Etiqueta: SCJN

  • SCJN confirma obligación de compartir infraestructura en telecomunicaciones

    SCJN confirma obligación de compartir infraestructura en telecomunicaciones

    La Suprema Corte aprueba la reforma de 2014 que obliga a empresas como Televisa a compartir sus redes, buscando ampliar la cobertura y beneficiar a la población.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó este jueves una parte clave de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) de 2014. La decisión reafirma que las empresas de telecomunicaciones, como Televisa, deben compartir su infraestructura con otros operadores.

    La filial de Televisa, Televimex, había presentado un amparo contra el artículo 139 de la ley, argumentando que compartir sus redes violaba su derecho a la propiedad privada y generaba inseguridad jurídica. Sin embargo, la SCJN desestimó esa petición y confirmó la constitucionalidad de la obligación.

    La ministra Lenia Batres Guadarrama explicó que compartir infraestructura no equivale a perder la propiedad. “Se trata de una medida que no impide usar los bienes y que tiene un fin social importante”, comentó. La decisión busca ampliar la cobertura en zonas donde actualmente no hay acceso a servicios de telecomunicaciones.

    El presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, coincidió en que la reforma es constitucional, aunque admitió que limita el derecho a la propiedad. “Es una restricción que busca beneficiar a más personas”, señaló. Él agregó que la decisión sería más sólida si se reforzaran los argumentos sobre la proporcionalidad de la medida.

    Finalmente, la Corte envió el expediente a un tribunal colegiado, que resolverá los detalles legales pendientes. La decisión reafirma que el objetivo principal es ampliar la cobertura en todo el país, beneficiando a millones de mexicanos que aún no tienen acceso a internet o telefonía.

    Este fallo representa un paso importante para que las telecomunicaciones en México sean más accesibles y justas para todos.

  • Suprema Corte revisará caso de fraude fiscal contra exdirectivo de  Cruz Azul

    Suprema Corte revisará caso de fraude fiscal contra exdirectivo de  Cruz Azul

    La SCJN analizará si la Secretaría de Hacienda presentó a tiempo la denuncia por fraude fiscal contra Víctor Garcés Rojo, exdirector jurídico de la Cooperativa La Cruz Azul.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó atraer el amparo promovido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contra el cierre del caso de fraude fiscal en contra de Víctor Garcés Rojo, exdirector jurídico de la Cooperativa La Cruz Azul.

    Por mayoría de cinco votos, el Pleno de la Corte avaló la solicitud presentada por la ministra Lenia Batres Guadarrama para revisar la resolución de un Tribunal Colegiado de Apelación, el cual determinó en enero pasado que la denuncia fue presentada fuera del plazo legal y ordenó cerrar el caso.

    El debate en la Corte estuvo marcado por un empate inicial de cuatro votos a favor y cuatro en contra, situación que se resolvió cuando el ministro Arístides Guerrero cambió su voto a favor de atraer el asunto. De esta manera, el expediente será remitido a la SCJN para su revisión integral.

    Garcés Rojo fue acusado por la SHCP de defraudar al fisco por casi tres millones de pesos, al omitir declarar 8.2 millones de pesos de ingresos correspondientes al ejercicio fiscal 2015. Hacienda tenía hasta abril de 2021 para presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero el Tribunal consideró que el dictamen contable del SAT se elaboró fuera del plazo establecido, provocando la prescripción del delito.

    El punto central del análisis que realizará la Corte será determinar si Hacienda está obligada a presentar exclusivamente dictámenes contables del SAT o si el plazo de cinco años puede interrumpirse con documentos emitidos por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), que no tiene funciones recaudatorias.

    Cabe recordar que Víctor Garcés Rojo permanece recluido en el Reclusorio Norte, donde enfrenta otros procesos por trata de personas con fines de explotación sexual, delincuencia organizada y lavado de dinero por más de 114 millones de pesos.

    La decisión de la Corte podría sentar un precedente clave sobre los procedimientos de denuncia en casos de fraude fiscal y evasión de impuestos en México.

  • Salinas Pliego lloriquea ante sus acreedores tras revés judicial contra TV Azteca

    Salinas Pliego lloriquea ante sus acreedores tras revés judicial contra TV Azteca

    El gigante mediático busca dialogar con sus acreedores luego de perder la protección legal que le permitía evadir el pago de 580 millones de dólares, en medio de críticas y sanciones en EUA. 

