La escritora mexicana Sabina Berman ha levantado la voz en X, arremetiendo contra el empresario Ricardo Salinas Pliego y el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el tratamiento de su caso.
En sus declaraciones, Berman no escatimó en palabras al comparar al magnate con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, aludiendo a la falta de defensa pública que recibe por parte de otros empresarios y políticos.
Yo no odio a nadie. Por disciplina espiritual.
Sí quiero que los enemigos del Bien Común sean removidos.
Salinas Pliego es el Chapo del empresariado. Por eso ningún empresario ni ningún político opositor lo defiende en público.
“Salinas Pliego es el Chapo del empresariado. Por eso ningún empresario ni ningún político opositor lo defiende en público. Ni uno”, escribió Berman, dejando claro su desprecio hacia las prácticas que, a su juicio, caracterizan al empresario. Esta comparación, que en sí misma es explosiva, pone de manifiesto la percepción de impunidad que rodea a Salinas Pliego en el escenario empresarial mexicano.
La autora también criticó fuertemente la inacción del ministro José Luis González Alcántara Carrancá. En su publicación, la escritora señaló: “No se indignaron cuando el ministro Aguilar encajonó por 10 meses el adeudo de Salinas”, sugiriendo que la SCJN ha fallado en su deber de actuar con justicia y transparencia.
Lenia Bartres no puede juzgar a Salinas Pliego porque dijo que él era un ladrón.
EN CAMBIO LOS MINISTROS que no se indignaron cuando el ministro Aguilar encajonó por 10 meses el adeudo de Salinas de miles de millones al fisco, sí podrán juzgarlo.
Berman también lanzó un dardo a los ministros al señalar que, “los enemigos del Bien Común sean removidos”. Este es llamado fuerte a un entorno donde la corrupción y la impunidad parecen prevalecer, dejando a muchos mexicanos frustrados y decepcionados con el sistema.
Con sus declaraciones, Sabina Berman no solo pone en el centro de la atención pública el caso de Salinas Pliego, sino que también desafía a la institución judicial a ser más rigurosa y justa en su labor. La escritora continúa siendo una voz crítica en el ámbito social y político, invitando a la ciudadanía a reflexionar sobre el verdadero significado de la justicia en México.
Cualquier intento por debilitar o someter al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) implica un ataque al orden legal y a nuestra democracia, y es algo que no se va a permitir, advirtió la magistrada presidenta de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, quien sostuvo que de cara a la elección extraordinaria de personas juzgadoras, este órgano jurisdiccional revertirá los intentos por debilitar sus competencias, su estabilidad y fortaleza mediante sus sentencias debidamente fundadas y motivadas.
Destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó lo sostenido por el TEPJF en el sentido de que el juicio de amparo no procede en materia electoral, y aclaró que el Tribunal Electoral en ningún momento revocó suspensiones dictadas por jueces de distrito, sino que aplicó el artículo 41 constitucional, que establece que no proceden las suspensiones, y por lo tanto no es posible frenar un proceso electoral democrático.
Tras subrayar que “el proceso electoral va y llegará a buen puerto”, la magistrada presidenta Mónica Soto aseguró que dentro del marco de cambios estructurales y procedimentales del sistema democrático, este Tribunal continuará vigilando el cumplimiento de las normas para resolver los litigios que se le presenten con estricto apego a derecho. Siendo garantes de la Constitución, lo somos también de la democracia, refirió.
En sesión solemne, con motivo de la presentación del Informe de Labores 2023-2024 de la Sala Regional Ciudad de México (SRCDMX) del TEPJF, afirmó que la ciudadanía debe tener la certeza de que cuenta con un Tribunal Electoral fuerte y que se sustenta en los principios y valores establecidos en la Constitución; que continuará la defensa de su autonomía, independencia y competencias, además de que sabrá defender los derechos político-electorales de la ciudadanía.
