El gobierno de Eruviel Ávila Villegas en el Estado de México estuvo marcado por crisis de seguridad, feminicidios, corrupción, opacidad y desigualdad, dejando una entidad con más deficiencias que soluciones.
Inseguridad
Durante el sexenio de Eruviel Ávila Villegas, el Estado de México enfrentó una grave crisis de inseguridad, con cifras elevadas de robos, violencia y percepción ciudadana negativa. A pesar de “inversiones importantes”, los resultados no lograron contener el avance del crimen, mientras crecían denuncias sobre presunta colusión de autoridades con grupos delictivos.
Feminicidios a la alza
El tema de los feminicidios se convirtió en uno de los más delicados de su administración. La entidad fue señalada por ocupar los primeros lugares a nivel nacional, con cifras alarmantes que, en algunos periodos, apuntaban a hasta dos asesinatos de mujeres al día.
Corrupción
Su gobierno acumuló múltiples señalamientos por presuntos desvíos de recursos y uso indebido del poder. Aunque no todos los casos derivaron en sanciones judiciales, la percepción de irregularidades y redes de intereses fue una constante a lo largo de su sexenio.
Derroche de recursos
El gasto público y la opacidad también fueron foco de críticas. Se cuestionaron millonarias inversiones en imagen gubernamental y contratos con poca transparencia, mientras persistían problemas estructurales en la entidad, dejando dudas sobre la eficiencia y el destino del dinero público.
Pobreza y desigualdad
A pesar de ser una de las economías más importantes del país, casi la mitad de la población vivía en condiciones de pobreza, evidenciando una brecha profunda entre crecimiento económico y bienestar social acrecentada durante su mandato.
La Ley Atenco
Otro episodio polémico fue la llamada “Ley Atenco”, impulsada durante su gobierno para regular el uso de la fuerza pública. La iniciativa fue criticada por organizaciones civiles, al considerar que abría la puerta al uso excesivo de la fuerza y represión.
Contratos cuestionables
En el rubro de seguridad, destacó el caso de los mega contratos para sistemas de videovigilancia, donde se destinaron miles de millones de pesos. Sin embargo, la falta de resultados tangibles en la reducción del delito dejó dudas sobre su eficacia y evidenció su sobrecosto.
El Gobierno de Guanajuato ha entregado millones a una asociación que dirige una exdiputada panista señalada por opacidad y que, para más datos, fue exempleada de Ricardo Salinas Pliego.
Se trata de Feed the Hungry, una asociación que dirige Verónica Agundis, amiga de la gobernadora Libia Dennise Muñoz. Agundis ya había dirigido el Fideicomiso del Parque Guanajuato Bicentenario, una asociación que, al ser auditada, reveló múltiples anomalías en el ejercicio del gasto y contrataciones opacas.
Feed The Hungry es una organización que, originalmente, fue fundada en Estados Unidos, y opera en México bajo las denominaciones Feed the Hungry A.C. y Feed the Hungry San Miguel, Inc.
Esta fundación, que se define a sí misma como una organización sin fines de lucro y no gubernamental, funciona como un banco de alimentos que distribuye desayunos y comidas en zonas de alta vulnerabilidad.
Y, bajo este pretexto, desde 2021, Feed The Hungry figura como una de las 45 asociaciones que el Gobierno de Guanajuato financia y apoya.
En julio de 2025, Feed the Hungry San Miguel y Feed the Hungry, A.C. nombraron a Verónica Agundis Estrada como nueva directora.
Solo tres meses después, la asociación firmó un jugoso “acuerdo de entendimiento” con la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato para llevar desayunos a las comunidades rurales de San Miguel de Allende, una localidad – donde el último censo del INEGI, que data de 2020- reveló estar compuesta por 80% de mexicanos en pobreza y 20% de extranjeros, que se asientan en la zona centro y que gozan de todos los beneficios de las grandes ciudades, mientras las cabeceras que la rodean como Parral, Clavellinas, Cerritos y Puerto de Nieto figuran como algunas de las zonas más pobres del estado.
