La decisión de pintar canchas de fútbol de azul en Allende, Nuevo León, desata críticas por su uso como propaganda política y romper con la tradición deportiva.
Eduardo Leal, alcalde de Allende, Nuevo León, aprovecha las canchas de fútbol que rehabilita para pintarlas de azul, el color de su partido, el PAN, y poner sus iniciales en el centro de estas, una forma de hacer propaganda descarada a través del deporte con lo que se supondría son recursos públicos.
Hasta el momento, son tres las canchas que se han “rehabilitado” con esta dinámica, una en la Unidad Deportiva Río Ramos y dos en Colonia del Norte. Todas luciendo un azul intenso innecesario, así como la tipografía típica de su administración, donde resaltan las iniciales “LL” de Lalo Leal.
Especialistas y aficionados han comentado que las canchas, incluso en formatos como fútbol 7 o amateur, tradicionalmente son verdes al replicar el césped natural, base histórica del deporte. Aunque no existe una prohibición formal, estándares internacionales como los de la FIFA recomiendan superficies que simulen el verde. En ese contexto, pintar los campos de azul ha sido calificado por críticos como un capricho político más que una mejora deportiva.
Este tipo de intervenciones, que no son nuevas en la administración de Leal, parecen desvirtuar y politizar los espacios deportivos, los cuales deberían priorizar el bienestar comunitario y la práctica adecuada del deporte, por encima de cualquier interés partidista.
En medio de un fin de semana violento con al menos 11 personas asesinadas, la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, y su gabinete fueron captados en un lujoso restaurante celebrando, mientras a unas cuadras ejecutaban a un adulto mayor.
Mientras Chihuahua enfrentaba un fin de semana marcado por la violencia, la gobernadora Maru Campos decidió hacer una pausa… pero no para atender la crisis, sino para relajarse. Acompañada de su gabinete (César Jáuregui, Santiago de la Peña y José Granillo), fue vista en el lujoso restaurante La Calesa, en lo que ella misma justificó como un momento para “tomarse un tequilita” y relajarse debido a una exhaustiva semana de trabajo.
La declaración, lejos de calmar los ánimos, encendió la indignación ciudadana, pues parece que no recuerda que su estado se encuentra entre los primeros cinco a nivel nacional en cuanto a violencia. Su brindis junto a los principales funcionarios del estado resulta no solo insensible, sino profundamente ofensivo. Mientras la clase política se da el lujo de desconectarse para un momento de ‘relajación’, la población vive atrapada entre homicidios, miedo y una estrategia de seguridad que claramente no está funcionando.
Mientras que otros medios señalan la reunión como estratégica y con fines laborales, la realidad es que Campos y su gabinete disfrutaban aunque durante las 48 horas anteriores sucedieron 8 ejecuciones en Ciudad Juárez y 3 muertes en la capital, incluyendo el asesinato de un adulto mayor en plena zona centro, a unas cuadras de su celebración. Este panorama refleja una crisis que no admite pausas ni celebraciones: la violencia no descansa, pero el gobierno sí.
Con información de Sandra Dueñes Monárrez para Chihuahua Minuto a Minuto.
Libia Denisse y Tere Jiménez perciben sueldos superiores al de la presidenta mientras enfrentan críticas por inseguridad, subvaluación patrimonial y decisiones que comprometen las finanzas públicas.
Por Neri Torres
Los gobiernos panistas siguen dando de qué hablar.
La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, y la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, son las únicas dos gobernantes estatales que ganan más que la presidenta.
Pero más allá de tener méritos para presumirlo, tienen argumentos para contradecirse.
De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, Libia Denisse percibe un sueldo de $259,689.91 pesos mensuales brutos. A esto se le suma un “humilde” aguinaldo de $389,534.87, lo que en total daría una percepción anual de 3 millones 505 mil 813 pesos. ¿Lo merece? No, y aquí van algunos datos duros que lo contradicen.
