El Tribunal Electoral de la Ciudad de México resolvió a su favor del periodista Manuel Pedrero y desechó las denuncias promovidas por la diputada plurinominal priista Tania Larios en contra de él y del medio Los Reporteros MX, en un caso que fue presentado como violencia política de género sin justificación.
El periodista, y director de Los Reporteros MX, celebró la resolución del órgano electoral y sostuvo que las acusaciones en su contra carecían de sustento. Pedrero señaló que el tribunal determinó que expresiones como referirse a Larios como diputada plurinominal, o señalar su relación política con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, no constituyen violencia política de género.
Asimismo, afirmó que el ejercicio periodístico y la documentación de hechos de interés público, incluyendo investigaciones sobre antecedentes y relaciones políticas de personajes públicos, forman parte de la libertad de expresión y del trabajo informativo. El periodista consideró que la resolución representa un respaldo al derecho de informar y al ejercicio crítico del periodismo.
¡GANAMOS! La Diputada plurinominal del PRI y ex-aliada de un tratante de mujeres, Tania Larios perdió todas las demandas que metió contra nosotros y el medio de comunicación que encabezamos, Los Reporteros MX. Así lo informó el Tribunal Electoral de la CDMX quién voto de forma… pic.twitter.com/Piw5LjBbm9
Pedrero también agradeció el trabajo de los abogados César Gutiérrez Priego, Israel Gutiérrez Priego y Kevin Cervantes Pliego, a quienes reconoció por su defensa jurídica durante el proceso. Afirmó que el fallo representa una victoria para la libertad de expresión y para los medios de comunicación que ejercen labores de investigación y crítica al poder político.
Los abogados que vencieron al PRI: Kevin Cervantes Pliego,César Gutiérrez Priego e Israel Gutiérrez Priego
Kevin Cervantes Pliego, de 26 años de edad, es Licenciado en Derecho y actualmente se encuentra concluyendo la Maestría en Derecho Electoral. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito jurídico-electoral, área en la que ha combinado la formación académica con la experiencia práctica. Ha colaborado como asesor jurídico de partidos políticos ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y formó parte del Tribunal Electoral del Estado de México, donde participó en el análisis y atención de diversos asuntos relacionados con la materia electoral. Actualmente ejerce la profesión como abogado litigante, dedicándose a la representación y defensa de asuntos jurídicos, con especial interés en el Derecho Electoral y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
En su sitio web, que permanece activo, Distrito Yaax se promociona como “tu inversión inteligente en Cancún”, acompañado de imágenes de modernas y lujosas torres departamentales. Sin embargo, esas representaciones quedaron únicamente en ilustraciones. El desarrollo inmobiliario, ubicado sobre el Boulevard Luis Donaldo Colosio, Supermanzana 295, Manzana 19, jamás fue concluido. Hoy, en lugar de los edificios prometidos, el complejo permanece abandonado y en su exterior destaca un aviso del Gobierno de Quintana Roo que acredita su clausura. Mientras tanto, decenas de inversionistas continúan sin recuperar los millones de pesos que destinaron al proyecto.
Qué es “Distrito Yaax”
Distrito Yaax es un desarrollo inmobiliario que oferta dos torres, cada una de 18 pisos. Presume contar con un diseño que prioriza la naturaleza con un 60% de áreas verdes y lujosas amenidades como albercas, camastros y estancias. El inicio de su construcción es un misterio.
En redes enfatizan haber ganado los Global Future Design Awards 2024. Allí se afirma que el desarrollo “está en construcción”, es decir, que la obra habría iniciado al menos ese año. Hay información contradictoria. De acuerdo con el medio “World Construcción”, que le dedicó un favorable artículo promocional al proyecto, la construcción arrancó en 2025. “Distrito Yaax” ofrece desde departamentos tipo “estudio” a 2,819,534 pesos hasta viviendas de tres recámaras a 9 millones de pesos.
Imagen promocional falsa de Distrito Yaax
Testimonio de víctimas
En junio de 2023, “Pedro” (alias para resguardar su identidad) firmó un contrato para invertir en el desarrollo “Distrito Yaax”. Quedó convencido después de visitar el Showroom junto a su madre. Al final, ambos juntaron ahorros y transfirieron un monto inicial de 1,500,000 pesos para adquirir un departamento con un valor de 3 millones de pesos.
Han pasado tres años desde entonces. La promesa era que su departamento sería entregado a más tardar el 30 de noviembre de 2025. Ni fue entregado ni fue construido. Para hallar respuestas, la primera semana de junio de 2026, los afectados se dirigieron a las oficinas del apoderado legal donde firmaron el contrato, ubicadas en calle Ébano de la Supermanzana 43. Al tocar el timbre, la actual residente de la vivienda informó que allí ya no había oficinas.
Casa que fungía como oficinas de “Distrito Yaax”
No es un caso aislado. La página inmobiliaria Zisla, donde se siguen ofreciendo departamentos de “Distrito Yaax”, sostiene que hay 263 unidades disponibles de 432 unidades totales. De ser cierto, una resta nos da el total de 169 departamentos vendidos. En Facebook ya se organizan decenas de personas afectadas en un grupo llamado “Distito Yaax Clientes”. Las historias siguen un mismo patrón: un showroom llamativo y convincente; la inversión de cientos de miles de pesos, si no es que millones; y posteriormente el nulo contacto de los responsables.
