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Morena defiende la Mañanera frente a críticas del PRIAN
El partido en el poder respondió este lunes a las acusaciones de Acción Nacional y calificó la conferencia matutina como un ejercicio inédito de transparencia gubernamental.
Morena publicó este 10 de agosto un posicionamiento oficial en defensa de “La Mañanera”, el espacio informativo diario del Gobierno de México. El documento llegó como respuesta directa a un comunicado previo del PAN, que había cuestionado la práctica.
El texto del partido guinda arranca con una idea central: la información pública pertenece al pueblo. Un pueblo informado puede exigir cuentas a sus gobernantes, mientras que la opacidad limita esa libertad ciudadana.
Morena describió “La Mañanera” como una herramienta que rompió con años de silencio institucional. Antes de 2018, según el partido, los gobiernos hablaban poco y evitaban rendir cuentas frente a la sociedad.
El comunicado marcó un contraste con la llamada época del PRIAN. En ese periodo, las decisiones se tomaban puertas adentro y la ciudadanía dependía de intermediarios para enterarse de los asuntos públicos.
Con la Cuarta Transformación, sostiene Morena, el gobierno comenzó a explicar sus decisiones de forma abierta. Millones de mexicanos siguen ahora ese ejercicio diario de comunicación directa.
El partido también defendió la pluralidad de voces en la conferencia. Periodistas de medios nacionales, locales e independientes participan cada mañana con posturas editoriales distintas.
Ahí también se cuestiona al gobierno y se contrastan datos en vivo, explicó Morena. Ese formato permite aclarar versiones que circulan en medios de comunicación.
La parte más dura del texto apuntó contra Acción Nacional. Morena acusó al PRIAN de repetir falsedades y lanzar acusaciones sin pruebas contra funcionarios públicos.
Cuando el gobierno responde con documentos, agregó el partido, la oposición recurre a hablar de censura o persecución. Esa dinámica, dijo Morena, busca blindar la mentira de cualquier respuesta.
El comunicado insistió en que nadie ha cerrado espacios de expresión al PAN. El partido opositor mantiene acceso a conferencias, entrevistas, redes sociales y tribunas legislativas.
Morena remató su postura con una frase directa. La Mañanera devuelve la palabra al pueblo y por eso, según el partido, la derecha busca silenciarla.
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Oposición junta firmas para acabar con La Mañanera; quieren informarse en “Hechos”, dicen
La oposición impulsó una petición para eliminar las conferencias matutinas del Gobierno federal, pero el supuesto respaldo masivo quedó reducido a menos de 14 mil firmas en un país de más de 120 millones de habitantes.
Sectores de la oposición lanzaron una campaña para desaparecer la Mañanera, bajo el argumento de que es un espacio de “desinformación”. La iniciativa circuló en redes sociales con llamados a sumarse, aunque el gran movimiento anunciado terminó reuniendo apenas cerca de 13 mil firmas.
Pese a que sus impulsores intentaron presentarla como una exigencia ciudadana con amplio respaldo, los números cuentan otra historia. En un país con más de 120 millones de habitantes, la petición representa una muestra reducida de inconformidad y no el supuesto clamor nacional que algunos sectores han intentado vender.
La Mañanera, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y heredada del modelo de comunicación directa iniciado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en uno de los principales espacios para informar sobre acciones de gobierno, responder cuestionamientos y marcar la agenda pública.
Pero para algunos grupos opositores, la solución parece ser desaparecerla. Eso sí, después de intentar apagar una conferencia diaria con poco más de mil firmas, quizá la alternativa será volver a confiar ciegamente en los noticieros tradicionales… como “Hechos”, donde —según sus críticos— durante años han abundado los enfoques sesgados, las omisiones y las versiones acomodadas. Una gran idea: cambiar una conferencia diaria por la “objetividad” de siempre.
La polémica vuelve a mostrar la disputa por el control de la narrativa pública. Mientras sus defensores consideran que la mañanera representa un ejercicio de comunicación directa y rendición de cuentas, sus detractores buscan limitar un formato que rompió con el viejo esquema donde unos cuantos medios concentraban la información política del país.