Feed The Hungry asegura llevar más de 45 años operando en San Miguel de Allende con distintos programas que han beneficiado, según la organización, a más de 4 mil 500 niños y 51 comunidades rurales de San Miguel de Allende.
Sin embargo, en ese lapso la organización también ha gozado de generosos beneficios por parte del gobierno de Guanajuato, sobre todo durante la administración de Diego Sinhue, y ahora, con Libia Dennise.
Además de ello, la organización ha convertido en una de sus principales directoras a Verónica Agundis, excandidata panista al gobierno de San Miguel de Allende en 2024 y exgerente de producción en TV Azteca Bajio.
Cabe enfatizar que, tras su paso por la dirección del Parque Bicentenario Guanajuato, Verónica Agundis fue señalada por graves omisiones en la cuenta del fideicomiso.
De hecho, en enero de 2026, el Gobierno del Estado de Guanajuato presentó el Cierre de la Auditoría del Fideicomiso de Inversión y Administración Parque Guanajuato Bicentenario, correspondiente al periodo enero de 2023-diciembre de 2024, donde señaló, al menos, tres omisiones.
Y justo en ese periodo, Verónica Agundis estuvo al frente de la administración de dicho fideicomiso.
De acuerdo con documentos de la Auditoría, el fideicomiso no pudo esclarecer el ejercicio de los recursos públicos entregados. En específico, señaló que se detectaron anomalías en los procesos de contratación, gastos no comprobados en obras para las cuales no se hizo ningún trámite ante las dependencias correspondientes y hubo un nulo control sobre las finanzas.
Pero antes de concluir la auditoría y esclarecer el destino de los recursos, así como la legitimidad del gasto ejercido y personal contratado, Agundis dejó la dirección del fideicomiso para buscar la candidatura del PAN a la presidencia municipal en San Miguel de Allende.
Sin embargo, perdió y, en compensación por el esfuerzo no realizado, se unió a las filas de Feed The Human en julio de 2025.
El historial de Verónica Agundis, íntima amiga de la gobernadora Libia Denisse, quien respaldó el arranque de su campaña en San Miguel, no se ha limitado a sus últimos dos trabajos.
La ahora filántropa arrastra un buen número de puestos tanto en la administración pública de Guanajuato, así como en la iniciativa privada, donde se desempeñó como titular de noticieros en Radio Fórmula Bajío y gerente de producción de TV Azteca Bajío, en 2004.
Al frente de la dirección de Feed Human en San Miguel de Allende, los resultados de Agundis fueron rápidamente visibles, pues en octubre de 2025 se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación.
Sin embargo, el monto de los recursos destinados a dicha asociación por el programa de desayunos, enmarcados en el programa “Adopta una Escuela” y la entrega de mil 500 cubrebocas no han sido transparentados por el Gobierno de Guanajuato ni por la Secretaría de Educación.
Lo que sí se sabe es que para 2025, la dependencia tuvo un generoso incremento en su presupuesto de más de 2 mil millones de pesos.
Lo que llama la atención es que la dependencia no ha esclarecido puntualmente en qué gastó los recursos y tampoco ha desglosado el monto que se asigna a los comedores comunitarios. Ni tampoco los términos y recursos de su convenio con Feed The Hungry.
Mientras tanto, la gobernadora de Guanajuato continúa presumiendo sus logros en materia social y económica.
La transición de Agundis del sector público al “tercer sector” sin un periodo de enfriamiento ni una auditoría aclarada refleja el fenómeno de las puertas giratorias en la política mexicana.
La filantropía no puede ser la excusa para ocultar la corrupción.
No hay “ayuda” que justifique la falta de transparencia con el dinero público.
Pero eso no parece importarle al gobierno panista que encabeza Libia Dennise Muñoz.
El empresario Gerardo Sánchez Zumaya habló con Manuel Pedrero, director de Los Reporteros MX, en donde acusa miedo en la población, denuncia campañas en su contra y asegura que el estado vive una crisis de seguridad y justicia.
