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El respaldo de gobiernos de Movimiento Ciudadano al llamado “Congreso de Masculinidad más Grande de Latinoamérica” no sólo exhibe una cercanía con posturas conservadoras, sino que reaviva cuestionamientos por el uso de recursos públicos.

Entre promoción oficial, patrocinio institucional y exclusividad económica, el caso brinda un debate sobre los márgenes entre gobierno, religión y hasta agenda política. La presencia de logos oficiales, y una aportación de aproximadamente 400 mil pesos en financiamiento colocan el uso de recursos de todos para la proyección del evento. 

La realización del evento en el Santuario de los Mártires en Tlaquepaque, Jalisco, no se llevaría a cabo por sí solo. Lo cuestionable surge cuando las instancias de gobierno, encabezadas por Pablo Lemus, así como autoridades municipales como Juan José Frangie, aparecen como patrocinadores.

En lugar de fungir como autoridades imparciales, se posicionan como promotores de un discurso inclinado hacia la identidad y roles de género. 

Hablar de recursos públicos implica mucho más que dinero, aunque en este caso la cifra resulta reveladora, pues cerca de 400 mil pesos habrían sido destinados para respaldar el evento. Se trata también de la legitimidad del Estado y sus vías oficiales de comunicación que deberían de servir para un interés general. 

La alineación de los ponentes con posturas religiosas y conservadoras refuerza esta percepción. Figuras como Eduardo Verástegui y Jordan Peterson, quienes encabezan un cartel que promueve una visión  austera de la masculinidad, también son acompañados por perfiles como el de Carles Puyol. 

Mientras Lemus ha defendido públicamente los llamados “valores tradicionales”, sus posturas en temas como identidad de género y las acciones promovidas desde gobiernos locales, apuntan a un plan que traspasa lo administrativo. La promoción de este “congreso” parece más de línea ideológica de “masculinidad virtuosa”, donde la institucionalidad se pone al servicio de principios particulares, y sobre todo privilegios. 

A eso se añade la exclusión: los altos costos de acceso; mientras se destinan recursos públicos para su impulso, el evento queda fuera del alcance de la mayoría, con precios que van desde los 1,490 pesos hasta los 7 mil 500 pesos, como siempre aplicando su identidad clasista, privatizando los beneficios de un congreso impulsado por Andrés Villaseñor. 

Cuando gobiernos como el de Lemus deciden financiar y promover con dinero público una visión ideológica de este tipo, convirtiendo lo que debería ser un gobierno para todos en un servicio de creencias particulares, evidenciando un uso politizado de recursos de la ciudadanía.

Redacción