Etiqueta: Pablo Lemus

  • Vinculan a proceso a cuatro detenidos en protesta por agua en Jalisco

    Vinculan a proceso a cuatro detenidos en protesta por agua en Jalisco

    Aunque seguirán su proceso en libertad, los manifestantes deberán acudir durante seis meses a firmar ante las autoridades en Puente Grande; sus defensores consideran que el caso envía un mensaje contra la protesta social.

    Cuatro hombres detenidos durante la protesta contra el agua contaminada en Guadalajara fueron vinculados a proceso por los delitos de lesiones y resistencia de particulares, tras la manifestación del domingo pasado frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. El juez de control Francisco Javier Castellanos de la Cruz determinó que enfrenten las acusaciones en libertad, con la obligación de firmar periódicamente durante seis meses en Puente Grande.

    La abogada Alejandra Cartagena, integrante del equipo de defensa de Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Teodoro Jesús Torres Valdez y Juan Darío Muñoz Nava, calificó la resolución como frustrante y advirtió que podría interpretarse como un mensaje para quienes participan en movilizaciones sociales.

    Entre los procesados está Samuel Morales, de 24 años, repartidor de Rappi, cuya madre aseguró que esperaba un pedido cuando fue agredido y detenido por policías estatales. Según su testimonio, los agentes también le quitaron su motocicleta, casco, mochila y teléfono celular. Alexis Daniel es cineasta y acudió a documentar la protesta; Teodoro Jesús es empleado y padre de familia, mientras que Juan Darío estudia en la universidad y trabaja.

    Con esta resolución, seis de las 39 personas detenidas durante la movilización han sido vinculadas a proceso. Los otros dos casos corresponden a Israel Rosas Flores e Iván Salazar Reynoso. Las 33 personas restantes continúan bajo reserva de la ley, mientras la Fiscalía de Jalisco integra las investigaciones, por lo que aún podrían ser requeridas. Esto contrasta con las declaraciones de Lemus, quien afirmó que todos los arrestados estaban en libertad.

    El juez Castellanos también fue señalado por organizaciones civiles tras vincular a proceso, en noviembre de 2025, a ocho participantes de la llamada marcha de la Generación Z. Aunque inicialmente enfrentaron prisión preventiva por presuntos daños a monumentos históricos, un juez federal los liberó en diciembre de ese año, luego del debilitamiento de las pruebas presentadas en su contra.

  • Renuncia Lemus o MC desaparece

    Renuncia Lemus o MC desaparece

    La represión de Pablo Lemus recordó a Díaz Ordaz en 1968, no sólo por las acciones que rememoran el pasado más salvaje del priismo, sino por la justificación a la violencia que hace el novato político en los medios. Lo cual no extraña en un militante de un partido nacido en la cárcel y creado por un ex priista acusado de corrupción.

    Al saber de la manifestación masiva la decisión de Lemus fue una estrategia dividida en dos partes: la primera dejar de ensuciar el agua desde el río Santiago, y reprimir primero a los medios que no le son afines.

    La imperdonable represión, y la impunidad que le acompaña no se detuvo ahí. Tan grave como la agresión física es el atentado contra la verdad que se difundió al día siguiente por medios como Radio Fórmula, a través de Azucena Uresti, quien dijo que Morena había infiltrado un grupo de choque para tratar de penetrar en la casa del gobernador. Le siguieron Latinus, Milenio y Tv Azteca.

    Hubo una subasta de la verdad que costó millones de pesos del erario de Jalisco y fueron pagados, en la mayoría de los casos sin factura por Pablo Lemus a los medios convencionales. Al no haber factura los políticos corruptos pueden negar la entrega de dinero al medio de información, y, además, el medio deja de pagar impuestos por las cantidades recibidas por debajo del agua.

    Los medios difunden la realidad que el dinero les dicta, a pesar de que hay testigos de lo contrario. Acostumbrados a que, por muchos años, la prensa, el radio y la televisión dictaban la historia de México y sus “historiadores” del micrófono eran admirados y hasta idolatraos por un público al que el gobierno alejó del conocimiento con el propósito de perpetuarse en el poder, los medios ahora repiten lo que en estos momentos carece de aceptación popular.

