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  • Claudia Sheinbaum cuestiona motivos de renuncia de ministros de la Corte y defiende legalidad en reforma judicial ante oposición

    Claudia Sheinbaum cuestiona motivos de renuncia de ministros de la Corte y defiende legalidad en reforma judicial ante oposición

    En respuesta a una pregunta del periodista Manuel Pedrero, titular del programa Sin Máscaras, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus dudas sobre la posible renuncia de siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una decisión que podría tomarse el 29 de octubre. La presidenta sugirió que esta renuncia, de concretarse, respondería al interés de los ministros por asegurar sus haberes de retiro, un beneficio económico considerable contemplado en la normativa de la reciente reforma judicial.

    Sheinbaum explicó que, según el artículo séptimo transitorio de la reforma, quienes permanezcan en sus puestos hasta concluir el mandato y no participen en la elección extraordinaria de 2025, perderían el derecho a los haberes de retiro, salvo que renuncien antes de la fecha límite. “Si no presentan ahora su renuncia, ya no tendrían los haberes de retiro”, señaló, subrayando que este beneficio implica una suma considerable que los ministros podrían asegurar solo si deciden retirarse antes de tiempo.

    Además, la mandataria federal reiteró sus reservas sobre la acción de inconstitucionalidad que se ha promovido en torno a la elección de jueces y ministros. Según Sheinbaum, el recurso, impulsado por partidos de la oposición, no tendría validez, ya que quienes lo promovieron carecen de personalidad jurídica para impugnar la reforma. La presidenta subrayó que este tipo de acciones legales requieren representación legítima y, en su opinión, esta condición no se cumple en este caso.

    “Vamos a esperar el resultado de la votación, porque los ministros y ministras de la Corte conocen lo que estoy diciendo, todos los profesionales del Derecho saben que esta propuesta no es correcta”, indicó Sheinbaum, sugiriendo que la Corte tiene el conocimiento necesario para resolver adecuadamente el tema y desestimarlo de ser necesario.

    En cuanto al contexto del fallo, el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá considera que algunas disposiciones de la reforma pueden vulnerar los principios de independencia judicial y división de poderes. Sin embargo, la propuesta se enfoca en invalidar la elección de jueces y magistrados, sin afectar la elección de ministros que está prevista para el 1 de junio de 2025.

    La posición de Sheinbaum refuerza el compromiso del Ejecutivo con la reforma judicial y deja en claro la importancia de preservar el proceso legislativo sin intervenciones externas que pudieran, según ella, distorsionar su propósito.

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  • Javier Laynez rechaza reforma de supremacía constitucional y lamenta que ya no podrá interponerse a las decisiones del legislativo

    Javier Laynez rechaza reforma de supremacía constitucional y lamenta que ya no podrá interponerse a las decisiones del legislativo

    A pocas horas de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados retome el análisis de la reforma de supremacía constitucional promovida por Morena, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, reiteró su postura en contra de la propuesta. Esta reforma busca reforzar la capacidad del Poder Legislativo para modificar la Constitución y evitar que el Poder Judicial bloquee tales cambios mediante amparos o acciones de inconstitucionalidad.

    Laynez argumentó que la reforma, que incluiría un artículo transitorio para aplicar las nuevas disposiciones incluso en casos en curso, sería “retroactiva” e inconstitucional. Sin embargo, los legisladores de Morena defienden la medida como un ejercicio legítimo de sus facultades para evitar que el Poder Judicial intervenga en asuntos que responden al interés colectivo y al desarrollo institucional del país.

    En declaraciones para Radio Fórmula, Laynez describió la reforma como un “obstáculo” para la Corte en su función de análisis, afirmando que esto afectaría no solo al Poder Judicial, sino también a los derechos ciudadanos. Sin embargo, la postura de Laynez refleja la resistencia de ciertos sectores del Poder Judicial que buscan mantener intacta su capacidad de intervenir en decisiones del Congreso, especialmente aquellas que tocan intereses particulares y privilegios en el ámbito judicial.

    Esta reforma, denominada de supremacía constitucional, responde a un contexto en el que el Poder Legislativo busca garantizar la supremacía de la Constitución sin interferencias del Poder Judicial, un principio que ha sido obstaculizado por ministros que, como Laynez, ven en ello una pérdida de su poder. Al respecto, voces del Congreso sostienen que la reforma es una medida justa y necesaria para reforzar el equilibrio de poderes, donde el Legislativo actúe en función de su mandato popular.

