En política, casi nunca hay silencios inocentes. Cuando empiezan a circular versiones sobre movimientos en la dirigencia, ajustes internos y reacomodos de operación, lo que realmente se escucha no es el ruido de la crisis, sino el arranque de la maquinaria electoral. Eso parece estar ocurriendo hoy: Morena ya abrió una nueva fase de organización rumbo a 2027 con el nombramiento de Citlalli Hernández al frente de su Comisión Nacional de Elecciones, mientras medios nacionales reportan que también se perfila una transición en la dirigencia partidista. Más que un accidente, parece el anuncio de una nueva etapa. Y, como era de esperarse, la oposición ya comenzó a echarle carbón al fogón.
En ese contexto, vuelven también los viejos apellidos, los expedientes reciclados y las acusaciones de temporada. En Veracruz, donde la memoria política es larga pero la reconciliación pública casi nunca termina de llegar, los Yunes regresan una y otra vez al ojo del huracán mediático. Ahí conviene poner pausa. Una cosa es que existan cuestionamientos históricos sobre patrimonio, poder y redes de influencia; otra, muy distinta, es convertir el pasado en una condena perpetua útil para cada nuevo ciclo electoral.
En la política mexicana, muchas veces no se investiga para esclarecer, sino para administrar el daño, dosificar el escándalo y reactivar antagonismos cuando más conviene. Eso no fortalece la rendición de cuentas; apenas alimenta el espectáculo. Sobre ese terreno, Veracruz sabe demasiado.
También es cierto que toda contienda necesita villanos, símbolos y distractores. Por eso no sorprende que, a medida que se acerca el calendario electoral, resurjan figuras, apellidos y pleitos de otra época. Lo interesante no es sólo quién reaparece, sino para qué reaparece. En el fondo, la oposición intenta instalar la idea de desgaste, fractura y relevo forzado en Morena; mientras el oficialismo busca presentar sus cambios como parte natural de una reorganización con disciplina, método y continuidad. Lo que está en disputa no es solamente el control interno de un partido, sino la narrativa de estabilidad rumbo a la sucesión intermedia.
En medio de ese tablero, una declaración reciente del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, volvió a poner un tema incómodo sobre la mesa: corrupción y soborno. Johnson dijo que vienen acciones importantes en el marco del T-MEC para castigar esas prácticas y recordó que el tratado obliga a los tres países a criminalizar el cohecho y fortalecer las medidas anticorrupción. No es un tema nuevo, pero sí una señal política fuerte. La diferencia entre el discurso anticorrupción y su aplicación real ha sido, durante años, uno de los grandes vacíos de nuestro sistema público. En México, casi todos condenan la corrupción; muy pocos la investigan hasta el fondo, y menos todavía pagan costos judiciales o políticos por ella.
Ahí está uno de los puntos centrales del momento: México no enfrenta solamente una presión electoral interna, sino también un escrutinio externo cada vez más directo sobre la calidad institucional del Estado. Si Washington eleva el tono en corrupción dentro del marco comercial regional, no lo hace por filantropía democrática. Lo hace porque la corrupción altera mercados, distorsiona inversiones, rompe condiciones de competencia y se cruza, cada vez más, con seguridad, tráfico ilícito y captura de instituciones. Cuando el vecino del norte habla de soborno en la conversación del T-MEC, está hablando también de gobernabilidad.
Otro episodio reciente ilustra esa tensión: la polémica en torno a los agentes estadounidenses fallecidos en Chihuahua. La discusión pública se encendió porque primero hubo negaciones, luego matices y finalmente reconocimiento de algún nivel de coordinación con autoridades mexicanas, aunque con versiones encontradas sobre el papel exacto de los estadounidenses. Reuters reportó que el gobierno de Claudia Sheinbaum ordenó revisar si hubo violaciones a la ley de seguridad nacional; AP documentó las contradicciones oficiales y el malestar que el caso generó por los límites de la participación extranjera en operativos ligados al combate al narcotráfico.
La lección es delicada: la cooperación bilateral existe, seguirá existiendo y en muchos casos es necesaria; pero en México cualquier ambigüedad sobre soberanía, inteligencia y presencia extranjera tiene un costo político inmediato.
No hay que caer tampoco en alarmismos de sobremesa. La soberanía nacional no se pierde por reconocer cooperación técnica o de inteligencia, siempre que ésta ocurra dentro de la ley y bajo conducción del Estado mexicano. Lo que sí la debilita es la opacidad. Cuando los gobiernos comunican mal, se contradicen o permiten zonas grises en asuntos de seguridad, abren la puerta a la sospecha, al uso partidista del tema y a la narrativa de subordinación. En un asunto tan sensible como la colaboración con Estados Unidos contra el narcotráfico, la forma de explicar también es fondo.
Y ya que en redes sociales algunos reclaman hablar más del “fundamentalismo” contra la educación STEM, vale la pena decirlo con claridad: sí, ese tema importa, y mucho. En el nuevo orden económico, la soberanía también se mide por la capacidad de formar ingenieros, científicos, programadores y talento técnico de alto nivel. La OCDE advirtió en su Encuesta Económica de México 2026 que ampliar la formación técnica y las oportunidades en áreas STEM es crucial para aumentar el número de profesionales con habilidades digitales avanzadas. IMCO, por su parte, ha insistido en que los empleos del futuro se concentran justamente en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y que México sigue corto en ese frente. Debilitar el rigor en esas áreas no produce justicia social: produce dependencia tecnológica.
Por eso la locomotora ya se escucha. No sólo arrancó la electoral, también la geopolítica. Morena entra a una fase de ajuste y disciplina interna; la oposición busca instalar la idea de desgaste; Estados Unidos aprieta sobre corrupción y seguridad; y, entre tanto ruido, México sigue obligado a resolver una pregunta de fondo: si quiere administrar el poder del presente o construir las capacidades del futuro. Porque sin Estado de derecho no habrá confianza, sin claridad en seguridad no habrá soberanía firme, y sin educación de alto nivel incluida la STEM no habrá competitividad real en el mundo que ya llegó.
Lo demás, como siempre en política mexicana, será narrativa. Pero el país ya no está para vivir sólo de ella
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