    Los medios convencionales mienten, y un delito adicional es que lo hacen por dinero. Esto es los que defienden los medios cuando se trata de regular la información y prohibir la mentira. Se dice agredidos y acusan violación a la libertad de expresión. Tienen la piel muy delgada y no permiten un cambio mínimo a la reglamentación de medios, a pesar de que los verdaderos propietarios e las concesiones es el estado mexicano.

    Es decir, que el dueño de una casa que quiere hacer mejoras a su vivienda, en beneficio de todos, es impedida por los inquilinos porque se sienten agredidos. Lo absurdo llega a niveles de exceso de tolerancia, aunque el término parezca absurdo, pero así de absurda es la información que emana de esos medios que, inexplicablemente tiene público, desde luego, con coeficiente intelectual muy bajo.

    La renuncia del gobernador es lo único que puede deslindar a Movimiento Ciudadano de los excesos de poder del gobernador, pero como hay muchos negocios pendientes en jalisco, donde saldrán beneficiados los integrantes de su cúpula ese partido prefiere dejar a Pablo Lemus aunque desaparezca su registro en las próximas elecciones. La lana es primero.

  • Sheinbaum exige investigar tortura policial contra jóvenes detenidos en Jalisco

    Sheinbaum exige investigar tortura policial contra jóvenes detenidos en Jalisco

    La presidenta pidió esclarecer quién ordenó las agresiones durante una protesta por agua contaminada y llamó a sancionar a los responsables; también solicitó investigar abusos policiales en Guanajuato.

    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizar una investigación profunda sobre las presuntas torturas cometidas por policías de Jalisco contra jóvenes detenidos durante una protesta por el suministro de agua contaminada en la zona metropolitana de Guadalajara.

    Durante su conferencia matutina, la mandataria condenó el uso de chorros de agua, gases lacrimógenos y presuntos actos de tortura contra los manifestantes, y sostuvo que ninguna fuerza de seguridad puede recurrir a estas prácticas, especialmente durante una detención. También exigió que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dé una explicación sobre lo ocurrido.

    Sheinbaum señaló que solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe sobre los hechos y pidió esclarecer quién dio las órdenes, por qué se cometieron las agresiones y cuáles fueron las responsabilidades de los involucrados. Asimismo, planteó que la CNDH entreviste directamente a las víctimas para reconstruir lo sucedido.

    La presidenta advirtió que la tortura y la represión no pueden tener cabida en México y sostuvo que los abusos contra jóvenes deben investigarse y sancionarse, sin permitir la impunidad. Además, subrayó que los gobiernos estatales tienen responsabilidad sobre la actuación de sus corporaciones policiales.

    La mandataria también pidió investigar presuntos abusos cometidos por policías en Guanajuato, entre ellos agresiones contra un periodista, seis universitarios y una mujer, así como el asesinato de un joven obrero. Consideró que tanto la CNDH como la Fiscalía General de la República (FGR) podrían intervenir en estos casos.

    “Nosotros, que venimos luchando contra la represión, no podemos permitir que en México haya fuerzas del orden que repriman y torturen”, sostuvo Sheinbaum, al insistir en que las autoridades deben esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que estos actos no queden impunes.

  • Lemus busca entregar el nuevo acueducto a privados y comprometer hasta 46 mil mdp

    Lemus busca entregar el nuevo acueducto a privados y comprometer hasta 46 mil mdp

    La iniciativa del gobernador de Jalisco plantea una asociación público-privada para operar y mantener el acueducto durante décadas; Morena advierte que el esquema elevaría la deuda estatal.

    El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, impulsa una iniciativa para entregar a una empresa privada el manejo, mantenimiento y operación del acueducto Chapala-Guadalajara, infraestructura clave para el abastecimiento de agua en la zona metropolitana. La propuesta, presentada el 8 de octubre ante el Congreso estatal, comenzará su trámite legislativo con el turno a la Comisión de Hacienda.

