Mientras Maru Campos se pronuncia contra lo que considera amenazas a la libertad de expresión, Canal 28 la acusa de haber utilizado el poder y la publicidad oficial para presionar, excluir y castigar económicamente al medio por mantener una línea editorial incómoda.
El discurso de Maru Campos en defensa de la libertad de expresión choca frontalmente con las acusaciones de Canal 28, cuyo director, Sergio Valles, denunció presiones y monitoreo de sus contenidos por parte del Gobierno de Chihuahua. Según el periodista, desde 2024 las notas críticas del medio eran identificadas mediante un “semáforo rojo” y acompañadas de observaciones oficiales.
La acusación va más allá. Valles sostiene que el gobierno estatal también manifestó molestia por la presencia de voces críticas y opositoras en Canal 28, mientras que en marzo de 2024 se habría convocado a directivos de medios para promover una narrativa electoral favorable a Xóchitl Gálvez y contraria a Morena y Claudia Sheinbaum. El director afirma que decidió no participar y que conserva mensajes y documentos relacionados con esos hechos.
El punto más delicado es el presunto uso de la publicidad oficial como mecanismo de presión política. Canal 28 asegura que, después de mantener su independencia editorial, dejó de recibir contratación oficial y que en 2026 volvió a ser excluido pese a solicitar únicamente un trato no discriminatorio. Valles incluso afirma que otros medios favorables al gobierno han recibido cientos de millones de pesos en publicidad.
Así, el caso deja una pregunta incómoda para la gobernadora: ¿cómo puede defender la libertad de expresión mientras un medio asegura haber sido monitoreado, presionado y excluido de la publicidad oficial por publicar información que incomoda a su administración? Canal 28 anunció que, si algún día recibe publicidad estatal bajo criterios legales y no discriminatorios, donará esos recursos a instituciones de asistencia social de Chihuahua.
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