Organizaciones humanitarias y especialistas denuncian que miles de menores migrantes han sido separados de sus familias y sometidos a condiciones que podrían dejar secuelas psicológicas permanentes.
La nueva ofensiva migratoria del presidente Donald Trump vuelve a colocar a Estados Unidos en el centro de la polémica internacional. De acuerdo con reportes recientes, más de 6 mil 200 niños migrantes han sido detenidos y encarcelados desde el inicio del segundo mandato del republicano, mientras que más de 205 mil menores han sufrido la detención de al menos uno de sus padres por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Investigaciones del Marshall Project revelan que, en promedio, 226 menores permanecen detenidos diariamente, una cifra que supera hasta diez veces los niveles registrados al final de la administración de Joe Biden. Diversos organismos defensores de derechos humanos aseguran que estas medidas forman parte de una estrategia para sembrar miedo entre las familias migrantes y frenar el flujo hacia territorio estadounidense.
Legisladores y organizaciones civiles han denunciado las condiciones dentro de los centros de detención. Reportes señalan casos de alimentos contaminados, falta de atención médica, hacinamiento y ausencia de espacios adecuados para menores, además de cientos de niños retenidos por más de 20 días, violando el Acuerdo Flores de 1997, que limita el tiempo de encarcelamiento infantil. Incluso algunos menores habrían permanecido encerrados durante meses.

El impacto de estas políticas también golpea a miles de familias estadunidenses. Un informe de la Brookings Institution calcula que 145 mil niños ciudadanos de Estados Unidos han visto detenido a alguno de sus padres desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Además, más de 53 mil de esos menores tienen menos de seis años. El reporte advierte que no existe un sistema nacional que garantice el bienestar de los hijos de migrantes arrestados por ICE.
Durante el primer mandato de Trump, la política de “Cero Tolerancia” separó por la fuerza a más de 5 mil 500 niños de sus familias. Años después, organizaciones como Human Rights Watch denunciaron que más de mil 300 menores aún no habían sido reunificados con sus padres. Médicos, pediatras y especialistas en salud mental han advertido que el encarcelamiento y separación de menores puede provocar traumas permanentes e incluso han calificado estas prácticas como formas de “tortura”.
Mientras tanto, Estados Unidos sigue siendo el único país del mundo que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, tratado internacional que establece la obligación de proteger a la infancia sin importar nacionalidad o condición migratoria. La falta de condenas contundentes por parte de gobiernos aliados y organismos internacionales también ha generado críticas entre activistas y defensores de derechos humanos.

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