    La diputada local de Morena, Itzul Barrera Rodríguez, acusó que, aunque el proyecto se presenta bajo la figura de asociación público-privada, en los hechos representa una forma de privatización del manejo del agua y comprometería recursos públicos durante años. Según explicó, la empresa podría operar el acueducto por un periodo de 20 a 25 años.

    Las cifras señaladas por la legisladora encienden las alertas: la obra tendría un costo aproximado de 12 mil millones de pesos, pero los pagos acumulados alcanzarían 35 mil millones de pesos en 20 años y hasta 46 mil millones en 25 años, de acuerdo con sus estimaciones. Barrera también cuestionó que el costo proyectado haya pasado de 6 mil 500 millones a cerca de 12 mil millones en apenas un año.

    La morenista calificó como contradictorio sostener que el esquema no implica privatización ni deuda, pues, afirmó, la propuesta contempla compromisos financieros de largo plazo con una compañía privada. El debate pone sobre la mesa quién controlará una infraestructura estratégica y cuánto terminará pagando el erario por su operación.

    Barrera también criticó que durante años se haya postergado el mantenimiento de la infraestructura hídrica de Guadalajara, mientras persisten los desafíos para garantizar el suministro y la potabilización del agua. En contraste, recordó que el Gobierno Federal anunció una inversión pública de 8 mil 500 millones de pesos para llevar agua de la presa El Zapotillo a la capital jalisciense.

    La iniciativa de Lemus deberá avanzar en el Congreso de Jalisco antes de una eventual votación. El punto central será determinar si el modelo propuesto garantiza el acceso al agua sin imponer costos excesivos a las finanzas estatales ni ceder durante décadas la operación de una infraestructura esencial a intereses privados.

  • Morena va contra Pablo Lemus por represión de protestas y exige juicio político

    Morena va contra Pablo Lemus por represión de protestas y exige juicio político

    Los diputados Mariana Casillas y Alejandro Puerto también solicitarán la comparecencia de cuatro funcionarios de Jalisco por presuntas agresiones, tortura y detenciones arbitrarias durante las movilizaciones.

    Legisladores de Morena en Jalisco anunciaron que reunirán elementos para promover un juicio político contra el gobernador Pablo Lemus, luego de las presuntas agresiones y detenciones arbitrarias registradas durante las protestas del domingo. La iniciativa será impulsada ante el Congreso de la Unión, mientras los diputados exigieron esclarecer la actuación de las autoridades estatales.

    El legislador Alejandro Puerto calificó los hechos como un “crimen de Estado” y acusó al mandatario de ordenar los ataques contra manifestantes. Aunque reconoció que el procedimiento requiere una mayoría calificada en la Cámara de Diputados para prosperar, llamó a mantener la movilización ciudadana para exigir responsabilidades sin distinciones partidistas.

    La solicitud también incorporará otros episodios ocurridos durante la administración de Lemus, entre ellos las protestas de enero de 2026 contra el aumento a la tarifa del transporte público y las movilizaciones de noviembre de 2025 por el desabasto y la mala calidad del agua. Los legisladores condenaron las presuntas torturas y detenciones ilegales denunciadas durante las manifestaciones.

    Además, Mariana Casillas y Alejandro Puerto solicitaron la comparecencia del secretario de Gobierno, Salvador Zamora; del secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández; del fiscal estatal, Salvador González de los Santos, y del director de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez. Este último fue señalado por presuntamente autorizar el uso de camiones de bomberos para lanzar agua contra los manifestantes.

    En materia hídrica, los diputados también rechazaron el proyecto de un nuevo acueducto desde el lago de Chapala mediante inversión privada. Advirtieron que el esquema podría elevar el costo de la obra a casi 50 mil millones de pesos, más de cuatro veces su valor estimado, según sus cálculos.

    Finalmente, anunciaron que pedirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco el acta de la manifestación y solicitarán al SIAPA informes sobre descargas irregulares en el canal Las Pintas. También revisarán posibles responsabilidades de las autoridades sanitarias estatales y de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco.