La oposición llama presos políticos a los delincuentes, como en el caso de Ernesto Ruffo, acusado de huachicolero y lavado de dinero, más lo que se acumule en el desarrollo del proceso. A partir de la visión de la impunidad ante delitos graves se advierte el país en el que vivimos por muchos años, impunidad y mentira, gracias a un Poder Judicial extremadamente corrupto.
El afán de repetir como mantra que Ruffo es un preso político crea sospechas, e implica a sus defensores, porque hay documentos que prueban su responsabilidad; por otra parte, Alito Moreno, líder del PRI, demandará al INE, dentro y fuera de nuestras fronteras, porque le exigieron retirar spots personales y de lo que queda de su partido, calificaba a Morena de narco partido en una serie de spots, y como asegura que esto es verdad sin una sola prueba, la autoridad electoral le ordenó sacar de circulación sus agresiones sin fundamento.
Para Alito es una gran derrota porque le anticipa descalabros mayores ante la justicia, que lo pueden colocar tras las rejas. Esta era la punta de lanza para conocer la postura del INE. De ahí su evidente desesperación.
La regulación a los medios trata de regular, por sus mismos empleados, sus excesos porque derivaron en partidos políticos, y sus trabajadores claman censura, sólo porque se les pide que aclaren, con precisión, si la información es real y comprobada o supuestos más cercanos a la mentira que a la verdad.
Nada puede moverse en el área de la información porque cualquier ajuste al libertinaje es calificado de ley mordaza, por mínimo que sea, mientras mienten a diestra y siniestra.
Dan la opinión como un hecho, así aseguraron que López Obrador sería una maldición para el país, no lo fue. Cuando llega a Morena al gobierno el país estaba en ruinas.
Esos mismos medios que le dieron vuelo a las declaraciones fantasiosas ocultan verdades que no les conviene a sus socios difundir, como es el caso de la apropiación de casas y departamentos en la alcaldía Benito Juárez, con la anuencia de las autoridades de la demarcación y el visto bueno del PAN, que tiene en ese lugar la sede del cártel inmobiliario que encabeza Jorge Romero, problema del que nunca ha hablado el líder nacional del PAN.
Los delincuentes llegan en grupo de más de treinta personas entre hombres y mujeres a casas donde viven personas vulnerables como discapacitados y de la tercera edad, para sacarlo de sus casas, por la fuerza, y empezar a reconstruir sus casa s par aponerlas en venta. La indiferencia del alcalde, el panista Luis Mendoza Acevedo, es sintomática.
Bastante sintomático que este despojo haya empezado en la alcaldía Benito Juárez, donde la vulnerabilidad de los habitantes se conjuga con la permanencia del PAN en su administración desde 1995.
La derecha tiene en sus filas a delincuentes comunes, con víctimas lastimadas severamente, y su simple militancia les permite gozar de impunidad ante el temor de que se califique de gobierno autoritario cuando en realidad se aplica la ley.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
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