La percepción de la inseguridad en Guanajuato sigue siendo una de las más altas en México. La encuesta de ENVIPE, realizada por el INEGI, registra que 88.5% de los habitantes del estado considera que vivir aquí es inseguro. Es decir, casi 9 de cada 10 personas temen a la delincuencia.
Pero hay más. De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, en 2023 Libia Denisse adquirió un terreno ejidal de dos hectáreas en la zona de Comanjilla, el cual transformó en una finca campestre con casa, alberca, canchas y otras amenidades.
Aunque pagó alrededor de 4 millones de pesos por el predio, en su declaración patrimonial reportó un valor menor y omitió diversas construcciones ya existentes, pese a que el valor comercial actual supera los 10 millones de pesos. Además, imágenes satelitales evidencian la expansión del terreno y el desarrollo de infraestructura no declarada, lo que ha generado cuestionamientos sobre la subvaluación y falta de transparencia en su patrimonio. Es decir, hay más detrás de lo que no reporta.
Lo grave ocurre cuando vemos que por lo menos un 20 por ciento de las empresas constructoras han pausado de manera temporal sus actividades ante la inseguridad y las extorsiones, lo que ha llevado a retrasar entregas de obras debido a que no existen condiciones para realizarlas.
Si pasamos al estado de Aguascalientes, la cosa es similar.
Teresa Jiménez percibe un salario mensual bruto de $206,539.32, más el aguinaldo que es de $275,385.76, la gobernadora panista ingresa anualmente 2 millones 753 mil 857 pesos. ¿Argumentos para defenderse? Aquí le van los datos duros.
La edil impulsó una reestructura para ampliar un contrato con la empresa Next Energy, señalada por incumplimientos, con el fin de cuadruplicar la deuda pública de 3 mil a más de 12 mil millones de pesos, comprometiendo recursos estatales y municipales hasta 2035, de acuerdo con una investigación de Pop Lab.
El proyecto, aprobado con rapidez por un Congreso de mayoría panista, incluye sumar a diversas dependencias y municipios al esquema, pese a que la empresa ya había cobrado millones por un parque solar que nunca operó. La medida ha generado cuestionamientos por el endeudamiento a largo plazo, la falta de resultados y posibles irregularidades en el proceso, además de investigaciones en curso por autoridades federales.
Además, durante su gestión como alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez acumuló diversos señalamientos por presuntos actos de corrupción, incluyendo un desfalco millonario en la compra de luminarias con sobreprecio, que habrían costado cientos de millones adicionales al erario.
Estas adquisiciones beneficiaron a empresas vinculadas a perfiles cercanos al PAN, lo que desató críticas incluso dentro de su propio partido y evidenció posibles conflictos de interés en la asignación de contratos públicos.
Asimismo, su administración fue cuestionada por el manejo opaco de recursos y contratos otorgados a empresas fantasma, así como por irregularidades en proyectos de infraestructura y servicios. También la señalan de haber mantenido influencia sobre el Congreso local, lo que habría facilitado el encubrimiento de estas prácticas.
A pesar de las acusaciones, no enfrentó sanciones y, por el contrario, fue respaldada políticamente dentro de su partido para continuar su carrera.
Un intercambio de denuncias entre Morena y PAN elevó la tensión política en torno a la alcaldía Cuauhtémoc. El caso escaló hasta el INE, mientras autoridades electorales locales abrieron procedimientos por posibles irregularidades en el uso de recursos y propaganda.
El diputado federal y vocero de Morena, Arturo Ávila, acudió al INE para interponer una queja contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. La acusó de difundir acciones de gobierno en las que se priorizó su imagen personal dentro de la publicidad de las elecciones.
La respuesta del PAN fue inmediata: su representante ante el órgano electoral, Victor Hugo Sondón, presentó una denuncia contra el propio Ávila, a quien señaló de haber destinado recursos para impulsar su presencia pública, con la intención de posicionarse rumbo a la contienda por la alcaldía Cuauhtémoc en 2027.
El legislador morenista ofreció una conferencia de prensa donde reiteró sus señalamientos contra la alcaldesa, a quien atribuyó el uso de recursos públicos para promover su imagen en programas y obras de la contienda.
