La movilidad urbana es un elemento clave para la calidad de vida en las ciudades. En la Ciudad de México, donde convergen más de 9 millones de habitantes y millones más de la zona metropolitana, garantizar un sistema de transporte eficiente y equitativo es un desafío urgente. El tiempo que las personas invierten en trasladarse —hasta tres horas diarias en algunos casos— no solo reduce productividad, sino que impacta directamente en la salud y en la cohesión social.
El uso intensivo del automóvil privado acentúa este problema: aunque solo una minoría lo utiliza, ocupa la mayor parte del espacio vial y genera congestión, contaminación y desigualdad en el acceso al espacio público. En contraste, peatones, ciclistas y usuarios de transporte público —la mayoría de la población— dependen de sistemas fragmentados y en condiciones desiguales.
La movilidad sustentable e integrada no se reduce a contar con más autobuses o ciclovías. Su esencia radica en articular los distintos modos de transporte en una red interconectada que facilite traslados rápidos, seguros y accesibles. La intermodalidad, entendida como la posibilidad de combinar bicicleta, metro, autobús o trolebús en un mismo viaje, constituye una herramienta central para reducir tiempos y costos. La expansión de ciclovías, el Metrobús, el Cablebús y el fortalecimiento del Trolebús representan avances importantes, pero aún falta una verdadera integración tarifaria y tecnológica que simplifique la experiencia del usuario.
Los beneficios de un sistema de movilidad sustentable son amplios. En el plano ambiental, la transición hacia transporte eléctrico y modos no motorizados contribuye a disminuir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire. En términos sociales, se amplía el derecho a la ciudad, ya que los sectores de menores ingresos pueden acceder a oportunidades laborales y educativas con menos tiempo y gasto. Desde la perspectiva económica, una movilidad eficiente incrementa la productividad y reduce las pérdidas derivadas del congestionamiento.
No obstante, alcanzar este modelo implica superar diversos retos. En primer lugar, se requiere inversión sostenida para mantener y modernizar infraestructura, como el Metro y las redes de transporte eléctrico. En segundo lugar, es necesario transformar la cultura de la movilidad: mientras el automóvil continúe asociado al estatus y la comodidad, será difícil consolidar alternativas sustentables. Políticas como el cobro por congestión, la limitación de estacionamientos o la promoción de ciclovías deben acompañarse de educación vial y campañas de concientización. Finalmente, la movilidad debe planearse desde una visión metropolitana, pues millones de viajes diarios provienen del Estado de México y otras entidades; sin coordinación regional, las estrategias resultan incompletas.
La movilidad sustentable e integrada no es solo un asunto técnico, sino un derecho ciudadano y una apuesta por la equidad. Garantizar traslados accesibles, seguros y ambientalmente responsables implica transformar la vida cotidiana, reducir desigualdades y proyectar una ciudad más resiliente frente a los retos del cambio climático. La Ciudad de México tiene la oportunidad de consolidarse como referente latinoamericano si impulsa políticas públicas de largo plazo, basadas en inversión, innovación y participación social.
En última instancia, la movilidad no debe entenderse únicamente como transporte, sino como un componente central del futuro urbano: un espacio donde convergen justicia social, sustentabilidad y competitividad.
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