    Además, el ministro Laynez advirtió que esta reforma permitiría al Congreso aprobar cambios sin que el Poder Judicial pueda obstaculizarlos, una preocupación que parece reflejar más el temor a perder privilegios que un riesgo real para los ciudadanos. Para algunos analistas, esta defensa a ultranza de la intervención judicial sobre el trabajo legislativo expone cómo ciertos actores dentro del Poder Judicial buscan proteger su propio control, incluso por encima de la voluntad popular expresada en el Legislativo.

    El proceso sigue en curso, y la votación en el Congreso marcará un momento decisivo sobre la autonomía del Legislativo para llevar a cabo reformas constitucionales y consolidar una auténtica supremacía constitucional. La reforma podría sentar un precedente que obligue a la Corte a respetar las decisiones del Congreso sin condicionamientos, algo que Laynez y otros ministros ven con recelo.

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  • Don parásito del Estado: Salinas Pliego critica la existencia del gobierno, pero en redes le recuerdan que su fortuna la hizo gracias a las privatizaciones del PRI

    Don parásito del Estado: Salinas Pliego critica la existencia del gobierno, pero en redes le recuerdan que su fortuna la hizo gracias a las privatizaciones del PRI

    Desde hace varias horas el magnate y deudor fiscal, Ricardo Salinas Pliego, se ha colocado en el ojo del huracán debido a que empresarios de los Estados Unidos acusan que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de impedir que pague los adeudos que tiene en la nación americana, involucrando al Gobierno de México en sus irregulares negocios.

    Ante esto, la comunidad de redes sociales ha sido dura con el dueño de Televisión Azteca, el cual irónicamente en sus redes sociales se queja de la existencia del Estado, aún cuando su fortuna la logró gracias a las privatizaciones durante la administración del priista neoliberal, Carlos Salinas de Gortari.

    Para que el deudor de impuestos comprenda un poco de la importancia del Estado, algunos proponen que le quiten la concesión de espectro radio eléctrico, le dejen de condonar impuestos y que acaben los amparos contra sus deudas.

    En el mismo tono, algunos exigen directamente que se ponga un alto al empresario y que el Estado mexicano le quite de una vez por todas las concesiones de sus canales de televisión junto a sus tiendas y bancos, los cuales no están exentos de la crisis que vive el magnate.

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  • Consejería Jurídica pide a la Suprema Corte actuar contra jueza que suspendió reforma judicial

    Consejería Jurídica pide a la Suprema Corte actuar contra jueza que suspendió reforma judicial

    La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que inicie un proceso contra la jueza federal Nancy Juárez, luego de que esta ordenara suspender la publicación de la Reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La solicitud de Godoy, hecha pública a través de un documento difundido por la periodista Azucena Uresti, subraya que la decisión de la jueza no tiene sustento legal y representa una interferencia indebida en el proceso constitucional.

    Choque de competencias: jueza versus constituyente

    La Consejería Jurídica argumenta que el Poder Judicial carece de facultades para detener o invalidar una reforma constitucional, lo que convierte la suspensión ordenada por la jueza Juárez en una “extralimitación de sus competencias”. Según Godoy, la única entidad con autoridad para modificar la Constitución es el Constituyente Permanente, formado por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales. En este sentido, la intervención judicial es vista como un ataque directo a la soberanía legislativa.

    La polémica surgió cuando la jueza Juárez bloqueó la publicación de una reforma promovida por el Ejecutivo Federal que propone cambios profundos en el Poder Judicial. Entre estos cambios destacan la reestructuración del proceso de selección de jueces y magistrados, una medida que, según el gobierno, busca mayor transparencia y eficacia en el sistema judicial. La suspensión de esta reforma ha generado un conflicto institucional, ya que para el Ejecutivo, esta acción judicial es un precedente peligroso que permitiría que jueces interfieran en procesos legislativos clave.

    Consecuencias institucionales

    En su oficio dirigido a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, la Consejera Jurídica insta a que se tomen medidas urgentes para evitar que jueces de distrito sigan bloqueando la aplicación de reformas constitucionales. Godoy destaca la importancia de limitar este tipo de resoluciones, que considera fuera del ámbito de competencia del Poder Judicial. Asimismo, solicita activar el Sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Poder Judicial para investigar si la jueza Juárez cometió alguna falta administrativa con su decisión.