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Arquidiócesis se suma al PRIAN y TV Azteca; ahora acusa “censura”
La Iglesia católica cuestionó la consulta sobre la regulación de contenidos y advirtió sobre un supuesto riesgo de censura, en una narrativa que coincide con la impulsada por la oposición y los grandes consorcios mediáticos.
La Arquidiócesis Primada de México decidió entrar al debate sobre la reforma en materia de telecomunicaciones y contenidos, repitiendo un discurso que desde hace semanas impulsan el PRIAN, TV Azteca y otros grupos de oposición. A través de un editorial publicado en Desde la Fe, la Iglesia advirtió que cualquier mecanismo para revisar la veracidad de la información podría convertirse en un acto de “censura previa”, pese a que el Gobierno federal mantiene abierta una consulta pública sobre la iniciativa.
En su posicionamiento, la Arquidiócesis sostuvo que ninguna autoridad administrativa debería decidir qué opiniones pueden difundirse, al considerar que ello afectaría la libertad de expresión. También defendió que la diversidad de opiniones fortalece la democracia y llamó a que sean los ciudadanos quienes contrasten la información y formen su propio criterio, en lugar de que exista una supervisión estatal sobre los contenidos.
La postura llama la atención porque coincide casi punto por punto con la narrativa promovida por dirigentes del PRIAN, comentaristas opositores y empresas como TV Azteca, que han presentado la propuesta como un intento de censura, aunque el proceso sigue en discusión pública e incluye temas como el derecho de réplica, la diferenciación entre hechos y opiniones y la protección de las audiencias.
Además de rechazar cualquier mecanismo de revisión previa, la Iglesia propuso fortalecer la autorregulación de los medios mediante códigos de ética, garantizar el derecho de réplica cuando una publicación afecte a terceros y promover una ciudadanía crítica capaz de verificar la información que consume. También pidió que las plataformas digitales y sus algoritmos estén al servicio de las personas y no de intereses ideológicos o comerciales.
El editorial concluye con un llamado a que medios, autoridades, plataformas y ciudadanía compartan la responsabilidad de construir un debate público informado, insistiendo en que la libertad se fortalece con mayor compromiso ético y no con restricciones.
Sin embargo, para muchos observadores resulta llamativo que la Arquidiócesis haya decidido sumarse a una narrativa prácticamente idéntica a la que han encabezado TV Azteca y los partidos del PRIAN, quienes han convertido el debate sobre la reforma en una campaña política contra el Gobierno federal.
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Ni un mes y Somos México ya acumula irregularidades: recibe multas por 327 mil pesos
A poco más de un mes de obtener su registro, Somos México ya fue sancionado por el INE con más de 327 mil pesos por decenas de anomalías en el manejo de recursos, confirmando que las viejas prácticas siguen más vivas que nunca.
Presumían ser la “nueva opción política”, pero ni siquiera han cumplido un mes como partido y ya comenzaron con las viejas mañas. Somos México, organización impulsada por personajes cercanos al PRIAN, recibió sus primeras multas del Instituto Nacional Electoral (INE) por 327 mil 427 pesos, luego de detectarse 43 irregularidades relacionadas con el manejo y comprobación de recursos durante su proceso de constitución, de acuerdo con una investigación de Álvaro Delgado para Sin Embargo.
Las sanciones evidencian que el partido, integrado por viejos políticos del PRI, PAN y el extinto PRD, arrancó con el pie izquierdo. Entre las anomalías detectadas por el INE destacan la omisión de comprobar gastos, ocultamiento de pagos por propaganda, transporte, renta de mobiliario, edición de videos, templetes y otros servicios, además de realizar pagos sin cumplir con los mecanismos legales de transparencia y fiscalización.
Aunque el monto de las multas parece reducido frente a los 84.3 millones de pesos de financiamiento público que recibirá durante el segundo semestre de 2026, el caso exhibe un patrón que contradice el discurso con el que el partido buscó presentarse ante la ciudadanía. Apenas obtuvo su registro y ya tuvo problemas por rendición de cuentas, una carta de presentación poco alentadora para quienes prometían hacer política diferente.
La organización, que incluso deberá cambiar su nombre y colores por resolución del INE mientras el Tribunal Electoral resuelve el caso, reúne a figuras ampliamente identificadas con los gobiernos del PRIAN, como Ernesto Ruffo Appel, Carlos Medina Plascencia, Gustavo Madero, Jorge Castañeda, Enrique de la Madrid, Amparo Casar, así como exfuncionarios del antiguo IFE-INE, entre ellos Lorenzo Córdova, Edmundo Jacobo, Leonardo Valdés y Marco Antonio Baños.
Además, diversas investigaciones han señalado que el proyecto cuenta con el respaldo de empresarios como Claudio X. González Guajardo y Ricardo Salinas Pliego, mientras que durante su conformación recibió más de 17.6 millones de pesos en donativos, cuyo origen fue cuestionado por las autoridades electorales debido a inconsistencias detectadas en la fiscalización.
Con este debut, Somos México parece confirmar el viejo refrán: aunque cambien el nombre, las prácticas siguen siendo las mismas. El partido que prometía representar algo distinto ya estrenó su historial de sanciones antes siquiera de competir en una elección, demostrando que las “caras nuevas” llegaron acompañadas de las mismas chapuzas que durante años dijeron combatir.
Con información de Álvaro Delgado para Sin Embargo.
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Abogado del diablo: la turbia trayectoria de Fernando Gómez Mont
Fernando Gómez Mont construyó su carrera defendiendo a banqueros y funcionarios acusados de fraude, impulsó una reforma penal que dejó libres a varios de ellos, llegó a la Secretaría de Gobernación en 2008 arrastrando señalamientos de conflicto de interés. Casinos ilegales, redes familiares en el poder y clientes polémicos marcan su historia hasta hoy, cuando defiende al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo en el caso de huachicol fiscal.
Fernando Gómez Mont Urueta nació en la Ciudad de México en 1963. Es hijo de Felipe Gómez Mont, uno de los fundadores del PAN, estudió en la Escuela Libre de Derecho, donde coincidió como compañero de generación con Felipe Calderón.
Militó en el Partido Acción Nacional durante dos décadas, fue diputado federal, entre 2008 y 2010, secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón, cargo que asumió tras la muerte de Juan Camilo Mouriño en un accidente aéreo.
Antes de llegar a la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont construyó su carrera representando a personajes señalados por delitos de “cuello blanco”; defendió a Carlos Cabal Peniche en su proceso de extradición, a Gerardo de Prevoisin, acusado de desviar fondos de Aeroméxico al PRI, a Tomás Peñalosa, extesorero del IMSS encarcelado por fraude y a Jorge Lankenau, del Grupo Financiero Ábaco. También asesoró en su momento a Raúl Salinas de Gortari.
Como presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Fernando Gómez Mont impulsó una reforma al Código de Procedimientos Penales, la cual fue aprobada con votos del PRIAN, permitiendo que responsables de delitos financieros y patrimoniales, como el fraude, pudieran obtener libertad bajo caución.
Juristas en derecho como el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela señalaron que esa reforma había servido de puerta de impunidad a banqueros y funcionarios que cometieron grandes fraudes contra la economía nacional.
A mediados de los años noventa, Fernando Gómez Mont mientras fungía como asesor del entonces procurador general Antonio Lozano Gracia, participaba en la revisión de iniciativas contra el crimen organizado, mantenía en paralelo su despacho privado de abogados, en el que representaba a figuras señaladas por delitos financieros.
Dirigentes panistas, entre ellos el diputado Salvador Beltrán del Río y el coordinador parlamentario Ricardo García Cervantes, advirtieron públicamente que la doble función de Fernando Gómez Mont, dañaba la imagen del PAN por su cercanía simultánea con clientes, gobierno y partido. El propio Felipe Calderón atendió la queja en privado sin informar al Comité Ejecutivo Nacional.
