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49 mil millones de Salinas Pliego, agua para Ecatepec, autogobierno indígena: a un año de la nueva SCJN
A un año de la primera Suprema Corte de Justicia de la Nación electa por voto popular se han dado ejemplos de transformación, menos protección a los usureros deudores, así como más cercanía a las comunidades históricamente excluidas.
El 1 de septiembre de 2025 tomaron posesión los nueve ministros y ministras que, por primera vez en la historia de México, llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por elección popular y no por designación presidencial ratificada en el Senado.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, abogado indígena mixteco, primer presidente de la Corte con esa identidad, ha propuesto acercar la justicia al pueblo.
Durante casi dos décadas, Grupo Salinas del usurero deudor Ricardo Salinas Pliego, acumuló decenas de amparos y recursos para evitar el pago de créditos fiscales determinados por el Servicio de Administración Tributaria correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008-2013. Solo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Salinas Pliego llegó a promover 93 procedimientos distintos.
El 13 de noviembre de 2025, el Pleno desechó por unanimidad siete de los nueve amparos de Grupo Salinas, en una sesión que tomó poco más de una hora. Días después se sumó un fallo adicional sobre facultades del SAT para revisar directamente a una de sus empresas controladas.
El 5 de marzo de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró sin materia los dos últimos recursos pendientes, dando por cerrado el bloque completo: los créditos fiscales confirmados suman una deuda de 49 mil millones de pesos.
La ministra Lenia Batres Guadarrama subrayó que el proceso llevaba “destrabándose” desde inicios de 2025 y que, con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, se avanzó en la resolución de fondo hasta confirmar íntegramente los adeudos.
El Servicio de Administración Tributaria notificó formalmente el cobro en enero de 2026 al deudor Ricardo Salinas Pliego, quién calificó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como “persecución política” e incluso acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para terminar declarando públicamente su disposición a pagar.
El 26 de febrero de 2026, por primera vez en la época contemporánea, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionó fuera de su sede, para hacerlo en Tenejapa, Chiapas, tercer estado con mayor población indígena del país, donde cerca del 70% de los habitantes vive en pobreza. Más de dos mil personas de la comunidad de La Candelaria y del municipio de Tenejapa presenciaron la sesión, con traducción simultánea a tsotsil y tzeltal.
El asunto resuelto, presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf y aprobado por mayoría de ocho votos, reconoció que el Congreso de Chiapas ha incurrido en una omisión legislativa al no reglamentar el derecho al autogobierno de las comunidades indígenas, pese a que la reforma constitucional de 2024 al artículo 2° ya las reconoce como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al gobierno de Chiapas y al ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas garantizar, en un plazo de 90 días, el acceso directo de la comunidad a recursos públicos para su administración, y exigió al Congreso local legislar en 180 días para dar reconocimiento formal a los gobiernos comunitarios indígenas.
El ministro presidente Hugo Aguilar resumió el espíritu de la sesión: “la justicia debe caminar con el pueblo”. La Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que la resolución de Tenejapa respondió al peso demográfico indígena de la región y a sus rezagos históricos al acceso a derechos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado resoluciones en materia de derechos sociales, como el amparo concedido en mayo de 2026 a un estudiante de posgrado de la Universidad de Guanajuato para garantizar su derecho a la educación superior gratuita, revirtiendo la cancelación de su beca por un pago extemporáneo.
De igual manera, la Corte ha fijado un estándar reforzado para investigar casos de desaparición forzada de mujeres defensoras de derechos humanos, exigiendo análisis de contexto y perspectiva de género sin invertir la carga de la prueba a las víctimas, y validó el tope a los incrementos anuales de renta de vivienda en la Ciudad de México a la inflación, en beneficio de los inquilinos.
El 24 de agosto de 2026, tras más de cinco años de litigio iniciado en pandemia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió dos amparos a favor de 806 habitantes de 38 colonias de la Quinta Zona de Ecatepec, Estado de México, que denunciaban desde 2020 la falta de suministro regular de agua potable.
El ministro presidente Hugo Aguilar sostuvo que el derecho al “mínimo vital de agua” impone al Estado una obligación de cumplimiento inmediato que no puede postergarse bajo el argumento de progresividad. El fallo ordena a los tres niveles de gobierno garantizar de inmediato al menos 100 litros diarios por persona y coordinar inversión en infraestructura.
También, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación ha construido una línea de criterios en derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT+.
En julio de 2026, el Pleno determinó que la pérdida automática de la patria potestad por violencia vicaria es inconstitucional cuando se aplica sin un análisis integral caso por caso, ordenando ponderar siempre el interés superior de niñas, niños y adolescentes en lugar de una sanción automática.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional exigir cinco años de convivencia para acreditar el concubinato en el acceso a servicios de salud y pensiones del ISSSTE, y avaló la retención de una parte del ahorro para el retiro de trabajadores del Estado cuando se destina a garantizar pensiones alimenticias de personas deudoras desempleadas.
En junio de 2026, en un conversatorio sobre diversidad sexual, el tribunal reafirmó criterios en materia de reconocimiento de la identidad de género y orientación sexual, subrayando que la función jurisdiccional debe responder a las transformaciones sociales y que ninguna orientación sexual o identidad de género puede tratarse como una amenaza social, para mayor protección contra la discriminación en el ámbito laboral, educativo y de salud.
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TV Azteca se queda sin publicidad oficial y tambalea
La televisora de Ricardo Salinas Pliego enfrenta salidas, fusiones de noticieros y un concurso mercantil que agrava su crisis.
