Mientras Felifer Macías se promociona como el “líder del futuro” del panismo queretano, su gestión se hunde entre golpizas a mujeres indígenas, gastos ridículos y una obsesiva disputa por quedar bien con Mauricio Kuri, su verdadero guía político.
El alcalde Felipe Fernando “Felifer” Macías vuelve a ser tendencia, y no por buenos motivos.
Su administración, cada vez más parecida a un manual de lo que no debe hacer un servidor público, protagoniza polémica tras polémica.
Recordemos cuando pagó 1.8 millones de pesos por una “luna gigante” cuyo equivalente en Alibaba cuesta entre 7 mil y 15 mil pesos. Todo con el fin de inflar su imagen en redes y pavimentar su camino rumbo a la candidatura para gobernador de Querétaro, un sueño que insiste en vender como “proyecto”, pero que huele más a ambición desbordada que a vocación de servicio.
La defensa oficial del gasto —que si la NASA, que si medio millón de fotos— no hizo más que encender el enojo de las y los ciudadanos, quienes observan cómo el panista derrocha recursos mientras su policía se dedica a golpear mujeres indígenas que solo buscan vender para sobrevivir.
En los videos que circularon este fin de semana, se ve a personal municipal empujando, arrastrando y agrediendo a comerciantes en los andadores del Centro Histórico.
La escena, lamentablemente, no es nueva, ya que en 2024, ya se había documentado un operativo con más de 200 policías y perros K9, donde artesanas denunciaron mordeduras, decomisos y agresiones físicas.
Es prácticamente una tradición panista bajo Felifer: si ven pobreza, responden con fuerza; si ven necesidad, responden con represión.
Todo esto ocurre mientras Macías presume disciplina y orden para quedar bien con su jefe político, el gobernador Mauricio Kuri, de quien intenta ser heredero natural. Sin embargo, la única herencia visible hasta ahora es la estigmatización de comunidades indígenas, especialmente otomíes y ñañhú, a quienes el panismo local cataloga como “estorbo”, “molestia visual” o “problema de seguridad”.
Así se resume el “modelo Felifer”: lujos para su imagen, golpes para los más vulnerables y propaganda para impulsar su candidatura azul. Si así gobierna como alcalde, Querétaro debería pensarlo dos veces antes de dejarlo acercarse siquiera a la boleta para gobernador.
Exfuncionario de Bienestar, en Baja California, vende a cabildero de exgobernador panista. Y utiliza identidad de su difunto padre como fachada para canalizar los recursos.
Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado de Programas Federales del Bienestar en Baja California, se jactaba de ser un guardián de la transparencia.
Pero nunca fue así.
En realidad, el desempeño de Ruiz Uribe, quien fuera presidente del PRD en Baja California, es una crónica de ambición política y opacidad patrimonial.
Una investigación periodística del medio de comunicación PUNTO NORTE revela un oscuro acuerdo financiero que hecha por los suelos el discurso de austeridad que tanto presumía Jesús Alejandro Ruiz Uribe.
El punto central de este reportaje es que, en junio de 2023, Ruiz Uribe vendió un predio de 3,682 m² en Mexicali por 11 millones 172 mil 840 pesos.
Lo que llama la atención es lo que gravita detrás de esa transacción.
La investigación sostiene que Jesús Alejandro Ruiz Uribe habría incurrido en un presunto acto de ingeniería financiera y opacidad deliberada.
Y es que, de acuerdo con este reportaje, no solo habría llevado a cabo la enajenación de un bien inmueble, concretamente un predio por un valor que superó los once millones de pesos mexicanos, mediante una operación que se ejecutó de forma clandestina y sin registrar, sino que recurrió a una táctica particularmente sensible y cuestionable: la utilización de la identidad de su difunto padre, Jesús Juvencio Ruiz Barraza, como fachada para canalizar los recursos.
Cabe destacar que el progenitor de Ruiz Uribe había fallecido en julio de 2023. Sin embargo, en los meses subsecuentes, el entonces servidor público permitió que la totalidad de los pagos pactados se efectuaran a la cuenta bancaria del titular ya fallecido.
Y le digo más:
Esta suma fue estructurada en siete depósitos mensuales por un valor aproximado de 1.2 millones de pesos cada uno, además de un anticipo inicial y un pago complementario de 2.1 millones de pesos.
Este patrón de movimientos financieros exhibe mucho más que un simple descuido administrativo; revela una clara intención de encubrimiento del capital.