El magistrado de la Sala Superior Felipe Alfredo Fuentes Barrera afirmó que es momento de que todas las instituciones del Estado trabajen en armonía, cada una en su esfera de competencia, a fin de consolidar un sistema judicial equitativo y sensible a las demandas de la sociedad. Agregó que el TEPJF dará en esta elección judicial de 2025 las mismas garantías de legalidad y certeza jurídica, tal como lo hizo en el 2024.
Aseveró que el TEPJF siempre ha tenido claros los límites de su competencia y se ha centrado y concentrado solo en lo que le corresponde, que es proteger el derecho al voto, de libre asociación y afiliación, y otros derechos fundamentales ligados a la democracia, como la libertad de expresión, nada más.
Por ello, Fuentes Barrera aclaró que el Tribunal Electoral no ejerció una competencia extralegal ni revocó suspensiones de jueces de distrito. Sólo se protegió lo que establece la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Una elección no puede suspenderse, agregó.
En ese sentido, dijo que no quebranta el Estado de derecho quien observa la Constitución, y eso hizo el TEPJF ante una reforma que ya está firme y una elección que debe suceder. Añadió que desde el Tribunal Electoral se continuará garantizando la certeza jurídica del proceso electoral, sin importar los intentos de deslegitimar su labor, pues el texto constitucional es claro y el compromiso con la democracia es absoluto, resaltó.
Al rendir el Informe de Labores 2023-2024, la magistrada presidenta de la SRCDMX, María Guadalupe Silva Rojas, destacó la importancia de que esta instancia jurisdiccional del TEPJF se consolide como un pilar de la democracia mexicana y una guardiana del Estado de derecho, además de que continúe garantizando de manera reflexiva e innovadora los derechos político-electorales de la ciudadanía en la cuarta circunscripción plurinominal.
Destacó que del 1 de noviembre de 2023 al 31 de octubre de 2024, la Sala Regional recibió 3 mil 525 medios de impugnación, de los cuales resolvió 3 mil 413 en un plazo promedio de 15 días. Solo 567 resoluciones fueron recurridas ante la Sala Superior, la cual confirmó las sentencias de la SRCDMX en 98.77 por ciento de los casos.
La SRCDMX resuelve los juicios electorales de la cuarta circunscripción, que abarca los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México.
En el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la votación de hoy quedó tres votos en contra y siete votos a favor, señalando que el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ) no tienen la capacidad de invalidar suspensiones de amparo contra la Reforma al Poder Judicial.
Así mismo, el supremo tribunal presidido por la ministra Norma Piña dio un plazo de 24 horas a los jueces de distrito que las otorgaron que presenten nuevos resolutivos.
Para mi es muy claro que el problema en abstracto es: la sala superior del TEPJ ¿puede decidir ella o las otras autoridades deben acatar o no una suspensión dictada por un juez de distrito?… yo creo que no, yo creo que para eso están las vías recursivas”, sentenció Piña, intentando obstaculizar una vez más el proceso de la Elección Judicial que ya nadie podrá detener y se llevará a cabo en junio próximo.
El TEPJF no puede decidir cuándo acatar o no una resolución de un juez de distrito: ministra presidenta de la SCJN Norma Piña. pic.twitter.com/bAxFsl5S9b
Ahora bien, lo que no pasó fue la propuesta de emitir un exhorto a las autoridades federales para dar cumplimiento a las suspensiones ordenadas por jueces en contra de la Reforma Judicial.
Tanto el TEPJF, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Senado de la República y, en su momento, los Comités Evaluación de los poderes Ejecutivo y Legislativo no acataron las suspensiones en contra del proceso de elección extraordinaria 2024-2025, incluida la Elección Judicial de personas juzgadoras prevista para el 1 de junio próximo 2025.
Por su parte, la ministra del pueblo Lenia Batres, denunció la contradicción y el evidente sesgo de la SCJN, que obedece a la dirección de la ministra Norma Piña.
…entonces caeríamos nosotros en una contradicción porque no estamos asumiendo como válida la actuación del TEPJ, es decir, el Tribunal Electoral emite una orden y nosotros decidimos ahí sí invalidarla, pero el juzgado de distrito emite una orden y ahí queremos exigir que sea valida”, contrastó la ministra Lenia Batres.