Fuentes cercanas a la empresa reportan que TV Azteca atraviesa uno de sus momentos más difíciles. La falta de contratos publicitarios del gobierno federal golpea con fuerza sus finanzas. Por eso, la televisora recurre a recortes y ajustes internos para sobrevivir.
La compañía fusionó su noticiero Hechos con la señal ADN, además canceló el programa Hechos Primera Línea. Estos cambios forman parte de una reestructura mayor en la barra informativa. También se movieron varios conductores dentro de la programación.
Este fin de semana se confirmaron dos salidas importantes. Carolina Rocha se despidió de Hechos Sábado tras ocho años al frente del programa. Por su parte, Ricardo Raphael dejó el noticiero A Ras de Tierra después de cuatro años de conducción en ADN Noticias.
Ambos periodistas anunciaron su salida en redes sociales con mensajes de agradecimiento. Raphael reconoció a la audiencia y a los equipos que lo acompañaron durante su etapa al aire. Además, adelantó que pronto compartirá sus próximos proyectos profesionales.
Entretanto, el concurso mercantil de TV Azteca sigue avanzando en tribunales. Un juzgado de distrito ya reconoció el proceso, en el que aparecen alrededor de 600 acreedores. La empresa busca ahora llegar a acuerdos de pago con ellos.
Además, la televisora salió de la Bolsa Mexicana de Valores después de casi treinta años cotizando. Este movimiento forma parte de la estrategia legal para enfrentar deudas por 600 millones de dólares. Ricardo Salinas Pliego mantiene su respaldo económico a la firma, aunque los analistas hablan de una “empresa zombie”.
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IMSS rompe contratos con Grupo Salinas por entregar información confidencial a terceros
La rescisión ocurrió luego de detectar que firmas vinculadas a Ricardo Salinas Pliego compartieron datos de proveedores con otra compañía sin contar con autorización del Instituto.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rescindió los contratos de dos empresas vinculadas a Grupo Salinas, luego de detectar incumplimientos en el manejo de información confidencial y datos personales de proveedores. El caso ya derivó en una investigación de oficio para determinar posibles responsabilidades de servidores públicos y particulares.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que las firmas Soluciones para Negocios Éticos, Competitivos y Sustentables (NECSUS), propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y Creaciones Tecnológicas y Digitales Jim entregaron a UPAX GS, también relacionada con el empresario, información confidencial proporcionada por el IMSS para cumplir con servicios del Registro de Proveedores para la Integridad (REPIMSS).
De acuerdo con la dependencia, las empresas transfirieron obligaciones contractuales y datos a un tercero sin contar con el consentimiento expreso del IMSS, pese a que tenían la obligación de preservar la confidencialidad y cumplir con las normas de protección de datos personales. El contrato tenía vigencia hasta diciembre de 2027, pero el proceso de rescisión comenzó el 2 de julio de 2026 y quedó formalmente concluido el día 30 del mismo mes.
La SABG precisó que el IMSS estableció medidas para proteger, migrar y restituir de manera segura la información generada durante la operación del REPIMSS. Además, las compañías deberán entregar bases de datos, documentos y componentes tecnológicos relacionados con el servicio y, una vez validada la transferencia, realizar el borrado seguro de cualquier información que permanezca bajo su control o el de terceros.
El asunto llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informar sobre el caso. Posteriormente, la dependencia detalló que el Órgano Interno de Control del IMSS inició el 14 de julio una investigación de oficio, con el objetivo de determinar si existieron responsabilidades de funcionarios encargados del contrato y posibles infracciones atribuibles a los proveedores.
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Nada les convence: oposición arremete otra vez contra Rocha por pedir licencia
El gobernador de Sinaloa pidió nuevamente separarse del cargo, pero sus detractores ya encontraron otro motivo para exigir su salida definitiva y hasta un juicio.
Rubén Rocha Moya volvió a solicitar una licencia temporal por tiempo indefinido como gobernador de Sinaloa y, como era de esperarse, la oposición volvió a reaccionar. Esta vez, sus críticos aseguran que la licencia “no basta” y exigieron que el mandatario enfrente un proceso judicial.
Rocha presentó ante el Congreso de Sinaloa una solicitud para ausentarse por más de 30 días, con fundamento en la Constitución local. En el documento sostuvo que tomó la decisión porque “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”. Una salida que, para sus adversarios, tampoco fue suficiente.
Entre quienes aprovecharon la ocasión para lanzar críticas estuvo Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, quien sostuvo que Rocha debe ser juzgado. “No basta una licencia. México y Sinaloa merecen verdad y justicia”, escribió, en una postura que resume el nuevo episodio de la oposición: si Rocha se queda, reclaman; si pide licencia, también.
A la lista se sumó Guadalupe Acosta Naranjo, de Somos México, quien incluso pidió que el gobernador sea detenido y entregado a autoridades estadunidenses, al considerar que ya no cuenta con fuero. Por su parte, Ricardo Salinas Pliego también intervino en la polémica y calificó el escenario como un supuesto “pleitazo” entre mandatarios para encubrir delitos.
La nueva solicitud de Rocha ocurre apenas un día después de su reincorporación a la gubernatura, lo que volvió a colocar el tema en el centro del debate político. Mientras el Congreso analiza la petición, sus detractores insisten en que debe abandonar definitivamente el cargo y enfrentar responsabilidades legales, dejando claro que, para la oposición, parece que nada termina de convencerles.