En agosto de 2025, el periódico local Quequi documentó el caso de una mujer víctima de esta estafa. El medio reportó que ella invirtió 1.1 millones de pesos y que la inmobiliaria la amenazó para que no difundiera su testimonio. La víctima presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/05/9828/2025). A pesar de esto, los responsables siguen sin enfrentar la justicia.
Fotografía publicada por víctima en octubre de 2025, nulo avance del proyecto
Alejandro Samir Martínez Escareño (izquierda), Fernando Álvarez Tostano (derecha)
Hay diversas personas que han sido identificadas por las víctimas:
Alejandro Samir Martínez Escareño, arquitecto, CEO del proyecto, socio mayoritario de la sociedad (60% de acuerdo al periódico Quequi) y representante legal de la misma.
Greta Williams, asesora inmobiliaria, promotora, vendedora o “broker”.
Alejandro Samir Martínez Escareño (izquierda), al lado de Greta Williams (derecha)
El periódico Quequi identificó a otros involucrados (de izquierda a derecha): Arturo Serrato Villanueva, representante legal; Gabriela Rodríguez Álvarez, exgerente administrativa; y Betzabé Aguilar Álvarez, asesora de ventas.
Involucrados identificados por periódico Quequi
Adicionalmente, en la página Global Future Design Awards se enlistan a otros integrantes del proyecto: Francisco Rivera, Juliana Avila, Dennis Fuentes, Reyna Hernandez, Sarahi Cadena y Daniel Lopez.
Estafadores se dan a la fuga
El 18 de febrero de 2025, una de las víctimas denunció en Facebook que Arturo Alvarado Betancourt, director jurídico de Distrito Yaax, le afirmó que el socio mayoritario, Alejandro Samir Martínez Escareño, había fallecido el 1 de diciembre de 2025. Esa fue la justificación ofrecida por la cual no se han devuelto los millones de pesos de las víctimas. Ninguna prueba fue adjuntada por el director jurídico para constatar esta versión.
Actualmente, en Google Maps, el desarrollo aparece como “cerrado permanentemente”. Aunque sus cuentas en redes sociales siguen activas, el celular de atención (998 758 9361) se encuentra fuera de servicio. Además, al solicitar información en su página web, se marca un error, afirmando que no se puede enviar el formulario. Mientras tanto, las víctimas afirman que no les contestan correos, mensajes ni llamadas.
Documentos notariales, huellas digitales, poderes irrevocables, una dación en pago y una deuda que terminó convirtiendo a dos campesinos en presuntos deudores millonarios forman parte de una historia que hoy sigue generando preguntas en Querétaro.
Por Neri Torres, Luis Piña y Frank Alvarado
El tránsito no se detiene. A cualquier hora del día, miles de vehículos recorren el Anillo Vial Fray Junípero Serra, una de las arterias que mejor simboliza la transformación económica de Querétaro. A sus costados se levantan desarrollos residenciales, plazas comerciales, complejos habitacionales y terrenos cuyo valor se ha multiplicado de forma extraordinaria durante las últimas dos décadas. En este corredor se concentra una parte importante del crecimiento inmobiliario del estado y también algunos de los proyectos más rentables construidos en años recientes.
Desde la superficie, todo parece contar una historia de prosperidad. Sin embargo, detrás de las fachadas comerciales, del concreto y de la plusvalía, existe otra historia. Una que comienza en el campo, entre parcelas ejidales y adultos mayores que dedicaron su vida a trabajar la tierra. Una historia que hoy es reconstruida a partir de testimonios, expedientes judiciales y escrituras notariales que permiten seguir la ruta mediante la cual dos terrenos terminaron fuera del patrimonio de sus propietarios originales para convertirse en parte de uno de los desarrollos más importantes de la zona metropolitana de Querétaro.
La historia gira alrededor de J. Guadalupe Campos Olvera y Flavia Herrera Maldonado, una pareja de ejidatarios del Ejido Bolaños. Según los testimonios recabados por el activista Manuel Zamorano y la documentación a la que tuvo acceso Los Reporteros MX, ambos vivieron durante años de las actividades agrícolas y enfrentaban una condición que los colocaba en una posición particularmente vulnerable frente a abogados, empresarios y operadores inmobiliarios: no sabían leer ni escribir.
Esa circunstancia aparece una y otra vez en los relatos que sobreviven alrededor del caso. Porque mientras para la mayoría de las personas una firma representa una decisión consciente, para quienes no saben leer el contenido de un documento, la huella digital se convierte en un acto de confianza. Confianza en quien explica el documento, confianza en quien lo redacta y confianza en quien promete que aquello que se firma corresponde a lo acordado verbalmente.
De acuerdo con la versión que sostienen familiares de los afectados, alrededor del año 2000 Mauricio Kuri González y Humberto Palacios Alcocer acudieron personalmente al domicilio de la pareja para negociar la adquisición de las parcelas. La escena, reconstruida a partir de los testimonios obtenidos por Manuel Zamorano, describe la llegada de ambos hombres con cien mil pesos en efectivo: cincuenta mil para cada propietario.
