Piezas de Día de Muertos que cuestan de 10 a 15 pesos en panaderías de barrio llegan a 50 en cadenas.
Con motivo del Día de Muertos, una pieza de pan que en una panadería de barrio cuesta entre 10 y 15 pesos se vende en algunas cadenas entre 35 y 50 pesos si lleva chocolate, crema pastelera, nata o sabor a cempasúchil; el kilo llega a 200 pesos. En el caso de las donas, el precio promedio es de 20 pesos, pero en Krispy Kreme las de diseños de catrinas y de personajes de Monster Inc cuestan 44 y 42 pesos, respectivamente.
La chef Andrea Aquino Morales, profesora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, para La Jornada, atribuyó el aumento a la “gourmetización” de alimentos tradicionales. Señaló que ocurre sobre todo en la Roma-Condesa, Hipódromo y el Centro Histórico, donde el desayuno se anuncia como “brunch” y el pan tostado como “french toast”. Como ejemplo, mencionó las filas para comprar una galleta de 88 pesos en Crumbl, en la colonia Roma Norte.
Por contraste, el bolillo más barato cuesta hoy 1.80 pesos y en algunos sitios llega a tres, y para muchas personas sigue siendo una opción económica. Aquino lamentó el cierre de la panadería Segura, en el Centro Histórico, donde se vendía la pucha digestiva, pan elaborado con tequesquite; el local es ahora una tienda de esencias de perfume.
La chef indicó que la panadería tradicional persiste en establecimientos como la panadería Madrid, en la calle 5 de Febrero, que ofrece conchas, cuernitos, cuernos de agua, ojos de pancha y polvorones. También destacó el pan de feria, envuelto en hoja de zapote blanco, y el de pueblo. Afirmó que “más allá de una declaración patrimonial se debe reconocer el reservorio de conocimientos” de estos espacios productivos.
Cerca de 300 feministas clausuraron simbólicamente las oficinas del partido en Tuxtla Gutiérrez y defendieron la reforma que busca garantizar más espacios para las mujeres en las presidencias municipales.
Alrededor de 300 integrantes de colectivas feministas y defensoras de la paridad de género marcharon en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para rechazar la impugnación del Partido Acción Nacional (PAN) contra la reforma electoral que busca garantizar la participación de las mujeres en las presidencias municipales durante los comicios de 2027. Las manifestantes clausuraron simbólicamente las oficinas estatales del partido con mantas y cartulinas con la leyenda “clausurado por machismo político”.
La movilización se realizó luego de que el PAN recurriera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la reforma aprobada por unanimidad el pasado 14 de septiembre por el Congreso de Chiapas. Durante la protesta, las participantes corearon consignas como “si tocan la paridad respondemos con unidad” y “va a caer, va a caer, el patriarcado va a caer”, para exigir que se mantengan los avances en los derechos políticos de las mujeres.
Lorena Gallegos, una de las participantes, afirmó que la lucha por la paridad beneficia tanto a las mujeres que abrieron camino como a las nuevas generaciones. Por su parte, Sonia Fernanda Olmedo Duque destacó la importancia de que las jóvenes puedan defender sus derechos y aspirar a ocupar cargos públicos. Una participante indígena también llamó a las mujeres a levantar la voz y recordó que las capacidades para gobernar no son exclusivas de los hombres.
En respuesta a las críticas, la dirigente estatal del PAN, Catalina Caravantes, sostuvo que su partido no impugnó el derecho de las mujeres a participar en política, sino el procedimiento previsto para aplicar la reforma. Argumentó que la integración de los bloques municipales y el mecanismo de insaculación quedaron en manos de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, en lugar del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
El Congreso chiapaneco defendió que la modificación representa una deuda histórica saldada con las mujeres. La reforma establece que las candidaturas a los ayuntamientos, postuladas por partidos, coaliciones o candidaturas independientes, deberán registrarse mediante planillas que garanticen la paridad horizontal y vertical. La controversia coloca en el centro del debate la manera en que se implementarán las reglas para ampliar la representación política femenina en 2027.
El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México rechazó que el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) contemple un aumento al impuesto predial y anunció que solicitará modificaciones al documento para evitar confusiones sobre sus alcances, particularmente en materia de propiedad privada y uso de suelo.
La coordinadora de la bancada morenista, Xóchitl Bravo, informó que el próximo lunes entregará una solicitud formal al Consejo de Desarrollo Metropolitano para revisar los conceptos y apartados que puedan prestarse a interpretaciones equivocadas y generar preocupación entre la población.
La legisladora aseguró que el objetivo es dar certeza a los habitantes de la capital y aclarar las dudas que han surgido alrededor del proyecto, el cual todavía se encuentra en etapa de consulta.
“Para nosotras y nosotros es súper importante que la gente tenga certeza de que en esta ciudad el predial no subirá”, afirmó.
