Los 230 policías del operativo frente a Casa Jalisco deberán declarar ante Asuntos Internos, mientras el gobernador ya admitió que hubo abuso.
Tras la represión del gobierno de Pablo Lemus del 11 de octubre contra quienes exigían agua limpia frente a Casa Jalisco, se abrió un proceso contra 17 policías por uso excesivo de la fuerza. El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, dijo que la investigación ya terminó y que el caso pasó a la etapa de responsabilidad administrativa.
Los 230 policías que participaron en el operativo, incluido el propio secretario, tendrán que declarar ante Asuntos Internos. Los señalados tienen hasta 30 días para presentar pruebas y defenderse; después se decidirá si hay sanciones. Por ahora, el proceso es administrativo: no se habla de denuncias penales.
Los vecinos y manifestantes sólo pedían agua limpia, pero recibieron chorros de agua a presión y gases lacrimógenos. Dos días después, el propio Lemus reconoció que hubo abuso policial y errores graves en el operativo, es decir, aceptó que su gente se equivocó, aunque la protesta ocurrió bajo su mando.
Mientras tanto, el secretario de Seguridad defendió el reparto de agua en pipas en las colonias afectadas.Negó que sea una estrategia para limpiar la imagen de la policía y aseguró que las familias reciben a los uniformados “con alegría y agradecimiento”.
Gobierno federal pondrá 14,500 mdp para construir nuevos acueductos y plantas; el gobernador reconoció el apoyo de la presidenta.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles, en la conferencia “Mañanera del Pueblo”, que el gobierno federal aportará 14 mil 500 millones de pesos para atender el problema del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara, tras meses de suministro de agua sucia que afectaron a los jaliscienses. El gobierno de Jalisco pondrá 10 mil 500 millones, para un total de 25 mil millones de pesos.
El gobernador Pablo Lemus agradeció a la presidenta su apoyo y reconoció que siempre ha contado con el respaldo del Gobierno Federal para resolver este problema de décadas. Según se explicó en la conferencia, Jalisco no tenía recursos suficientes para pagar la obra por sí solo y había propuesto financiarla con deuda pública. Junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se decidió en cambio una inversión conjunta, con la que no habrá deuda, privatización ni aumento en las tarifas.
Con el dinero se construirán los acueductos Chapala-Guadalajara, de 42 kilómetros, y Calderón-San Gasparde 31 kilómetros, además de plantas potabilizadoras, sistemas de bombeo y colectores contra la contaminación. Lemus dijo que así se sacará menos agua del lago de Chapala y se aprovechará mejor la presa El Zapotillo. También se renovará la Planta Potabilizadora de Miravalle, con 7 mil 500 millones de pesos estatales, y se han clausurado más de 100 descargas ilegales.
Además, el gobierno de Jalisco recuperó la Planta Potabilizadora 4, en Toluquilla, que había sido privatizada y operaba a solo 10% de su capacidad. En la misma conferencia se inauguró el Puente Amado Nervo, de 2 kilómetros y 963 millones de pesos, que une Bahía de Banderas, Nayarit, con Puerto Vallarta, Jalisco. Sheinbaum informó que en el país se construyen 402 puentes para mejorar la conectividad y reducir tiempos de traslado.
Nuevas víctimas de la represión contra manifestantes por agua limpia denunciaron golpes, humillaciones y amenazas dentro de la residencia oficial; alrededor de 10 personas ya acudieron a la FGR para exigir justicia.
A las denuncias que ya habían salido a la luz por presuntos abusos policiales en Casa Jalisco, ahora se suman nuevos testimonios de personas detenidas durante la protesta del 11 de octubre en Guadalajara. Las víctimas relataron agresiones físicas, amenazas de desaparición y negligencia médica dentro de la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, por lo que exigieron que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones.
La abogada Adriana Gabriela Arriola Dueñas contó que una policía ahorcó a una manifestante frente a otros detenidos, paramédicos y elementos de seguridad, sin que nadie interviniera. También denunció que fue introducida por la fuerza al inmueble junto con su hija de 19 años y que presenció cómo un hombre fue ingresado desnudo. Durante las aproximadamente 12 horas que permaneció retenida, aseguró, recibieron amenazas de desaparición.