    Tras un revés judicial en México que revocó las medidas cautelares que protegían a TV Azteca frente a sus acreedores, Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, busca ahora sentarse a dialogar con los acreedores de bonos por un adeudo que asciende a 580 millones de dólares.

    El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dejó sin efecto la protección otorgada por el juez Miguel Ángel Robles Villegas, quien había extendido un blindaje para que la televisora pudiera esquivar temporalmente sus obligaciones. En su comunicado, Grupo Salinas asegura que la decisión es “contraria a derecho” y califica el asunto como “meramente accesorio”, aunque ahora corre a lloriquearle a sus acreedores para evitar presiones adicionales.

    El consorcio señaló: “Reiteramos nuestra disposición al diálogo para alcanzar un acuerdo favorable y acorde con la realidad de nuestra industria en México y el mundo. Hacemos un llamado a retomar el diálogo y evitar prolongar innecesariamente este proceso”. Todo esto, mientras en Estados Unidos los fondos de inversión, encabezados por The Bank of New York Mellon, exigen sanciones por desacato y estudian si también Salinas Pliego podría enfrentar penas, siguiendo ejemplos como el de AT&T.

    Desde el 22 de septiembre, un juez federal en Nueva York ordenó a TV Azteca desistir de los procesos iniciados en México contra sus acreedores, pero la televisora tardó hasta el 14 de octubre en notificar formalmente a los juzgados locales, sin aceptar renunciar a los juicios, prolongando la telenovela judicial.

    Mientras tanto, la imagen de TV Azteca y su dueño queda marcada por su intento de esquivar pagos millonarios, mostrando que incluso los que se dicen intocables pueden terminar suplicando a quienes antes señalaban de usureros.

  • TV Azteca y Salinas Pliego deberán pagar 580 mdd a acreedores en EUA

    TV Azteca y Salinas Pliego deberán pagar 580 mdd a acreedores en EUA

    Un tribunal revoca la protección judicial que impedía a la televisora cumplir con su deuda millonaria; la cifra supera los 580 millones de dólares incluyendo intereses.

    El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito revocó las medidas cautelares que protegían a TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y ordenó el pago inmediato de más de 580 millones de dólares a sus acreedores en Estados Unidos. La resolución deja sin efecto la protección que desde 2020 otorgó un juez de la Ciudad de México bajo el argumento de la pandemia de COVID-19.

    El fallo establece que las medidas dictadas previamente fueron excesivas e imprecisas, al suspender de manera general los efectos del contrato con los inversionistas. El conflicto se originó tras un contrato de emisión de bonos de 400 millones de dólares en 2017, cuyos intereses acumulan hoy más de 580 millones de dólares. Los acreedores acusan que TV Azteca usó la pandemia como pretexto legal para retrasar el pago, sin justificar debidamente la figura de fuerza mayor.

    Según la firma legal Akin, que asesora a los inversionistas, el juez Miguel Ángel Robles Villegas otorgó las medidas de manera secreta, permitiendo a la empresa suspender pagos y ocultar información financiera, lo que califican como un “uso abusivo del sistema judicial mexicano”.

    El caso también incluye un arbitraje internacional ante el CIADI del Banco Mundial, donde los acreedores buscan que el Estado mexicano repare 220 millones de dólares por la obstrucción legal cometida por TV Azteca. Katherine P. Padgett, abogada de los demandantes, afirmó que México ha sido responsable del mal uso de su sistema judicial, y que el arbitraje es la vía para garantizar los derechos de los inversionistas.

    Además de esta deuda internacional, Salinas Pliego mantiene pendientes obligaciones fiscales por más de 74 mil millones de pesos, que sigue litigando ante la SCJN y tribunales federales, y ha enfrentado otros pagos millonarios en Estados Unidos, como la fianza de 25 millones de dólares vinculada a AT&T Inc.

    El tribunal concluyó que los argumentos relacionados con la pandemia de COVID-19 carecían de fundamento legal para suspender el pago a los acreedores, y ordenó que TV Azteca cumpla de inmediato con sus obligaciones financieras, marcando un revés legal significativo para el magnate mexicano.

    Con información de Obed Rosas para Sin Embargo

  • La justicia que escucha transforma: Yasmín Esquivel

    La justicia que escucha transforma: Yasmín Esquivel

    La Ministra Yasmín Esquivel destaca la importancia de escuchar a las personas con discapacidad para tomar decisiones justas y humanas en la Corte.