Ávila también solicitó que se ordenara el retiro de la propaganda que consideró irregular, mientras el PAN insistió en que existen gastos en plataformas digitales que habrían sido utilizados para promocionar al diputado en zonas específicas de la alcaldía.
El IECM abrió tres procedimientos sancionadores por posibles actos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. Los casos involucraron a distintos funcionarios y representantes políticos, en un contexto de mayor evaluación sobre la difusión de imagen en redes y actividades oficiales.
El gobierno de Felifer ha gastado millones de pesos, pero de las 80 que prometió sólo 48 han sido concluidas, en su mayoría remodelaciones pequeñas que incluyen la rehabilitación de pavimento o luz; en una calle de 250 metros Felifer gastó más de 4 millones de pesos
El municipio de Querétaro, encabezado por Felipe Fernando Macías, no ha parado en despilfarrar recursos, principalmente en las 80 obras que el panista tomó como estandarte de gobierno para el periodo 2024-2027.
De acuerdo con documentos del municipio, Felifer prometió realizar 80 obras en cerca de 40 colonias del municipio, pero a un año de concluir su periodo en el cargo, sólo se han realizado 48.
Más aún, las obras de Felifer costarán al erario mil 209 millones de pesos, pero lo que más llama la atención es el gasto exorbitado que ha realizado en las 48 obras que ya están concluidas. Mismas que han sido pequeñas remodelaciones de luz, drenaje y pavimento.
Es decir, ninguna obra grande que pueda beneficiar al municipio en términos de desarrollo o movilidad.
Los baches en las auditorías
Desde 2024, algunas de las obras prometidas, fueron sometidas a estrictas auditorias por parte del Órgano Interno de Control por distintas anomalías, entre las que se encuentra la adjudicación directa de las obras y que los proveedores entregaron obras incompletas o que no fueron lo acordado. En cambio, cobraron los montos sin ninguna objeción.
Por ejemplo, en 2024, Felifer comenzó la remodelación de la calle Roque González, en la colonia Reforma Agraria.
Las obras incluían la rehabilitación del drenaje sanitario, la de agua y el empedrado de la calle. El costo ascendió a 4 millones 514 mil 957 pesos, sin embargo, se trata de un tramo de apenas 250 metros, que Construcción Industrial y Asfáltica de México S.A. de C.V. concluyó en apenas un mes, entre noviembre de 2025 y diciembre de 2025.
En la auditoría se detectó que el proveedor ni la Secretaría de Obras Públicas presentó la documentación que acreditaba la legalidad de los procesos tanto para la adjudicación como de conclusión de la obra.
En el transcurso de siete días se presentaron documentos incompletos para aclarar la situación de las obras de la calle Roque González, en la colonia Reforma Agraria.
La Auditoría también detectó deficiencias en la construcción que no detalla, y que el municipio que gobierna Felifer logró aclarar.
Otra de las obras que llaman la atención por lo costosas que resultan fue la remodelación del asfaltado en el estacionamiento de la Universidad Autónoma de Querétaro, la cual se otorgó a través de una adjudicación restringida a Proveedora Rogmai, S.A. de C.V, un asiduo constructor de obras públicas en Guanajuato y San Luis Potosí.
La remodelación del estacionamiento de la UAQ costó 4 millones 495 mil 608 pesos o la repavimentación de calle Santiago Mexquiquitlán.
Ciudadanos denuncian en redes sociales que las obras inconclusas serán el símbolo de la administración de Felifer. Mientras tanto él continúa engrosando sus declaraciones bajo misteriosos conceptos que incluyen préstamos de empresas fantasma.
Casos como Javier Duarte, César Duarte, Tomás Yarrington, Roberto Borge y Guillermo Padrés reflejan casos donde exgobernadores huyeron tras acusaciones por corrupción, desvío y crimen organizado.