La adquisición del predio fue realizada por Altitud 3 Inmobiliaria, una entidad cuyo dueño es Milton Adán Rubio Díaz, un empresario con vínculos directos con la cúpula panista, siendo exfuncionario en la administración del exgobernador Francisco ‘Kiko’ Vega y antiguo director del controvertido proyecto de la desaladora en Aguas de Rosarito, mismo que fue señalado por la Cuarta Transformación como un estandarte de la corrupción.
Ruiz Uribe, quien se presentaba públicamente como un cruzado contra esas “prácticas añejas”, terminó entablando lucrativos acuerdos con aquellos a quienes afirmaba repudiar ideológicamente.
Y eso no es todo. Hay más hechos turbios:
Actualmente, sobre los 3,682 metros cuadrados de dicho terreno, se está culminando la edificación de 46 lujosos departamentos, cuyo valor de mercado oscila entre los 2.7 y 5 millones de pesos por unidad.
A pesar de esta realidad inmobiliaria, Ruiz Uribe persistió en una flagrante manipulación de la verdad en sus documentos oficiales.
En sus declaraciones patrimoniales (correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025) aseveró falsamente que la propiedad no había sido vendida, que no había obtenido ningún ingreso extraordinario y que el inmueble seguía bajo su dominio, manteniéndole un valor irrisorio de tan solo 2.9 millones de pesos.
El exdelegado incurrió en el delito de falsedad durante tres años consecutivos, ocultando un incremento patrimonial multimillonario y utilizando el nombre de un familiar que ya no estaba para desdibujar los rastros de una operación que él mismo sabía que contradecía su predicamento de ética pública.
Esta revelación periodística, por un lado, desenmascara la profunda contradicción de un antiguo funcionario del Bienestar que se erigía como paladín moral.
Pero también expone a un individuo dispuesto a manipular documentación oficial y canalizar fondos a través de la identidad de un fallecido para evadir sus obligaciones. Un personaje que, dicho sea de paso, pretende ser gobernador de Baja California.
Cuando Javier Milei asumió la presidencia argentina el 1 de diciembre de 2023, el salario mínimo era 146 mil ARS, es decir, 335.77 USD. Actualmente, a pesar de que el salario aumentó a 328 mil 400 ARS, su equivalente a Dólares es 230.46. Es decir, ha decrecido. Afortunadamente, en México vivimos una situación diferente.
Javier Milei es uno de los políticos más deleznables, menos preparados y más capaz de decir una sarta de estupideces cada vez que abre la boca. No solo de la historia Argentina, sino de todo el mundo. Su falta de preparación, su nulo entendimiento de la política global y, mucho menos, de economía está llevando a la ruina a Argentina. Por desgracia, son nuestros hermanos argentinos quienes pagan el precio de los platos rotos.
A pesar de que Milei implementó aumentos al salario mínimo durante su administración, los resultados en términos reales han tenido el efecto contrario gracias a sus raquíticos intentos de política.
En 2023, el país tenía un salario mínimo promedio de 97 mil 228 pesos argentinos, es decir, un equivalente a 335.77 USD. En 2024, pese a los constantes incrementos, el salario tuvo un promedio anual de 238 mil 338 pesos argentinos, pero el valor en dólares se mantuvo en 263.64 USD, y en 2025 aunque el salario en promedio anual se elevó a 310 mil 126, ¡su equivalente en dólares cayó, aún más, a 256.42 USD!
Los datos duros ponen en evidencia que las medidas económicas y políticas de Milei no solo han sido insuficientes, sino que han contribuido a una devaluación constante de la moneda y están destrozando al país.
México: aumentos reales y estabilidad
En contraste, México ha experimentado un comportamiento más sólido en el mismo ámbito, pues en 2017, aún bajo la administración de Enrique Peña Nieto, el salario mínimo mensual era de 2 mil 401 MXN, lo que equivalía a 127 USD en promedio anual.
Al término de la administración de Andrés Manuel López Obrador, en 2024, el salario mínimo mensual era 7 mil 468 MXN, es decir, 408 USD, lo que refleja un aumento real y sostenido.
En 2025, en el primer año de administración de Claudia Sheinbaum, el salario mínimo mensual es de 8 mil 364 MXN, y aún tomando la variación más alta del dólar, su equivalente es 434 USD. Estos incrementos acompañan la evolución de la moneda estadounidense, la más importante del mundo, y representan una política de aumentos reales que protege el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación y la volatilidad cambiaria.
La comparación resulta clara: mientras Argentina enfrenta una constante pérdida del valor real de sus salarios bajo Milei, México ha logrado mantener aumentos que, aunque modestos, reflejan estabilidad y acompañan la economía global. La diferencia entre ambos países pone en evidencia el impacto directo de la política económica y cómo la preparación de los líderes impacta en la vida cotidiana de sus ciudadanos.
