La senadora del PAN, Lilly Téllez, volvió a encender la polémica al solicitar en Fox News el “apoyo” del presidente Donald Trump para enfrentar al crimen organizado en México. En la entrevista, acusó a la Presidenta Claudia Sheinbaum de proteger a los cárteles, además de que calificó al país como un “narcoestado”. Dichas declaraciones generaron fuertes reacciones en el oficialismo.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum rechazó que un representante político acuda al extranjero a pedir intervención y subrayó que los conflictos nacionales deben resolverse en México. “Es importante que el pueblo sepa quién es quién”, dijo, descartando así un proceso de desafuero contra la legisladora.
El bloque opositor cerró filas en defensa de Téllez, ya que, por un lado, Alejandro Moreno, líder del PRI, la calificó como una mujer “valiente y con carácter”, mientras que Jorge Romero, dirigente del PAN, denunció intentos de “acallar voces críticas”. Para analistas, la polémica otorga oxígeno a una oposición debilitada, al tiempo que consolida a la senadora como posible referente rumbo a las elecciones de 2030.
Las declaraciones de Téllez se alinean con el discurso de Trump, quien recientemente firmó una orden para permitir que el Ejército estadounidense combata a cárteles en el extranjero. Mientras que México, por el contrario, ha rechazado cualquier intervención militar, por lo que la senadora busca capitalizar políticamente el clima de presión bilateral.
Con esta estrategia, Téllez intenta proyectarse como la figura capaz de aglutinar a la derecha mexicana, en un momento en el que la oposición carece de liderazgo sólido frente a la hegemonía de Morena.
El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, fue captado junto a su esposa, Luz María Zagal, presidenta del DIF municipal, en el Forum Shops del Caesars Palace en Las Vegas, Estados Unidos, durante días laborales. Las imágenes generaron críticas en redes sociales por su ausencia mientras el municipio enfrentaba intensas lluvias e inundaciones.
Ante la polémica, Urióstegui ofreció disculpas públicas y aclaró que el viaje se realizó con recursos propios, sin utilizar fondos públicos:
“Creo que mi error fue haber salido en días laborales. No utilicé recursos públicos, fueron recursos propios”, afirmó.
El edil panista aseguró que se mantuvo atento a la situación en la ciudad a través de medios tecnológicos y convocó reuniones de gabinete para asignar tareas específicas a cada área.
La madrugada del 22 de agosto, lluvias torrenciales provocaron inundaciones masivas, afectaciones a más de 40 viviendas y daños en calles de colonias como Bosques de Cuernavaca, Antonio Barona y Jacarandas Ocotepec.
Protección Civil reportó al menos 12 zonas anegadas, 15 bardas en riesgo y más de 50 vehículos dañados, mientras el Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E para auxiliar a las familias y retirar escombros.
Medios locales y usuarios de redes sociales criticaron que la salida del alcalde no fue notificada al Cabildo, lo que habría dejado a la ciudad sin autoridad formal para coordinar la emergencia.
Urióstegui defendió su decisión diciendo que “no fue un viaje secreto (…) podemos hacer viajes a ciertos lugares. No he abandonado mi responsabilidad y aquí estoy”.
Es oficial: Ismael “El Mayo” Zambada se ha declarado culpable de 14 cargos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos. El gobierno estadounidense quería su cabeza con la pena de muerte y, a cambio de una declaración, Zambada consiguió oxígeno para alargar su vida. Tras el juicio y sentencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, han sido 14 los narcotraficantes que decidieron pactar con el gobierno estadounidense. Sin embargo, el caso de Zambada es único, no solo por tratarse del narco que se creía intocable —que pensaba morir en libertad e impunidad—, sino por la pieza de ajedrez en la que se convirtió para los gobiernos de México y Estados Unidos.