Gerardo Sánchez Sumaya, aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, lanzó una grave advertencia sobre la situación del estado al asegurar que el crimen organizado “se metió a las entrañas del gobierno”, generando un clima de miedo entre la población y debilitando la capacidad institucional.
En entrevista con Manuel Pedrero para Los Reporteros MX, el morenista afirmó que tras recorrer el estado desde 2023, ha identificado un “clamor de justicia” entre la ciudadanía, especialmente por desapariciones, inseguridad y violencia creciente. “La gente tiene miedo, la inseguridad se ha apoderado de las calles”, señaló, al tiempo que sostuvo que no se ha construido una política real de paz.
Sumaya también lanzó críticas al actual gobierno estatal encabezado por Ricardo Gallardo, al que acusó de haber permitido que la delincuencia avanzara. Aunque reconoció algunas obras, como infraestructura carretera, fue contundente al señalar que la seguridad está reprobada y que el problema de fondo no ha sido atendido.
En ese contexto, denunció ser blanco de una campaña de desprestigio, con acusaciones que van desde delitos graves hasta señalamientos sin sustento legal. Aseguró que ha enfrentado múltiples denuncias anónimas sin resultados en su contra, y acusó que se han utilizado recursos públicos para financiar ataques mediáticos, con el objetivo de frenar su crecimiento político.
El aspirante sostuvo que, pese a la ruptura entre Morena y el Partido Verde en la entidad, su partido tiene posibilidades reales de ganar la gubernatura en 2027, siempre que se elijan perfiles cercanos a la gente. Además, criticó el uso de programas sociales con fines políticos, al calificarlos como mecanismos de clientelismo en el estado.
Finalmente, planteó que su proyecto se basa en tres ejes: seguridad, acceso al agua y justicia social, al advertir que San Luis Potosí enfrenta una crisis hídrica y de gobernabilidad. “Aquí no van a entrar los criminales. San Luis no es tierra de narcos”, sentenció.
La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, enfrenta críticas por desconocer a Cecilia García como integrante de un colectivo de búsqueda, pese a que activistas lo desmintieron. El caso exhibe revictimización, falta de rectificación y una crisis de desapariciones que sigue sin resolverse en el estado.
La polémica estalló tras declaraciones de la gobernadora el pasado 8 de abril en Irapuato, donde afirmó que Cecilia García, joven de 28 años asesinada tras ser secuestrada, “no tenía la calidad de buscadora”. Aunque intentó matizar que el hecho seguía siendo lamentable, sus palabras fueron interpretadas como un intento de restar legitimidad a la víctima, en un contexto donde los colectivos de búsqueda enfrentan riesgos constantes.
En respuesta, la plataforma “Desaparecidxs Guanajuato” y activistas como Alma Lilia Tapia desmintieron categóricamente a la mandataria, asegurando que Cecilia formaba parte activa del colectivo “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos” desde hace más de cuatro años. Incluso, recordaron que participó recientemente en la marcha del 8 de marzo y en diversas búsquedas, lo que desmiente de manera contundente la versión ‘oficial’. Las declaraciones no solo son falsas y revictimizan a quien ya no puede defenderse.
#Aclaración 🕯️Respecto de las declaraciones de la Procuradora de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (https://t.co/5Oqa18Bys4) sobre la revictimización de Cecilia García Ramblas, cabe remarcar lo siguiente: – Cecilia era persona buscadora buscadora perteneciente a un… https://t.co/WOqhqckQfR
La falta de una disculpa pública ha agravado el conflicto, y aunque la Procuraduría de Derechos Humanos estatal sugirió que hubo una rectificación, los colectivos lo desmintieron nuevamente: “no ha habido retractación, disculpa o aclaración”, reclamaron. De igual manera advirtieron además que difundir información no verídica pone en riesgo a todo el grupo, minimiza la trayectoria de la víctima y refleja una preocupante desconexión del gobierno con la realidad que enfrentan las familias.