La reciente orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán por PRD, Silvano Aureoles, y la fuga de éste, quien habría sido apoyada por el crimen organizado, reavivó el debate sobre exmandatarios estatales que han sido acusados de corrupción y vínculos con el crimen organizado que han evadido a la justicia.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Javier Duarte (PRI), exgobernador de Veracruz, quien se dio a la fuga en 2016 tras ser acusado de desvío de recursos y operaciones con dinero de procedencia ilícita. Su administración estuvo marcada por casos como el de los medicamentos falsos a niños con cáncer en hospitales veracruzanos. Fue detenido en Guatemala en 2017 y posteriormente extraditado a México.
Otro ejemplo es César Duarte (PRI),exgobernador de Chihuahua, acusado de peculado y desvío millonario de recursos públicos, como la polémica operación zafiro, donde habría triangulado millones de pesos del erario interestatal mediante contratos simulados. Tras concluir su mandato, salió del país en 2017 y permaneció prófugo varios años hasta su detención en Estados Unidos en el año 2020.
En el caso del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington (PRI), fue señalado por lavar dinero y recibir sobornos de organizaciones criminales, como el Cártel del Golfo y Los Zetas, a quienes brindó protección. Yarrington huyó del país en 2012 y fue detenido en Italia en 2017, para después ser extraditado a Estados Unidos, donde se le imputaron cargos.
También destaca Roberto Borge (PRI), exgobernador de Quintana Roo, acusado de peculado, aprovechamiento ilícito del poder y venta irregular de terrenos públicos. Borge intentó huir a Europa en 2017, pero fue detenido en Panamá antes de concretar su escape. Fue extraditado a México.
El PAN no se queda atrás y uno de los casos más señalados es el del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien fue acusado de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. Aunque no huyó del país, permaneció prófugo de la justicia durante un periodo antes de entregarse en 2016.
Estos casos exhiben cómo, durante años, gobiernos del PRI y del PAN permitieron y normalizaron prácticas de corrupción a gran escala, casos incluso vinculadas con el crimen organizado, dejando consecuencias profundas en las finanzas públicas y en la seguridad del país.
Auditorías detectaron irregularidades por más de 8 millones de pesos y la denuncia se presentó tras semanas de presión política y ausencia del funcionario.
La alcaldesa panista Monserrat Mendoza Cano enfrenta fuertes cuestionamientos luego de que se revelara que conocía desde 2024 irregularidades en la Tesorería municipal, pero permitió que el entonces titular, Jaime Aguirre Mejía, permaneciera en el cargo hasta su reciente fuga, de acuerdo con una investigación de Carmen Pizano para Pop Lab.
De acuerdo con auditorías de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, el funcionario realizó transferencias irregulares de recursos públicos a su cuenta personal, sin poder justificar al menos 2.8 millones de pesos, además de múltiples inconsistencias administrativas. Pese a ello, Mendoza Cano fue notificada antes de iniciar su segundo periodo y aún así lo ratificó.
El escándalo creció con nuevas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que detectó irregularidades por más de 5.2 millones de pesos en recursos federales, incluyendo contratos sin comprobación, gastos sin documentación y uso indebido de fondos públicos en eventos y servicios.
La presión política y ciudadana obligó finalmente a la alcaldesa a presentar una denuncia ante la Fiscalía estatal, luego de que el tesorero dejara de presentarse a trabajar desde febrero de 2026. Incluso, la falta de control financiero derivó en problemas operativos, como cortes de servicios básicos en el ayuntamiento por adeudos.
Investigaciones internas también revelan posibles anomalías en compras públicas, pagos sin reglas claras y apoyos autorizados sin apego a lineamientos, lo que apunta a un desorden financiero sistemático dentro de la administración municipal.
Aunque desde el PAN se ha defendido la actuación de la alcaldesa, el caso ha desatado críticas por la tardía reacción y por permitir que las irregularidades escalaran, en un contexto donde el daño al erario aún no ha sido completamente cuantificado.
La Cámara de Diputados avala la reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum en medio de intensos debates y críticas de la oposición.
Este miércoles 8 de abril de 2026, la Cámara de Diputados aprobó el Plan B de la reforma electoral con una votación de 377 a favor y 102 en contra. Este dictamen, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, generó un amplio debate entre los legisladores.