Zambada fue secuestrado por Estados Unidos con ayuda de los hijos de Guzmán. La sustracción ilegal del narcotraficante marcó un antes y un después en la relación bilateral. Cabe resaltar que el secuestro no sucedió bajo la administración de Trump, sino en la de Biden. Da igual si la Casa Blanca está pintada de azul o de rojo: Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses.
¿Por qué Estados Unidos no ofrece información a México sobre El Mayo Zambada? Porque, ante los ojos de nuestros vecinos, México cometió una ofensa imperdonable: detener y expulsar a los agentes de la DEA que se paseaban en nuestro país como “Juan por su casa”. Fue el PRI quien les abrió la puerta, y el gran problema de las potencias es que, una vez que entran, ya no quieren salir.¿Quién le apostó a la soberanía y autodeterminación para combatir el narcotráfico? Andrés Manuel López Obrador. La DEA y el gobierno estadounidense guardan un enorme recelo hacia el tabasqueño por su política antiintervencionista. De hecho, expulsar a los agentes de la DEA ni siquiera fue la mayor ofensa, sino exhibir en la mañanera el expediente contra el Gral. Salvador Cienfuegos. Washington aseguraba que contenía pruebas contundentes para encarcelarlo; al mostrarlo, López Obrador los humilló, pues no había una sola evidencia sólida. Desde entonces juraron que algún día se la cobrarían a AMLO, y ese día llegó con el secuestro de Zambada.
En su declaración de culpabilidad, Zambada afirmó que incursionó en el narcotráfico en 1969, con apenas 19 años de edad. Reconoció ser fundador del Cártel de Sinaloa y haber traficado más de un millón de kilogramos de cocaína en el mundo. Pero lo más relevante fue su confesión de haber sobornado y corrompido a policías, militares y políticos mexicanos para operar con impunidad.
Para Estados Unidos, aquello se presentó como si hubieran descubierto el “hilo negro”. Para los mexicanos, no fue más que la confirmación de lo sabido: siempre hemos estado gobernados por políticos aliados al crimen. La gran omisión fue no revelar nombres. Sin identidades, su confesión solo alimenta la narrativa estadounidense del “narco-Estado” sin señalar a los responsables.
Ahora bien, si Zambada asegura que sobornó durante 30 años a políticos y militares, y considerando que su arresto ocurrió en 2024, basta retroceder tres décadas. Aunque resulta inverosímil que sus sobornos a gran escala empezaran en 1994, supongamos que así fue:
Carlos Salinas de Gortari (1988–1994): más de un periodista y narcotraficante han evidenciado los nexos de Raúl Salinas, el “hermano incómodo”, con el crimen organizado. Bajo Salinas, el neoliberalismo se consolidó… y el narcotráfico también. ¿Se tocó al Cártel de Sinaloa? No.
Ernesto Zedillo (1994–2000): las grabaciones del Gral. Gutiérrez Rebollo exhibieron que la esposa de Zedillo, Nilda Patricia Velasco, tenía vínculos con el Cártel de Colima. Presidencia no solo colaboraba con el narco, era el narco. ¿Se tocó al Cártel de Sinaloa? No.
Vicente Fox (2000–2006): bajo su mandato se fugó El Chapo Guzmán, socio de Zambada. El Cártel de Sinaloa se fortaleció como nunca. ¿Se les combatió? No: fueron aliados.
Felipe Calderón (2006–2012): el juicio de Genaro García Luna en Nueva York dejó en claro la complicidad del gobierno federal con el Cártel de Sinaloa.
Enrique Peña Nieto (2012–2018): capturó a Guzmán solo para que se fugara de nuevo. Finalmente lo entregó a Trump como “gesto de buena voluntad”. ¿Se tocó a Sinaloa? No, siguió operando.
Andrés Manuel López Obrador (2018–2024): con él sí hubo un choque frontal. El “Culiacanazo” de 2019 fue la prueba. Después, en 2023, la captura de Ovidio Guzmán intensificó la guerra interna entre las facciones de Zambada y los Chapitos.
