Alessandra Rojo de la Vega se fusila trabajos de obra pública hecha por el Gobierno de la CDMX

Por Luis Piña

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quedó en el centro de la polémica tras adjudicarse como propio un proyecto de rehabilitación deportiva financiado y ejecutado por el Gobierno de la Ciudad de México. La intervención no solo implicó el uso de infraestructura ya renovada, sino también la remoción de la identidad institucional del gobierno central para sustituirla por la de su administración.

El caso no es menor. En el contexto de los preparativos rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, el gobierno capitalino anunció un ambicioso programa de recuperación del espacio público que contempla la intervención y construcción de alrededor de 300 canchas de futbol en las 16 alcaldías. De ese total, la mayoría corresponde a espacios rehabilitados con recursos públicos de la ciudad, en una estrategia que busca no solo fomentar el deporte, sino también recomponer el tejido social en zonas urbanas.

Una de esas canchas se ubica en el Deportivo Cuauhtémoc, en la colonia Buenavista. Ahí, el gobierno de la ciudad colocó pasto sintético, mejoró el entorno y aplicó una imagen institucional vinculada a la conmemoración del Mundial 2026, incluyendo el distintivo corazón que ha caracterizado la identidad gráfica de la capital.

Sin embargo, el pasado miércoles 30 de abril, la alcaldesa difundió un video en sus redes sociales donde presenta esa misma cancha como un logro de su administración. En las imágenes se observa incluso cómo el espacio fue repintado para incorporar el logotipo de la alcaldía, en un intento por reconfigurar la autoría del proyecto. Aun así, algunos elementos originales como el corazón institucional permanecen visibles, evidenciando el origen de la intervención.

En el video, Rojo de la Vega afirma: “Con Renace Cuauhtémoc estamos rehabilitando canchas, porque aunque sea de gobierno no significa que sea chafa”. La frase, más allá del tono, abre un frente político: por un lado, descalifica implícitamente el trabajo del propio gobierno capitalino; por otro, intenta apropiarse de una obra realizada con recursos que no dependen de la alcaldía.

El episodio exhibe una práctica recurrente en la derecha mexicana: la disputa por el crédito público. En un escenario donde los recursos, la narrativa y la visibilidad son capital político, las obras dejan de ser únicamente infraestructura para convertirse en símbolos de poder y posicionamiento.

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