, al confirmar que las movilizaciones violentas son reacciones a acciones operativas en curso.
El Gabinete de Seguridad informa que se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales. Nuestra prioridad es la seguridad y protección de la ciudadanía.
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026
La violencia incluyó quema de vehículos para obstruir vialidades estratégicas; en Michoacán se reportó un autobús de pasajeros incendiado como parte de los bloqueos. Ante este escenario, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ordenó la suspensión temporal del transporte público hasta que la situación quede controlada y se garantice la seguridad de usuarios y operadores.
Por su parte, el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que su entidad también enfrenta hechos de violencia asociados a los bloqueos, y que trabaja de forma coordinada con fuerzas federales para restablecer la circulación y evitar afectaciones mayores a la población.
Las autoridades llamaron a la ciudadanía a evitar zonas de riesgo, seguir indicaciones oficiales y utilizar rutas alternas, mientras continúan los despliegues de seguridad. El Gabinete de Seguridad reiteró que mantendrá presencia operativa hasta normalizar la movilidad y desactivar los focos de violencia en ambos estados.