En resumen: de los 30 años de sobornos que reconoce Zambada, 24 corresponden a gobiernos del PRI y del PAN, y solo 6 a Morena. Pero sin nombres, todo queda en especulación. Su abogado, Frank Pérez, declaró que “la información del Mayo se queda con el Mayo”.
Posdata: Estados Unidos y Zambada pactaron un pago de 15 mil millones de dólares (unos 270 mil millones de pesos), casi todo el presupuesto anual del Estado de México. Ese dinero debería corresponderle a México, pues aquí quedaron la sangre y el dolor. Al final, es un asunto de colores: México puso el rojo y Estados Unidos se lleva el verde.
La legisladora panista Kenia López Rabadán se perfila para ocupar la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en reemplazo del morenista Sergio Gutiérrez Luna.
No obstante, algunos diputados de Morena se oponen al relevo y plantean ceder diez legisladores del PVEM para que el partido verde se consolide como segunda fuerza política y acceda a la mesa directiva.
Esta estrategia podría poner en riesgo la presidencia de la Junta de Coordinación Política, actualmente encabezada por Ricardo Monreal, ya que Morena perdería la sobrerrepresentación que le otorgan sus 253 diputados. De suceder, el grupo parlamentario quedaría por debajo de la mitad más uno, obligando a entregar la presidencia al PAN o al PVEM.
La Ley Orgánica de la Cámara de Diputados establece que los miembros de la mesa directiva deben ser elegidos por dos terceras partes del pleno, integrándose con un presidente, tres vicepresidentes y un secretario propuesto por cada grupo parlamentario, con un mandato de un año.
Asimismo, el artículo 17 indica que la elección de la mesa directiva para el segundo y tercer año de la Legislatura se realizará durante la sesión preparatoria del año correspondiente, garantizando que la presidencia recaiga, en orden decreciente, en los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido.
El proceso será conducido por los integrantes de la mesa directiva saliente. Si no se alcanza la mayoría calificada, la mesa continuará en funciones hasta el día 5 del mes siguiente, para lograr los acuerdos necesarios.
Entre el PRI y el PAN, desde hace un par de años, se están repartiendo un botín millonario por medio de una red — oculta hasta ahora — que conecta a las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.
Esta investigación de Los Reporteros Mx revela un presunto pacto político y un entramado de corrupción entre las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, cuyas oficinas de ambas estaban dirigidas por una misma persona. Hasta ahora, se ha encargado de tejer una red de adjudicaciones directas de contratos millonarios que beneficia a un selecto grupo de empresas.
La alianza está formada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y la priista Mariana Rodríguez Mier y Terán —quien es la directora de Obras y Desarrollo Urbano— y es la clave de este esquema.
Fuentes internas de la propia alcaldía Cuauhtémoc nos relatan que este vínculo se trata de un “pago de favores” por el apoyo recibido durante la campaña electoral.
El epicentro de este presunto desvío de recursos es la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Cuauhtémoc, una de las áreas más codiciadas y estratégicas de cualquier alcaldía. De acuerdo con las fuentes internas, este puesto habría sido entregado al PRI como parte de un acuerdo explícito entre las cúpulas de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por el PRI, el PAN y el PRD. Coalición, cabe recordar, por la que Alessandra Rojo de la Vega fue candidata a la Alcaldía Cuauhtémoc.
Es importante señalar que Rodríguez Mier y Terán no es una figura nueva en la política de la Ciudad de México.
Cabe mencionar que el nombre de Mariana Rodríguez Mier y Terán salió a relucir por primera ocasión en un hecho terriblemente trágico ocurrido a finales de marzo de 2023. Supuestas amenazas de muerte, recibidas por parte de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y Mier y Terán, quien era directora general de Gobierno, habrían llevado a Darío Villeda, un hombre de 37 años, a quitarse la vida.