Argentinos que votaron por Milei, ¡disfruten lo votado!
La Cámara de Diputados erogó más de 73 mil pesos, para que Annia Gómez viajara a Nueva York como parte de una comisión de la que no entregó ni reportó actividad alguna.
Más que las sesiones, a Annia Sarahí Gómez Cárdenas le gustan los viajes, las giras y por supuesto, las redes sociales, donde presume las giras que realiza como parte de sus funciones en la Cámara de Diputados, ya sea como secretaria de alguna junta o como integrante.
Pero a Annia, una mujer que recoge su experiencia en los medios de comunicación para proyectar una imagen dinámica anti-4T, lo que no le gusta presumir es el precio que el “pueblo” paga por cada viaje que la diputada realiza.
En lo que va de 2025, la diputada panista por Nuevo León se ha trasladado en distintas ocasiones a Estados Unidos, específicamente a las ciudades de Washington o Nueva York, para tratar temas “relativos a sus funciones” o bien como parte de las comitivas del Consejo Nacional del PAN, que buscan denunciar en Estados Unidos los presuntos atentados contra la libertad de expresión ocurridos durante la Marcha de la Generación Z.
A inicios de marzo de 2025, Annia Gómez se trasladó a la ciudad de Nueva York para participar en la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer. Entre el 9 y el 17 de marzo de 2025, la diputada pasó ocho días disfrutando de la primavera neoyorquina con un cargo al erario, tan sólo en viáticos y “gastos de representación” de 73 mil 368 pesos.
Sin pena, como ya es su costumbre, la diputada pasó el reporte de sus gastos el 25 de abril de 2025.
Sin embargo, el tiempo no hizo mella en ella porque sencillamente la diputada no entregó reporte alguno que informara acerca de sus participaciones, propuestas o avances en dicha misión legislativa.
Así, de forma impune y sin responder sobre sus actividades, nuevamente, el 26 de noviembre, la diputada emprendió otro viaje con destino a Washington.
Esta vez, no explicó de dónde procedían los recursos con los que una delegación panista financiaba el viaje, la estancia o el encuentro con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
Ni ella, ni su partido han reportado si el dinero salió de su cuenta bancaria personal o de los fondos del partido, a propósito de tratarse de miembros del Consejo Nacional.
Lo que sí se sabe es que Annia es una de las militantes más generosas de la bancada, pues hasta junio de 2025, la diputada aportó al partido un total de $1 millón 659 mil 440 pesos con 80 centavos.
Las aportaciones que realiza a su partido son significativamente mayores al sueldo anual que percibe la diputada, y que según su declaración patrimonial rozaría los 944 mil 182 pesos, y es similar al adeudo hipotecario por 1 millón 265 mil pesos que dice tener.
En su declaración más reciente, la diputada se ha negado a declarar si forma parte de alguna empresa, sociedad o asociación. Pero archivos de la Cámara de Diputados muestran que Annia ha sido fundadora o miembro de al menos tres asociaciones y organizaciones.
Algunas efímeras como el caso de la asociación Motivando a México, fundada el 31 de agosto de 2007, registrada el 15 de octubre del mismo año y sin actividad reportada, ni sitio web alguno. O bien, Mente MX, cuya existencia ni siquiera figura en el Registro Federal de las OSC.
Pero sin esclarecer la procedencia de sus recursos, Annia viajó a Washington, en una acción que fue tildada de intervencionismo.
Sin embargo, para la política, más que una denuncia, su viaje representó una estrategia de marketing que busca catapultarla como la próxima candidata del PAN a la gubernatura de Nuevo León.
Cinco exgobernadores del PRI —y sus aliados de ocasión— le cuesta a la ciudadanía más de 500 mil pesos mensuales como embajadores y cónsules. Todos tienen algo en común: dejaron auditorías, señalamientos o denuncias abiertas… ¡y aún así aterrizaron en sedes diplomáticas como si fuera un premio por su desempeño!
La diplomacia, para ellos, no es mérito: es un refugio de lujo.
Más de medio millón de pesos del erario se va cada mes en mantener a estos perfiles que jamás pasaron por el Servicio Exterior Mexicano, pero sí por pasillos de polémica. La llamada “diplomacia del perdón” terminó siendo un paracaídas aterciopelado: sales por la puerta de atrás del gobierno estatal y reapareces en Europa o el Caribe cobrando entre $78 mil y $108 mil netos.
Los perfiles que levantan cejas… y facturas
Quirino Ordaz Coppel — Embajador en España — $108,133.02 mensuales Arrastra auditorías que dejaron a Sinaloa con una multa fiscal histórica de 2 mil 300 millones. Y como cereza del pastel, autorizó más de mil millones para un parque-acuario que terminó beneficiando a su propio primo, el empresario Ernesto Coppel Kelly. Turismo familiar… pero con presupuesto público.