    Peligros del precedente judicial

    Godoy advirtió que permitir este tipo de resoluciones judiciales podría sentar un precedente peligroso, en el que jueces de distrito puedan intervenir en la implementación de reformas aprobadas legítimamente por el Congreso. Según la Consejería Jurídica, esta práctica podría desvirtuar el equilibrio de poderes en México, interfiriendo con la labor del Constituyente Permanente, que tiene la exclusividad en la aprobación y modificación de la Carta Magna.

    Finalmente, la Consejería Jurídica hizo un llamado a la SCJN y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que implementen mecanismos que garanticen que los jueces se abstengan de tomar decisiones que paralicen reformas constitucionales. Esta acción busca evitar futuras suspensiones y mantener la autonomía del proceso legislativo frente a injerencias judiciales que puedan afectar la estabilidad institucional del país.

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  • Trabajadores del Poder Judicial retienen a consejeros del CJF tras fin del paro laboral

    Trabajadores del Poder Judicial retienen a consejeros del CJF tras fin del paro laboral

    Ayer por la noche, un grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) cerró con cadenas las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en protesta por la decisión de levantar el paro de labores. La ministra presidenta del CJF, Norma Piña, junto a varios consejeros y colaboradores, se encuentran retenidos en el edificio.

    El incidente se originó tras una sesión del pleno del CJF, donde se resolvió terminar el paro y ordenar la reanudación de actividades en todos los tribunales y juzgados a partir del 24 de octubre. Esta medida también incluía sanciones salariales para quienes se negaran a regresar. La decisión, aprobada con cuatro votos a favor y tres en contra, generó un fuerte malestar entre los trabajadores, quienes exigieron explicaciones a los consejeros. La situación escaló cuando los manifestantes impidieron la salida de los consejeros, reclamando transparencia en la toma de decisiones.

    Consejeros a favor y en contra de la medida

    Los consejeros Bernardo Bátiz y Verónica de Gyvés se pronunciaron a favor de la suspensión del paro y la implementación de sanciones. Sin embargo, la Ministra Presidenta Norma Piña, Lilia Mónica López y José Alfonso Montalvo votaron en contra, argumentando la necesidad de más diálogo. La tensión aumentó dentro del edificio cuando algunos empleados encararon a sus compañeros por la decisión de encadenar los accesos.

    Manifestantes exigen explicaciones públicas

    En videos que circulan en redes sociales se observa cómo un grupo de manifestantes, algunos encapuchados, cerraron las entradas del CJF. Mientras tanto, los trabajadores han advertido que mantendrán las protestas hasta obtener respuestas claras.

    El conflicto se originó a raíz de una reforma judicial recientemente aprobada, que propone, entre otros cambios, la elección popular de jueces y magistrados. Esta iniciativa ha generado un amplio rechazo dentro del Poder Judicial, ya que los trabajadores temen perder sus carreras judiciales conseguidas con nepotismo y favortitismo. Ante la decisión del CJF de reanudar las actividades, se anticipa una escalada en las manifestaciones del personal judicial en todo el país.

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  • SCJN niega amparo a Mario Aburto que le daría libertad tras el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, ex candidato presidencial

    SCJN niega amparo a Mario Aburto que le daría libertad tras el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, ex candidato presidencial

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido mantener en prisión a Mario Aburto, quien se declaró culpable del asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Esta resolución se produce tras la votación en contra de un amparo que buscaba su liberación al cumplirse 30 años del crimen.

    El caso, que había generado un empate en la sala el 25 de septiembre, fue revisado por la ministra Lenia Batres. Ella propuso una reposición del procedimiento judicial, lo que implica que se deben convocar a juicio a los familiares de Colosio como víctimas del delito. La Primera Sala, con un voto mayoritario de tres miembros a favor del proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara, determinó que no se otorgaría el amparo solicitado por Aburto.

    Mario Aburto, condenado inicialmente a 45 años de cárcel, podría haber obtenido su libertad debido a un posible error en la jurisdicción bajo la que fue juzgado. Se argumentó que debió ser procesado según el Código Penal de Baja California vigente en 1994, lo que podría haber reducido su pena máxima a 30 años. Sin embargo, la decisión de la SCJN revoca cualquier posibilidad de liberación inmediata.