Villeda, en un video que grabó antes de morir, reveló algo sumamente perturbador: “acuso a Mariana (Rodríguez Mier y Terán) por todo lo que se vive en establecimientos mercantiles, en la vía pública y la maldita corrupción en obras, donde cobran hasta medio millón de pesos por tolerarlas”. Acto seguido, el exempleado de la alcaldía Álvaro Obregón se quitó la vida con un tiro en el pecho. Pero esos señalamientos no le importaron a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien, a pesar de ello, decidió darle un puesto clave a Mier y Terán, quien es descrita como una mujer de carácter explosivo y alguien que no se tienta el corazón para alcanzar sus objetivos.
Es ahí, en la Cuauhtémoc, donde Mariana Rodríguez Mier y Terán, nos aseguran, estaría recibiendo instrucciones directas del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Esta política de extracción priísta tiene también un amplio y polémico historial en la alcaldía Álvaro Obregón, bajo la administración de Lía Limón, donde, de hecho, fue directora general de Gobierno y alcaldesa sustituta.
Contratos por adjudicaciones directas. A su llegada a la Alcaldía Cuauhtémoc en octubre de 2024, Mariana Rodríguez Mier y Terán comenzó a repartir jugosísimos contratos por adjudicación directa. Una de las empresas beneficiadas fue Proyectos Y Construcciones GUSAM, S.A. DE C.V., que, curiosamente, fue uno de los proveedores consentidos de la administración de Lía Limón en Álvaro Obregón.
La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, con la aprobación de Alessandra Rojo de la Vega y la priísta Mariana Rodríguez Mier y Terán, dio aGUSAM un contrato de 2.4 millones de pesos por un supuesto “mantenimiento” en el Mercado San Juan Curiosidades… trabajo que, de acuerdo con los propios empleados de la alcaldía, ¡nunca se realizó!
En septiembre de 2023, por mencionar otro ejemplo, durante la gestión de Lía Limón y teniendo como directora general de Gobierno a Mariana Rodríguez Mier y Terán, la Alcaldía Álvaro Obregón destinó 1 millón 243 mil 157 pesos para labores de rehabilitación de muros y taludes en las colonias Unidad Popular Emiliano Zapata y Lomas de Plateros. Trabajos que, de acuerdo con los propios vecinos, nunca se realizaron.
Esta no ha sido la única empresa que han forrado de dinero en las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.
Otro caso similar es el de Desarrollo Urbano Y Suministros TECNOVA, S.A., que también ha sido una de las compañías más beneficiadas en Álvaro Obregón. En enero de este año, dicha compañía recibió un contrato por 20 millones de pesos en la alcaldía Cuauhtémoc para realizar rehabilitaciones en el alumbrado público.
El contrato, como suele ocurrir en la administración de Alessandra Rojo de la Vega, no especifica en qué colonias se llevaría a cabo la supuesta rehabilitación. Lo que solo muestra que a fecha de hoy la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, por alguna razón, siguen forrando de dinero a TECNOVA.
El 28 de octubre de 2024, por mencionar también, la administración de Javier López Casarín dio a esa empresa 24 millones de pesos para la supuesta reconstrucción del mercado público número 353, “Marcelo Fernández Bonilla”.
La falta de transparencia y el uso recurrente de la adjudicación directa como método de contratación revelan que, ahora mismo, un Cártel de Obras fantasma podría estar ocultándose en las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.
La Cámara de Diputados iniciará el nuevo periodo ordinario de sesiones en septiembre con la aprobación de la reforma constitucional en materia de extorsión, una de las prioridades de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Junto con el Senado, el Congreso deberá desahogar una abultada agenda legislativa, que incluye otras iniciativas presidenciales y cerca de 98 leyes secundarias enviadas por el Ejecutivo federal, de acuerdo con información recopilada por La Jornada.
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, informó que un día después de abrirse el periodo comenzará la discusión de la Ley General contra la Extorsión, cuyo dictamen ya fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales. “Esperamos avanzar rápido en esta reforma al artículo 73 constitucional”, señaló.
