VISAS, DENUNCIAS Y NARCOCANDIDATOS: LOS NUEVOS TIEMPOS ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha provocado una nueva tormenta política en México y, como sucede frecuentemente en estos tiempos, inmediatamente aparecieron quienes pretenden convertir una decisión administrativa del gobierno estadounidense en una sentencia de culpabilidad y quienes, desde el otro extremo, quieren presentarla necesariamente como una persecución política. Creo que ambas posiciones se adelantan a los hechos.

Hay que comenzar por entender algo fundamental: tener una visa estadounidense no constituye un derecho permanente de entrada a Estados Unidos. Es una autorización migratoria que puede ser revisada y, bajo determinadas circunstancias, revocada por las autoridades de ese país. El caso de Andrés Manuel López Beltrán adquiere relevancia por tratarse del hijo de un expresidente de México y de un personaje importante dentro de Morena, pero forma parte de un contexto migratorio mucho más amplio.

El Departamento de Estado informó recientemente que durante la actual administración de Donald Trump han sido revocadas más de 175 mil visas. Entre las razones señaladas por las autoridades estadounidenses aparecen violaciones a las condiciones de la visa, problemas relacionados con la ley y cuestiones de seguridad nacional. Se han mencionado casos relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, agresiones, robos, fraude y otras conductas que pueden generar problemas migratorios para extranjeros.

La Embajada de Estados Unidos en México fue igualmente clara después de conocerse el caso de López Beltrán: una visa puede ser cancelada cuando existan razones para hacerlo, independientemente de quién sea su titular.

Ese contexto resulta fundamental porque hoy el tema migratorio estadounidense es mucho más complejo de lo que muchos mexicanos imaginan. Sobreestadías, determinadas violaciones migratorias, ciertos antecedentes o conductas delictivas y otra información considerada relevante por las autoridades pueden generar consecuencias sobre una visa. Incluso el manual del Departamento de Estado contempla las llamadas ¨prudential revocations¨, mediante las cuales una visa puede ser revocada cuando llega determinada información adversa procedente de agencias estadounidenses de seguridad, inteligencia o aplicación de la ley.

Sin embargo, aquí debemos tener muchísimo cuidado. Una visa cancelada no equivale a una sentencia penal ni demuestra automáticamente que una persona haya cometido un delito. Tampoco una simple denuncia presentada por alguien significa automáticamente que el gobierno estadounidense cancelará la visa del denunciado. Las propias reglas consulares establecen que una visa no debe revocarse simplemente por sospechas o por información negativa insuficiente para establecer una causal correspondiente.

Una denuncia puede provocar que una autoridad revise determinada información, pero de ahí a afirmar que existe culpabilidad hay una distancia enorme.

Y precisamente por eso considero delicado el ambiente político que estamos viviendo entre México y Estados Unidos.

Durante los últimos meses hemos observado a políticos mexicanos acudir a Estados Unidos para presentar denuncias, señalamientos o información relacionada con presuntos vínculos entre adversarios políticos y el crimen organizado. Denunciar ante las autoridades competentes es perfectamente válido. Si alguien posee pruebas sobre narcotráfico, corrupción, lavado de dinero o cualquier otro delito, tiene derecho a presentarlas y corresponde a las autoridades determinar si existe materia para investigar.

Pero quien acusa también adquiere una responsabilidad.

Una cosa es presentar hechos, documentos, operaciones financieras, nombres, fechas y elementos susceptibles de ser investigados, y otra completamente diferente es trasladar la guerra política mexicana a instituciones estadounidenses esperando que una acusación produzca consecuencias migratorias contra un adversario.

Por eso las autoridades estadounidenses también deben verificar cuidadosamente la información que reciben. Si alguien proporciona deliberadamente información falsa a una autoridad estadounidense, deberá responder conforme a la legislación que resulte aplicable. La justicia no puede funcionar únicamente en una dirección.

Como dice el viejo refrán mexicano, ¨tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata¨.

No afirmo que eso haya sucedido en el caso de Andrés Manuel López Beltrán. No existe, hasta donde conocemos públicamente, evidencia suficiente para asegurar que la cancelación de su visa haya sido producto de una denuncia fabricada, de una investigación criminal o de alguna acusación determinada. Precisamente por eso sería irresponsable inventar una historia para llenar los espacios que Washington mantiene en reserva.

Lo que sí sabemos es que Estados Unidos canceló su visa y que las razones específicas no han sido divulgadas públicamente. También sabemos que los expedientes de visa tienen un alto grado de confidencialidad bajo la legislación estadounidense.

Por eso considero que López Beltrán debería poner a trabajar a buenos abogados estadounidenses. No solamente para analizar la posibilidad de solicitar nuevamente una visa, sino para determinar, hasta donde legalmente sea posible, qué originó la decisión y si existe algún otro asunto relacionado que requiera atención.

Una visa cancelada puede ser simplemente una determinación migratoria. Pero si existiera una investigación independiente, la cancelación del documento no necesariamente significaría que el asunto desapareció. Son cuestiones jurídicas diferentes y precisamente por ello no conviene ni minimizar la situación ni convertirla en una condena anticipada.

Estamos entrando en una etapa particularmente delicada de la relación entre México y Estados Unidos. Washington ha endurecido considerablemente su política migratoria y de seguridad, y México atraviesa simultáneamente una confrontación política en la que las palabras “narcopolítico”, “narcogobierno” y “narcocandidato” aparecen cada vez con mayor facilidad.