Cabe recordar que Guanajuato se mantiene bajo alertas internacionales por violencia contra defensores, con al menos 18 acciones urgentes abiertas ante la ONU y señalamientos de la CIDH por el alto riesgo que enfrentan los colectivos de búsqueda. A pesar de que el gobierno presume una reducción del 2% en desapariciones, las cifras históricas y los asesinatos de buscadores evidencian una crisis estructural que está muy lejos de resolverse.
Más que un error aislado, lo ocurrido con Cecilia García exhibe un patrón preocupante: la autoridades, en lugar de respaldar a las víctimas, terminan cuestionándolas o minimizando su papel.
En un estado marcado por la violencia y las desapariciones, las palabras de Libia Denisse resultan profundamente irresponsables e insensibles.
Con información de Jesús Patiño para Periódico AM.
Pedro Haces, diputado por Morena, es un personaje polémico.
Este personaje ha sido señalado, entre otras muchas cosas, por recurrir al outsourcing en una de sus empresas. También ha sido señalado por enriquecerse con contratos públicos adjudicados de manera directa y por hacer trabajar a personas por salarios apenas superiores al mínimo, a veces sin contrato de por medio.
Pedro Haces también ha recibido críticas durísimas por sus lujos y por sus excesos, tal como sucedió en 2025, en su fiesta de cumpleaños en un club privado de la Ciudad de México.
Pero, sin duda, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), bajo el mando de Pedro Haces Barba, representa su talón de Aquiles. Y es que la CATEM representa, en el peor sentido del término, una terrible mutación del sindicalismo mexicano. Y es que no solo es una central obrera; es un holding político-empresarial que opera justo en la intersección de la legislación laboral, el poder legislativo y, presuntamente, de la mano del crimen organizado.
Pero vayamos más a fondo.
A diferencia del sindicalismo tradicional (como la CTM o la CROM), la CATEM ha perfeccionado el emplazamiento fantasma. ¿A qué me refiero? A que la CATEM, cuyo secretario general es Pedro Haces, ha utilizado ciertos vacíos legales para presionar a empresas en Sonora, en Durango y en Veracruz. ¿Y cómo los presiona? Exigiendo cuotas de “protección sindical” sin que exista un solo trabajador real afiliado en la nómina. Y si la empresa se niega, los bloqueos —muchas veces ejecutados por transportistas bajo amenaza— paralizan las cadenas de suministro.
Sin embargo, hay más en la oscura carrera de Pedro Haces.
Y es que, mientras en el partido que representa se predica la “Austeridad Republicana”, Pedro Haces, en Madrid, por ejemplo, se vincula con esquemas de sociedades pantalla. Y es que, de acuerdo con distintos trabajos periodísticos, la empresa Simón Casas Apoderamiento es el nexo. Y aquí, en esta parte, el uso de paraísos fiscales y empresas no declaradas revela una estructura de lavado de dinero que va más allá de las cuotas sindicales.
Pero eso tampoco es todo. Pedro Haces también tiene tras de sí vínculos con ciertos personajes dentro de los esquemas criminales.
La detención de Edgar Rodríguez Ortiz en 2025, por ejemplo, reveló que Haces tenía una relación con este personaje apodado El Limones. Distintas investigaciones periodísticas destaparon la infiltración de células del Cártel de Sinaloa (como Los Cabrera) en la estructura operativa de la CATEM en la zona norte del país. ¿Pedro Haces vinculado con personajes criminales? Las pruebas indican que sí. De hecho, la negación de Haces, que ha sido desmentida por registros fotográficos, apunta a una simbiosis donde el sindicato provee legitimidad territorial a cambio de control operativo violento.
Haces Barba encarna, en ese sentido, el concepto de “Sultanismo” político. Eso quiere decir que el líder, sindical o político, no representa una clase social, sino que utiliza a la masa de trabajadores como moneda de cambio para su propio ascenso patrimonial.
El uso de helicópteros privados no es solo un lujo; es un símbolo de estratificación disruptiva frente a la base que dice representar.