    El asesinato de Colosio ocurrió el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, donde fue abatido por Aburto con un disparo en la cabeza y otro en el estómago. A lo largo de los años, este caso ha estado rodeado de controversias y teorías sobre posibles conspiraciones políticas. En un acto reciente, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del fallecido político y actual senador con licencia, reflexionó sobre el legado de su padre y expresó su deseo de igualdad y oportunidades para todos los mexicanos.

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  • Improcedencia del amparo de la Jueza Nancy Juárez Vs la Presidenta de la República

    Improcedencia del amparo de la Jueza Nancy Juárez Vs la Presidenta de la República

    El día jueves 17 de octubre la jueza federal Nancy Juárez Salas, jueza del décimo noveno de distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos emitió una sentencia contra la Presidenta de la República donde establece la orden para que la Dra. Claudia Sheinbaum, elimine la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. Hay que recordar que dicha reforma se publicó en el DOF en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y no en el de la Dra. Claudia Sheinbaum, de tal forma que el ordenamiento del juez, esta sobre un tema que ya causo estado o que ha sido definitivo. 

    Así mismo, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción I, establece que es improcedente el juicio de amparo contra reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

    “Aceptar la procedencia del amparo sería resquebrajar la unidad del sistema constitucional, con grandes perjuicios para la sociedad y el orden jurídico nacional” Es por ello, que la Presidenta de la República contesta con la denuncia hacia la Jueza, que a sabiendas de la improcedencia del recurso de amparo lo aplica en sentencia.

    Artículo 39.  La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

    La representatividad del Congreso de la Unión en las cámaras federales, hace referencia al momento en que vía la participación electoral el pueblo decide nombrar a sus legisladores quienes al reformar la constitución son una expresión pura de la democracia y deben entenderse que la SCJ no puede controlar o intervenir en las modificaciones constitucionales mandatadas por el pueblo soberano vía sus representantes. Es importante señalar que los juicios de inconstitucionalidad e inconvencionalidad derivan de las violaciones a derechos humanos enmarcadas en el artículo primero de la constitución y en tratados internacionales y que solo si una reforma constitucional estuviera en este supuesto se podría argumentar la inconstitucionalidad de la misma. 

    La inimpugnabilidad del fondo de las reformas constitucionales, así como en la imposibilidad de efectuar el control jurisdiccional son base del artículo 61 de la ley de amparo, que ya tuvo sus discusiones en la SCJN y por ende la jurisprudencia suficiente que declara no inconstitucional dicho artículo que ampara las modificaciones o adhesiones a la constitución por parte del legislativo. 

    Por ejemplo, la tesis [J.]: 2ª 2/2022 “ En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conoce de un juicio debe examinar la demanda y desecharla de plano en el auto inicial si existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendiendo por “manifiesto” lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por “indudable”, que se tiene la certeza y plena convicción de un hecho por ser seguro y evidente. Ahora, cuando en un juicio de amparo indirecto se reclama alguna adición o reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –respecto a su contenido material–, se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial, en términos del artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, pues conforme al artículo 135 constitucional, el Constituyente depositó en el Congreso de la Unión –y en las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México–, con el carácter de órgano límite, la potestad (función) soberana de adicionar o reformar la Constitución General siendo, precisamente, esa capacidad normativa excepcional, en donde encuentra asidero la inimpugnabilidad del texto de la Constitución, partiendo de la idea para ello de que dicha norma fue emitida por un Poder Reformador cuyos actos no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General o en alguna otra ley secundaria. 

    Aunado a que basta la sola presentación de la demanda para advertir de su lectura que se impugnan normas de este rango y que al tratarse de aspectos insuperables del juicio, en nada se esclarecerán o modificarán de seguirse el proceso de amparo en todas sus etapas, por lo que la simple impugnación de algún precepto de la Constitución General, constituye un hecho de notoria y manifiesta improcedencia que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial.”

    Entonces, siendo así. ¿Qué motiva a la Lic. Nancy Juárez a determinar el sentido de amparo contra la reforma constitucional si es a todas luces improcedente? 

  • Las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel confirman sus intenciones para participar en el proceso de elección de ministras de la SCJN

    Las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel confirman sus intenciones para participar en el proceso de elección de ministras de la SCJN

    Este jueves, tanto la ministra Lenia Batres Guadarrama, como Yasmín Esquivel Mossa, han confirmado, por separado, sus intenciones de participar en la elección de nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    A través de un enlace en vivo con el programa “Mañanera 360”, la ministra Lenia Batres confirmó a Arlin Medrano y a Miguel Arzate, que para ella sería un honor ser de la primera generación de ministras elegidas por el pueblo mexicano.