Omar Fayad Meneses — Embajador en Noruega — $108,133.02 mensuales Mientras disfruta los fiordos, su administración aparece en el centro de la “Estafa Siniestra” en Hidalgo: un desvío de 522 millones. Su exoficial mayor ya fue sentenciado por un fraude de 116 millones. Fayad, sin embargo, navega en aguas tranquilas.
Carlos Miguel Aysa González — Embajador en República Dominicana — $108,133.02 mensuales Su nombramiento llegó justo cuando la administración de Layda Sansores afinaba investigaciones contra el gobierno de Alejandro Moreno, del que Aysa fue heredero directo. Para muchos, su embajada fue más un blindaje que un ascenso.
Claudia Pavlovich Arellano — Cónsul en Panamá — $78,577.84 mensuales Acumula denuncias por el presunto desvío de 8 mil millones en Sonora. También trascendieron 59 millones en contratos de salud pagados pero no realizados. Panamá quizá no sea Europa, pero vaya que ayuda a cerrar capítulos incómodos.
Víctor Manuel Barceló — Embajador en Uruguay — $108,133.02 mensuales Aunque sus polémicas son de archivo, su nombre sigue ligado a tensiones electorales en Tabasco. Aun así, el boleto diplomático llegó… con salario premium incluido.
En conjunto, mantener a este quinteto cuesta $511 mil 109.92 pesos mensuales, pagados por las y los mexicanos. Mientras diplomáticos de carrera pasan décadas construyendo prestigio, estos exgobernadores encuentran en el servicio exterior una cómoda sala de espera política, con vista al mar y sueldo garantizado.
La pregunta queda en el aire —para retratar el cinismo de quienes lo aprovecharon—: ¿cómo es que los mismos que dejaron cuentas pendientes terminan representando al país con chequera diplomática incluida?
El panista Mauricio Tabe ha priorizado los intereses inmobiliarios sobre la conservación ambiental y el bienestar general de la demarcación.
Prueba de ello es la instalación, por órdenes de Tabe, de un campamento de limpia en el Bosque de los Granados, un polígono sujeto a conservación ambiental, que también se ha convertido en depósito de cascajos y desechos.
Mientras el alcalde Tabe se jacta, en distintos medios de comunicación, de haber logrado una supuesta reducción histórica de delitos, acompañada de una costosa instalación de cámaras, los vecinos de colonias no céntricas de la Miguel Hidalgo lo acusan de abandono.
Los habitantes lamentan, entre otras cosas, que el panista haya decidido convertir un área natural protegida en un basurero, mientras procura, a toda costa, el bienestar de la colonia Polanco, una colonia de alta plusvalía donde, por cierto, vive el panista.
La política de Tabe apunta a un claro sesgo geográfico y de clase.
Infelizmente, la administración de Tabe es señalada por haber instalado este campamento de limpia de la alcaldía y permitir, ahí, el depósito de residuos de filmaciones y construcciones aledañas en un área de vital importancia ecológica.
De acuerdo con una denuncia interpuesta el 23 de octubre de 2025, ante la Procuraduría Ambiental y de Reordenamiento Territorial (PAOT), el alcalde Tabe hizo de un predio localizado entre el Bosque de los Granados y el Bosque Balsas, un depósito de basura.
Algo, que de acuerdo con documentos que obran en la PAOT, no sería nuevo pues desde 2010 el predio es motivo de disputa entre autoridades de la alcaldía y vecinos. Esta área, conocida como Bosques de Granados, es uno de los 22 polígonos de la zona sujeta a conservación ecológica del Bosque de las Lomas.
Se trata de un área que, en otra época, figuró como un importante bosque de encinos que limitaba entre las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuajimalpa. Sin embargo, en los últimos años, el área se ha convertido en un centro de basura ilegal.
Esta lamentable situación se denunció por primera vez en 2011, cuando vecinos acudieron a la PAOT para denunciar que el Bosque de los Granados y el Bosque Balsas se estaban convirtiendo en depósitos de cascajos y residuos sólidos.
Tras una mesa de diálogo, la autoridad ambiental convino la limpia y constante supervisión del bosque a fin de evitar un uso ilegal. Por un tiempo, el Bosque se mantuvo relativamente limpio, pero todo cambió nuevamente cuando Mauricio Tabe logró la reelección de la alcaldía, el 2 de junio de 2024.