Para una familia campesina, aquella cantidad resultaba difícil de imaginar. Según los relatos, la propuesta consistía en adquirir las dos parcelas por un millón de pesos cada una. El dinero entregado era presentado como un anticipo y el resto sería cubierto posteriormente mediante pagos sucesivos. Los propietarios aceptaron bajo esa promesa. Sin embargo, los familiares sostienen que esos pagos nunca llegaron.
Lo que sí continuó, afirman, fue la firma de documentos. O más exactamente, la colocación de huellas digitales en papeles cuyo contenido los propietarios originales no podían leer por sí mismos. En esa visita, aquellas huellas quedaron estampadas en distintos instrumentos legales que eventualmente tendrían consecuencias definitivas sobre la propiedad de la tierra.
Con el paso del tiempo, el valor de las parcelas aumentó de manera acelerada. La apertura del Anillo Vial Fray Junípero Serra modificó completamente la dinámica económica de la zona. Lo que durante décadas había sido tierra agrícola comenzó a convertirse en uno de los puntos más codiciados para el desarrollo urbano. El dinero llegó a la región. Las constructoras llegaron a la región. Los grandes proyectos llegaron a la región. Pero los propietarios originales jamás vieron reflejada esa prosperidad.
Los documentos revisados permiten observar que para 2013 ya existía una compleja estructura jurídica alrededor de las parcelas. La escritura pública número 20,446, otorgada el 30 de septiembre de ese año ante el notario Francisco Pérez Rojas, constituye una de las piezas centrales del expediente. En ella comparecen Mauricio Kuri González y Humberto Palacios Alcocer como apoderados y representantes legales de J. Guadalupe Campos Olvera y Flavia Herrera Maldonado.
Sin embargo, la misma escritura contiene un elemento que ha llamado la atención de quienes han revisado el caso. Mientras Mauricio Kuri y Humberto Palacios aparecen representando jurídicamente a los propietarios originales, Humberto Palacios figura también como la persona que recibe el inmueble mediante una operación de dación en pago. Es decir, una misma estructura documental coloca a Palacios en una posición donde participa tanto dentro de la representación legal de los propietarios como en la adquisición final del terreno.
La operación no se presenta como una compraventa tradicional. Los documentos establecen expresamente que se trata de un Convenio de Cumplimiento de Transacción y Dación en Pago. En términos jurídicos, una dación en pago ocurre cuando una persona no puede cubrir una deuda y entrega un bien para extinguirla. Dicho de otra manera, el terreno no cambia de manos porque sea vendido directamente, sino porque sirve para saldar obligaciones económicas previamente reconocidas.
Es precisamente ahí donde aparece el elemento más desconcertante de toda la historia.
La escritura incorpora antecedentes relacionados con el Juicio Sumario Hipotecario 1207/2010 del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil de Querétaro. Dentro de esa documentación aparecen obligaciones económicas atribuidas a los propietarios originales. Una de ellas corresponde a once millones de pesos, actualizados conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor desde 2001. A ello se agregan otras cantidades vinculadas al valor comercial del terreno.
Conforme esas cifras fueron actualizadas durante años, los montos crecieron de manera exponencial. Según la información recabada por los denunciantes, la suma total de las obligaciones terminó superando los 214 millones de pesos.
La cifra resulta difícil de ignorar. No sólo por su magnitud, sino porque genera preguntas que hasta ahora permanecen sin respuesta pública. ¿Quién entregó originalmente esos recursos? ¿Dónde se encuentran los comprobantes de recepción? ¿Cómo una pareja de adultos mayores dedicada al campo adquirió obligaciones económicas capaces de alcanzar cientos de millones de pesos? ¿Cuál fue el destino de ese dinero? Son interrogantes que constituyen el núcleo de la denuncia.
Los documentos muestran además que para 2013 el inmueble ya tenía un enorme valor económico. El propio expediente incorpora un avalúo bancario que asignaba a la parcela un valor superior a los 58 millones de pesos. Para entonces, la transformación urbana de la zona era evidente y el corredor del Fray Junípero Serra se perfilaba como uno de los espacios más rentables para el desarrollo inmobiliario de Querétaro.
La escritura también contiene cláusulas mediante las cuales la parte enajenante se declara pagada y recibida de las cantidades relacionadas con la operación. Asimismo, se extinguen derechos y obligaciones previas, se cancelan reclamaciones y se establecen desistimientos relacionados con acciones futuras sobre el inmueble.
No obstante, para quienes cuestionan la legalidad y legitimidad de todo el proceso, la existencia de esos documentos no resuelve el problema. Por el contrario. Lo profundiza.
La discusión no gira únicamente en torno a la validez formal de las escrituras, sino alrededor de una pregunta mucho más sencilla y al mismo tiempo mucho más importante: ¿comprendían realmente Guadalupe Campos y Flavia Herrera lo que estaban autorizando cuando colocaban sus huellas digitales?