Fernando Gómez Mont también integró la comisión ciudadana que revisó las investigaciones sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, en la que respaldó las conclusiones del primer fiscal del caso, línea de investigación que después fue cuestionada.
Su llegada a la Secretaría de Gobernación puso bajo la lupa una tupida red de nepotismo en posiciones de poder: su hermana, Esperanza Gómez Mont, estuvo al frente de la delegación Benito Juárez y luego del Registro Nacional de Vehículos; otra hermana, Lourdes Gómez Mont, es esposa de Fabián Aguinaco, hijo del expresidente de la Suprema Corte Vicente Aguinaco Alemán; y su hermano, Miguel Gómez Mont, dirigió el Fondo Nacional de Turismo. Su despacho de abogados fue socio de Julio Esponda, amigo cercano de Calderón.
Como secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont recibió en 2009, de manos del entonces diputado perredista Jesús Zambrano, un listado de 46 casinos que operaban de forma irregular en el país, entre ellos el Casino Royale de Monterrey, escenario en 2011 de un incendio provocado que dejó 52 muertos.
Años después, reportes periodísticos señalaron que Julio Esponda, su socio de despacho, había sido acusado de recibir dinero relacionado con la operación de casinos ilegales.
Fernando Gómez Mont renunció a la Secretaría de Gobernación y al PAN en 2010. Desde entonces ha vuelto a ejercer como litigante de altos perfiles, en años recientes ha representado, al empresario del futbol Guillermo “Billy” Álvarez, acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y administración fraudulenta, recientemente, representa al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel en el caso conocido como “huachicol fiscal”, reavivando las críticas que lo señalan de mantener, relación de cercanía con figuras señaladas por presuntos delitos graves.
Además, su sobrina, la conductora de televisión Inés Gómez-Mont, es buscada por la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuenta con una ficha roja de Interpol desde 2023.
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Moreira pide borrón y cuenta nueva sobre la corrupción del PRIAN
El priista Rubén Moreira rechaza que Morena recuerde los excesos del pasado, mientras exige que el gobierno actual deje de compararse con esa herencia.
La molestia del legislador priista Rubén Moreira volvió a quedar al descubierto esta semana. El “dinosaurio” del PRI se quejó de que el gobierno de Morena recurra constantemente al pasado para explicar los retos actuales del país.
Moreira sostiene que esa comparación ya no tiene sentido y pide dejar atrás cualquier mención a los años del PRIAN en el poder. Su reclamo suena, más bien, a una petición de olvido conveniente para su propio partido.
Resulta cuando menos llamativo que un político con ese historial pida silencio sobre la corrupción, el autoritarismo y la represión de aquellas administraciones. Durante décadas, el PRIAN gobernó con impunidad y dejó una estela de pobreza y violencia en amplias regiones del país.
El término “narcoprianismo” no surgió de la nada. Nombra un periodo marcado por la connivencia entre el poder político y estructuras criminales que desangraron comunidades enteras. Millones de mexicanos todavía cargan las consecuencias de ese modelo de gobierno.
Pedir que nadie hable de ese pasado equivale a borrar la memoria de las víctimas. Además, ignora que buena parte de los problemas actuales tienen raíz directa en decisiones tomadas durante esos sexenios.
La postura de Moreira resulta, en el fondo, contradictoria. Exige al gobierno actual respuestas inmediatas, pero se niega a que la ciudadanía recuerde quién construyó las condiciones que hoy se buscan revertir.
El debate sobre el pasado no busca eternizar reproches. Sirve, ante todo, para que el país no repita los mismos errores que tanto costaron a la sociedad mexicana.
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Cruz Pérez Cuéllar acusa campaña de guerra sucia del PRIAN rumbo a Chihuahua
El alcalde con licencia aseguró que conserva vigente su visa estadounidense y afirmó que los ataques en su contra reflejan la preocupación de la oposición ante el avance de la Cuarta Transformación en Chihuahua.