Otro testimonio es el de la médica Daniela Álvarez Cepada, quien narró que una joven sufrió convulsiones y que las policías le impidieron acercarse para auxiliarla. Según su relato, las uniformadas se burlaron de la víctima y minimizaron su estado de salud. Ambas denunciantes coincidieron en que hubo golpes, insultos y humillaciones contra las personas detenidas.
Las víctimas aseguraron que fueron encerradas en un cuarto dentro del perímetro de Casa Jalisco, aunque las autoridades han negado que las detenciones ocurrieran en la residencia oficial. Después fueron trasladadas en un camión negro sin placas a instalaciones de la Fiscalía estatal, donde denunciaron que permanecieron bajo la lluvia, con frío y, en algunos casos, semidesnudas. También señalaron irregularidades para recibir atención médica.
Alrededor de 10 personas ya presentaron denuncias ante la FGR, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso. Un primer informe del organismo señaló que un grupo que provocó disturbios durante la protesta estaba coordinado directamente con autoridades policiales. Las víctimas también cuestionaron la falta de intervención de la comisión estatal de derechos humanos.
El abogado José Francisco Salazar González, defensor de cuatro afectados, consideró que los relatos apuntan a posibles violaciones graves de derechos humanos, incluida violencia de género. Las víctimas exigieron investigar a Pablo Lemus y al secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, y pidieron protección ante el temor de represalias, pues afirmaron que agentes investigadores han acudido a sus domicilios.
Salvador Zamora dejó la Secretaría General de Gobierno de Jalisco para concentrarse en tareas políticas rumbo al próximo proceso electoral, en medio de cuestionamientos por la crisis hídrica y el operativo contra manifestantes.
Salvador Zamora Zamora, exsecretario general del Gobierno de Jalisco y cercano al gobernador Pablo Lemus, figura como titular de una concesión para extraer 90 mil metros cúbicos de agua al año, equivalentes a 90 millones de litros o al volumen necesario para llenar 36 albercas olímpicas, según una investigación de El Unversal.
El permiso, identificado con el número 846409, fue otorgado para el aprovechamiento de aguas subterráneas con fines agrícolas en Tlajomulco de Zúñiga, municipio que Zamora gobernó entre 2018 y 2024. El recurso proviene del acuífero de Toluquilla, perteneciente a la región hidrológica Lerma-Santiago. La concesión data de agosto de 2022, cuando el funcionario ocupaba la presidencia municipal.
La información también muestra que Zamora mantiene actividades empresariales vinculadas con el campo y la ganadería. De acuerdo con su declaración patrimonial, durante 2025 obtuvo 2 millones 814 mil 150 pesos por su negocio agropecuario, además de participar en empresas relacionadas con la venta de agroquímicos y la producción ganadera.
La revelación ocurre en medio de la crisis de agua contaminada y desabasto que afecta a la Zona Metropolitana de Guadalajara. Zamora estaba al frente de la política interna y la coordinación de seguridad estatal cuando policías intervinieron en las protestas del 11 de octubre contra la mala calidad del agua, movilizaciones que dejaron 39 personas detenidas. Posteriormente, Lemus reconoció que hubo uso excesivo de la fuerza.
El 24 de octubre, el Congreso de Jalisco citó a comparecer a cuatro funcionarios del gabinete de seguridad, incluido Zamora, para explicar el operativo. Sin embargo, el exfuncionario anunció su renuncia el domingo 25 de octubre y afirmó que se concentraría en las tareas de su proyecto político rumbo al proceso electoral. Su salida no fue anunciada como consecuencia de la concesión de agua, y no se ha establecido una relación entre ambos hechos.
La crisis hídrica en Jalisco se arrastra desde 2020, con reportes ciudadanos sobre agua turbia, malos olores y sedimentos. Ante el problema, el gobierno estatal anunció la suspensión temporal del uso de agua de Las Pintas y medidas como los tandeos, que contemplan interrupciones del servicio de hasta tres días por semana en siete zonas metropolitanas.
Autoridades reconocieron que los detenidos fueron llevados a Casa Jalisco, residencia del gobernador Pablo Lemus, mientras la Fiscalía investiga denuncias por presunta tortura y el uso de la fuerza policial.
El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, negó haber ordenado la agresión contra manifestantes que protestaban por la mala calidad del agua el pasado 11 de octubre frente a Casa Jalisco. Ante los cuestionamientos, el funcionario respondió con un “yo no fui” y señaló que la investigación apunta a tres mandos policiales posiblemente sujetos a sanciones.