Apropiación ilegal de un área natural
Mientras el centro urbano de Polanco se llenaba de nuevas empresas de autoservicio, constructoras o transportistas, las zonas alejadas al epicentro de Mauricio Tabe iban pereciendo. Vecinos de las Lomas de Chapultepec acusaron que el alcalde panista dejó en el olvido el resto de las colonias “llenas de baches, basura y fugas de agua”, incluyendo el Bosque de Granados, que nuevamente a inicios de julio de 2025, comenzó a llenarse de basura.
En el predio, se comenzaron a depositar residuos de las construcciones aledañas y hasta se instaló un campamento de limpia.
Algo que la Secretaría del Medio Ambiente desconocía. Documentos contenidos en la Plataforma Nacional de Transparencia revelan que la Alcaldía Miguel Hidalgo, encabezada por Mauricio Tabe, obró sin consultar a nadie. Pues no existe documento alguno que pruebe algún tipo de permiso ni tampoco que esclarezca si el campamento será permanente o cuál es la finalidad del mismo.
Pero Mauricio Tabe permanece ajeno a todo ello. El alcalde de la Miguel Hidalgo se ha concentrado en favorecer el desarrollo urbano, importándole poco la conservación del medio ambiente o la calidad de vida de los habitantes de esa demarcación.
Tabe, ahora, acumula denuncias que no sólo lo señalan de ejercer un gobierno concentrado en autopublicidad de su persona, sino también de favorecer el desarrollo inmobiliario, que alguna vez lo patrocinó.
Pero Mauricio Tabe permanece ajeno a todo ello. El alcalde de la Miguel Hidalgo se ha concentrado en favorecer el desarrollo urbano, importándole poco o nada la conservación del medio ambiente o la calidad de vida de los habitantes que una vez lo votaron.
El alcalde ahora acumula denuncias que no sólo lo señalan de ejercer un gobierno concentrado en la publicidad de su persona, sino también de favorecer el desarrollo inmobiliario, que alguna vez lo patrocinó.
Cabe destacar que, hace poco, congresistas de la CDMX acusaron que el alcalde Mauricio Tabe facilitó la entrega de permisos para construir un desarrollo habitacional en la calle Lafontaine #110 de la alcaldía Miguel Hidalgo, cambiando el uso de suelo del mismo, que estaba en H4, calificado como de residencial de baja densidad a H3, que sería un uso apto para densidad media, o bien un edificio mediano.
Tan sólo en lo que va de 2025, la Alcaldía Miguel Hidalgo ha admitido 23 usos de cambio de suelo. Este año se aprobaron dos en distintas secciones, una de ellas en Constuyentes 11100 y otra en Galileo 307, ambos para destinarse a desarrollos inmobiliarios.
Así la política de Tabe, no sólo ha denostado la política ambiental de una ciudad donde las metas de descarbonización la obligan a alcanzar la neutralidad en 2050, sino que ha priorizado el desarrollo inmobiliario sobre la conservación de los pocos pulmones que aún le quedan a la capital.
Mientras presume cámaras, el alcalde ciega los ojos ante la basura de su propia gestión.
Mientras los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) se encuentran sumidos en la mayor crisis de seguridad de su historia reciente, con un escalofriante historial de agresiones, paros y el trágico homicidio de un estudiante, su director general, Benjamín Barajas, decidió celebrar su 60º cumpleaños con un fatuo y pomposo homenaje organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).
Ayer por la noche el directivo universitario se presentó en la Capilla Alfonsina y, exhibiendo un absoluto narcisismo, dijo que sus “mayores pasiones de la vida son leer, escribir y fomentar la lectura”.
Pero eso no fue todo. Barajas, que no ha podido hacer frente a la enorme crisis que padece la comunidad ceceachera, incluyó la presentación de dos nuevos libros de su autoría: “Las mil y una palabras” y “Los muebles de la mente”.
¿Qué mejor antídoto para la violencia en la máxima casa de estudios que realizar un homenaje a un miembro de la cúpula dorada de la UNAM?
Infelizmente, la distancia entre la realidad que viven miles de “ceceacheros” y la cúpula directiva nunca había sido tan abismal.
Los datos duros recolectados en los últimos tres años (2022-2025) pintan un panorama de ingobernabilidad y negligencia que la presentación de dos nuevos libros del director no logra disimular.
Paros, huelgas, acosos, e incluso el más grave, el caso de Lex Ashton, ocurrido el pasado septiembre. Pero quizá haya que recordárselos a Barajas:
CCH Azcapotzalco Plantel con episodios de paros laborales y estudiantiles, reportes de agresiones y episodios de alarma por ataques porriles. ● Octubre 2022 — Presunto ataque porril / detonaciones y suspensión de actividades. ○ Se reportaron detonaciones de cohetones en la zona y la dirección suspendió actividades por incertidumbre y riesgo.
