Etiqueta: SCJN

  • Yasmín Esquivel exige consolidar la Reforma Judicial: “debemos demostrar que valió la pena”

    Yasmín Esquivel exige consolidar la Reforma Judicial: “debemos demostrar que valió la pena”

    La ministra plantea ajustes clave al proceso electoral judicial rumbo a 2027, incluyendo menos candidaturas, reglas más claras y mayor difusión.

    Durante la presentación del libro Reflexiones sobre la elección judicial 2025 en México, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, afirmó que la Reforma Judicial de 2024 debe demostrar su eficacia, al tiempo que reconoció que aún enfrenta desafíos importantes para consolidarse.

    La ministra subrayó que el nuevo modelo de elección judicial implicó una transformación profunda en la impartición de justicia en México, al abrir la participación ciudadana en la designación de personas juzgadoras. Sin embargo, advirtió que es necesario corregir fallas detectadas en el primer proceso electoral para garantizar mejores resultados.

    Entre las principales propuestas, Esquivel destacó la necesidad de separar la elección judicial de los comicios constitucionales de 2027, así como implementar un examen nacional previo para aspirantes, con el fin de elevar el nivel de quienes buscan ocupar cargos en el Poder Judicial.

    También planteó reducir el número de candidaturas, establecer criterios claros como la definición de género en los cargos, homologar convocatorias entre los tres Poderes y flexibilizar las reglas de campaña impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE). Además, propuso ampliar la duración de las campañas y fortalecer la difusión para incentivar la participación ciudadana.

    Otro punto relevante fue el llamado a restablecer el trabajo en Salas dentro de la SCJN, evitando concentrar todas las decisiones en el Pleno, lo que permitiría mejorar la eficiencia en la resolución de asuntos judiciales.

    El evento contó con la participación de especialistas y autoridades del ámbito jurídico, quienes coincidieron en que la Reforma Judicial representa una oportunidad histórica que debe perfeccionarse, para asegurar una justicia más cercana, transparente y efectiva para la ciudadanía.

  • SCJN invalida delito de “ciberasedio” en Puebla por ambigüedad

    SCJN invalida delito de “ciberasedio” en Puebla por ambigüedad

    La Suprema Corte invalidó un artículo del Código Penal de Puebla por falta de claridad jurídica; la ministra Yasmín Esquivel advirtió que las normas penales deben ser precisas para evitar abusos.

    La ministra Yasmín Esquivel Mossa fue una de las voces determinantes en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resolvió invalidar el artículo 480 del Código Penal de Puebla. La disposición, que tipificaba el delito de ciberasedio, fue considerada inconstitucional por su redacción ambigua e imprecisa.

    Durante su intervención, Esquivel enfatizó que en materia penal no basta con que una norma sea comprensible en abstracto, sino que debe ofrecer certeza sobre qué conductas específicas pueden ser sancionadas. Señaló que términos como “vigilar”, “hostigar” o “ofender” son demasiado abiertos, lo que puede derivar en interpretaciones arbitrarias.

    La ministra también subrayó que no existe un vacío legal, ya que el Código Penal estatal contempla otros delitos relacionados con tecnologías digitales. Con su postura, Esquivel reforzó el criterio de que las leyes penales deben ser claras, estrictas y sin margen para la discrecionalidad.

  • SCJN falla contra AT&T por entregar línea telefónica sin verificar identidad del usuario

    SCJN falla contra AT&T por entregar línea telefónica sin verificar identidad del usuario

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó por unanimidad a una mujer víctima de fraude y ordenó a la empresa AT&T reparar el daño causado por haber entregado un duplicado de tarjeta SIM sin verificar correctamente la identidad del solicitante.

    La compañía telefónica incurrió en responsabilidad civil extracontractual subjetiva por negligencia al no cumplir con las obligaciones que le imponen las leyes de telecomunicaciones y de protección de datos personales

    AT&T reconoció haber realizado el reemplazo de la tarjeta SIM, presentó un correo electrónico de una empleada en el que se afirmaba que se solicitó una identificación oficial, sin acreditar qué documento se exhibió, qué datos se verificaron en el sistema ni la existencia de registros, firmas, fotografías u otra evidencia del trámite.

    El fraude permitió a un tercero apoderarse del número telefónico de la usuaria, realizar intentos de operaciones bancarias, acceder a sus cuentas digitales y, posteriormente, difundir en redes sociales fotografías íntimas de ella.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que este tipo de ilícito pone en riesgo la privacidad, los datos personales, la seguridad patrimonial y la integridad emocional de las personas usuarias, especialmente porque el número celular se utiliza como mecanismo de verificación en banca en línea y otras aplicaciones.