De hecho, la doble función de Haces (como diputado y líder sindical) crea un conflicto de interés estructural. ¿Quiere pruebas? ¿Datos duros? Ahí está la iniciativa para embargar salarios en beneficio de la empresa de su hija (INMEDIPREST), que es un ejemplo de la pretensión de Haces para capturar al Estado, y donde las leyes se redactan para extraer riqueza de los sectores más vulnerables.
Pero le digo más: esta transición del “charrismo” al “neocharrismo” implica que la violencia ya no es la última instancia, sino que se ha transformado en una herramienta de gestión diaria. Y la aceptación de líderes con antecedentes polémicos genera una subcultura organizacional donde, lamentablemente, el antecedente criminal es un activo de la negociación.
La CATEM no es un sindicato, es una franquicia de extorsión con registro oficial. No hay austeridad republicana que aguante un rancho de 8 hectáreas en el Ajusco. Y eso lo sabe muy bien el diputado Pedro Haces.
Libia Denisse y Tere Jiménez perciben sueldos superiores al de la presidenta mientras enfrentan críticas por inseguridad, subvaluación patrimonial y decisiones que comprometen las finanzas públicas.
Por Neri Torres
Los gobiernos panistas siguen dando de qué hablar.
La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, y la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, son las únicas dos gobernantes estatales que ganan más que la presidenta.
Pero más allá de tener méritos para presumirlo, tienen argumentos para contradecirse.
De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, Libia Denisse percibe un sueldo de $259,689.91 pesos mensuales brutos. A esto se le suma un “humilde” aguinaldo de $389,534.87, lo que en total daría una percepción anual de 3 millones 505 mil 813 pesos. ¿Lo merece? No, y aquí van algunos datos duros que lo contradicen.
La percepción de la inseguridad en Guanajuato sigue siendo una de las más altas en México. La encuesta de ENVIPE, realizada por el INEGI, registra que 88.5% de los habitantes del estado considera que vivir aquí es inseguro. Es decir, casi 9 de cada 10 personas temen a la delincuencia.
Pero hay más. De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, en 2023 Libia Denisse adquirió un terreno ejidal de dos hectáreas en la zona de Comanjilla, el cual transformó en una finca campestre con casa, alberca, canchas y otras amenidades.
Aunque pagó alrededor de 4 millones de pesos por el predio, en su declaración patrimonial reportó un valor menor y omitió diversas construcciones ya existentes, pese a que el valor comercial actual supera los 10 millones de pesos. Además, imágenes satelitales evidencian la expansión del terreno y el desarrollo de infraestructura no declarada, lo que ha generado cuestionamientos sobre la subvaluación y falta de transparencia en su patrimonio. Es decir, hay más detrás de lo que no reporta.
Lo grave ocurre cuando vemos que por lo menos un 20 por ciento de las empresas constructoras han pausado de manera temporal sus actividades ante la inseguridad y las extorsiones, lo que ha llevado a retrasar entregas de obras debido a que no existen condiciones para realizarlas.
Si pasamos al estado de Aguascalientes, la cosa es similar.
Teresa Jiménez percibe un salario mensual bruto de $206,539.32, más el aguinaldo que es de $275,385.76, la gobernadora panista ingresa anualmente 2 millones 753 mil 857 pesos. ¿Argumentos para defenderse? Aquí le van los datos duros.
La edil impulsó una reestructura para ampliar un contrato con la empresa Next Energy, señalada por incumplimientos, con el fin de cuadruplicar la deuda pública de 3 mil a más de 12 mil millones de pesos, comprometiendo recursos estatales y municipales hasta 2035, de acuerdo con una investigación de Pop Lab.
El proyecto, aprobado con rapidez por un Congreso de mayoría panista, incluye sumar a diversas dependencias y municipios al esquema, pese a que la empresa ya había cobrado millones por un parque solar que nunca operó. La medida ha generado cuestionamientos por el endeudamiento a largo plazo, la falta de resultados y posibles irregularidades en el proceso, además de investigaciones en curso por autoridades federales.