El tribunal electoral emite una orden y la #SCJN busca invalidarla…
Pero el juzgado de distrito emite una orden y exige su validez 🤷♂️
La aerolínea Aeromexico, anunció el día de hoy que acatará la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que la obliga a pagar una multa de 88 millones de pesos, impuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), tras incurrir en prácticas monopólicas absolutas.
Aunque no están de acuerdo en los métodos que fueron utilizados para sancionar las acciones que presuntamente se registraron hace 17 años.
Aeroméxico no coincide con los criterios ni metodología de la Cofece para llegar a dichas conclusiones sobre supuestas prácticas de mercado de hace casi dos décadas. Sin embargo, Aeroméxico es respetuoso del estado de derecho y acatará las resoluciones de las autoridades judiciales”, contrastó Aeromexico en un comunicado oficial.
Dejo en claro que reiteraba su compromiso con los clientes, inversionistas y aliados estratégicos en la rama de la aviación comercial, reafirmando su respeto absoluto a las reglas de libre mercado, la libre concurrencia y la legislación en materia de competencia económica.
En marzo del 2019, se impuso una multa de 86 millones 196 mil pesos contra Aeromexico, Mexicana de Aviación y otras tres personas físicas, quienes habrían modificado las cuotas que cobrarían a los usuarios del servicio de transporte aéreo en rutas específicas en el territorio nacional de abril del 2008 a febrero del 2010.
Entre las 112 rutas aéreas implicadas en el caso, se encontraban: León-Tijuana, México-Tijuana, Puebla-Monterrey, Ciudad de México-Cancún, Guadalajara-Puerto Vallarta, México-Acapulco, México-Mérida, México-Los Cabos, México-Monterrey y México-Guadalajara.
La decisión de la SCJN sirve como precedente para que los acuerdos ilegales entre competidores para manipular precios en perjuicio de la población no queden impunes. Uno de los ejes fundamentales de una política de competencia robusta es investigar y sancionar este tipo de acuerdos, lo que contribuye a que contemos con mercados competitivos para generar una economía más justa e incluyente”, declaró a través de un comunicado la Cofece este miércoles.
Al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, no le gustó que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no extendiera la invitación a la ministra presidenta Norma Piña, al evento por el aniversario de la Constitución de 1917 en Querétaro.
El día de hoy se realizó la tradicional ceremonia conmemorativa de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamiento rector de todas las leyes.
Definitivamente quien no sigue los designios del régimen, lógicamente suele ser castigado o suele ser maltratado. Y quien sí los sigue, ya hemos visto que tienen toda la consideración en todos los sentidos, como ha sido el caso del Tribunal Electoral y de estas tres colegas”, denunció Laynez Potisek.
Pero no fue por eso que no invitaron a su amiga; lo que sucede es que Piña ha violado la Constitución al oponerse a la Reforma al Poder Judicial, al obstaculizar el proceso de selección de candidaturas idóneas para la Elección Judicial 2025, y al darle la espalada al Pueblo de México, que está antes que todo. Por eso a la Presidenta Sheinbaum se le hizo poco adecuado invitar a un evento que celebra la Constitución, a una mujer, Norma Piña, que la ha violado en múltiples ocasiones.
Entendemos que ha habido posiciones encontradas tanto con la administración anterior, que han continuado desgraciadamente en esta administración”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el ministro Laynez Potisek.
Lo que menos le gustó a Laynez Potisek fue que a la ceremonia de hoy sí estuvieron invitadas las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Envidioso, las acusó de ser las favoritas del “régimen”, sin darse cuenta que más que “consentidas” sucede que estas ministras cuentan con una buena reputación ante el Pueblo de México, y eso ni un millonario fideicomiso lo puede comprar.
La tarde de este lunes, el Senado de la República llevó a cabo la segunda insaculación para elegir candidatos para la histórica elección judicial a celebrarse el próximo mes de junio y en donde el pueblo mexicano podrá votar en libertad para seleccionar a las y los impartidores de justicia, tal y como lo demandó en las pasadas elecciones.
