En Cuba, la noche llega más temprano. No porque el sol se oculte antes, sino porque la electricidad desaparece. En muchos barrios, los apagones duran diez, doce o hasta catorce horas. Las calles quedan en silencio, las casas en penumbra y las familias en espera. Espera de que regrese la luz. Espera de que funcione el refrigerador. Espera de que la vida vuelva a moverse, aunque sea un poco.
Esto no es producto de una catástrofe natural. Es el resultado de decisiones políticas. Decisiones tomadas lejos de la isla, en oficinas donde la oscuridad no existe y donde la electricidad nunca falta.
En 2026, Estados Unidos ha intensificado su política de sanciones contra Cuba, especialmente en el ámbito energético. El objetivo es cortar el suministro de petróleo que permite al país sostener su red eléctrica, su transporte y sus servicios básicos. Es una estrategia que busca presionar al gobierno cubano, pero que en la práctica golpea directamente a su gente.
El impacto no se mide en cifras, sino en escenas cotidianas. Una madre que no puede conservar la comida de sus hijos porque el refrigerador deja de funcionar. Un hospital que opera al límite, dependiendo de generadores que no siempre tienen combustible suficiente. Un trabajador que camina kilómetros porque no hay transporte. Un anciano que pasa la noche en el calor sofocante, sin ventilador, sin alivio, sin descanso.
Es difícil explicar lo que significa vivir con la incertidumbre permanente de no saber cuándo habrá luz, cuándo habrá comida o cuándo funcionará el transporte. La vida se reduce a resolver lo inmediato, a sobrevivir el día.
Estados Unidos sostiene que estas medidas buscan promover cambios políticos y defender la democracia. Pero en las calles de Cuba, esas palabras suenan lejanas. Lo que la gente experimenta no es una transición política, sino una crisis humana. No es una idea abstracta. Es el hambre. Es el calor. Es el cansancio. Es la desesperación silenciosa.
Las sanciones no distinguen entre un funcionario y un ciudadano. No distinguen entre una oficina gubernamental y una casa humilde. La presión económica no cae sobre estructuras abstractas. Cae sobre personas. Sobre cuerpos. Sobre vidas.
Lo más doloroso es la sensación de impotencia. El ciudadano común no decide la política exterior de su país. No controla las decisiones del gobierno estadounidense. Y, sin embargo, es quien paga el precio.
Esta situación no es nueva en la historia de Cuba, pero su intensidad actual es alarmante. Muchos recuerdan el llamado “Periodo Especial” de los años noventa, cuando la escasez marcó a toda una generación. Hoy, ese recuerdo ha dejado de ser historia para convertirse nuevamente en presente.
En medio de esta realidad, la vida continúa. La gente se levanta, trabaja, resiste. No por ideología, sino por necesidad. Porque no hay alternativa.
Hablar de sanciones puede sonar técnico, incluso distante. Pero en realidad, se trata de algo profundamente humano. Se trata de la capacidad de una familia para vivir con dignidad. Se trata del derecho básico a la estabilidad, a la seguridad, a la vida cotidiana.
Lo que está ocurriendo en Cuba es una forma de presión que no se ve en imágenes de guerra, pero que tiene consecuencias igual de reales. Es una violencia lenta, silenciosa, que no destruye edificios, pero desgasta vidas.
La pregunta no es política, sino moral. ¿Es aceptable provocar el sufrimiento de millones de personas como herramienta de presión? ¿Puede justificarse una estrategia que convierte la necesidad en un arma?Hoy, en Cuba, millones de personas viven en la oscuridad. Y no porque no exista la luz, sino porque alguien decidió apagarla.
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