Además, durante su gestión como alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez acumuló diversos señalamientos por presuntos actos de corrupción, incluyendo un desfalco millonario en la compra de luminarias con sobreprecio, que habrían costado cientos de millones adicionales al erario.
Estas adquisiciones beneficiaron a empresas vinculadas a perfiles cercanos al PAN, lo que desató críticas incluso dentro de su propio partido y evidenció posibles conflictos de interés en la asignación de contratos públicos.
Asimismo, su administración fue cuestionada por el manejo opaco de recursos y contratos otorgados a empresas fantasma, así como por irregularidades en proyectos de infraestructura y servicios. También la señalan de haber mantenido influencia sobre el Congreso local, lo que habría facilitado el encubrimiento de estas prácticas.
A pesar de las acusaciones, no enfrentó sanciones y, por el contrario, fue respaldada políticamente dentro de su partido para continuar su carrera.
El exgobernador Alfredo Del Mazo Maza mantiene pendiente la aclaración de más de mil millones de pesos del ejercicio 2023, observados por la Auditoría Superior de la Federación.
La administración de Alfredo Del Mazo Maza dejó un pendiente millonario tras su salida del gobierno del Estado de México en 2023. Más de mil millones de pesos de recursos federales siguen sin comprobarse, clasificados como daño hacendario por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de acuerdo a una investigación de Reporte Índigo.
De acuerdo con el sistema de auditorías, su gobierno acumuló observaciones por más de 2 mil 586 millones de pesos, de los cuales mil 64 millones continúan sin aclararse. Estos recursos permanecen en la categoría de “por recuperar o aclarar”, sin evidencia sobre su destino final.
Las irregularidades incluyen falta de documentación que respalde bienes y servicios, así como inconsistencias en registros financieros. Parte del dinero habría sido transferido a otros entes, como municipios y el Poder Judicial local, aunque sin comprobación adecuada del gasto.
Uno de los focos principales fue la Comisión del Agua del Estado de México, donde se detectó un faltante de 623 millones de pesos, pese a contratos millonarios para enfrentar la crisis hídrica. A pesar de la inversión, los problemas de desabasto y contaminación persisten en múltiples municipios.
El caso mantiene bajo observación el cierre del sexenio de Del Mazo, marcado por un boquete financiero que, a tres años, sigue sin resolverse, dejando abierta la exigencia de rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos.
Pero no es lo único que legó su gobierno…
Durante su gobierno, el panorama de corrupción fue bastante grave. The Guardian, en colaboración con la OCCRP, publicó que entre 2018 y 2022 el gobierno del Estado de México habría contratado alrededor de 15 empresas fantasma mediante 40 contratos, y que la periodista que encabezó la investigación fue amedrentada y secuestrada mientras indagaba los contratos públicos.
En cuanto a seguridad, el sexenio de Del Mazo fue un fracaso rotundo, especialmente para las mujeres. Durante su administración, los feminicidios crecieron 78% según legisladoras y colectivas feministas. El Estado de México acumuló más de 500 feminicidios documentados desde que tomó el poder, colocándose como la entidad número uno a nivel nacional en violencia feminicida. Del Mazo había prometido en campaña que el Estado de México sería el más seguro del país en sus primeros tres meses de gobierno, algo que, sobra decir, no cumplió.
El PRI y el gobierno federal desplegaron todas sus herramientas para garantizar su triunfo en 2017, convirtiendo la campaña en una “elección de Estado”, y el propio Del Mazo junto con todo su equipo de campaña fueron registrados en la plataforma de espionaje Pegasus. Al final del sexenio, la entidad acumulaba mayor deuda que la heredada en 2017, alta percepción de inseguridad y corrupción entre la ciudadanía, y quejas generalizadas por escasez de medicamentos y falta de transparencia.
Aunque su escándalo más grande sucedió en 2012, pues el diario español El País reveló que ocultó en ese año una cuenta con 1.5 millones de euros en la Banca Privada de Andorra, figurando como representante de la sociedad instrumental holandesa Abeodan Corporation. Al ser descubierto, Del Mazo primero negó categóricamente tener la cuenta, pero al día siguiente tuvo que admitirlo, declarando que “no fue la mejor decisión” abrirla ahí.