📹 #Vídeo | Esta mañana, desde el Congreso de la Ciudad de México, el Grupo Parlamentario de Morena dará una conferencia de prensa sobre el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM). pic.twitter.com/NUaPx2oIoh
Bravo también anunció que invitará al titular de Metrópoli, Enrique Irazoque, a una reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para explicar los objetivos del programa y responder a las inquietudes de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.
La coordinadora morenista sostuvo que el proceso debe estar abierto a la participación ciudadana y defendió que las personas tengan la oportunidad de conocer el proyecto y expresar sus opiniones con información clara.
Asimismo, adelantó que buscará establecer comunicación con legisladores del Estado de México, Hidalgo y Morelos para incorporar propuestas que permitan fortalecer la planeación metropolitana.
Por su parte, Irazoque explicó que el programa no puede modificar las atribuciones constitucionales y legales de cada entidad federativa. En ese sentido, afirmó que el documento no tiene efectos directos sobre el cobro del predial, los cambios de uso de suelo, la zonificación ni la venta o subasta de propiedades.
El funcionario consideró que atribuirle al proyecto consecuencias de ese tipo desconoce los límites legales que rigen a las autoridades de cada estado.
A la discusión también se sumó el presidente de Morena en la Ciudad de México, Paulo García, quien acusó al PAN de difundir información que, desde su perspectiva, busca generar temor entre la población.
El dirigente retó a la dirigencia panista a señalar los fundamentos legales de sus afirmaciones y planteó la necesidad de abrir una discusión sobre el acceso a la vivienda y la especulación inmobiliaria en la capital.
En la misma línea, el vocero de la bancada morenista, Ángel Tamariz Sánchez, precisó que el POZMVM no pretende modificar las constituciones estatales ni alterar la división de poderes. También recordó que se trata de un instrumento de alcance regional, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
El programa contempla a la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, ocho de Hidalgo y uno de Morelos, por lo que su discusión involucra a distintas autoridades y comunidades de la zona metropolitana.
Finalmente, el diputado Alberto Vanegas sostuvo que Morena continuará impulsando una agenda común para atender problemas que rebasan los límites territoriales de la capital, entre ellos la movilidad, la seguridad, el medio ambiente y el acceso a la vivienda.
Mientras continúa la consulta del programa, la bancada morenista anunció que buscará aclarar los puntos que han generado controversia y abrir espacios de diálogo para que la ciudadanía conozca sus alcances.
Simpatizantes llegaron desde el Estado de México y distintas colonias capitalinas tras recibir invitaciones verbales; algunos se retiraron antes de que comenzara el acto y otros firmaron listas de asistencia sin conocer a quien las solicitaba.
El PAN vivió una convocatoria deslucida en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. La lluvia y una espera de más de dos horas provocaron que numerosos asistentes abandonaran el lugar antes de la presentación de los aspirantes que el partido prevé impulsar en Benito Juárez, Cuajimalpa y Cuauhtémoc. Lo que debía ser una demostración de músculo político terminó con espacios vacíos y simpatizantes buscando cómo regresar a casa.
De acuerdo con La Jornada, varias personas llegaron desde Ecatepec y Chimalhuacán, en el Estado de México, así como de Iztapalapa y otras colonias capitalinas. Algunos dijeron ser comerciantes o tener familiares con negocios y aseguraron que recibieron una invitación de palabra para acudir a respaldar la concentración panista.
La escena tuvo momentos que retratan el desorden de la convocatoria. Un matrimonio de adultos mayores, procedente de la colonia Obrera, explicó que esperó a pasar lista con un hombre al que identificó como “un tal David” y decidió retirarse para evitar enfermarse. Ni siquiera había comenzado el acto cuando la pareja optó por volver a sus actividades.
A las 18:20 horas, la lluvia arreció y aceleró la desbandada. Un hombre que repartía gorras moradas intentaba convencer a los asistentes de quedarse con un insistente “no se vayan”, pero sus llamados no evitaron que buena parte de las sillas quedara vacía. Al parecer, ni el color partidista ni las ganas de tomarse la foto bastaron para competir contra el mal clima y la espera.
Al finalizar, varios camiones aguardaban para trasladar simpatizantes, mientras otros buscaban transporte por su cuenta o caminaban por el Eje 7A Sur. Algunos se refugiaron en la estación Parque de los Venados del Metro. Incluso una veintena de personas con discapacidad visual decidió retirarse, luego de firmar una lista de asistencia con un desconocido; señalaron que pertenecían a grupos de los Zamudio.
El episodio deja una postal incómoda para el PAN: una convocatoria sostenida, según asistentes, mediante invitaciones verbales, largas esperas y listas de asistencia, pero incapaz de mantener a buena parte de la gente hasta el inicio. Si el objetivo era presumir respaldo rumbo a las próximas elecciones, la lluvia terminó haciendo más evidente el vacío.