Esa pregunta adquiere mayor relevancia si se considera que ambos fallecieron sin ver resuelto el conflicto. Ella murió años después de iniciados los procedimientos. Él enfrentó problemas de salud durante el desarrollo de los litigios y falleció en 2014. Hoy ninguno puede explicar qué entendió cuando firmó, qué le prometieron, qué recibió realmente o qué ocurrió durante cada una de las etapas que terminaron con la pérdida de sus tierras.
El 19 de abril de 2016 aparece otra escritura relevante dentro de la cadena de operaciones. Para entonces, Humberto Palacios Alcocer ya figura como propietario de la parcela y posteriormente la transmite a la empresa Cabi Paseos Querétaro, vinculada al desarrollo inmobiliario de la zona donde actualmente se encuentra Paseo Querétaro.
La tierra había cambiado definitivamente de manos.
Hoy, donde alguna vez hubo parcelas ejidales, circulan miles de automóviles cada día. Donde antes trabajaban campesinos, se levantan desarrollos comerciales y habitacionales que representan millones de pesos en inversión. El paisaje cambió por completo.
Lo que permanece sin resolverse es la pregunta de fondo: si esa transformación fue el resultado de una operación plenamente comprendida y aceptada por quienes eran dueños de la tierra o si, como sostienen quienes denuncian el caso, una combinación de poderes notariales, juicios, deudas, documentos firmados con huellas digitales y figuras jurídicas complejas terminó arrebatando a una familia campesina el patrimonio construido durante toda una vida.
Los Reporteros MX buscó obtener testimonios directos de familiares de los propietarios originales. Sin embargo, las personas consultadas manifestaron temor a hablar públicamente sobre el caso. Esa negativa, respetada por este medio, impidió incorporar sus voces de manera directa en este reportaje. Aun así, los documentos existentes, los expedientes revisados y los testimonios recabados por quienes han acompañado la denuncia permiten reconstruir una historia que continúa esperando respuestas.
El PAN perdió cinco millones de votos, el 26% de su militancia y siete gubernaturas, razón por la que el partido ve en las acusaciones contra Maru Campos una oportunidad para reposicionarse no solo rumbo a 2027, sino también para las presidenciales de 2030. La estrategia es evidente: si el gobierno federal la ataca, ella se convierte en mártir; si la FGR la cita, en símbolo; si Morena marcha en Chihuahua, el PAN organiza contramarchas. Si el PAN piensa venderla como figura nacional, hay que revisar antes su historial.
Un expediente que el PAN prefiere ignorar
Antes del caso CIA, hay que hablar del caso Duarte. Maru Campos no llegó a la gubernatura con las manos limpias, ya que el 1 de abril de 2021, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de cohecho en consumación continuada. La acusación: haber recibido ilegalmente 9 millones 267 mil pesos de parte del exgobernador César Duarte entre 2014 y 2015, cuando era diputada local del PAN. Los pagos formaban parte de la “nómina secreta”, un sistema de corrupción con el que Duarte compró lealtades a más de 100 actores políticos, del sector privado, periodistas, de la Iglesia y líderes sindicales para garantizar su complicidad transexenal. Maru Campos fue parte de esa red con todo y cobros firmados, así lo acreditó un juez.
Campos también enfrentó también una segunda causa penal por presuntamente haber cobrado “moches” y favores a proveedores durante su gestión como alcaldesa de Chihuahua, recibiendo pagos mensuales superiores al millón de pesos de empresas contratistas del Ayuntamiento entre 2017 y 2018. Los cargos fueron retirados antes de que asumiera el cargo de gobernadora. Ya en el poder, tomó el control del Ministerio Público estatal a través de fiscales afines, y sus críticos documentaron intentos de perseguir judicialmente al propio juez que la había vinculado a proceso.
Caso CIA
¿Por qué había agentes de la CIA operando en Chihuahua sin que el gobierno federal lo supiera? ¿Quién los coordinó? ¿Quién los autorizó? ¿Qué tipo de acuerdos paralelos existían entre el gobierno estatal y la embajada estadounidense? Campos admitió tener conocimiento de la presencia de los agentes sin haber informado a las autoridades federales: una violación flagrante a la cadena de mando en materia de seguridad nacional. México tiene un marco constitucional claro sobre soberanía: operar con agencias extranjeras en territorio nacional sin coordinación con la Federación no es autonomía estatal, es traición a la Patria y a la soberanía nacional.
La mártir que el PAN busca no es la candidata que México necesita
El PAN puede construir el relato de una mártir conservadora que se atrevió a enfrentar al gobierno federal. Ya lo están haciendo; pero ganar la simpatía de la militancia panista no es lo mismo que construir un proyecto presidencial viable.
Sus antecedentes la hacen vulnerable en cualquier campaña presidencial seria. La nómina secreta, los dos procesos penales, los cargos retirados en vísperas de asumir el cargo: esto pesa en una elección presidencial. El PAN no puede borrar el expediente.
Finalmente, el caso CIA pesa más en su contra que a su favor. No es una gobernadora que buscaba seguridad para su estado, es una gobernadora que no pudo con la seguridad y tuvo que vender a su patria. Una gobernadora que prefirió violar la soberanía nacional antes que gobernar de manera responsable, lo cual se reflejaría en una falta de liderazgo nacional.
