Por Ricardo Sevilla
Al menos cuatro de las corcholatas que el PRI propone para contender a las candidaturas de cara a las elecciones de 2027 enfrentan señalamientos por corrupción y vínculos con el crimen organizado.
El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a través de una estrategia llamada “Defensores de México”, dio a conocer los nombres de 50 priístas, de distintos niveles, que podrían ser candidatos a gobernador en 16 de los 17 estados que se disputarán en las elecciones intermedias de 2027.
Sin embargo, la “resurrección” del PRI no promete nada nuevo, pues los nombres de las corcholatas que componen el movimiento “Defensores de México” son bien conocidos, pero no por sus méritos, sino por las múltiples acusaciones que pesan contra ellos.
Y es que, al menos cuatro de los nombres que se barajean con mayor probabilidad en Nuevo León, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas y Chihuahua, arrastran un largo historial de acusaciones mediáticas que los vinculan con el desvío de recursos públicos, nexos con el crimen organizado, mala gestión y nepotismo.
Entre ellos se encuentran: Adrián de la Garza, Manuel Añorve, Enrique Galindo, Mario Zamora, Guillermo Valencia, Arturo Nahle y Alejandro Domínguez. Y, ahora, el nombre que más sobresale es de Rosario Robles, quien fuera encarcelada debido a los vínculos que tuvo con la Estafa Maestra. Lo delirante es que “Alito” la ha designado para que opere una supuesta red ciudadana cuyo objetivo será: “vigilar las urnas”.
Pero ¿quienes son las corcholatas que propone el líder nacional del PRI?
En primer lugar, entre los perfiles que Alito Moreno propuso para encabeza la lista electoral, destaca Adrián de la Garza, uno competidor en el PRI por el estado de Nuevo León.
En 2020, el actual alcalde de Monterrey y exprocurador de Justicia fue acusado de desviar recursos públicos beneficiando a la empresa Next Energy. Bajo la promesa de construir una planta solar, De la Garza firmó un contrato a 30 años con el que Next Energy recibirá 7 mil millones de pesos.
A pesar de que la empresa recibió cerca de 1,603 millones de pesos en pagos por parte de la alcaldía de Monterrey, la compañía, hasta ahora, no ha brindado los servicios y tampoco ha construido el parque solar que prometió.
De hecho, Eugenio Maíz Domene, accionista de la empresa y dueño del equipo Sultanes de Monterrey, ahora mismo está detenido en Aguascalientes por incumplimiento de contratos.
Su empresa Next Energy está vinculada a 16 empresas que operarían en Nuevo León y Chihuahua vendiendo proyectos de nuevas energías que no existen.
Otro de los alfiles de Moreno Cárdenas es Guillermo Valencia Reyes, actual dirigente del PRI en Michoacán y exalcalde de Tepalcatepec, quien fue destituido como alcalde e investigado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por sus nexos con el cártel de los Caballeros Templarios, un grupo delincuencial con ideología pseudorreligiosa que controlaron actividades criminales como narcotráfico, extorsión y secuestro en Michoacán y otros estados vecinos.
A Valencia Reyes, además, se le acusó de vender candidaturas y recibir dinero del crimen organizado a través del movimiento que creó en 2014, llamado “Renovación Michoacán”.
Por otra parte, Arturo Nahle, exmagistrado de Zacatecas, hermano de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha sido un crítico furibundo de la Transformación, refrendando su militancia activa en el PRI. “Que Dios lo ayude”, ha dicho su propia hermana.
Enrique Galindo Ceballos, quien se barajea como posible candidato del PRI en San Luis Potosí y alcalde del municipio con el mismo nombre, ha enfrentado distintos señalamientos relacionados con desvío de recursos.
En 2025, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF)evidenció el mal manejo de 12 contratos en el municipio de San Luis Potosí que causaron un daño al erario de 370 millones de pesos.
Los documentos de la ASF de 2023 identificaron irregularidades en proyectos clave relacionados con la construcción de obras públicas como Vialidades Potosinas, un paso a desnivel en Himalayas Alpes y obras hidráulicas.
La dependencia señaló que dichos contratos fueron concedidos con la manipulación de licitaciones, sobrecostos y falsificación de documentos.
Aunque el PRI dice avanzar hacia una renovación del partido, lo cierto que en su militancia sólo hay viejos nombres, acostumbrados las prácticas del antiguo PRI, que hoy es el mismo PRI de siempre.
Alejandro Moreno debería entender que México no requiere de defensores con antecedentes penales, sino que exige una auténtica purga institucional. Y, la verdad sea dicha, la política de los supuestos “Defensores de México” solo defiende los bolsillos de quienes la integran.
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