Eso me preocupa.

Porque si permitimos que una acusación sea suficiente para destruir políticamente a una persona, tarde o temprano todos los partidos terminarán utilizando la misma herramienta.

Si existen pruebas, que se investiguen. Si existen delitos, que se castiguen. Si existen políticos vinculados con organizaciones criminales, que no aparezcan en una boleta electoral y que respondan ante la justicia. Pero si no existen elementos suficientes, una declaración, un video, una publicación en redes sociales o una denuncia sin comprobar no pueden sustituir al debido proceso.

Y precisamente ahí cobra importancia lo expresado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a las elecciones de 2027. La presidenta ha señalado que el Gabinete de Seguridad se encuentra preparado para detectar posibles candidatos relacionados con el crimen organizado y que la Unidad de Inteligencia Financiera realiza investigaciones de manera permanente.

El gobierno federal también ha planteado mecanismos para revisar información de aspirantes mediante instituciones del Estado.

Me parece correcto, siempre que se haga quirúrgicamente, con evidencia y sin colores partidistas.

México no puede darse el lujo de permitir narcocandidatos en 2027, pero tampoco puede permitir que la etiqueta de “narco” se convierta en un instrumento electoral para eliminar adversarios. Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano o cualquier otro partido deben ser medidos exactamente con la misma vara.

Si hay pruebas, que caiga quien tenga que caer.

Y si alguien acusa falsamente, que también responda.

Dentro de toda esta discusión llamó mi atención la explicación que Luisa María Alcalde sostuvo recientemente frente a Joaquín López-Dóriga. Más allá de simpatías partidistas, me pareció un encuentro interesante entre dos personas que saben perfectamente cómo manejar los medios.

Desde mi perspectiva personal, don Joaquín López-Dóriga es un gran periodista y tiene muchísimas tablas. Sabe preguntar, regresar sobre una respuesta, conducir una conversación y manejar los tiempos de una entrevista. Se podrá estar o no de acuerdo con él, pero sería absurdo negar la experiencia que tiene frente a un micrófono.

Luisa María Alcalde tiene otro estilo. Con un tono mucho más tranquilo intentó explicar su posición y sostenerla frente a un entrevistador experimentado. Al final ocurrió lo que tenía que ocurrir: dos personas con experiencia defendiendo sus posiciones sin necesidad de convertir la conversación en un espectáculo de gritos.

Ambos tienen muchas tablas.

Y hablando de personajes que comienzan a adquirir presencia, quiero mencionar al diputado Arturo Ávila.

Recientemente he utilizado servicios de taxi y plataformas en diferentes ciudades de México. Siempre me ha gustado conversar con los conductores porque tienen contacto diariamente con personas de todos los sectores sociales y suelen ofrecer una lectura interesante del ánimo de la calle.

No pretendo convertir esas conversaciones en una encuesta científica porque evidentemente no lo son. Pero cuando uno abre el tema del gobierno, Morena y eventualmente los posibles sucesores o personajes que vienen creciendo políticamente, me ha llamado la atención escuchar repetidamente el nombre de Arturo Ávila.

El diputado ha sabido construir presencia en los medios, defender sus posiciones y colocar su nombre en la conversación pública. Por lo que personalmente he escuchado en estas conversaciones, tiene aceptación y comienza a ser reconocido por ciudadanos que quizá nunca han tenido contacto directo con él.

Eso, en política, cuenta.

Las encuestas profesionales tendrán en su momento la responsabilidad de medir porcentajes, conocimiento, positivos y negativos. Yo solamente puedo hablar de lo que he escuchado en la calle y, desde esa perspectiva, Arturo Ávila parece estar haciendo bien su trabajo.

Felicidades por el desempeño, diputado.

México se aproxima a 2027 en un escenario muy distinto al de elecciones anteriores. Tenemos una relación más complicada con Estados Unidos, una política migratoria estadounidense mucho más estricta, una batalla bilateral contra organizaciones criminales y una confrontación política mexicana en la que cada vez aparecen acusaciones más graves.

Precisamente por eso necesitamos prudencia.

La cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán merece atención, pero no una sentencia fabricada desde las redes sociales. Los más de ¨175 mil visados revocados¨ por Estados Unidos ayudan a dimensionar que estamos ante una política mucho más amplia y que no todo retiro de visa significa narcotráfico, corrupción o una investigación penal.

Al mismo tiempo, tampoco debemos minimizar una decisión de esa naturaleza cuando afecta a personajes de alto nivel político. Corresponde a sus abogados determinar qué pueden conocer y qué acciones pueden emprender.

Y a los políticos mexicanos que viajan a Estados Unidos para denunciar a sus adversarios también les corresponde una enorme responsabilidad: ¨llevar pruebas, no historias; hechos, no rumores¨.

Estados Unidos investigará lo que considere que afecta su seguridad y decidirá quién puede ingresar a su territorio. México, por su parte, tiene que hacer su propio trabajo.

Si realmente queremos llegar a las elecciones de 2027 sin narcocandidatos, que se investigue.

Pero que se investigue a todos.

Sin apellidos.

Sin partidos.

Sin amigos.

Sin enemigos.

Y, sobre todo, ¨con pruebas¨.

Porque cuando una acusación sustituye a una investigación y la política sustituye a la justicia, ya no importa quién tenga la razón.

El país entero termina perdiendo.