Según un informe de la Secretaría de Gobernación, entre las leyes secundarias destacan 18 iniciativas sobre igualdad sustantiva y otras 18 relacionadas con protección a menores, incluyendo reformas sobre matrimonio infantil y adopciones. También se presentarán la Ley Orgánica de la Armada, la de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y reformas a la Ley Federal del Trabajo, enfocadas en la reducción de la jornada laboral.
El paquete legislativo incluye 39 iniciativas para armonizar leyes por la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología, además de cuatro iniciativas ambientales, entre otras reformas.
El informe final detalla que quedan 18 minutas pendientes, 12 en el Senado y el resto en San Lázaro, consolidando un inicio de periodo legislativo intenso y determinante para el gobierno federal.
La senadora Lilly Téllez enfrenta una creciente presión para su desafuero, con más de 271,300 firmas recolectadas en una petición en línea realizada por Tomador de decisiones: Ciudadanos de Sonora y México. Este número supera la cantidad de afiliados al Partido Acción Nacional (PAN).
Aunque Téllez no fue votada directamente por ciudadanos, los habitantes de Sonora expresan su descontento. La consideran una “vende patrias” por apoyar la intervención de EE. UU. En México y critican su traición a los principios de su partido original, Morena.
Los firmantes también señalan que la senadora ha dado la espalda a los valores que prometió defender. Además, acusan a Téllez de difundir desinformación, lo que agrava aún más su rechazo.
Con cada firma, los ciudadanos buscan que se escuche su voz y se actúe en consecuencia. La petición para el desafuero de Lilly Téllez continúa ganando apoyo, evidenciando la frustración de los electores con su falta de alineación a los principios prometidos.
A través del siguiente enlace https://chng.it/mLtJHgCf9f puedes firmar la petición y unirte a la causa.
Seis personas fueron detenidas en Texas por fraude electrónico relacionado con préstamos de la pandemia. Entre los arrestados se encuentra Bernardo Gómez Guajardo, regidor del PAN en Río Bravo.
El fiscal del Distrito Sur de Texas, Nicholas J. Ganjel, informó que los detenidos aprovecharon el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y el Programa de Préstamos por Desastres por Lesiones Económicas (EIDL).
Además del regidor, su esposa, Lesley Chávez, también fue arrestada. Ambos enfrentan cargos por solicitudes fraudulentas de préstamos a través de pequeñas empresas.
La investigación fue liderada por el FBI, la Administración de Pequeñas Empresas y el Departamento de Seguros de Texas. Los fondos se destinaron para ayudar a pequeñas empresas, pero fueron malversados para gastos personales.
El monto total del fraude asciende a 685 mil 800 dólares. Si son declarados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión y multas de 250 mil dólares.
Los otros arrestados son Sandra Pope Solis, Rolando Santiago Benítez y Edgar de la Garza, todos con residencia en Texas. Este caso resalta la seriedad del fraude en tiempos de crisis.
Según medios de la Fiscalía General de la República, Sergio Agustín Taboada Cortina, hermano del exalcalde panista de Benito Juárez, no solo está vinculado al cartel inmobiliario, sino que también es uno de los nueve altos funcionarios FGR bajo investigación por la desaparición de 900 kilogramos de cocaína que debían ser incinerados y que, según se afirma, fueron entregados a un cártel del narcotráfico.
Entre los investigados se encuentran Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, director de la Agencia de Investigación Criminal, Jorge Domínguez Martínez Vertiz, conocido como “El Tiburón”, y Adriana Campos López, titular de la Fiscalía de Asuntos Internos.
La investigación inició tras la destitución de Arturo Serrano Meneses, quien fue arrestado por delitos contra la administración de justicia y tráfico de influencias.
Serrano aprobó cambios en Guanajuato para la incineración de la droga, que luego se confirmó era otra sustancia. Sin embargo, en realidad, los 900 kilogramos fueron entregados a un cartel del narcotráfico.