La red de los llamados “Petrofactureros”, investigada por la FGR por presuntas operaciones vinculadas al huachicol fiscal y esquemas de simulación comercial por hasta 23 mil millones de pesos, alcanzó políticamente a Samuel García luego de que se revelara que un despacho propiedad de su padre y su medio hermano facturó más de 15 millones de pesos a una empresa ligada al caso.
¿Qué son los Petrofactureros?
Los Petrofactureros son una red empresarial diseñada para mantener en funcionamiento el esquema del huachicol fiscal: con ella se “diluyeron” responsabilidades entre distintos actores y se dificultó la identificación individual de los implicados. La estructura sirvió para simular la legalidad de recursos de procedencia ilícita, según explicó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), en conferencia de prensa el 22 de abril de 2026.
En términos simples: la red ingresaba combustible al país bajo declaraciones falsas, etiquetándolo como aditivos, lubricantes o aceites para evitar el pago de impuestos, usando facturas apócrifas y triangulaciones financieras para introducir el combustible y evadir controles aduaneros y fiscales.
Las empresas involucradas recurrieron a esquemas de simulación de operaciones comerciales que han llegado a los 23 mil millones de pesos. Los Petrofactureros son una red de más de 40 empresas investigadas por la FGR que presuntamente simulaban actividades en los sectores energético, logístico y de transporte sin contar con infraestructura real.
El origen del caso se remonta a Tamaulipas: las indagatorias derivan de una operación realizada en marzo de 2025 en Altamira, donde se aseguró un buque que transportaba combustible ilegal. El hidrocarburo robado era introducido al mercado a través de una red de empresas gaseras y centros de carburación que funcionaban como fachada, permitiendo su venta al público y el blanqueo de los recursos.
El detenido que conecta todo con Nuevo León
El 28 de mayo de 2026, la FGR ejecutó cateos en cuatro inmuebles de Nuevo León. Las diligencias ocurrieron en San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria. Durante el operativo se detuvo a Jesús “N” , dentificado como Jesús Ricardo Puente, y se aseguraron un arma de fuego, cuatrimotos, vehículos particulares, 42 tractocamiones y 62 contenedores cilíndricos.
Puente es accionista y administrador único de la empresa Maquiladora de Lubricantes, una compañía que entre 2021 y 2025 registró movimientos financieros de miles de millones de pesos, con sus mejores años siendo 2021 y 2022, cuando facturó 4 mil 618 millones y mil 344 millones de pesos respectivamente.
La conexión con la familia García
El despacho GMA Firma Jurídica Fiscal, fundado en mayo de 2017, expidió ocho facturas a nombre de Maquiladora de Lubricantes entre el 24 de noviembre de 2021 y el 24 de marzo de 2022, por concepto de “honorarios por servicios profesionales”, que suman 15 millones 59 mil 957 pesos. Las facturas fueron verificadas en el portal del SAT y todas siguen vigentes.
¿De quién es ese despacho? GMA Firma Jurídica Fiscal pertenece a Samuel Orlando García Mascorro y Samuel Orlando García Villarreal, padre y medio hermano, respectivamente, del gobernador Samuel García.
GMA Firma Jurídica Fiscal es una empresa distinta a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho que García Mascorro tiene en copropiedad con su hijo, el propio gobernador Samuel García. Es decir, hay dos despachos distintos en el círculo familiar, y al menos uno de ellos recibió dinero del empresario detenido.
Los mayores clientes del despacho GMA son del sector energético: Enerey Latinoamérica con 353.3 millones de pesos facturados; Petrolíferos Lobo con 279.9 millones; y Energéticos Dos Águilas con 42.3 millones, todos ramos hoy bajo intensa revisión federal.
Las consecuencias políticas
Este 4 de junio, el Congreso de Nuevo León aprobó un exhorto para que el gobernador Samuel García entregue, en un plazo menor a 10 días, un informe sobre los presuntos vínculos comerciales de empresas de su entorno familiar con Maquiladora de Lubricantes.
Desde Morena, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar subrayó que, si bien una relación de colaboración no puede calificarse automáticamente de ilegal, “las posiciones de poder y privilegio facilitan el enriquecimiento ilícito y actos de influyentismo”, por lo que urgió a la FGR a analizar posibles delitos federales como lavado de dinero o facturación falsa.
La Fiscalía General del Estado, por su parte, prometió investigar las carpetas contra García relacionadas con triangulación de recursos. El asunto cobró mayor relevancia al revelarse que una firma jurídica vinculada al gobernador financió con casi 82 millones de pesos su campaña de promoción en redes sociales.
El senador morenista Waldo Fernández fue directo: “Hasta donde tengo entendido, el gobernador tiene participación en el despacho y si es así tiene que aclarar, de manera pertinente, la relación que tiene su despacho con estas personas, y no solo el papá”.
Hasta ahora, Samuel García no ha dado una rueda de prensa específica sobre el caso. Su posición hasta ahora ha sido negar haber recibido “un solo peso del Estado” en referencia a las investigaciones previas sobre triangulación de recursos.