Uno de los perfiles que destaca en este segundo día de insaculaciones, ha resultado seleccionado para la Suprema Corte, César Gutiérrez Priego, destacado abogado especialista en derecho penal y militar, cuya experiencia en causas sociales, sería clave para la renovación del máximo tribunal de justicia del país.
📹 #Vídeo | Uno de los mejores perfiles para defender al pueblo: El abogado especialista en derecho penal, César Gutiérrez Priego (@cesargutipri), sale seleccionado en la insaculación de candidatos para ministros de la Suprema Corte de Justicia. pic.twitter.com/2i7VJpv5YB
En cuanto a su trayectoria profesional, Gutiérrez Priego lleva más de 1 mil casos legales defendidos a lo largo de su carrera, incluidos asuntos de alto perfil en justicia militar y Derechos Humanos. Por si fuera poco cuenta con estudios en universidades nacionales e internacionales como la Universidad Intercontinental, la Universidad de Navarra y el Boston College.
“Esto no es solo una oportunidad, es una responsabilidad”: César Gutiérrez
Fue el pasado 25 de noviembre de 2024 cuando el abogado César Gutiérrez Priego detalló en Sin Máscaras, sus intenciones de competir para ser un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la elección judicial para él no se trata de una “oportunidad”, sino una “responsabilidad” en caso de salir victorioso.
“Siempre he sido abogado litigante, nunca he trabajado para el gobierno ni he sido funcionario público. Creo en una justicia que no dependa de apadrinamientos o conexiones (…) Antes, para aspirar a ser juez o magistrado, necesitabas alguien que te recomendara. Hoy, tenemos la oportunidad de cambiar eso y hacerlo por mérito.”
“Tomé esta decisión después de analizar los riesgos y hablar con mi familia. No quiero que mis hijos pasen por las injusticias que yo viví (…) Cualquier ciudadano que haya vivido una injusticia tiene el deber de luchar por un verdadero cambio en la impartición de justicia.”
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, dio por concluido el proceso de insaculación de candidaturas para la elección de jueces, magistrados y ministros que corresponden al Poder Judicial de la Federación (PJF), mecanismo, dijo, con el que se hicieron varios “actos de justicia”, para aquellas personas que se iban a quedar fuera de la elección por un “capricho” del PJF.
En total, participaron en el procedimiento de insaculación mil 239 aspirantes, de los cuales mil 46 corresponden al padrón original que entregó el Comité de Evaluación del Poder Judicial; 180 que les dio la razón el Tribunal Electoral tras impugnar su participación; tres que envió la Suprema Corte, y 10 más, que decidió incluir el Senado a solicitud del TEPJF, lo que da un total de mil 239.
Fernández Noroña agregó que también se retomaron a personas que impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y que les dio la razón, por lo que fueron integrados al padrón.
Hemos demostrado que es falso que estemos determinando unilateralmente quiénes van a ir a las candidaturas del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí todo mundo ha sido testigo, a través de los medios de comunicación, de que ha sido ciertamente al azar, con perfiles idóneos y de muy buen nivel, que irán a la elección del Poder Judicial”, expresó.
Fernández Noroña dijo que, tras siete horas y media de trabajo ininterrumpido, se cumplió con el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinó que el Senado realizará la insaculación correspondiente al Poder Judicial.
Afirmó que se trató de una jornada histórica e inédita, un paso importantísimo para la elección de las personas juzgadoras, que se llevará a cabo el domingo 1 de junio de 2025.
Estamos abriendo un nuevo camino para la humanidad desde México. Seremos el primer pueblo del mundo que elijamos por voto universal, secreto, directo a las personas juzgadoras”, destacó.
El presidente del Senado refirió que la democratización del Poder Judicial será un hecho en unos meses más, “y yo me siento muy honrado de tener el privilegio de encabezar esta sesión. Larga vida a nuestra democracia y a la elección de las personas juzgadoras”, externó.