● Marzo–abril 2023 — Paros y movilizaciones estudiantiles por denuncias de acoso. ○ Hubo suspensiones temporales de clases y comunicados del plantel por protestas relacionadas con denuncias de personal y exigencia de medidas.
● Octubre 2023 — Una persona armada ingresó y amenazó a estudiantes; solicitudes de destitución por acoso. ○ Reportes periodísticos indican que el 11 de octubre una persona ingresó con un arma y amenazó a estudiantes; además se hicieron públicas peticiones para investigar y valorar la destitución de una funcionaria acusada de acoso.
● Febrero 2024 — Paro de trabajadores por adeudos y reclamaciones laborales. ○ Trabajadores sindicalizados cerraron temporalmente el acceso para exigir pagos y mejoras, lo que ocasionó una paralización breve.
CCH Vallejo Plantel con movilizaciones por demandas estudiantiles (infraestructura, comedores) y denuncias de agresiones/acoso en distintos episodios. ● Movilizaciones y protestas por acoso sexual y demandas de servicios (varias ocasiones, 2022–2025). ○ Han ocurrido varias protestas estudiantiles exigiendo justicia por casos de acoso y mejoras (comedor, infraestructura).
● Marzo 2025 — Protestas exigiendo justicia por acoso sexual. ○ Protesta en la que grupos encapuchados exigieron respuestas institucionales sobre denuncias de acoso.
● Varios reportes aislados de agresiones (2023–2024). ○ Varias publicaciones en redes y medios regionales reportaron casos de agresión que generaron movilizaciones.
CCH Oriente Ha registrado paros estudiantiles recientes (principalmente 2025) con pliegos petitorios y diálogo con autoridades del CCH.
● Marzo 2025 — Paros estudiantiles y diálogo con autoridades ○ Comunicados oficiales del plantel relatan reuniones entre estudiantes y dirección para atender pliegos petitorios; el paro fue levantado tras acuerdos o diálogo. ● Incidentes menores y movilizaciones relacionadas con la crisis de seguridad en la UNAM (2024–2025). ○ El plantel participó en la ola de movilizaciones y paros universitarios como solidaridad a las agresiones en otros planteles.
CCH Sur Varios paros y protestas por denuncias de acoso y, de forma más grave, episodios de violencia que motivaron paros coordinados en la UNAM (2024–2025). ● Octubre 2024 — Paro estudiantil por denuncias de acoso y exigencia de reinstalación de baños neutros; plantel “cerrado” temporalmente. ○ Crónicas locales documentan que estudiantes acordaron paro, pidieron reinstalar baños neutros y denunciaron acoso de profesores; el paro concluyó días después. ● Mayo 2024 — Repercusiones y movilizaciones en la UNAM tras ataque porril en CCH Naucalpan. ○ El CCH Sur, junto a otros planteles, se sumó a la reacción institucional y estudiantil a la escalada de violencia en planteles en 2024. ● 22 de septiembre de 2025 — Homicidio dentro del CCH Sur ○ Lex Ashton asesinó con una navaja a un compañerodentro del plantel; el hecho desató la suspensión de clases, movilizaciones y una crisis de seguridad en la UNAM.
CCH Naucalpan Plantel del ataque porril en mayo de 2024 que terminó con la muerte de un estudiante y provocó paros y protestas en la UNAM. ● 8–mayo 2024 — Ataque porril frente al plantel; muerte de un estudiante y protestas como consecuencia. ○ Un enfrentamiento atribuido a porros frente al CCH Naucalpan provocó la muerte de Óscar Yael García Alarcón (estudiante de la FES Acatlán) y generó paros y exigencias de justicia; la violencia motivó reacciones y paros en otras facultades. ● Mayo 2024 — Liberación de detenidos y controversias sobre responsabilidades. ○ Nueve jóvenes detenidos por la riña fueron liberados por la FGJEM al “no acreditarse su participación” en la muerte, lo que alimentó debate sobre investigación y seguridad. ● Impacto en el semestre y medidas: transición a clases en línea temporalmente en algunos grupos. ○ Tras el ataque, algunos alumnos decidieron no regresar presencialmente y concluir el semestre en línea; la UNAM y autoridades locales prefirieron esta medida antes de brindar seguridad.
Lamentablemente, la actitud de Barajas y la élite universitaria revelan la desconexión sistémica que existe entre la cúpula dorada y la comunidad estudiantil.
Barajas, al celebrar un homenaje literario en medio de la peor crisis de seguridad, exhibe la indolencia burocrática de la rectoría.