    La ministra Loretta Ortiz presentó los proyectos de amparo, destacó que el caso afecta a millones de usuarios de telefonía móvil y que las empresas de telecomunicaciones deben responder por el manejo negligente de los datos personales.

    La Suprema Corte enfatizó que los órganos jurisdiccionales deben juzgar estos asuntos con perspectiva de género, sin trasladar a la víctima la responsabilidad por la violencia digital que sufre.

    En primera instancia, AT&T había sido absuelta; sin embargo, la SCJN revocó esa decisión y confirmó que la empresa no demostró haber aplicado medidas robustas de verificación, obligatorias para las concesionarias de telefonía con el fin de resguardar la confidencialidad de las comunicaciones y la seguridad de las líneas.

  • SCJN niega amparo a telefónica y refuerza obligación de juzgar con perspectiva de género

    SCJN niega amparo a telefónica y refuerza obligación de juzgar con perspectiva de género

    La ministra Yasmín Esquivel Mossa subrayó que juzgar con perspectiva de género es una obligación para todas las autoridades, tras un caso de violencia digital contra una mujer.

    El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo a una empresa de telefonía al determinar que actuó de forma negligente, lo que derivó en violaciones a la privacidad y al patrimonio moral de una mujer. El caso se originó tras un cambio de línea no verificado que permitió el acceso a cuentas digitales y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

    Durante la discusión, Yasmín Esquivel Mossa respaldó los proyectos y enfatizó que estos casos deben analizarse con perspectiva de género, especialmente ante contextos de violencia digital que afectan de manera desproporcionada a las mujeres.

    La Corte determinó que no se puede exigir a la víctima conservar o certificar pruebas como imágenes íntimas difundidas, ya que esto implicaría revictimizarla. Con ello, se concedió el amparo a la mujer, reforzando el criterio de que las autoridades deben valorar las pruebas con sensibilidad y sin imponer cargas excesivas.

  • SCJN frena maniobras de Salinas Pliego: rechaza recursos “dilatorios” y respalda a la UIF

    SCJN frena maniobras de Salinas Pliego: rechaza recursos “dilatorios” y respalda a la UIF

    La Corte exhibe estrategia del usurero para frenar investigaciones financieras; sus intentos de apartar ministras fueron desechados por entorpecer la justicia.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a poner un alto a Ricardo Salinas Pliego, luego de desechar dos recursos con los que el usurero pretendía apartar a ministras del análisis de su amparo contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El máximo tribunal concluyó que dichos recursos tenían como único objetivo “dilatar o entorpecer” la resolución del caso.

    El asunto, identificado como amparo en revisión 492/2023, será discutido en el pleno con un proyecto que propone sobreseer el recurso del dueño de Grupo Salinas. De aprobarse, la UIF conservará sus facultades para acceder a información financiera y patrimonial en labores de supervisión y combate a delitos como lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

    En los hechos, esto permitiría a la UIF mantener el análisis de las cuentas bancarias de Salinas Pliego hasta por 10 años, información solicitada desde diciembre de 2021 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tras su mención en los Pandora Papers, escándalo global relacionado con empresas offshore y posibles esquemas de evasión.

    Lejos de colaborar con la justicia, el evasor fiscal ha optado por una estrategia que parece más cercana al berrinche jurídico que a la defensa legal. La Corte ya contabiliza al menos 10 intentos de recusación contra ministros, incluyendo a Loretta Ortiz y María Estela Ríos, todos bajo el mismo guion: cuestionar imparcialidades sin sustento sólido.

    Pero la SCJN no compró el espectáculo. En su resolución fue clara: los argumentos de Salinas Pliego carecen de viabilidad y evidencian un uso abusivo de los recursos legales. No es la primera vez; el empresario ha promovido más de un centenar de recursos para frenar litigios fiscales, muchos ya desechados por su carácter dilatorio.

    Así, mientras el dueño de Grupo Salinas insiste en jugar al “estratega” judicial, la Corte le recuerda que la justicia no es un reality show ni un negocio más. Y aunque le incomode, esta vez tampoco pudo comprar tiempo… ni la paciencia del máximo tribunal.

  • Máximo tribunal avala lista negra financiera y da luz verde a bloqueos de la UIF

    Máximo tribunal avala lista negra financiera y da luz verde a bloqueos de la UIF

    La Suprema Corte validó funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera para la inclusión de personas a la lista de bloqueados con base en indicios, al considerar que no se trata de una sanción penal sino de un mecanismo administrativo. 