Durante una intento de conferencia en la Universidad Patito, también conocida como Universidad de la Libertad, Ricardo Salinas Pliego arremetió contra obras emblemáticas del gobierno federal, se quejó de los impuestos y amenazó al gobierno de Claudia Sheinbaum al invitar a la población a “sacar a los zurdos de mierda de México”.
En la Universidad de la Libertad, el pasado 2 de junio, el deudor fiscal Ricardo Salinas Pliego ofreció un intento de conferencia acompañado por la española Cayetana Álvarez. Durante su participación, el Tío Deudas dirigió críticas contra algunas de las principales obras impulsadas por el gobierno federal, entre ellas el Tren Maya, el AIFA y la refinería de Dos Bocas, cuestionando el gasto destinado a estos proyectos.
Salinas también aprovechó el espacio para expresar su inconformidad con el sistema tributario mexicano. “El modelo fiscal es peor que cuando estaba España aquí”, afirmó. Entre malas bromas y ocurrencias, que apenas arrancaron dos o tres risas forzadas entre los asistentes, lanzó además una de sus frases favoritas para descalificar al gobierno: “La caquistocracia es el gobierno de los peores”, frase que lució más por el silencio que por las risas forzadas.
El deudor fiscal insistió en su rechazo al pago de impuestos y aseguró que los empresarios tienen una responsabilidad particular en ese tema. “Fíjate, le pagas a quien te odia, le pagas a quien te quiere destruir, le pagas a quien quiere acabar con tu familia y con tu trabajo. Y lo hacemos de manera voluntaria”, declaró. Una afirmación llamativa considerando que lo único que las autoridades le han exigido durante años es cubrir los impuestos que adeuda, una obligación que no ha cumplido por voluntad propia y que continúa arrastrando tras más de una década de litigios.
La intervención cerró con uno de los mensajes más agresivos de la jornada. “[Es prioridad] sacar a los zurdos de mierda de México […] y no estoy seguro que vaya a ser una cosa bonita”, afirmó Salinas Pliego. Acto seguido de su amenaza, llamó a asumir “una actitud de desafío, de rebeldía y de no conceder nada”, elevando aún más el tono de un discurso marcado por la confrontación política contra el gobierno de Claudia Sheinbaum y los ataques contra quienes no comparten su ideología de evasión fiscal.
Colectivos ambientalistas, especialistas y ciudadanos han denunciado durante meses la contaminación y el deterioro del río Santa Catarina, uno de los ecosistemas más importantes de Nuevo León. A tan solo nueve días del arranque del Mundial, el gobierno de Samuel García ha sido incapaz de atender de fondo la contaminación, las descargas irregulares y las afectaciones ambientales que siguen deteriorando este cauce.
El río Santa Catarina es un corredor biológico clave para la biodiversidad de Nuevo León, un regulador natural durante fenómenos meteorológicos extremos y una pieza fundamental para la recarga de mantos acuíferos y la salud ambiental de la región. Mientras el río continúa acumulando basura y descargas contaminantes, las denuncias contra el gobierno estatal se han multiplicado durante el último año.
Las críticas más fuertes provienen del colectivo ambientalista “Un Río en el Río”, cuyos integrantes han acusado directamente a la administración de Samuel García de incumplir compromisos adquiridos para proteger el ecosistema, mantener opacidad en proyectos de infraestructura y desatender advertencias sobre posibles daños ambientales. En febrero de 2026, la organización denunció públicamente que los acuerdos establecidos con autoridades estatales no fueron respetados y que los plazos para transparentar información y atender riesgos ambientales vencieron sin resultados concretos. Además, los activistas señalaron que existe una falta de voluntad política para garantizar la conservación del río frente a obras impulsadas por el propio gobierno estatal.
La inconformidad escaló en marzo de este año, cuando integrantes del colectivo acudieron ante autoridades federales para presentar denuncias formales por posibles afectaciones ecológicas derivadas de proyectos asociados a la Línea 4 del Metro, puentes peatonales y otras intervenciones dentro o cerca del cauce. Los ambientalistas solicitaron la intervención de la Profepa y la Semarnat al considerar que existen riesgos para la flora, la fauna y la capacidad hidráulica del río.
Durante años se han detectado descargas de aguas residuales, acumulación de llantas, escombros y toneladas de residuos sólidos en distintos puntos del cauce. De hecho, el propio gobierno estatal ha reconocido en diversos operativos que se han retirado más de 100 toneladas de basura y miles de llantas del río, una cifra que para los críticos demuestra la magnitud del problema y la falta de una estrategia integral de saneamiento. Aunque la administración presume jornadas de limpieza y campañas ciudadanas, organizaciones ambientales sostienen que recoger residuos no resuelve las causas estructurales ni garantiza la recuperación ecológica del afluente.
Mientras tanto, los colectivos continúan insistiendo en que el río requiere una política de protección permanente, transparencia en las obras que afectan el cauce y un verdadero programa de saneamiento ambiental. Los activistas advierten que cada año que pasa sin atender de fondo la contaminación, las descargas irregulares y la presión urbanística aumenta el riesgo de perder uno de los espacios naturales más importantes del estado. El problema no es únicamente la basura visible, sino la falta de una estrategia integral que coloque la conservación ambiental por encima de los proyectos políticos y de infraestructura.