Hernández González aseguró que supervisaba las actuaciones de los policías en una zona distinta de donde ocurrieron las agresiones. Además, afirmó que existen declaraciones de agentes y mandos involucrados, por lo que la responsabilidad deberá determinarse mediante las indagatorias de Asuntos Internos.
La protesta terminó con el uso de gas lacrimógeno, chorros de agua y detenciones, pese a la presencia de mujeres, personas adultas mayores y menores de edad. Las denuncias también apuntan a presuntos actos de tortura contra personas retenidas durante el operativo.
Por su parte, el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, evitó adelantar si se acreditarán delitos y sostuvo que la investigación continúa abierta. En tanto, el coordinador estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, justificó que no se revelara quién dio la orden bajo el argumento de proteger a los posibles responsables ante eventuales represalias.
Sin embargo, los funcionarios reconocieron que las personas detenidas fueron trasladadas a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, antes de ser llevadas a la Fiscalía. Según Hernández González, permanecieron en un espacio contiguo al nuevo C5, entre las calles Montreal y Ontario, porque no había condiciones para trasladarlas en vehículos debido a la cantidad de manifestantes.
La conferencia de seguridad estuvo marcada por los deslindes de los funcionarios, quienes evitaron asumir responsabilidad directa por las decisiones del operativo. Mientras tanto, las investigaciones deberán esclarecer quién ordenó la represión, por qué se retuvo a los manifestantes en Casa Jalisco y si hubo abusos policiales contra quienes exigían respuestas por la calidad del agua.
La CNDH investiga posibles detenciones irregulares y la hipótesis de infiltrados en las protestas por el agua contaminada, mientras persisten las quejas ciudadanas por el desabasto y la mala calidad del servicio.
Cinco hombres detenidos durante las protestas del 18 de octubre en el centro de Guadalajara, Jalisco, fueron puestos en libertad este miércoles, luego de ser vinculados a proceso únicamente por el delito de daño en las cosas. Como medida cautelar, deberán presentarse a firmar cada 15 días durante seis meses.
Los detenidos, identificados como Raúl “N”, Christopher Antonio “N”, Yovani Rubén “N”, Héctor Dante “N” y Pablo Emmanuel “N”, fueron señalados por su presunta participación en los disturbios registrados durante la movilización. Ese día, el gobernador Pablo Lemus afirmó que viajaban en una camioneta robada en cuyo interior había bidones de gasolina. Sin embargo, la resolución judicial solo contempla daños materiales.
A diferencia de las detenciones ocurridas el 11 de octubre, durante la primera manifestación contra el agua contaminada, en este caso no se reportó que familiares u organizaciones ciudadanas acudieran a reclamar por los detenidos o denunciar posibles irregularidades en el proceso.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que investiga las presuntas torturas contra manifestantes dentro de Casa Jalisco durante la protesta del 11 de octubre. Además, cuestionó las circunstancias de las cinco detenciones posteriores, al señalar que ninguna persona u organización había denunciado esos arrestos como injustos.
En su investigación preliminar, el organismo advirtió que la posible presencia de infiltrados en las protestas genera sospechas y requiere esclarecerse. También señaló que, según declaraciones oficiales, personas infiltradas estuvieron presentes en los hechos del 11 de octubre y habrían tenido coordinación directa con autoridades policiales, pese a que se afirmó que eran ajenas a los operativos.
Mientras avanzan las investigaciones, habitantes de Guadalajara mantienen bloqueos y manifestaciones por el agua sucia y la falta de suministro. Incluso se anunció una protesta cerca del estadio Jalisco durante el partido entre Atlas y América, aunque finalmente no se realizó ante el despliegue de casi 2 mil elementos policiales.
Mientras habitantes de Guadalajara denuncian agua sucia, malos olores y desabasto, el coordinador de Morena descarta exigir la destitución del gobernador y advierte que conseguir más recursos implicaría recortar otros sectores.
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, descartó sumarse a las exigencias para destituir al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por la crisis de agua contaminada que afecta a la Zona Metropolitana de Guadalajara. En lugar de respaldar la presión política contra el mandatario, el legislador propuso instalar una mesa de diálogo entre los gobiernos federal y estatal para atender el problema.
“No me sumaré al linchamiento político ni a la exigencia de destitución del gobernador”, declaró Monreal el 19 de octubre. Según el morenista, cambiar al titular del Ejecutivo estatal no resolverá la crisis estructural del agua. La propuesta, sin embargo, llega mientras los habitantes siguen esperando que las autoridades resuelvan algo tan elemental como recibir agua limpia al abrir la llave.