El homenaje al director de los CCHs es la metáfora perfecta de la indolencia: la cúpula dorada celebra su ego mientras la comunidad universitaria sufre las consecuencias de la ineptitud.
Lo que presenciamos hace unos días en la supuesta “Marcha de la Generación Z” no fue una protesta, sino una operación política con fines de desestabilización.
A través de diferentes investigaciones periodísticas, ha salido a la luz que la organización de estas movilizaciones, que se presumen independientes, en realidad, ha sido operada por un grupo de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico de la CDMX, un sector que históricamente ha estado asociado a redes de poder y, en ocasiones, a episodios de violencia.
Los nombres de ciertos personajes, vinculados al PRI y al PAN, llaman poderosamente la atención:
El primero de ellos es Rubén Jiménez Barrios, líder de comerciantes ambulantes y secretario adjunto de la presidencia del PRI en la CDMX. Este sujeto es identificado como el principal operador de la marcha que dejó a más de 100 policías heridos. La antigüedad de Jiménez Barrios en el control del comercio informal y sus vínculos con hechos de violencia, en el pasado, lo colocan como una figura clave en la logística de este tipo de acciones.
Hay comerciantes que señalan que fueron obligados a participar, y que, de hecho, la orden de que acudieran a la marcha provino directamente de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.
A esto, desde luego, hay que sumar que Edson Andrade Lechuga, uno de los principales impulsores de la marcha de la “Generación Z”, fue contratado directamente por el Partido Acción Nacional, en febrero de 2025, y a quien le fueron pagados más de 2 millones de pesos.
Pero eso no es todo.
También hay funcionarios activos de las alcaldías y miembros del PAN señalados por coordinar directamente las acciones violentas.
Uno de los señalados es Roberto Arceo Trujillo, subdirector B en la alcaldía Miguel Hidalgo y miembro de una organización de comerciantes. Este personaje, de acuerdo con los señalamientos de los propios comerciantes, habría coordinado a diferentes grupos de golpeadores para confrontar a la policía capitalina. Lo más preocupante es su estrecha relación con el panista Mauricio Tabe, titular de la alcaldía Miguel Hidalgo. Las imágenes son absolutamente reveladoras y evidencian la constante presencia de Roberto Arceo Trujillo en eventos públicos y reuniones en nombre de la alcaldía.
Otro de los personajes señalados es Alberto González Mancilla, quien protagonizó el acto de saltar la valla en el Zócalo y llegar a Palacio Nacional.
Este sujeto es identificado como un trabajador en el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) en la CDMX. Por si fuera poco, Alberto González Mancilla, que fue candidato a consejero regional y capacitador electoral del PAN, no tiene ningún empacho en exhibir una militancia activa en el Partido Acción Nacional.
Todo se conecta. Todo es evidente.
Lamentablemente, el caso de la “Marcha de la Generación Z” ilustra la perniciosa persistencia de redes clientelares y el uso político de grupos de choque por parte del PRI y del PAN, en la Ciudad de México.
Infelizmente, a los líderes de ese partido, a Jorge Romero y Alejandro Moreno, no les importan las graves consecuencias que han tenido sus acciones en contra de la democracia y la legitimidad de la protesta social.
Aunque la protesta puede haber contenido demandas juveniles legítimas, la infiltración y el liderazgo de operadores políticos y grupos clientelares desvirtúan su carácter social.
El dato de que comerciantes fueron obligados a acudir por la alcaldesa de Cuauhtémoc revela un mecanismo de movilización inducida típico del clientelismo político.
Es terrible que el control sobre el comercio informal (licencias, permisos, espacios) sea utilizado como una herramienta de coacción para asegurar la asistencia a eventos políticos o, en este caso, la participación en acciones de protesta.
Una cosa queda clara: este evento no fue ningún movimiento espontáneo. Lamentablemente, ha sido una prueba más de la instrumentalización de la precariedad económica para funestos fines partidistas.
El exconsejero del INE gana, en el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España, más que la presidenta Sheinbaum.
Mensualmente, Ciro Murayama Rendón gana más de 132 mil pesos mensuales por dirigir un Centro de la UNAM en España que sólo se dedica a organizar charas virtuales y conferencias con lo que la máxima casa de estudios llama escritores de la “casa”.
Una solicitud de transparencia realizada por ReporterosMx reveló que el exasesor del Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, percibe 6 mil 454 euros mensuales netos, que al tipo de cambio de hoy, 26 de noviembre, corresponde a 137 mil 287 pesos con 87 centavos.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda (SHCP), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo percibe un sueldo neto mensual de 134 mil 290 pesos. Esto significa que Ciro Murayama gana 2 mil 997 pesos más que la Presidenta.
