La gobernadora Rocío Nahle, termina con el eterno chantaje de los caciques del transporte. El derecho al transporte había entrado en un círculo vicioso de intereses y privilegios que parecía no acabar.
La extorsión permanente de concesionarios, empresarios, prestadores de servicios que gobernaron la entidad desde hace mucho tiempo, tiene ahora un aviso importante frente a sí con la determinación de la gobernadora.
Los directamente afectados de estos caprichos que dejan grandes ganancias son los ciudadanos, es decir, la mayoría, a quienes se les castiga a cambio beneficios en favor de una minoría.
Ante la suspensión parcial del servicio de transporte público en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río, bastión panista hace poco tiempo relativamente, como forma de presión, se implementaron medidas que en una democracia debieran ser una costumbre: los camiones Ulúa operarán como servicio público estatal.
No se trata de un decomiso ni de una estatización sino de un acto de justicia, donde incluso, algunos concesionarios reconocieron haberse equivocado en sus cálculos y prometieron asumir las consecuencias.
El cacicazgo heredado del priísmo agonizante que persiste en la entidad, abarca todavía una serie de servicios que dañan a la economía de la población.
La gobernadora subrayó que toda concesión conlleva una responsabilidad social, el transporte público es un servicio indispensable, las rutas y vialidades son bienes públicos cuya operación debe responder al interés general y no a unos cuantos.
Como parte de esta estrategia, el Gobierno del Estado abrió una convocatoria para la contratación de conductores, dirigida a mujeres y hombres, además de capacitación y condiciones laborales dignas que garanticen un trato respetuoso a usuarios. Porque la actitud de los operadores y la manera de realizar su trabajo no es la adecuada, debió ser sancionada con penas corporales porque pone en peligro la vida de los usuarios, esta media también previene que haya desenlaces fatales ante la evidente irresponsabilidad de los choferes, que nunca fue corregida.
Recordemos aquellas prácticas del cacicazgo al estilo de Mario Alberto Zepahua Valencia, priista, diputado federal que al tener el monopolio de los viajes a Zongolica, en unidades llamadas Las Adelas, que era la razón social, aumentaba constantemente el precio de los pasajes, a pesar de que los usuarios eran principalmente personas de pueblos originarios y campesinos.
Producto de sus excesos fue secuestrado, en 2003, acto que en la sierra y los alrededores vieron con agrado, tanto los usuarios del transporte como sus empleados explotados al máximo en sus cafetales. La población lo repudiaba, ya que no sólo era parte de la explotación en los transportes, que eran prácticamente chatarra, sino que como empresario cafetalero esquilmaba a los trabajadores, los maltrataba, y llegaba a desaparecerlos como hacendado de los tiempos anteriores a la Revolución Mexicana.
El secuestro de Zepahua, pudo crear una revuelta que cuyas cenizas siguen humeando. Zepahua duró 137 días en cautiverio, sin varios dedos luego de pagar 6 millones de dólares, cantidad con la que contaba con holgura.
Actualmente, este tipo de situaciones también se previó con el retiro de la concesión y ojalá pudiera extenderse al resto de rutas y a otras actividades en beneficio de la población. En la entidad hay muchos cacicazgos prácticamente en todos los rubros de la productividad.
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