Las quejas por el suministro se remontan a 2020 y se han agravado durante 2026, con reportes de líquido turbio, tonos amarillentos o cafés, sedimentos y malos olores en distintas colonias. Las protestas para exigir soluciones incluso han terminado en enfrentamientos con policías y detenciones. Ante este escenario, el llamado de Monreal es a dialogar, aunque para las familias afectadas la urgencia no es organizar otra reunión, sino contar con agua en condiciones adecuadas.
El diputado también aseguró que existe disposición en San Lázaro para gestionar recursos mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con apoyo de la Comisión de Presupuesto, encabezada por Merilyn Gómez Pozos. Pero puso una advertencia sobre la mesa: el Presupuesto de Egresos de 2027 será limitado y, si Jalisco recibe más dinero para atender la emergencia, habrá que reducir partidas de otros sectores. Es decir, voluntad para gestionar recursos sí, pero sin prometer que alcanzará para resolver el problema.
Mientras tanto, el gobierno de Lemus ha planteado suspender temporalmente el uso de agua del sistema antiguo de Chapala que llega a la presa Las Pintas, medida que implicaría distribuir el suministro mediante tandeos. También se ha propuesto construir un nuevo acueducto para reforzar el abasto, aunque la obra requiere financiamiento y todavía no representa una solución inmediata para quienes padecen el problema.
Así, Monreal rechaza la destitución de Lemus y apuesta por el diálogo institucional, pero la crisis sigue poniendo a prueba a las autoridades. Las mesas de trabajo y las gestiones presupuestales podrán ocupar titulares; la prueba real será que el agua llegue limpia a los hogares, con infraestructura funcional, vigilancia de la calidad y respuestas concretas para la población.
El gobernador de Movimiento Ciudadano destacó los daños registrados durante la marcha del 18 de octubre, pero no respondió a las observaciones sobre una presunta coordinación entre policías y manifestantes violentos.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, evitó responder directamente a los señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre una posible coordinación entre grupos violentos y autoridades policiales durante las manifestaciones en el estado. En cambio, atribuyó los hechos a supuestos intereses políticos externos que buscarían generar caos y desestabilización.
A través de un video difundido en redes sociales, el mandatario de Movimiento Ciudadano aseguró que su administración y los manifestantes pacíficos impidieron la infiltración de grupos de choque. También llamó a cerrar filas para evitar que personas ajenas a Jalisco, según su versión, provoquen confrontaciones en la entidad.
Lemus sostuvo que, durante la movilización del domingo 18 de octubre, no hubo enfrentamientos ni manifestantes inocentes afectados, aunque denunció destrozos en edificios públicos, comercios y patrimonio histórico. Entre los daños mencionó puertas y ventanas rotas en el Palacio de Gobierno, pintas en sus muros y en la Catedral de Guadalajara, así como el lanzamiento de explosivos contra las sedes del Congreso estatal y del Palacio de Justicia.
La CNDH, por su parte, señaló que genera suspicacia que hasta el lunes no se hubieran presentado quejas de familiares de las personas detenidas ni de los propios arrestados. El organismo también puso bajo cuestionamiento la actuación policial ante los hechos violentos, mientras el gobernador evitó abordar directamente esas observaciones.
En paralelo, cuentas en redes sociales identificadas como bots o simpatizantes de MC emprendieron una campaña contra la comisión, luego de que atrajera el caso de presuntas torturas en Casa Jalisco, ocurridas el 11 de octubre. La intervención del organismo podría derivar en nuevos señalamientos contra la administración estatal.
De acuerdo con el gobierno de Jalisco, el saldo preliminar de la jornada fue de 10 personas detenidas, 15 policías con lesiones leves y daños estimados en 15 millones de pesos al Palacio de Gobierno y al mobiliario urbano. Hasta el momento, la información oficial no resuelve los cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades durante las protestas.
Durante el Festival Internacional de Cine de Morelia, el cineasta respaldó a estudiantes que denuncian contaminación del agua y alentó a reunir más firmas para exigir la destitución del gobernador Pablo Lemus.
El cineasta mexicano Guillermo del Toro respaldó las movilizaciones ciudadanas que exigen agua limpia en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, y calificó como “aterrador” que la población tenga que manifestarse para reclamar un servicio básico. Sus declaraciones ocurrieron durante una rueda de prensa en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde recibió la Medalla Filmoteca de la UNAM.