Aunque la propuesta ya contaba con el respaldo de la mayoría de los congresos estatales, la bancada panista de Guanajuato se opuso a restringir el acceso a la Presidencia y a las gubernaturas para personas con doble nacionalidad.
El Congreso de Guanajuato, dominado por el PAN, rechazó la minuta de reforma constitucional que busca impedir que personas con doble nacionalidad puedan competir por la Presidencia de México o las gubernaturas. La propuesta contemplaba modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución federal, en materia de nacionalidad única para ocupar determinados cargos públicos.
La minuta recibió el respaldo de los 10 diputados de Morena, la legisladora del PT, Carolina León Medina, y el independiente José Tovar Vargas. En contraste, legisladores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y otro diputado independiente votaron en contra, pese a que la reforma ya había obtenido el aval de la mayoría de los congresos estatales.
Durante la discusión, la diputada panista Yesenia Rojas Cervantes, quien tiene experiencia migratoria, cuestionó la propuesta al considerar que restringir derechos políticos por contar con dos nacionalidades representa una forma de discriminación. Sostuvo que el compromiso con México debe evaluarse por las acciones de las personas y no por la cantidad de pasaportes que poseen.
“La lealtad a México se demuestra con actos, con trabajo, con compromiso y con participación, no se mide por el número de pasaportes”, afirmó la legisladora, quien también aseguró ser la única voz que defendía a los migrantes en el debate.
En defensa de la reforma, el morenista Carlos Ramos Sotomayor argumentó que quienes aspiren a gobernar deben mantener una lealtad plena al país. Desde tribuna, sostuvo que la soberanía nacional exige evitar ambigüedades cuando están en juego la seguridad y el bienestar de la población.
El rechazo ocurrió pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum había firmado el decreto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), según la información difundida sobre el proceso. La votación exhibió el desacuerdo entre las bancadas sobre los requisitos de nacionalidad para ocupar los cargos más altos del país y el alcance de los derechos políticos de las personas con doble ciudadanía.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, compartió una encuesta sobre Chihuahua que coloca a Morena por encima de Acción Nacional, provocando que sus adversarios políticos ironizaran con que el propio líder panista terminó reconociendo la ventaja de la 4T.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quiso presumir músculo político en Chihuahua, pero la encuesta que acompañó su publicación terminó mostrando una realidad poco favorable para su partido. El estudio difundido coloca a Morena con 39.4% de las preferencias, frente a 37% del PAN, una diferencia de 2.4 puntos rumbo a las elecciones de 2027.
Romero acompañó los resultados con un mensaje en el que afirmó que en Chihuahua continuarán los gobiernos “honestos, decentes y aliados con LA GENTE”, pero no reparó en que los propios números de la medición colocaban a Morena en primer lugar. El desliz fue aprovechado de inmediato por dirigentes morenistas, quienes señalaron que el panista terminó difundiendo una encuesta que favorece a su principal adversario.
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, respondió con ironía al mensaje y agradeció a Romero por compartir el estudio, al señalar que incluso el dirigente del PAN estaba reconociendo que Morena encabeza las preferencias electorales en Chihuahua. La publicación también generó burlas y comentarios en redes sociales, convirtiendo lo que pretendía ser un mensaje de fortaleza panista en un episodio incómodo para su propio dirigente nacional.
El tricolor concentra el mayor porcentaje de ciudadanos que descartan votar por él, mientras Movimiento Ciudadano registra el menor nivel de veto entre los partidos medidos.
El PRI registra 47.5% de rechazo ciudadano en México, de acuerdo con el Ranking Rubikon México de septiembre de 2026. Esto significa que prácticamente la mitad de los encuestados respondió que nunca votaría por el partido, colocándolo como uno de los principales datos de la medición sobre el nivel de aceptación y rechazo de las fuerzas políticas.
El porcentaje implica que el PRI tiene un techo electoral potencial de 52.5%, al considerar al conjunto de ciudadanos que no lo descarta. En la medición, el PAN registra 33.3% de rechazo, con un techo potencial de 66.7%, mientras Morena alcanza 29.9% y un techo de 70.1%.
Entre los partidos restantes, el PT registra 20.1% de rechazo y el PVEM 18%. Por su parte, Movimiento Ciudadano alcanza 15.9%, el porcentaje más bajo de veto entre las fuerzas incluidas en el ejercicio, con un techo potencial de 84.1%. Además, 10.7% de los encuestados no descarta a ningún partido.
Los resultados corresponden a una pregunta de respuesta múltiple, por lo que los porcentajes no representan una distribución exclusiva de preferencias entre partidos. El levantamiento se realizó del 18 al 23 de septiembre de 2026 y contempló 8 mil 189 entrevistas.