    En la Ciudad de México, el 22 de octubre de 2025, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa recordó que la justicia se siente cuando se escucha a los demás. Durante el tercer día de la Audiencia Pública con personas con discapacidad, afirmó que escuchar antes de decidir es la clave para ofrecer justicia real y cercana.

    Este ejercicio, que calificó como un camino de aprendizaje, le permitió comprender mejor las barreras que enfrentan muchas personas en su día a día. La ministra resaltó la valentía y la fortaleza de quienes compartieron sus historias, y aseguró que sus testimonios deben resonar en las decisiones que toma la Corte.

    Yasmín Esquivel expresó que el compromiso del tribunal es actuar con sensibilidad y respeto. El objetivo, dijo, es elaborar proyectos y resoluciones solo después de escuchar a las personas afectadas. La ministra aseguró que la Corte está dispuesta a honrar esa promesa, sin avanzar sin tener en cuenta sus necesidades y voces.

    La ministra también hizo hincapié en que cada palabra, cada historia, debe encontrar eco en las decisiones del tribunal. Además, recordó que detrás de cada persona con discapacidad está el Estado, incluyendo a la Suprema Corte, que debe cumplir con sus deberes constitucionales y humanos.

    Para cerrar, Esquivel resaltó que ahora más que nunca, la justicia debe incluir a todos en la sociedad. La clave está en escuchar y entender, porque “la justicia que escucha es una justicia que transforma”. Este mensaje busca acercar la justicia a quienes más lo necesitan, humanizando cada paso del proceso.

  • Lenia Batres ajusta su proyecto en la Corte tras escuchar propuestas de personas con discapacidad

    Lenia Batres ajusta su proyecto en la Corte tras escuchar propuestas de personas con discapacidad

    Tras las audiencias públicas en la SCJN, la ministra Lenia Batres Guadarrama anunció que modificará su proyecto sobre la consulta a personas con discapacidad, luego de atender preocupaciones expresadas por las y los propios participantes.

    La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, informó que hará ajustes a su proyecto de resolución sobre el nuevo criterio que el tribunal aplicará al analizar leyes impugnadas por falta de consulta a personas con discapacidad. El anuncio se dio tras escuchar las posturas de más de 30 asistentes a las audiencias públicas convocadas por la Corte.

    Batres explicó que varios participantes advirtieron que su propuesta —que planteaba permitir que solo las comisiones de derechos humanos pudieran presentar acciones o controversias “a solicitud de personas con discapacidad” y con al menos 15 firmas— podría generar una carga adicional para ese sector. “Nos hicieron ver algo que no habíamos considerado… ahora intentaremos atender esa preocupación”, afirmó la ministra.

    Durante la segunda jornada, Batres adoptó un tono más empático y se presentó ante una treintena de personas con discapacidad, incluso autodescribiéndose físicamente para atender la solicitud de asistentes con discapacidad visual. El debate se centró en la acción de inconstitucionalidad 182/2025, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, que busca revisar el criterio con el que la Corte ha invalidado cerca de 50 normas en la última década por falta de consulta previa.

    El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, aclaró que el derecho a la consulta no está en duda, pero expuso que la discusión se centra en determinar si una ley que beneficia a las personas con discapacidad puede o no invalidarse automáticamente por falta de consulta, y si las comisiones de derechos humanos deben actuar siempre en nombre del sector sin dialogar previamente con él.

    Aunque prevalecieron críticas hacia el proyecto de Batres, también se escucharon voces a favor. Organizaciones civiles como Latido Colibrí A.C. respaldaron el nuevo enfoque de analizar cada caso individualmente, al considerar que ello representa un avance hacia una inclusión más efectiva

    El proceso de deliberación continuará en la Corte en los próximos días, mientras la ministra Batres integra las observaciones ciudadanas en la versión final de su propuesta, que buscará equilibrar la participación directa de las personas con discapacidad con la eficiencia de los mecanismos legales de consulta.

    Con información de Iván Saldaña para La Jornada

  • Revés legal para Grupo Elektra

    Revés legal para Grupo Elektra

    La Suprema Corte aplica por primera vez la nueva Ley de Amparo, lo que afecta los litigios de Grupo Elektra.

