En días recientes, México ha vuelto a entrar en una zona de tensión política y diplomática. El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, ha sido utilizado por distintos actores políticos como bandera de ataque, propaganda y posicionamiento mediático. La pregunta de fondo no es menor: ¿buscan justicia o buscan debilitar al régimen actual?
La acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios mexicanos ha provocado una sacudida nacional. De acuerdo con reportes internacionales, el caso involucra señalamientos por narcotráfico, armas y presunta protección a una facción del Cártel de Sinaloa; Rocha ha negado las acusaciones y el gobierno mexicano ha insistido en revisar pruebas, defender la soberanía y respetar el debido proceso.
Pero el problema no nació ayer. Quienes hoy se rasgan las vestiduras deberían recordar que la crisis de seguridad en México no empezó con Morena, ni con la 4T, ni con este gobierno. Desde por lo menos 2008, el país arrastra una descomposición profunda: territorios capturados, policías rebasadas, funcionarios corrompidos, rutas de droga consolidadas y una frontera convertida en tablero de intereses criminales, políticos y económicos.
La oposición ha encontrado en el caso Sinaloa una oportunidad perfecta para gritar “narcoestado”, pero guarda silencio cuando la historia obliga a mirar más atrás. El narcotráfico mexicano tiene raíces largas. Estudios académicos sobre la narcocultura y el desarrollo del tráfico de drogas en México ubican procesos históricos que van desde la producción de amapola, el auge del contrabando en el siglo XX y la inserción del país en redes globales de estupefacientes desde los años noventa.
Por eso el debate debe ser serio. Si hay funcionarios culpables, que se investigue, se pruebe y se castigue. Pero que se castigue a todos. No solamente a los de Morena. No solamente a los que hoy son políticamente útiles para construir una narrativa. ¿Dónde están los expedientes de quienes durante décadas convivieron con el crimen organizado? ¿Dónde están los que operaron desde gobiernos estatales, corporaciones policiacas, aduanas, bancos, campañas políticas y redes empresariales?
Estados Unidos también debe actuar con cautela. Su nueva estrategia antiterrorista endurece el lenguaje contra cárteles y pandillas, y la propia Casa Blanca ha planteado que ya no permitirá que esas organizaciones operen libremente en la región o trafiquen drogas, armas, mujeres y niños hacia su territorio. Pero si la justicia norteamericana solo apunta hacia un color político, el mensaje se contamina. La cooperación bilateral debe servir para limpiar, no para intervenir selectivamente.
México necesita inteligencia de Estado, no espionaje político barato. El viejo CISEN fue sustituido por el Centro Nacional de Inteligencia, pero el país requiere una estructura capaz de anticipar riesgos reales: financiamiento de campañas de odio, grupos violentos infiltrados en protestas, redes criminales, protección política, desinformación y operaciones diseñadas para incendiar el ambiente nacional. El propio CNI tiene entre sus funciones aportar información para prevenir amenazas contra la soberanía, las instituciones y la gobernabilidad democrática.
Porque viene un verano peligroso. La combinación de acusaciones internacionales, campañas digitales, violencia criminal, polarización política y presión electoral puede convertirse en una tormenta. Y cuando el país se calienta, siempre aparecen los mismos: los que financian el caos, los que gritan desde lejos, los que usan la tragedia como negocio y los que jamás quieren que México encuentre estabilidad.
Ojalá este caso de narcoterroristas, narcopolíticos, huachicoleros y operadores criminales llegue hasta donde tenga que llegar. Pero que llegue completo. Que no se use como garrote político. Que no sea justicia selectiva. Que no se convierta en espectáculo de temporada.
Porque México no necesita más propaganda disfrazada de indignación.
México necesita verdad, soberanía, inteligencia y castigo para quien lo merezca.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
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