El estudio reporta un margen de error de ±1.34%, con un nivel de confianza de 95%. Los datos ofrecen una fotografía del nivel de rechazo y del universo potencial de cada fuerza política en el momento del levantamiento, por lo que las preferencias pueden modificarse conforme avance el escenario electoral.
Con 325 votos a favor, la reforma obliga a plataformas a suspender el servicio a quienes violen derechos de autor de forma reiterada.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en lo general, reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor. Los cambios fijan reglas para los proveedores de Internet. El bloque mayoritario los defendió como una forma de proteger el trabajo de artistas y creadores en el entorno digital.
La votación dejó 325 sufragios a favor, de Morena, PT y PVEM. En contra votaron 114 legisladores del PRI, PAN y MC. También se sumaron el pevemista Julio Scherer Pareyón y la petista Martha Aracely Cruz. Olga Sánchez Cordero, de Morena, se abstuvo. Explicó que las normas en esta materia “son muy abiertas y dejan a mucha discrecionalidad por parte de la autoridad administradora sancionadora”.
La reforma pide a las plataformas digitales y a los proveedores de Internet retirar o suspender el servicio a los usuarios que violen derechos de autor de forma reincidente. Los proveedores tendrán responsabilidad cuando “contribuyan, induzcan o tengan conocimiento directo” de esas infracciones.
Además, el texto prevé multas de hasta 4.6 millones de pesos. Pagarán esa sanción los proveedores que no tomen medidas contra quienes infrinjan los derechos de autor una y otra vez en el entorno digital.
El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, defendió la iniciativa presidencial en tribuna. Leyó varios fragmentos del texto para, según dijo, aclarar de qué trata. Explicó que el objetivo es actualizar el marco legal ante el mundo digital. Para ello, la reforma establece reglas sobre la responsabilidad secundaria y la corresponsabilidad de los proveedores.
Sandoval también recordó que México debe cumplir compromisos del T-MEC. El capítulo 20 de ese tratado fortalece la protección de la propiedad intelectual en línea. Además, incluye reglas para los proveedores de servicios de Internet. “No hay violación a la libertad de expresión”, recalcó el petista.
Algunos legisladores de oposición pidieron más claridad sobre el alcance de la reforma. Jesús Antonio Nader, del PAN, advirtió que los proveedores podrían retirar contenidos por miedo a las multas. Mario Zamora Gastélum, del PRI, reconoció que hace falta proteger a los creadores frente a la piratería.
La sesión tuvo un ritmo especial. Morena quería terminarla pronto para que sus diputados llegaran a los festejos por el 15 aniversario del partido, en el Auditorio Nacional. Al final, los legisladores no salieron de San Lázaro. La discusión en lo particular continúa.
Desde 2015, policías, fiscalías, centros penitenciarios y laboratorios del estado han recibido capacitación, asesoría y certificaciones de organismos y autoridades estadunidenses.
La relación entre Querétaro y Estados Unidos en materia de seguridad se mantiene desde 2015, cuando inició la administración del panista Francisco Domínguez Servién, y ha continuado durante los gobiernos posteriores. Policías estatales, centros penitenciarios y la Fiscalía General del Estado (FGE) han participado en programas de capacitación y certificación vinculados con instituciones del país vecino.
Uno de los principales ejemplos se encuentra en el sistema penitenciario queretano. En 2021 recibió el galardón Águila Dorada, otorgado por la Asociación de Correccionales de América (ACA). Desde entonces, los cinco centros penitenciarios de la entidad han obtenido acreditaciones bajo estándares internacionales relacionados con seguridad, justicia, derechos humanos y reinserción social.
La cooperación también alcanzó a la Fiscalía estatal. Entre 2023 y 2024, organismos de acreditación estadunidenses avalaron siete de sus laboratorios, mientras que el Programa Internacional de Asistencia para la Capacitación en Investigación Criminal respaldó la preparación de 75 peritos. Con ello, distintas áreas de investigación forense fueron sometidas a procesos de capacitación y evaluación.
En febrero de este año, el fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández y Katie Stana, directora de la oficina de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley de la Embajada de Estados Unidos en México, firmaron un acuerdo para fortalecer las capacidades de investigación forense y pericial. Posteriormente, la FGE recibió asesoría técnica para acreditar laboratorios especializados en balística, criminalística de campo, genética, química y evidencia digital.
La cooperación también incluye a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro, que en 2023 recibió el aval de una comisión estadunidense de acreditación para agencias policiales. El mismo organismo había certificado en 2018 al Centro de Información y Análisis sobre Seguridad estatal. Estos antecedentes muestran que la colaboración con organismos de Estados Unidos en materia de seguridad no es reciente y se ha extendido durante más de una década.