La FGR también tomó acciones legales contra Carlos Enrique Rascón Yrízar, responsable del Área de Responsabilidades, por un presunto soborno. La situación sigue en desarrollo mientras se profundizan las indagatorias.
A fecha de hoy, 21 de agosto de 2025, Sergio Agustín Taboada Cortina continúa prófugo tras haber desaparecido casi una tonelada de cocaína y haberlas entregado al cártel. Se desconoce su paradero o nueva información al respecto.
Si en este momento convocara el PAN a todos sus militantes del país al zócalo de la Ciudad de México, no lo llenaría. Los avisos al INE sobre su famélica militancia no mueven a nadie para realizar una revisión del padrón extraordinaria, lo que muestra que todavía los lorenzos, los murayamas y los jacobos y otros comediantes, tienen injerencia en las decisiones del árbitro electoral.
El PAN vive horas extras, en este momento no debería existir. Su función como partido político no cubre lo esencial de una institución de interés social, las iniciativas de ley del PAN carecen de sentido, como la que amenazó con presentar una de sus senadoras sobre la posibilidad de que le género lo defina.
Lilly Téllez, presentó una iniciativa para que los términos mujer y hombre sean reconocidos legalmente únicamente conforme al sexo biológico y no por el género con el que se identifique cada persona, lo que significa un retroceso que muestra la falta de capacidad política y las preocupaciones banales de una persona que debería estar concentrada en los problemas de su estado, donde hace falta denuncias de todo y contra todos.
Pero es el PAN y no puede exigírsele mucho.
Tres de los cuatro estados que gobierna Chihuahua, Guanajuato y Querétaro pueden quedar en manos de Morena en las próximas elecciones. El otro, Aguascalientes, se tambalea.
La detención del hermano del excandidato a la jefatura de gobierno de la ciudad de México, Santiago Taboada, Sergio Agustín Taboada Cortina, egresado de la Universidad Panamericana, por: Delitos contra la administración de justicia, Tráfico de influencias, Omisiones graves, Presuntas irregularidades en el manejo de información pública, Violaciones a la protección de datos personales, entre otros.
El delincuente se desempeñaba como titular de la Unidad de Control y Evaluación, en la FGR.
Otro de los vicos que practica el PAN es hacer acusaciones sin pruebas ni fundamentos, como es el caso de la vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, sostuvo que el 48 por ciento, está bajo control de alguna célula delictiva, grave acusación como para no tener pruebas.
Este tipo de noticias falsas se convierten en temas de debates, en preguntas a la Presidenta, en simposios, en repeticiones en los medios, hasta agotar el tema de algo que nunca existió.
Esa es la manera de hacer política de acción nacional, que no cumple con los mínimos requisitos de un partido político, tal y como establecen los lineamientos de la ley electoral, que si bien está a punto de ser reformada, en la actual salen de sus reglas todos los días.
El líder nacional tiene más acusaciones penales que logros en su trabajo, llega al PAN desde mediados de noviembre y no se ha visto un solo proyecto que pueda reestructurar un partido en decadencia. Las declaraciones son exaltadas, casi paroxísticas, pero nada sucede en los hechos.
Si la dirección de Marko Cortés fue mediocre, la de Jorge Romero pareciera extraviarse entre la demagogia y la complicidad delictiva. Quien fuera la gran promesa de crear nuevas generaciones de panistas, su trayectoria militante que inicia a los 16 años, ahora se convierte en el enterrador de un partido que carece de simpatías de la población y de una dirección seria y comprometida con su propia historia.
El PAN pudo ser una oposición real, pero los desfiguros de sus legisladoras en el Congreso, la falta de contenidos en sus propuestas.
A pesar de la precariedad de su condición los panistas se dicen oposición, aunque la descomposición la conocen mejor que nadie, insisten en hacer de las apariencias una realidad, así como con su percepción de la realidad y su simulada vocación política.
Carecen de representación popular, la cual cada día se diluye más pero siguen llamándose PAN, aunque sólo queden las migajas.
