Durante años, los colectivos ambientales han sido vistos por ciertos sectores gubernamentales y, especialmente empresariales como actores incómodos. Sin embargo, al menos para el gobierno, la realidad demuestra lo contrario pues en un contexto de cambio climático acelerado, las organizaciones ciudadanas constituyen uno de los aliados más valiosos para construir respuestas sostenibles y con arraigo territorial.
El Informe sobre el Riesgo Climático de la Infancia 2026 de UNICEF advierte que prácticamente todos los niños y niñas del planeta están expuestos al menos un riesgo climático, y que alrededor de 1,100 millones enfrentan simultáneamente tres o más amenazas: sequías, inundaciones, calor extremo, tormentas e incendios.
En ese mismo informe, el organismo subraya que estos fenómenos no solo deterioran el entorno natural, sino que comprometen la salud, la alimentación, el acceso al agua y la educación de las comunidades más vulnerables. En pocas palabras, son las infancias quienes pagan el costo más alto de una crisis que no generaron.
Por supuesto que México no es ajeno a esta realidad dado que las sequías prolongadas, la sobreexplotación de acuíferos, los incendios forestales y la pérdida de cobertura vegetal son apenas algunos de los desafíos más urgentes. Ante ellos, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad histórica para consolidar una política ambiental que articule capacidad institucional, rigor científico y participación social efectiva, sobre todo porque la mandataria, conoce bien el tema ambiental desde su experiencia científica como de gobierno.
Pero lo cierto es que la experiencia de nuestro país, así como la de muchos otros, muestra que varias alertas tempranas sobre daños ambientales no provienen de oficinas gubernamentales, sino de comunidades organizadas, ejidatarios, pueblos originarios y colectivos ciudadanos. En ese sentido, desde la defensa de los humedales de Tláhuac hasta las luchas por el agua en distintas regiones del país, la organización social ha permitido identificar riesgos, documentar afectaciones y exigir soluciones donde las instituciones, especialmente en el periodo neoliberal, han resultado insuficientes. Por esa razón, ignorar esa experiencia acumulada sería un error estratégico.
En la actualidad, el gobierno federal debe abandonar el espíritu neoliberal que se ha empeñado en tratar a los colectivos ambientales como adversarios o como obstáculos al desarrollo. Hoy resulta indispensable establecer mecanismos permanentes de diálogo, consulta y participación con incidencia real en las dz<ecisiones, especialmente porque la protección de los recursos naturales, la restauración de cuencas y la adaptación climática exigen más que nunca una corresponsabilidad genuina entre Estado y sociedad, una corresponsabilidad donde las organizaciones se conviertan en un puente que permita transitar del conocimiento del territorio y vínculo comunitario a la capacidad de acción concreta.
La Cuarta Transformación ha colocado la justicia social como eje de gobierno y como se ha dejado en evidencia, no puede haber justicia social sin justicia ambiental, así que el cambio climático no sólo debe ser enfrentado desde los gobiernos ni desde los organismos internacionales sino que se debe erigir como una construcción colectiva. La emergencia ya está aquí y el verdadero reto es si tendremos la voluntad política de construir a tiempo las alianzas que esa acción requiere.
Luis Tovar
Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMAH
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