    El 21 de octubre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión importante al aplicar por primera vez la reforma a la Ley de Amparo. Esta nueva normativa busca agilizar los procesos judiciales y evitar abusos en las recusaciones.

    Con siete votos a favor y uno en contra, el pleno de la Corte resolvió una contradicción de criterios entre sus salas. En esta ocasión, se determinó que los ministros y magistrados no pueden ser apartados de un juicio por motivos “accesorios”, como recusaciones que no afectan el fondo del caso.

    La ministra Yasmín Esquivel Mossa, ponente del caso, explicó que las recusaciones solo pueden plantearse para que los jueces se abstengan de conocer el fondo del asunto. Esto significa que no se pueden presentar nuevas recusaciones durante el trámite de un impedimento, ya que se trata de un procedimiento secundario.

    Este cambio legal impactará varios casos en curso, incluyendo los litigios fiscales de Grupo Elektra. La empresa, encabezada por el evasor fiscal, Ricardo Salinas Pliego, ha enfrentado varios obstáculos legales, y esta decisión podría complicar aún más su situación.

    La contradicción de criterios surgió de dos sentencias. La primera sala consideró improcedentes las recusaciones, mientras que la segunda las consideró necesarias para garantizar la imparcialidad en el juicio. Este conflicto se remonta a un recurso de revisión que Grupo Elektra presentó en 2024 sobre un crédito fiscal de más de 67 millones de pesos.

    El caso se volvió aún más complejo cuando la empresa recusó a dos ministras, lo que llevó a la creación de jurisprudencia en marzo de 2025. Con la nueva Ley de Amparo en vigor, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que el fondo del asunto ya ha sido resuelto.

    Esta decisión marca un cambio significativo en la forma en que se manejan las recusaciones y podría sentar un precedente para futuros casos. La SCJN busca así fortalecer la eficiencia del sistema judicial y garantizar que los litigios se resuelvan de manera más rápida y efectiva.

  • Ministra Yasmín Esquivel: “Nadie decidirá sin escuchar a las personas con discapacidad”

    Ministra Yasmín Esquivel: “Nadie decidirá sin escuchar a las personas con discapacidad”

    La Ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Mossa, reafirma la importancia de la participación activa de las personas con discapacidad en decisiones que las afectan. Destaca que la consulta previa no es un trámite, sino un diálogo para construir una justicia más inclusiva.

    En el segundo día de la Audiencia Pública, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa dejó claro que las decisiones que afectan a las personas con discapacidad deben tomarse con su voz. Ella aseguró que escuchar a quienes viven la discapacidad no es una formalidad, sino una obligación que fortalece la democracia y la justicia.

    Esquivel Mossa explicó que la discapacidad no es igual para todos. Por eso, la consulta previa, libre e informada, no puede ser vista como un simple trámite. Para ella, este proceso es una oportunidad para dialogar y reconocer las experiencias reales de las personas en su día a día.

    La ministra resaltó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que escuchar y reconocer a estas personas no es solo un deseo, sino un deber jurídico y ético. Ella afirmó que ninguna decisión debe tomarse sin tener en cuenta su visión y sus obstáculos.

    Asimismo, Esquivel Mossa subrayó que las barreras que enfrentan las personas con discapacidad deben entenderse desde su realidad, no desde una perspectiva ajena. La tarea del Poder Judicial, dijo, es eliminar todo obstáculo que impida su ejercicio pleno de derechos.

    Finalizó señalando que la justicia debe ser inclusiva y escuchar siempre las voces de quienes más necesitan que se les respete y valore. La ministra dejó en claro que ninguna decisión importante se tomará sin el consentimiento y la participación activa de las personas con discapacidad.

  • Importante la primera audiencia pública de la SCJN

    Importante la primera audiencia pública de la SCJN

    ¡Se acabó el negocio de legislar a espaldas de la población discapacitada!

    Por Ricardo Sevilla

    Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizará su primera audiencia pública y consultará a personas con discapacidad, en el marco de la AI 182/2024.

    Pero le digo más: esta primera audiencia pública es más que un acto de transparencia: es la culminación de una batalla legal y social por la dignidad y la participación de personas con discapacidad.

    Seamos claros en los hechos.

    Históricamente, el sistema jurídico mexicano, al igual que en gran parte del mundo, ha operado bajo un modelo médico-rehabilitador o, en el mejor de los casos, paternalista hacia las personas con discapacidad. Esto significa que las leyes y políticas se diseñaban para ellas, pero sin ellas, asumiendo que los expertos o el Estado sabían lo que era mejor.

