La Ciudad de México enfrenta una paradoja hídrica: mientras millones de personas padecen escasez y cortes en el suministro, cada temporada de lluvias grandes cantidades de agua se pierden o generan inundaciones. En este contexto, los vasos reguladores se han convertido en un eje central para el manejo del recurso, al captar y almacenar temporalmente agua pluvial, reduciendo riesgos y aportando a la recarga de acuíferos.
Más allá de su dimensión técnica, estas infraestructuras tienen hoy un respaldo jurídico sólido. Con la reforma de 2023 a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), los vasos reguladores fueron reconocidos como de utilidad pública y vinculados de manera directa al derecho humano al agua. Esto significa que su construcción y operación ya no dependen de decisiones administrativas aisladas, sino que constituyen un mandato legal para los tres niveles de gobierno.
El marco jurídico parte del artículo 27 constitucional, que reconoce el agua como bien de la Nación, y del artículo 4, que consagra el acceso al agua como derecho humano. La LAN reformada refuerza estos principios con tres innovaciones: prioridad al uso humano y doméstico, declaratoria de utilidad pública para la conservación de cuencas y vasos, y reconocimiento del uso ambiental del agua, es decir, la obligación de garantizar caudales mínimos para ecosistemas.
En la práctica, la capital ha desarrollado un sistema de vasos reguladores con ejemplos notables. El Vaso de Santa Catarina, en Iztapalapa, puede almacenar 400 mil metros cúbicos, mitigando riesgos en zonas vulnerables y funcionando también como espacio recreativo. En Magdalena Contreras y Álvaro Obregón se han construido microvasos que combinan control pluvial con áreas verdes, mientras que en Tlalpan se aprovechan suelos de conservación para captar lluvia y recargar acuíferos.
Sin embargo, los retos no son menores. Muchos terrenos con potencial para albergar vasos reguladores son ejidales o de conservación, lo que exige respetar la Ley Agraria y garantizar consulta previa, libre e informada a las comunidades. Además, la participación social en la gestión hídrica sigue siendo un desafío.
Las implicaciones de la reforma son profundas. Por un lado, fortalecen la potestad estatal para adquirir terrenos y destinar recursos; por otro, ofrecen seguridad jurídica al regular el destino del agua captada y obligan a considerar impactos ambientales más estrictos. También impulsan un modelo de gobernanza participativa que reconoce a las comunidades como actores centrales.
En conclusión, los vasos reguladores representan más que una obra de ingeniería: son un símbolo de justicia socioambiental. Su adecuada implementación puede reducir desigualdades en el acceso al agua, fortalecer la resiliencia frente al cambio climático y consolidar el compromiso del Estado mexicano con la sostenibilidad urbana. El futuro del agua en la Ciudad de México dependerá de que estas infraestructuras se integren en una política hídrica de largo plazo, transparente, participativa y ambientalmente responsable.
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