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), podrá incluir a personas en la Lista de Personas Bloqueadas cuando existan indicios de su posible relación con delitos como lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La medida avala  el artículo 116 Bis 2 de La Ley de Instituciones de Crédito reformado en 2022.

    El máximo tribunal estableció que el bloqueo de cuentas bancarias es una medida de carácter administrativo y preventivo, cuyo objetivo es proteger el sistema financiero y cumplir con estándares internacionales en cuanto a materia de combate a recursos ilícitos, por lo cual esta medida no implicará una sanción penal ni sustituirá las funciones del Ministerio Público. 

    Asimismo, la Corte señaló que la legislación en vigencia contempla garantías para las personas incluidas en la lista, como plazo definido y la opción de impugnar resoluciones ante tribunales administrativos, buscando aseguramiento a un procedimiento tras las modificaciones legales recientes. 

    El caso llegó al tribunal luego de que legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la reforma, al considerar que “vulneraban”  principios como la suposición de inocencia y el debido proceso. 

    En la práctica, la UIF ha aplicado esta medida en diversos casos, destacan el bloqueo de cuentas de 22 personas físicas y morales presuntamente vinculadas al grupo “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa, el congelamiento de recursos de Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, y el caso de Karime Macías, investigada por el desvío de más de 100 millones de pesos del DIF de Veracruz. 

    La resolución de la SCJN consolida el uso del bloqueo de cuentas como herramienta preventiva dentro del sistema financiero mexicano, manteniendo la responsabilidad penal en manos del Ministerio Público y equilibrando el fortalecimiento institucional con la garantía de derechos procesales. 

  • Validan nuevas reglas para el bloqueo de cuentas en México

    Validan nuevas reglas para el bloqueo de cuentas en México

    La Suprema Corte autoriza a la UIF congelar cuentas bancarias sin intervención del ministerio público ni orden judicial. La medida busca proteger el sistema financiero del país.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión importante este lunes. Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá bloquear cuentas bancarias sin necesidad de la intervención del ministerio público, una orden judicial o la solicitud de una autoridad extranjera. Esta decisión surge ante la necesidad de combatir delitos como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

    Los nuevos criterios establecidos por la Corte cambian el enfoque que se había mantenido anteriormente. Los ministros consideran que el congelamiento de cuentas es una medida cautelar, no una sanción penal. Esta medida administrativa busca proteger el sistema financiero del país y actuar ante posibles indicios de actividades ilícitas.

    La votación fue inclinada: seis ministros a favor y tres en contra. La ministra Loretta Ortiz Ahlf fue la encargada de presentar el proyecto de resolución. En su argumentación, defendió la validez del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Este artículo permite a la UIF agregar personas a la lista de cuentas bloqueadas cuando haya indicios relevantes de origen nacional.

    El debate en la Corte fue intenso. La ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien votó en contra, subrayó la importancia de mantener límites para evitar abusos. Resaltó que el bloqueo de cuentas debería usarse únicamente para cumplir con los compromisos internacionales de México. Su preocupación se centra en la posible afectación de la propiedad privada si no existen parámetros claros en la ley.

    Con estas nuevas decisiones, México da un paso hacia una mayor vigilancia y control financiero, aunque también despierta preocupaciones sobre posibles abusos. La discusión sobre cómo balancear la seguridad nacional y los derechos individuales sigue abierta en la sociedad.

  • SCJN perfila aval a la UIF para investigar a Salinas Pliego y mantener acceso a datos financieros

    SCJN perfila aval a la UIF para investigar a Salinas Pliego y mantener acceso a datos financieros

    El proyecto plantea desechar el amparo del empresario y permitir a la UIF analizar hasta 10 años de información bancaria vinculada a los Pandora Papers.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encamina a mantener intactas las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acceder a información patrimonial y bancaria de particulares y empresas, luego de que se propusiera desechar el amparo promovido por el usurero Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas.

    El proyecto, que será discutido el próximo 9 de abril, propone el sobreseimiento del amparo en revisión, lo que permitiría a la UIF continuar analizando información financiera de hasta 10 años del evasor fiscal. Estos datos fueron solicitados en 2021 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tras su mención —junto a otros 78 empresarios— en los Pandora Papers, relacionados con posibles esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero.

    El ministro Giovanni Figueroa Mejía plantea revocar el amparo otorgado en 2022 y concluir el caso sin estudiar el fondo, al considerar que el empresario no tiene interés jurídico, ya que la solicitud de información no implica sanciones ni afectaciones inmediatas.