Los diputados de partidos como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano criticaron la falta de sanciones para políticos y partidos que reciban financiamiento del crimen organizado. También denunciaron la violencia política de género que enfrentan algunas funcionarias, como Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán.
Durante la sesión, las diferencias entre los partidos se hicieron evidentes. Leonel Godoy, acusado por Quiroz en un caso de asesinato, defendió su inocencia a pesar de las investigaciones en su contra.
El Plan B modifica artículos de la Constitución, pero omite temas como la revocación de mandato, lo que agrava las tensiones entre Morena y el Partido del Trabajo.
A nivel local, se establece que los ayuntamientos se compondrán de una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías. Esto deberá hacerse bajo principios de paridad de género e igualdad.
Además, el nuevo decreto regula los presupuestos de los congresos locales. Se fijó un límite: no podrán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad. También, prohíbe ciertas prestaciones y asegura que los ahorros generados se destinen a infraestructura pública.
Con esta aprobación, el Congreso de la Unión y los estatales tienen hasta el 30 de mayo de 2026 para actualizar sus leyes y alinearse con esta reforma. La decisión genera un nuevo capítulo en el mundo político mexicano, lleno de desafíos y expectativas.
El líder del PRI suma más ausencias injustificadas que cualquier otro senador, mientras PAN y PRI dominan el abandono del pleno.
En el colmo del descaro legislativo, Alejandro Moreno Cárdenas se posicionó como el senador con más faltas injustificadas en el Senado durante la LXVI Legislatura. Según registros oficiales, entre septiembre de 2024 y marzo de 2026 acumuló siete inasistencias sin justificar y 20 justificadas. Sí, el mismo que pide disciplina… pero no la practica.
El informe revela que, en total, se registraron 181 faltas injustificadas cometidas por 67 legisladores. Y aunque “Alito” se lleva la medalla de oro en ausencias, su bancada tampoco se queda atrás: el PRI suma 46 faltas injustificadas entre 13 senadores, confirmando que el problema no es individual, sino de grupo… o de flojera colectiva.
Pero si de abandono se trata, el primer lugar por bancada lo tiene el PAN, con 60 faltas injustificadas de 21 senadores. Por su parte, Morena acumuló 42 ausencias injustificadas, aunque lidera en faltas “justificadas”, lo que al menos indica que avisaron antes de no ir. Movimiento Ciudadano registró 20 inasistencias, mientras que PT y PVEM, curiosamente, no reportaron faltas sin justificar.
¿Y por qué faltan tanto? No siempre es por enfermedad o trabajo legislativo. De acuerdo con reportes periodísticos, varias ausencias han sido estrategias de protesta política. Por ejemplo, durante la validación de reformas clave —como la del Poder Judicial o la Guardia Nacional—, decenas de senadores simplemente decidieron no presentarse, como si ausentarse fuera equivalente a debatir.
Al final, mientras los ciudadanos cumplen horarios y obligaciones, algunos legisladores parecen haber entendido su cargo como opcional. Y “Alito”, fiel a su estilo, lidera… pero en lo que nadie debería presumir.
El alcalde panista recibió un préstamo de una entidad calificada por hacienda como “empresa fantasma”; de este modo, Felifer justificó ingresos por más de 500 mil pesos en 2025.
Por Martha Rojas
Felipe Fernando Macías, actual alcalde del municipio de Querétaro, aspira a convertirse en el nuevo gobernador de la entidad, sucediendo en 2027 al empresario panista Mauricio Kuri.
Afiliado al PAN en 2007, “Felifer”, como popularmente se le conoce, ha construido una carrera cobijada por el partido blanquiazul, desempeñándose como secretario juvenil de Acción Nacional, consejero estatal, asesor del Congreso en Querétaro, regidor, diputado y ahora, alcalde.
En la trayectoria política de Felifer, no sólo brillan los cargos conquistados rápidamente, sino también los cuantiosos ingresos que el alcalde albiazul ha obtenido.