El PRI expulsó a Del Mazo, poniendo así fin a 94 años de dominio ininterrumpido del partido en el Estado de México.
El gobierno de Felifer ha gastado millones de pesos, pero de las 80 que prometió sólo 48 han sido concluidas, en su mayoría remodelaciones pequeñas que incluyen la rehabilitación de pavimento o luz; en una calle de 250 metros Felifer gastó más de 4 millones de pesos
El municipio de Querétaro, encabezado por Felipe Fernando Macías, no ha parado en despilfarrar recursos, principalmente en las 80 obras que el panista tomó como estandarte de gobierno para el periodo 2024-2027.
De acuerdo con documentos del municipio, Felifer prometió realizar 80 obras en cerca de 40 colonias del municipio, pero a un año de concluir su periodo en el cargo, sólo se han realizado 48.
Más aún, las obras de Felifer costarán al erario mil 209 millones de pesos, pero lo que más llama la atención es el gasto exorbitado que ha realizado en las 48 obras que ya están concluidas. Mismas que han sido pequeñas remodelaciones de luz, drenaje y pavimento.
Es decir, ninguna obra grande que pueda beneficiar al municipio en términos de desarrollo o movilidad.
Los baches en las auditorías
Desde 2024, algunas de las obras prometidas, fueron sometidas a estrictas auditorias por parte del Órgano Interno de Control por distintas anomalías, entre las que se encuentra la adjudicación directa de las obras y que los proveedores entregaron obras incompletas o que no fueron lo acordado. En cambio, cobraron los montos sin ninguna objeción.
Por ejemplo, en 2024, Felifer comenzó la remodelación de la calle Roque González, en la colonia Reforma Agraria.
Las obras incluían la rehabilitación del drenaje sanitario, la de agua y el empedrado de la calle. El costo ascendió a 4 millones 514 mil 957 pesos, sin embargo, se trata de un tramo de apenas 250 metros, que Construcción Industrial y Asfáltica de México S.A. de C.V. concluyó en apenas un mes, entre noviembre de 2025 y diciembre de 2025.
En la auditoría se detectó que el proveedor ni la Secretaría de Obras Públicas presentó la documentación que acreditaba la legalidad de los procesos tanto para la adjudicación como de conclusión de la obra.
En el transcurso de siete días se presentaron documentos incompletos para aclarar la situación de las obras de la calle Roque González, en la colonia Reforma Agraria.
La Auditoría también detectó deficiencias en la construcción que no detalla, y que el municipio que gobierna Felifer logró aclarar.
Otra de las obras que llaman la atención por lo costosas que resultan fue la remodelación del asfaltado en el estacionamiento de la Universidad Autónoma de Querétaro, la cual se otorgó a través de una adjudicación restringida a Proveedora Rogmai, S.A. de C.V, un asiduo constructor de obras públicas en Guanajuato y San Luis Potosí.
La remodelación del estacionamiento de la UAQ costó 4 millones 495 mil 608 pesos o la repavimentación de calle Santiago Mexquiquitlán.
Ciudadanos denuncian en redes sociales que las obras inconclusas serán el símbolo de la administración de Felifer. Mientras tanto él continúa engrosando sus declaraciones bajo misteriosos conceptos que incluyen préstamos de empresas fantasma.
El gobierno de Maru Campos gasta miles en propaganda de carreteras mientras aumenta tarifas en casetas y persisten riesgos por vialidades deterioradas y altos índices de accidentes en Chihuahua.
Por Neri Torres
En menos de un mes, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, destinó más de 140 mil 499 pesos en publicidad digital para promover obras carreteras, de acuerdo con registros de transparencia en Meta. La narrativa oficial presume “modernización”, pero los montos revelan una estrategia enfocada en posicionar imagen más que en resolver problemas de fondo.