A pesar de que el gobierno de Samuel García ha difundido operativos de limpieza, clausuras de algunos establecimientos contaminantes y campañas de recolección de residuos, el deterioro ambiental del río continúa generando denuncias, recursos legales y llamados de atención por parte de especialistas y organizaciones civiles. Las acciones gubernamentales han sido puramente mediáticas, mientras que las demandas de protección ecológica, transparencia y prevención de impactos ambientales siguen sin recibir respuestas que los colectivos consideren suficientes.
La gobernadora Libia Dennise García repite cifras de reducción de homicidios mientras mayo dejó una niña de 7 años baleada, una masacre en el centro de Salamanca y a una madre buscadora asesinada junto a su hija el Día de las Madres. El estado sigue siendo el más violento de México.
Las autoridades estatales presumen una reducción del 68% en homicidios desde febrero de 2025 hasta mayo de 2026. La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo la repite ante cada micrófono, ante cada cámara, ante cada pregunta. Lo que no repite es que Guanajuato sigue siendo el estado más violento de México, y mayo de 2026 así lo confirmó.
Durante la primera semana del mes, el estado encabezó las cifras nacionales de homicidios con 32 asesinatos registrados, más que cualquier otra entidad del país. En la tercera semana repitió el primer lugar con 25 muertes violentas, con un pico de seis homicidios en un solo día. Y para cerrar el mes: una niña de siete años muerta por una bala que no iba para ella, una masacre de cinco personas en pleno centro de Salamanca, un padre y su hijo ejecutados mientras vendían carnitas un domingo por la mañana, y un hombre asesinado dentro de una barbería en León.
“Justicia para Valentina”: la bala que partió a Irapuato en dos
El martes 26 de mayo, a las cuatro de la tarde, en la colonia 18 de Agosto de Irapuato, un grupo armado persiguió a un hombre que logró escapar. Los disparos no lo alcanzaron a él, sino a Valentina, de siete años, que estaba ahí, en su colonia, disfrutando de la tarde. Cuatro días después, su familia la enterró el día que habría sido su cumpleaños número ocho.
La reacción de la gobernadora ante el caso fue predecible: promesas de justicia, acompañamiento a la familia, énfasis en la reducción del 68% de los homicidios. “La tarea no está acabada”, fue lo único que se le ocurrió agregar.
El Día de las Madres más cruel: ejecutaron a una buscadora y a su hija
El 9 de mayo golpeó con una crueldad que Guanajuato debería llevar como marca permanente de vergüenza.
Horas antes de la marcha del Día de las Madres, Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlalli Jáuregui Acosta fueron interceptadas en su motocicleta en Salamanca. Hombres armados dispararon a corta distancia, y ambas murieron ahí, en la calle, en la esquina de Estado de México y Estado de Durango, en la colonia 18 de Marzo.
Ambas eran integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, y buscaban a su hijo y hermano, Miguel Ángel, desaparecido en febrero de 2024, a quien encontraron en una fosa clandestina. Siguieron en el colectivo para acompañar a otras familias que aún buscaban, un gesto de solidaridad que les costó la vida.
Cabe recalcar que este es el tercer asesinato de mujeres buscadoras del mismo colectivo en lo que va de 2026, y el gobierno de Libia Dennise no ha presentado una sola respuesta contundente, ni detenciones, ni desmantelamiento de las estructuras criminales que terminan con la vida de quienes hacen el trabajo que el Estado debería hacer.
Salamanca, el municipio que no descansa
El 29 de mayo, cinco personas fueron asesinadas en un ataque en la zona centro de Salamanca, dos más resultaron heridas y una fue secuestrada. Era la decimocuarta semana del año con hechos de alto impacto en ese municipio, que para el 30 de mayo ya acumulaba 123 homicidios solo en 2026.
Salamanca lleva años siendo el epicentro de la disputa territorial entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG. El Índice de Paz México 2026 lo colocó, junto a otros cinco municipios de Guanajuato, en el Top 20 nacional de mayor tasa de homicidio doloso.
Los números que el gobierno no presume
Mientras la gobernadora habla de reducción del 68%, las familias guanajuatenses destinan casi una quinta parte de sus ingresos a pagar el costo de vivir en un estado en guerra. Desde 2018 hasta abril de 2026, las cifras de personas desaparecidas en el estado pasaron de 621 a más de 5 mil 600.
La respuesta de la gobernadora: insuficiente
Ante todo lo anterior, Libia Dennise García ha respondido con el manual de siempre: cifras de reducción, declaraciones de intención y frases que ya se escucharon bajo gobernadores anteriores. “La tarea no está acabada.” “No habrá impunidad.” “Irapuato es prioridad operativa.” Tal parece que la brecha entre el discurso y la realidad seguirá siendo tan amplia, y tan letal, como siempre.
Morena en el Congreso de la Ciudad de México reveló la existencia de una red de organizaciones y perfiles digitales que, bajo una imagen de movimientos ciudadanos independientes, mantendrían vínculos con actores políticos relacionados con el PAN y participarían en una estrategia de crítica permanente contra los gobiernos de la Cuarta Transformación.