El alcalde con licencia de Ciudad Juárez y aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, Cruz Pérez Cuéllar, rechazó categóricamente los rumores sobre una supuesta cancelación de su visa estadounidense y aseguró que se trata de una nueva estrategia de guerra sucia impulsada por sus adversarios del PRIAN para intentar frenar el crecimiento del movimiento en Chihuahua.
El morenista sostuvo que es la quinta ocasión en que se difunde esta versión sin sustento y consideró que estas acciones evidencian la desesperación de la oposición, que, dijo, ya da por perdido el estado. “Hasta cierto punto los entiendo, saben que tienen perdido Chihuahua y no encuentran la forma de evitar la llegada de la transformación”, expresó.
Pérez Cuéllar recordó que en ocasiones anteriores los mismos rumores fueron desmentidos por los hechos, ya que incluso se encontraba en Estados Unidos cuando comenzaron a circular las versiones sobre una supuesta cancelación de su documento migratorio. En las demás ocasiones, añadió, tampoco existió prueba alguna que respaldara esas afirmaciones.
Ante este escenario, hizo un llamado a la militancia y simpatizantes de la Cuarta Transformación a mantenerse unidos y no caer en provocaciones. Señaló que, conforme avance el proceso político en Chihuahua, los ataques y las campañas de desinformación aumentarán, por lo que insistió en que la organización y la unidad serán fundamentales para consolidar el proyecto de Morena en la entidad.
Finalmente, el aspirante reiteró que no existe ningún señalamiento en su contra y afirmó que su situación migratoria permanece sin cambios. “Tengo mi visa, tengo mi Global Entry y mi Express. No hay ningún tipo de señalamientos, no hay nada”, enfatizó, al tiempo que descartó cualquier afectación a su documentación para ingresar a Estados Unidos.
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Natalia Torres amenaza con demandar a Sheinbaum tras exhibirla en la Mañanera
La influencer acusó al Gobierno de orquestar una campaña en su contra y advirtió posibles acciones legales, luego de que la presidenta criticara su planteamiento de condicionar el sufragio mediante un examen cívico.
La polémica por las propuestas para limitar el derecho al voto escaló un nuevo nivel. Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum calificara como “antidemocráticas” las ideas promovidas por la influencer y académica Natalia Torres, ésta respondió con un video de más de cinco minutos en el que amenazó con demandar a la mandataria, al asegurar que fue víctima de una campaña de desprestigio impulsada desde el Gobierno federal.
Torres sostuvo que todas sus opiniones corresponden únicamente a su persona y negó representar al PAN, al PRI, a la Universidad Panamericana o a cualquier organización política. Sin embargo, afirmó que tras sus declaraciones sobre la posibilidad de aplicar un examen de conocimientos cívicos para votar, recibió ataques coordinados en redes sociales y posteriormente fue exhibida durante la Mañanera del Pueblo, lo que, según dijo, podría derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales por el presunto uso de recursos públicos para desacreditarla.
En su mensaje, la creadora de contenido también desafió a Claudia Sheinbaum a abrirle un espacio en la conferencia matutina para debatir sobre democracia y libertad de expresión. Además, rechazó haber propuesto restringir el voto de las mujeres o impulsar un supuesto “voto por familia”, al asegurar que esas ideas nunca formaron parte de sus declaraciones y que fueron utilizadas para desacreditar su postura.
No obstante, la controversia surgió precisamente después de que la presidenta cuestionara las propuestas impulsadas por sectores conservadores para condicionar el sufragio, recordando que el voto universal es una conquista histórica del pueblo mexicano y de las mujeres. Sheinbaum señaló que limitar este derecho por nivel educativo o cualquier otra condición representa una visión excluyente y contraria a los principios democráticos establecidos en la Constitución.
El caso reavivó el debate sobre el papel de los opinadores digitales en la discusión pública y los límites entre la libertad de expresión y la responsabilidad de quienes cuentan con miles de seguidores en redes sociales. Mientras Torres insiste en que fue víctima de un “linchamiento” coordinado, desde el Gobierno federal se sostiene que exhibir posturas que buscan restringir derechos políticos forma parte del ejercicio de transparencia y del debate democrático.