    Por su parte, Esquivel Mossa, declaró a medios de comunicación que ella, al ser ministra en funciones, tiene el pase automático, por lo que sería casi seguro que participará para permanecer en el máximo tribunal del país.

    “Estoy revisando el proceso y bueno pues ustedes saben que el cargo más importante en mi vida y que más me ha honrado es ser ministra de la Corte y nada sería más gratificante que continuar en él”.

    Igualmente mencionó que el proceso electoral judicial “será una gran oportunidad para continuar ejerciendo el cargo de ministra, que ha sido una posición que nos permite apoyar a la gente en cuanto al acceso a la justicia”.

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  • La Ministra Lenia Batres expone daño económico por paro de labores del Poder Judicial

    La Ministra Lenia Batres expone daño económico por paro de labores del Poder Judicial

    La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, ha compartido en sus redes sociales una contundente imagen que refleja el daño económico ocasionado por el paro de labores en los juzgados de distrito y tribunales de circuito. Según la ministra, en los 56 días de paro se ha generado un impacto negativo de 10,573 millones 607,184 pesos al erario público. Este costo es atribuido a la interrupción de las actividades judiciales, que se sostiene por la disputa en torno a la reforma del Poder Judicial.

    El gráfico difundido también muestra el presupuesto anual destinado a los tribunales de circuito y juzgados de distrito, que asciende a 68,917 millones de pesos, lo que implica un gasto diario de 188,814,414 pesos. Con esta información, la ministra del pueblo, como se le ha conocido popularmente, subraya la importancia de resolver el conflicto cuanto antes para evitar un mayor perjuicio económico y social para el país.

    Batres ha sido enfática en su compromiso con la voz popular dentro de la SCJN, abogando por que la justicia y los intereses del pueblo no se vean comprometidos por cuestiones burocráticas. Su mensaje es claro: el país no puede permitirse seguir asumiendo este tipo de costos cuando hay tantas necesidades que deben ser atendidas. La ministra ha utilizado esta imagen para destacar cómo los paros afectan no solo el funcionamiento de las instituciones, sino también el bolsillo de los mexicanos.

    La publicación de Lenia Batre demuestra su intención parece ser la de sensibilizar a la opinión pública sobre las consecuencias financieras que conlleva la paralización de los órganos judiciales. En su papel como ministra, ha luchado por una reforma que refleje los verdaderos intereses de la población y que, al mismo tiempo, preserve la estabilidad económica del país.

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  • El 67% de los mexicanos considera que con la Reforma Judicial, mejorará la impartición de justicia; 69% de acuerdo con la elección popular de jueces y magistrados

    El 67% de los mexicanos considera que con la Reforma Judicial, mejorará la impartición de justicia; 69% de acuerdo con la elección popular de jueces y magistrados

    En recientes horas, De las Heras hizo público su más reciente estudio respecto a la opinión popular sobre la ya promulgada Reforma al Poder Judicial de la Federación, la cual sigue su avance en el Congreso de la Unión para la elección de las y los primeros impartidores de justicia el año entrante.

    En cuanto a la corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF), el 15 por ciento menciona que “todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos”, mientras que el 41 por ciento considera que “la mayoría son corruptos”, sumando 56 puntos en este mismo sentido.

    En cuanto a las elecciones de jueces y magistrados, el 69 por ciento esta de acuerdo con que sean electos mediante el voto popular, tal y como lo maneja la Reforma, mientras que el 23 por ciento declara que es el Consejo de la Judicatura Federal el que debería designarlos. Tan solo el 8 por ciento mencionó “no saber” cual de los dos métodos sería el mejor.

    El 62 por ciento también dijo que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberían ser elector por el pueblo a través del sufragio; en este caso el 32 por ciento respondió que deberían ser electos por el Senado de la República.

    Finalmente el 67 por ciento de los mexicanos mencionan que con la Reforma al Poder Judicial mejorará la impartición de justicia en el país, mientras que el 14 por ciento dice que “se quedará igual”. Tan solo el 10 por ciento mencionó que la aplicación de justicia “empeorará”.

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