El listado de las candidaturas del Poder Judicial fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea validado, y a su vez lo hagan llegar al Instituto Nacional Electoral (INE), pero en caso de no ser así, el Senado lo enviará directamente al órgano electoral.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continúa interponiendo pretextos y se niega a entregar al Pueblo de México sus millonarios fideicomisos, tal y cómo quedó estipulado tras la aprobación de la Reforma Constitucional al Poder Judicial.
A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la SCJN argumentó que no puede realizar la entrega debido a que el proceso está detenido por suspensiones judiciales. Informaron también que sus cinco fideicomisos cuentan con un saldo acumulado de 6 mil 493 millones 108 mil 104.79 pesos al cierre del año 2024.
Como todos ustedes recordarán con la reforma aprobada el 15 de septiembre del año pasado, se ordenó la extinción formal de los fideicomisos que estaban en manos de la SCJN.
A partir de noviembre de 2024, los fideicomisos sólo han generado rendimientos financieros y los únicos gastos corresponden a honorarios fiduciarios”, dice el comunicado de la SCJN en el DOF.
En el tercer trimestre, antes de la aprobación de la reforma, el monto total de los fideicomisos ascendía a 6 mil 340 millones 589 mil 633.64 pesos, a los que habría que sumarse los rendimientos citados por unos 152 millones 518 mil 471.15.
La fortuna judicial está integrada por los fideicomisos: de Pensiones Complementarias para mandos superiores (entre ellos ministros) por unos 980 millones 464 mil 807.46 pesos; el de Pensiones Complementarias para mandos medios y personal operativo por 3 mil 507 millones 120 mil 099.72 pesos; el Plan de Prestaciones Médicas que representa unos 170 millones 432 mil 926.69 pesos; el de Manejo del Producto de la Venta de Publicaciones, CD’S y Otros Proyectos que contempla 195 millones 752 mil 590.76 pesos; y finalmente el de Remanentes Presupuestales por mil 639 millones 337 mil 680.16 pesos.
Por instrucciones de la ministra presidenta, Norma Piña, a través de oficios distribuidos el 3 de diciembre del 2024, se instruyó a los fiduciarios: el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), para el fideicomiso 2125; así como Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), para el resto. Según lo que se informa en el DOF, estas instituciones debían enterar a la Tesorería de la Federación sobre los recursos de los fideicomisos en los que la SCJN actuara como fideicomitente.
El 10 de diciembre Banobras cumplió con enterar a la Tesorería de la Federación el total de un sexto fideicomiso, el del Fondo Jurica, que contaba con 853 millones 913 mil 710 pesos, para luego formalizar la extinción del mismo. No obstante, los cinco fideicomisos restantes aún no se entregan debido a las suspensiones otorgadas para protegerlos y retrasar el proceso.
NAFIN ésta informó que está impedida legalmente para cumplir con la instrucción girada por la Ministra Presidenta, en virtud de diversas suspensiones definitivas otorgadas en contra del Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2023″, informó la SCJN.
El usurero Ricardo Salinas Pliego se resiste a responder ante las obligaciones que tiene pendientes con el Pueblo de México, el pago de más de 34 mil millones de pesos en impuestos derivados de las ganancias que le ha dado la operación de Grupo Elektra.
Recordemos que el magnate debe en total más de 64 mil millones de pesos en impuestos de todas sus empresas. Pero en particular, en lo que se refiere a la primera parte del millonario adeudo, el equipo legal de Salinas Pliego ha llevado su negativa de pago hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Recientemente la Segunda Sala del supremo tribunal discutió si debían o no hacerle efectiva la deuda tributaria a Salinas Pliego. Las dos ministras del pueblo, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, votaron a favor de que se le cobren los impuestos, pero los dos ministros conservadores, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek, votaron en contra y favorecieron con esto al millonario dueño de la cadena de tiendas Elektra.
Es obvio que el equipo legal de Salinas Pliego aplica todo tipo de argucias legales y los más bajos recursos jurídicos para evitar el pago, pero también es obvio que están siendo favorecidos por los elementos más conservadores del Poder Judicial.