    De acuerdo con el proyecto, la petición de datos es un acto inicial entre autoridades que no modifica la situación legal del solicitante. Incluso, subraya que conocer la solicitud mediante filtraciones periodísticas no constituye un perjuicio real.

    Con esta decisión, la Corte evitaría pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas que facultan a las autoridades a acceder a información financiera, mismas que seguirían vigentes para tareas de supervisión y combate al lavado de dinero.

    El caso ha permanecido casi tres años en el máximo tribunal debido a diversos recursos legales interpuestos por la defensa del empresario. En paralelo, la SCJN ha resuelto este año nueve juicios fiscales contra Grupo Salinas, con fallos adversos que suman cerca de 49 mil millones de pesos en créditos fiscales confirmados.

  • Reconocimiento del Gran Consejo Maya: una protección para los derechos indígenas

    Reconocimiento del Gran Consejo Maya: una protección para los derechos indígenas

    La Ministra Yasmín Esquivel aboga por el reconocimiento del Gran Consejo Maya en la decisión de la SCJN sobre la empresa Xcaret.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se reunió el jueves para discutir un caso relacionado con la empresa Xcaret. Cuatro personas que se identificaron como indígenas mayas denunciaron el uso indebido de símbolos de su cultura por parte de la empresa. Este reclamo llevó a la autoridad administrativa a ordenar la suspensión de diversas actividades de Xcaret.

    En la votación, la mayoría de los ministros decidió que el Gran Pueblo Maya no tenía la autoridad para permitir que Xcaret usara sus símbolos. Por lo tanto, la Corte determinó que era necesario frenar todas las actividades comerciales de la empresa en relación con este tema.

    La Ministra Esquivel, quien votó en contra de la resolución, expresó su profunda preocupación. Ella argumentó que la decisión ignoraba la voluntad del Gran Consejo Maya, un órgano reconocido por las leyes de protección indígena desde 1998. Este consejo juega un papel crucial en el acuerdo comercial entre la comunidad maya y la empresa.

    Esquivel también destacó que la Corte recibió un escrito con 209 firmas de líderes comunitarios. Entre ellos se encontraban comisariados ejidales, alcaldes y jueces tradicionales. En el documento, solicitaron que se reconociera al Gran Consejo Maya como su representante legítimo, acorde con sus tradiciones y costumbres. En su opinión, este reconocimiento es vital para el sustento económico de la comunidad.

    La discusión y la decisión de la SCJN subrayan la importancia de respetar y proteger los derechos de las comunidades indígenas. El reconocimiento adecuado del Gran Consejo Maya podría fortalecer sus derechos y sostener su cultura en un mundo donde se enfrentan a tantas presiones externas.

  • Yasmín Esquivel reafirma compromiso con la justicia en el campo

    Yasmín Esquivel reafirma compromiso con la justicia en el campo

    Más de la mitad del territorio nacional es ejidal o comunal, lo que vuelve clave el fortalecimiento de la justicia agraria en México.

    La ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Mossa, reconoció los resultados significativos de los Tribunales Agrarios durante el informe de labores 2025, donde subrayó la importancia de consolidar una justicia cercana a campesinos, ejidatarios y comunidades indígenas.

    Durante el evento, encabezado por el Tribunal Superior Agrario bajo la dirección de Claudia Dinorah Velázquez González, se expusieron los avances y retos enfrentados por magistradas y magistrados en la tarea de garantizar certeza jurídica en la tenencia de la tierra y resolver conflictos en el ámbito rural.

    A través de sus redes sociales, Esquivel resaltó la labor de estas instituciones y reiteró su convicción de fortalecer la justicia agraria, recordando que fue precisamente en este ámbito donde nació su vocación por la impartición de justicia, al conocer de primera mano las problemáticas del campo mexicano.

    La ministra enfatizó que la justicia agraria es fundamental para el desarrollo nacional, ya que atiende directamente las demandas de millones de campesinas y campesinos que dependen de la tierra para su subsistencia y estabilidad social.

    De acuerdo con cifras oficiales, más de la mitad del territorio mexicano corresponde a ejidos y comunidades, mientras que alrededor de 27 millones de personas viven en zonas rurales, lo que evidencia la relevancia de contar con tribunales sólidos y eficientes en esta materia.

    En este contexto, Esquivel Mossa insistió en que el fortalecimiento de los Tribunales Agrarios es clave para garantizar derechos, reducir conflictos y promover la justicia social en el campo, un sector históricamente rezagado pero esencial para el país.