    Durante siglos, la discapacidad fue vista a través del lente del modelo de la caridad o médico, traduciéndose en una política pública y judicial de paternalismo: se les consideraba sujetos de asistencia y no de derechos plenos.

    Y eso está por cambiar en México.

    La SCJN, al abrir este espacio de diálogo, valida el modelo social y de derechos humanos de la discapacidad. Este modelo establece que la discapacidad no es la deficiencia física o mental, sino el resultado de las barreras actitudinales y del entorno (físico, comunicacional, legal) que impiden la participación plena.

    Es un logro que la SCJN cumpla su objetivo de tener una Corte de puertas abiertas, como había prometido la ministra Yasmín Esquivel.

    El derecho a la consulta es el antídoto al paternalismo, ya que reconoce la capacidad de agencia de las personas con discapacidad, es decir, su capacidad de actuar y tomar decisiones.

    La decisión de la Corte, al abrir sus puertas, no solo impactará una ley local, sino que fijará la regla de oro para la legitimidad democrática de toda norma que afecte a personas con discapacidad. Una ley es legítima no solo por su contenido, sino por el proceso de su creación.

    Es crucial que los ministros y ministras entiendan que escuchar no es un favor, sino la base mínima de un Estado de Derecho digno.

  • Yasmín Esquivel retira proyecto sobre el caso Totalplay y Hacienda

    Yasmín Esquivel retira proyecto sobre el caso Totalplay y Hacienda

    La ministra Yasmín Esquivel decidió detener un proyecto que buscaba que la Corte desestimó un recurso de Hacienda en un caso contra Totalplay, relacionado con un crédito fiscal millonario.

    Yasmín Esquivel retiró un importante proyecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La ministra decidió suspender en el último momento una propuesta que buscaba rechazar un recurso de la Secretaría de Hacienda contra una sentencia favorable a Totalplay, empresa de Ricardo Salinas Pliego. Este caso se centra en un conflicto por un crédito fiscal que supera los 645 millones de pesos.

    El litigio empezó cuando Totalplay impugnó un crédito fiscal impuesto por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La autoridad fiscal determinó esa deuda en 2017, y la empresa no estuvo de acuerdo. Por eso, promovió un juicio contencioso-administrativo, que fue confirmado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La compañía buscaba que la justicia le reconociera que podía deducir ciertos pagos realizados a distribuidores, por más de 620 millones de pesos.

    En 2024, la SCJN intervino para proteger los derechos de Totalplay. La Sala concedió un amparo que ordenó al TFJA revisar su sentencia y emitir una nueva resolución. La justicia buscaba que la empresa pudiera deducir esas comisiones y ajustar su crédito fiscal. El tribunal ordenó también que la autoridad fiscal emitiera una nueva determinación en un plazo de cuatro meses, según la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCyA).

    A pesar de ello, la empresa de Salinas Pliego volvió a impugnar. Presentó un segundo amparo, esta vez cuestionando la constitucionalidad del artículo 52 de la LFPCyA. La empresa argumentó que ese plazo violaba su seguridad jurídica, pues reabría plazos de caducidad. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa rechazó ese argumento, pero la empresa no se quedó callada. Interpuso un recurso de revisión ante la SCJN.

    En abril de 2025, la entonces ministra presidenta Norma Piña admitió el recurso de revisión 2526/2025. La Secretaría de Hacienda, por su parte, impugnó esa admisión con un recurso de reclamación. El caso fue enviado en septiembre a la ministra Yasmín Esquivel, quien tenía en sus manos la decisión final.

    Este jueves, en la sesión de la Corte, la ministra Esquivel anunció su retiro del proyecto que buscaba rechazar el recurso de Hacienda. De esta forma, se dejó abierta la discusión sobre la constitucionalidad del artículo 52 de la LFPCyA. La decisión permite que la Corte analice en el fondo si ese plazo viola derechos constitucionales, como la seguridad jurídica.

    Con esta acción, la ministra Esquivel envió un mensaje claro: la Corte continuará revisando un caso que puede marcar precedentes importantes en materia fiscal y derechos constitucionales. La resolución deja en manos de los jueces la decisión final sobre cómo deben interpretarse los plazos y procedimientos en estos casos.