Ante ello, la ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, decidió exhibirlos. Explicó que gracias a los recursos de amparo y otras triquiñuelas, es que Ricardo Salinas Pliego ha logrado eludir a la justicia. A diferencia del resto de mexicanas y mexicanos, actualmente el sistema judicial favorece a quien puede pagar.
Desde hace más de dos meses se encuentran listos para ser votados los proyectos de sentencias. No se han podido discutir porque la representación legal ha alegado conflictos competenciales y causas de impedimento de varios ministros para resolver esos asuntos, y ha interpuesto reclamaciones por supuestas faltas procesales. Hasta que no se resuelvan todos estos recursos no se pueden votar los amparos”, denunció la ministra Batres Guadarrama en una publicación de su cuenta de la red social X.
En su publicación, la ministra Lenia Batres muestra además una tabla en la que se pueden analizar toda la evolución de resoluciones con sus respectivos amparos y otra vez resoluciones con sus respectivos amparos. Es un círculo de nunca acabar, o al menos eso pretende Salinas Pliego, pero la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya ha advertido que todos deben cumplir con sus obligaciones fiscales, así que más temprano que tarde le tocará aportar con la Transformación al evasor, Ricardo Salinas Pliego.
¿Por qué no se han votado los amparos de Grupo Elektra?
Desde hace más de dos meses se encuentran listos para ser votados los proyectos de sentencias. No se han podido discutir porque la representación legal ha alegado conflictos competenciales y causas de impedimento de varios… pic.twitter.com/GghicmOlgE
Este jueves presentó la ministra Loretta Ortiz Ahlf, una iniciativa para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalide el acuerdo con el que con el que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) pretende suspender sus labores relacionadas con el proceso de Elección Judicial previsto para culminar con la participación del Pueblo de México el próximo 1 de junio.
Ortiz Ahlf explicó que el Comité de Evaluación del PJF no cuenta con facultades para suspender el proceso pues sus trabajos son meramente técnicos, algo que los imposibilita para llevar a buen puerto una determinación como la que se plantea.
De esta manera, la ministra Loretta Ortiz Ahlf se unió en los más recientes alegatos en defensa de la Reforma al Poder Judicial, a la ministra del pueblo Lenia Batres, y también a la ministra Yasmín Esquivel.
En consonancia con las propuestas de mis compañeras Ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, presentaré en la Sesión Privada de la SCJN del día de hoy los argumentos para sostener que el Pleno de este Alto Tribunal puede y debe invalidar el acuerdo del Comité de Evaluación que suspende -dentro de sus competencias- el proceso electoral judicial. Este proceso es esencial para democratizar la justicia en nuestro país y exige que cada órgano respete sus funciones específicas”, escribió en su cuenta de la red social X.
Detalló Ortiz Ahlf que el Comité de Evaluación tiene un rol técnico y temporal, que consiste en recibir expedientes, verificar requisitos y seleccionar a los mejores candidatos.
No tiene la facultad para suspender el proceso, ya que esto contraviene el mandato constitucional del artículo 96, advirtió la ministra, que obliga a cada Poder de la Unión, incluida la SCJN, a postular candidaturas para los cargos judiciales, sentenció.
En consonancia con las propuestas de mis compañeras Ministras @YasminEsquivel_ y @LeniaBatres, presentaré en la Sesión Privada de la #SCJN del día de hoy los argumentos para sostener que el Pleno de este Alto Tribunal puede y debe invalidar el acuerdo del Comité de Evaluación que… pic.twitter.com/7V5DEjNeDP
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel solicitó al Pleno de la Suprema Corte que ordene al Comité de Evaluación del PJF reanudar el proceso de selección de candidatos para la Elección Judicial del 1 de junio de 2025. El proceso fue suspendido desde el martes pasado, en cumplimiento de una suspensión judicial, lo que generó un debate sobre las competencias del Comité.
De hecho la ministra del Pueblo, Lenia Batres, fue la primera en posicionarse al respecto, el miércoles al advertir de la falta de facultades del citado comité para suspender el proceso electoral judicial. Por ello la presidenta de la SCJN, Norma Piña, convocó a una sesión privada, en la que se discutirían estas posturas.