El director de Frankenstein y La forma del agua cuestionó que el acceso al agua potable se convierta en una exigencia que requiere protestas, en lugar de resolverse mediante acciones de las autoridades. “Es absolutamente insostenible, indescifrable y aterrador que una cosa tan absolutamente básica tenga que ser peleada, manifestada, combatida”, expresó el realizador originario de Guadalajara.
Horas antes, durante una clase magistral en el Teatro Morelos, estudiantes tapatíos denunciaron que reciben agua sucia en sus hogares, en medio de las movilizaciones que buscan respuestas ante la problemática. Del Toro pidió a los periodistas presentes escuchar las demandas de los jóvenes y mostró su respaldo a la búsqueda de apoyo ciudadano.
🚨 GUILLERMO DEL TORO LE DA CON TODO AL REPRESOR @PabloLemusN
El ganador del Oscar se solidarizó en el Festival Internacional de Cine de Morelia con los jóvenes estudiantes de Guadalajara que reciben agua negra y contaminada del gobierno de MC… pic.twitter.com/TEgoMT51IN
Cuando uno de los estudiantes mencionó la iniciativa para reunir 200 mil firmas con el objetivo de destituir al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, el cineasta alentó a sumar más respaldos. “¿Tienen el papel? Que haya más firmas al salir de aquí. Sí”, respondió ante el planteamiento.
Además, Del Toro abordó el resurgimiento de las ideas fascistas, un tema presente en su película El laberinto del fauno (2006). Advirtió que el odio y la división persisten y pueden amplificarse mediante las redes sociales, mientras los grupos de poder mantienen sus privilegios. “La gente que está arriba quiere que piensen que el problema es la gente que está a un lado de ti”, señaló.
Las declaraciones del cineasta se producen en un contexto de protestas por la calidad del agua en Guadalajara, donde habitantes y estudiantes exigen soluciones a las autoridades. Su respaldo añadió una voz reconocida del ámbito cultural a las demandas ciudadanas por el acceso a agua limpia.
Los organizadores rechazaron los actos vandálicos y las agresiones contra periodistas; advirtieron que la violencia podría propiciar detenciones arbitrarias como las registradas el 11 de octubre.
La segunda marcha por agua limpia en Jalisco frenó su avance este domingo en el centro de Guadalajara, luego de que presuntos integrantes de grupos de choque irrumpieran en la movilización y provocaran actos de violencia. Los ciudadanos exigen a las autoridades estatales y locales una solución a la crisis del suministro de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Para mantener la manifestación pacífica y evitar provocaciones, manifestantes en Jalisco se mantienen firmes mientras alejan al grupo de choque. pic.twitter.com/oLsSceyJTq
Los manifestantes sostuvieron que su protesta es pacífica y condenaron la presencia de personas encapuchadas, a quienes señalaron por vandalizar establecimientos comerciales, lanzar petardos contra algunos asistentes y agredir a periodistas que cubrían la jornada.
Ante estos hechos, los organizadores decidieron detener el contingente que ya se encontraba frente al Palacio de Gobierno de Jalisco, como medida para evitar que la violencia alterara el desarrollo de la movilización y desviara la atención de sus demandas.
El contingente decidió detener la manifestación y retirarse en media hora ante la falta de condiciones de seguridad y lo que señalan como una estrategia del gobierno para provocar confrontaciones. pic.twitter.com/yppzqpnijs
Los participantes se deslindaron de los actos vandálicos y rechazaron cualquier acción que afecte sus exigencias dirigidas a la administración del gobernador Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano. Insistieron en que el objetivo de la protesta es reclamar agua limpia y respuestas concretas frente a una problemática que afecta a habitantes de la zona metropolitana.
Además, los inconformes acusaron que la irrupción de los encapuchados podría buscar generar un escenario de confrontación que facilite detenciones arbitrarias, en referencia a los arrestos ocurridos el pasado domingo 11 de octubre, durante las protestas previas.
La movilización ocurre en medio del descontento ciudadano por la calidad del agua y de las exigencias para que las autoridades transparenten la situación y garanticen el acceso a un suministro seguro. Hasta el momento, las acusaciones sobre la presunta infiltración de grupos de choque corresponden a los manifestantes y no se presentan en la información disponible como hechos confirmados por las autoridades.