Según versa en sus declaraciones patrimoniales, en los últimos dos años, el panista ha ostentado ingresos por 1 millón 421 mil 770 pesos netos.
Amasando una fortuna a través de los diferentes cargos públicos que ha desempeñado.
En 2024, Felifer se convirtió en el presidente municipal de Querétaro. Desde ahí, ha presumido cuantiosas inversiones en infraestructura pública, cuyos resultados son poco palpables.
Ese mismo año, el panista realizó su primera declaración ya como alcalde. Ahí, dijo ser propietario de un automóvil Mazda 6 del año 2020, valuado en 519 mil pesos, y gozar de ingresos por 1 millón 83 mil 457 pesos. Además, declaró tener un crédito de 40 mil pesos.
Al año siguiente, en 2025, los bienes de Felifer crecieron. Además de su Mazda 6, el alcalde declaró ser propietario de un inmueble valuado en 2 millones 131 mil pesos y además, dijo tener una inversión personal no especificada en ALLIANZ FONDIKA SA de CV.
Nada raro, si no fuera porque en la declaración de 2025 del panista existe un vacío en torno a un ingreso por 500 mil pesos, que, según Felifer, fue producto de un préstamo recibido por LINYSUB NUEVA GENERACIÓN, una entidad que ha sido señalada por la Secretaría de Hacienda como una “empresa fantasma”.
De acuerdo con los documentos, el 1 de mayo de 2024 Felifer recibió un préstamo personal por 500 mil pesos de LINYSUB NUEVA GENERACIÓN SA DE CV. Una empresa fantasma con sede en Naucalpan, Estado de México, a la que Hacienda boletinó luego de confirmar que se trata de una entidad que no cuenta ni con los medios, ni con el personal y mucho menos con los recursos para financiar las operaciones que asevera tener.
El 24 de enero de 2025, Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación una lista con los nombres de empresas que levantaron las alarmas del fisco al simular operaciones fiscales cuyo origen no se podía rastrear.
Entre las empresas listadas figura LINYSUB NUEVA GENERACIÓN SA DE CV, una empresa que prestó medio millón de pesos a Felifer.
Dinero que el alcalde declaró un ingreso y también como un adeudo en su declaración patrimonial de 2025.
Legal y contablemente, el préstamo de 500 mil pesos, más que un ingreso, es un pasivo. Es decir, una deuda que no incrementa el patrimonio personal, pues se tiene que liquidar, pero al declararla un ingreso, lo que en realidad Felifer intentaba era justificar la entrada de dinero cuyo origen no se puede comprobar.
La declaración de panista no sólo pone en evidencia el tipo de estrategias que el funcionario utiliza para justificar los ingresos adicionales que entran en sus cuentas, sino también su nexo con una empresa que ya ha sido calificada por el SAT como una empresa fantasma.
De las obras no terminadas a las empresas fantasma
Para los queretanos la administración real de Felifer no es la que se relata en los medios de comunicación ni en las campañas mediáticas que desde 2024 el alcalde financia con presupuesto del ayuntamiento.
Su administración es la de las obras inconclusas, pues desde que inició su administración, el alcalde ha presumido la ejecución de al menos 17 obras públicas, cuyos resultados no son palpables.
Al tomar la presidencia municipal, aseveró que modernizaría el alumbrado público del Mercado Escobedo con un gasto de 20 millones de pesos. Pero tremenda decepción se llevaron los locatarios cuando se percataron de que la famosa rehabilitación se limitó al cambio de fusibles y algunos contactos que, hoy en día, lucen casi igual a los anteriores.
En total, el panista ha invertido unos 161 millones de pesos en sus obras. Tan sólo en la rehabilitación de seis calles de la colonia Reforma Agraria gastó unos 25 millones de pesos.
Pese al gasto, algunas de las obras continúan en proceso y otras de plano figuraron como un gasto irresponsable, como la colocación de lámparas en la Alameda Central, cuando las colonias aledañas sufren de cortes eléctricos recurrentes.
Problemáticas que se mantienen ajenas al alcalde, que este año, más que por las obras, está preocupado por la candidatura a gobernador.