Durante la presentación del documento denominado “Operación Latido”, legisladores morenistas señalaron que agrupaciones como Latido Joven, Creemos México, Generación Z y Mexicanos al Grito de Paz compartirían operadores, mecanismos de difusión y objetivos políticos, particularmente en torno a temas relacionados con la organización del Mundial de Fútbol 2026.
De acuerdo con el informe, estas organizaciones han impulsado campañas en redes sociales, acciones de protesta y la colocación de lonas en distintos puntos de la capital con mensajes dirigidos a cuestionar a los gobiernos emanados de Morena. El documento sostiene que dichas acciones forman parte de una estrategia coordinada para posicionar narrativas de crisis y generar impacto mediático.
El diputado Paulo García retomó estos señalamientos a través de sus redes sociales, donde afirmó que las investigaciones permitieron identificar vínculos entre grupos que se presentan como apartidistas y diversos actores políticos del PAN. Según expresó, detrás de estas organizaciones existirían las mismas consultoras, operadores y estructuras políticas actuando bajo distintas identidades.
El legislador aseguró que el esquema operaría mediante tres mecanismos principales: la difusión de narrativas que buscan generar percepción de caos, el presunto financiamiento proveniente de estructuras partidistas y la utilización de lonas y otras acciones en vía pública para amplificar mensajes de cara al Mundial de 2026.
“Bienvenida la protesta en la ciudad, pero que firmen con honestidad ‘somos militantes de Acción Nacional”, expresó el morenista al cuestionar la independencia de los grupos señalados.
La presentación del documento reabrió el debate sobre la participación de organizaciones civiles y movimientos digitales en la discusión pública, así como sobre la necesidad de transparentar posibles vínculos partidistas detrás de campañas que se presentan como iniciativas ciudadanas.
La presidenta Claudia Sheinbaum se convierte en la única mandataria del mundo en regalar sus boletos para el Mundial 2026. Mientras otros líderes mundiales asistirán personalmente a sus partidos, Sheinbaum prefirió ver el juego desde el Zócalo, junto a su gente. Un gesto de empatía que pocas veces se ve en la política actual.
En un gesto que no tiene precedente entre los líderes mundiales en este Mundial 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo entregó esta mañana, desde la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, los boletos que la FIFA le había otorgado personalmente para el partido inaugural de la Copa del Mundo a cuatro jóvenes mexicanas que los ganaron en un concurso nacional. Cabe resaltar que ningún otro jefe de Estado o de Gobierno en el mundo ha hecho algo similar.
La mandataria anunció hace meses el concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial”, convocando a mujeres de entre 16 y 25 años de todo el país a enviar videos demostrando su habilidad con el balón mediante dominadas. Más de mil jóvenes participaron. El contraste con otros líderes mundiales no podría ser más elocuente: mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció públicamente que los precios de los boletos eran excesivos, pero no donó ninguno, Sheinbaum cedió el suyo sin dudarlo.
“Yo voy a estar aquí en el Zócalo con la gente viendo la inauguración mientras una joven me representa. No van a representar a la presidenta; van a representar a México.” afirmó Claudia Sheinbaum.
El gesto de Sheinbaum no es menor si se toma en cuenta que una entrada para la inauguración puede costar miles de pesos en el mercado secundario, un lujo completamente inaccesible para la mayoría de los mexicanos. La presidenta, en cambio, eligió que ese privilegio recayera en jóvenes talentosas de Veracruz, Iztapalapa, Ciudad de México y Oaxaca, muchas de ellas practicantes del fútbol desde la infancia sin contar con los recursos para asistir a un evento de esta magnitud. “Mi sueño siempre ha sido estar en un partido de un Mundial. Ahora se me cumplió”, declaró Brianna, emocionada.
A diferencia de Sheinbaum, otros líderes mundiales sí tienen previsto ocupar sus asientos en los estadios. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, estará presente en la inauguración del 11 de junio para apoyar a su selección en el duelo ante México. El rey Felipe VI de España viajará a Guadalajara el 26 de junio para ver a la Roja enfrentarse a Uruguay. Y la princesa Hisako de Takamado representará a Japón en uno de los partidos programados en Monterrey. La lista de dignatarios sigue abierta, pues México ha extendido invitaciones diplomáticas a todas las naciones con las que mantiene relaciones oficiales.
Mientras los reflectores apuntan a los partidos y a los goles, la presidenta Sheinbaum eligió otra cancha: la de la empatía. Y en esa, al menos en este Mundial, juega sola.
El Mundial 2026 arranca el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. La iniciativa de Sheinbaum se inscribe en su programa “Mundial Social 2026”, que incluye la rehabilitación de más de 500 canchas de fútbol en todo el país y la instalación de pantallas gigantes para que millones de mexicanos vivan el torneo sin importar su condición económica.
![“[Es prioridad] sacar a los zurdos de mierda de México […] y no estoy seguro que vaya a ser una cosa bonita”: Salinas Pliego amenaza a Sheinbaum](https://cms.losreporteros.mx/wp-content/uploads/2026/06/Copia-de-Portada-noticia-2026-06-03T140719.942.png)
