La discusión sobre el llamado “Plan B” de reforma electoral impulsado por Claudia Sheinbaum exige ir más allá de los lugares comunes. Durante demasiado tiempo, el análisis del sistema electoral mexicano ha oscilado entre su defensa acrítica y su cuestionamiento superficial, sin atender un problema de fondo: su creciente desconexión con las condiciones materiales y las expectativas de la ciudadanía.
El diagnóstico es conocido, aunque no siempre se reconoce con la seriedad que merece. México construyó, tras la transición democrática, un entramado institucional robusto, pero también extraordinariamente costoso. No se trata únicamente de percepciones: los niveles de gasto en órganos electorales, legislativos y estructuras partidistas han sido sistemáticamente elevados en comparación con otras democracias. En ese sentido, la iniciativa presentada por el Ejecutivo —a través de la Secretaría de Gobernación— introduce un criterio de racionalidad presupuestaria que no debería ser desestimado a priori.
La reducción del número de regidurías, así como el establecimiento de topes al gasto de los congresos locales, responde a una lógica de eficiencia institucional. La representación política no se agota en la cantidad de cargos disponibles; depende, más bien, de la capacidad de estos para procesar demandas sociales, deliberar con calidad y generar decisiones públicas pertinentes. Sobredimensionar los órganos colegiados no necesariamente fortalece la democracia; en muchos casos, la vuelve más opaca y menos eficaz.
Conviene también detenerse en uno de los aspectos más debatidos de la propuesta: la flexibilización de la revocación de mandato. Leída con cuidado, esta medida no constituye una anomalía democrática, sino una extensión de un principio clásico: la soberanía popular como fuente permanente de legitimidad. Permitir que la ciudadanía evalúe con mayor frecuencia a sus gobernantes introduce un elemento de control político que, bien regulado, puede fortalecer la rendición de cuentas sin comprometer la estabilidad institucional.
En paralelo, la reforma incorpora ajustes técnicos que resultan difíciles de objetar desde una perspectiva especializada. El inicio inmediato de los cómputos distritales y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización —particularmente mediante herramientas tecnológicas y coordinación interinstitucional— atienden problemas reales del sistema electoral mexicano: la opacidad en el flujo de recursos y los márgenes de incertidumbre en la etapa postelectoral.
Naturalmente, toda reforma de esta naturaleza plantea tensiones. El equilibrio entre austeridad y capacidad institucional no es trivial, y su implementación requerirá de un diseño cuidadoso en la legislación secundaria. Sin embargo, descalificar el conjunto de la propuesta bajo el argumento de un supuesto debilitamiento democrático implica ignorar una dimensión central del problema: la legitimidad de las instituciones también depende de su congruencia con el contexto social.
El “Plan B”, en suma, no debe entenderse como un ajuste coyuntural, sino como parte de un proceso más amplio de reconfiguración del Estado. Si logra traducirse en instituciones más eficientes, menos costosas y más abiertas al escrutinio ciudadano, habrá contribuido a fortalecer —y no a erosionar— la calidad de la democracia mexicana.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
Deja un comentario