Los anuncios, pautados entre finales de febrero y principios de marzo, incluyen campañas de bajo y alto costo, desde 500 pesos hasta más de 70 mil por publicación. A esto se suman otros dos por 30 mil y 40 mil pesos, respectivamente, en un lapso menor a un mes, evidenciando un impulso sostenido en propaganda gubernamental.
Sin embargo, esta inversión contrasta con una decisión que golpea directamente a la ciudadanía: el aumento en las tarifas de casetas. El Gobierno estatal autorizó incrementos de entre 4% y 7.5% en peajes a partir del 13 de abril, impactando a automovilistas, transportistas y familias que dependen de estas vías.
Casetas como San Jerónimo (Samalayuca) pasaron de 93 a 100 pesos, mientras otras como Villa Ahumada, Delicias o Sacramento también registraron alzas. Aunque el argumento oficial apunta a “mantener el valor ante la inflación”, el ajuste se da en un contexto donde las y los usuarios ya enfrentan altos costos de movilidad.
La incongruencia se vuelve más evidente al revisar el estado de las carreteras. La vía Chihuahua–Juárez ha sido catalogada como una de las más peligrosas del país por la SICT, debido al deterioro del pavimento y el elevado número de accidentes.
Tan solo en 2025, se registraron 70 siniestros en tramos críticos de esta ruta, principalmente entre los kilómetros 32 y 151. A nivel estatal, Chihuahua ocupa el octavo lugar nacional en accidentes carreteros, con 456 incidentes graves, dejando 124 muertos y más de 300 lesionados.
Además del deterioro, factores como el exceso de velocidad y la falta de mantenimiento han agravado la situación. Usuarios también reportan largas filas en casetas como Villa Ahumada, con tiempos de espera que superan la hora en temporadas de alta afluencia, lo que incrementa el riesgo y la molestia social.
Así, mientras el gobierno de Campos invierte en campañas para presumir avances, la realidad en carretera refleja otra cara: vías inseguras, costos más altos y deficiencias estructurales.
La política pública parece inclinarse más hacia la promoción que hacia soluciones reales, dejando en evidencia una brecha entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de las y los chihuahuenses.
Del 28 de marzo al 11 de abril en Zacatecas habrá más de 400 actividades artísticas, talento de 20 países y una programación que, según el gobierno de David Monreal Ávila, “proyecta el futuro” del estado como plataforma cultural internacional. Pero detrás del discurso luminoso hay cifras que merecen ser cuestionadas.
Entre los actos estelares del festival figuran nombres que no son precisamente baratos. Billy Idol, el veterano del rock británico, tiene un costo de contratación que oscila entre los 300 mil y 499 mil dólares, de acuerdo con la agencia CelebrityTalent. Los Fabulosos Cadillacs, la reconocida banda argentina, cotizan entre 100 mil y 200 mil dólares de acuerdo al sitio Cuanto. Y para completar el cuadro, Revisiting Creedence, de acuerdo al portal Booking Entertainment lista con un costo anunciado menor a 100 mil dólares, aunque estimaciones en línea lo ubican alrededor de los 39 mil.
Haciendo una suma modesta, solo estos tres actos representarían un desembolso de entre 440,000 y más de 700,000 dólares (entre 7.6 y 12.1 millones de pesos) en contrataciones artísticas internacionales. Esto, en un estado que ocupa los últimos lugares nacionales en desarrollo humano, acceso a servicios de salud y seguridad pública.
El gobierno de Monreal no ha desglosado públicamente cuánto erario es destinado a cada contratación, ni bajo qué criterios se eligió gastar en figuras internacionales de ese calibre cuando el 70% de la programación, de acuerdo a cifras oficiales, es de talento local —que presumiblemente tiene un costo muy menor.
En tiempos de austeridad discursiva y crisis de seguridad, un gobernador que justifica medio millón de dólares en artistas foráneos con el argumento de “proyección internacional” debería, al menos, ofrecer transparencia.
Celebrar la cultura es un acto necesario, pero no con fondos públicos sin rendición de cuentas.