De esta manera, el profesor de Facultad de Economía de la UNAM –donde no imparte clases desde hace tiempo– escapa de la tan sonada, pero mal aplicada, norma de la SHCP que establece que ningún funcionario puede percibir un sueldo más alto que la titular del Poder Ejecutivo.
La máxima casa de estudios intenta justificar estos altos sueldos alegando que, técnicamente, ni los profesores, ni los rectores, ni otro algún otro trabajador dependiente de la UNAM es legalmente un servidor público.
En ese sentido, la autonomía de la Universidad se hace valer en su máximo esplendor, puesto que la cúpula dorada no está obligado a rendir cuentas, ni a seguir los criterios de transparencia o elegibilidad para los que cualquier funcionario público tendría que demostrar algo más que “palancas” o contactos influyentes.
Lamentablemente, siguiendo la herencia de la meritocracia selectiva, la UNAM ha designado para los centros, como el que dirige Ciro Murayama, y en los que gasta más de 71 mil millones de pesos al año, a personajes con dudosa reputación, pero con influjo y conexiones en las altas esferas.
Ejemplo de ello es precisamente Ciro Murayama, señalado por avalar el fraude electoral de 2006 en contra del entonces aspirante –y ulterior presidente, en 2018– Andrés Manuel López Obrador.
Además de Murayama, la lista de funcionarios bien pagados incluye al escritor Jorge Volpi, predecesor de Ciro Murayama en el Centro de Estudios Mexicanos en España, y a la nueva directora del Centro UNAM en Chile, Sandra Lorenzano, una narradora argentina que ha aprovechado muy bien sus conexiones en la UNAM para obtener buenos puestos y publicar sus novelas.
Viáticos, viajes, reuniones…
Ciro Murayama ha gozado de una mimada estadía en la UNAM, no sólo como profesor de la Facultad de Economía, de donde se tomó un año sabático para promocionarse como consejero del INE, o como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, sino también como funcionario de la UNAM en España.
Murayama, que también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, recibe de la UNAM una renta anual de 732 mil 563 pesos.
Cabe destacar que la máxima casa de estudios, donde varias sedes académicas mantienen un paro indefinido a causa de la inseguridad y la impunidad, dilapida 44 mil pesos en viáticos y otros 324 mil 396 pesos en lo que ellos denominan “Gastos de Intercambio”, y que no son otra cosa que viajes con cargo a la Universidad.
Cada año, la UNAM asigna una millonaria partida presupuestal para la manutención de estos Centros UNAM en el extranjero y de todo el personal que labora ahí, tal como ya dimos a conocer en una investigación especial, publicado aquí, en ReporterosMx.
Lo perturbador es que el financiamiento de estas sedes de la UNAM en el extranjero proviene, de acuerdo con la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales del “Gobierno Federal de México”.
Lamentablemente, los resultados no han sido destacados ni satisfactorios para el grueso de la comunidad universitaria, en especial de alumnos y profesores que, a pesar de tener años de trayectoria, no pueden acceder a esta clase de privilegios, como los que tiene Ciro Murayama y la casta dorada de la UNAM.
Infelizmente, la máxima casa de estudios, que en otro tiempo personificó el sentido de la democracia, la igualdad y el progreso, hoy se ha convertido en el símbolo más pringoso del nepotismo, el amiguismo y el derroche.
El empresario inmobiliario y colaborador de el diario La Derecha, Jorge O’Reilly, construyó su imperio sobre humedales del Gran Buenos Aires, Argentina. Sus desarrollos, en perjuicio del ecosistema y de comunidades originarias, muestran una conjunción de negocios opacos, privilegios y vulneraciones ambientales.Este texto revela cómo su firma avanza en terrenos regulados, desplaza a pobladores originarios y presiona a quienes se resisten.
En las vastas planicies del delta del Río Luján, en la zona de Tigre y Escobar, un fenómeno inmobiliario silencioso viene transformando humedales, zonas de inundación y costas hasta hace poco irrelevantes para el gran negocio del country de lujo. Al frente de esta avanzada está Jorge O’Reilly, colaborador de el diario argentino La Derecha y presidente de EIDICO S.A., desarrolladora especializada en emprendimientos de alto nivel para élites.
Su estrategia se apoya en un dato revelador: en esa cuenca baja del río Luján existían ya para 2010 más de 50 urbanizaciones cerradas acuáticas que ocupaban cerca del 10 % del territorio estudiado, muchas transformadas mediante rellenos, canales artificiales y elevación de suelo para evitar riesgos de inundación. EIDICO aparece como responsable directo del 30 % de esas urbanizaciones, de acuerdo un estudio de la Universidad Nacional de la Plata.
O’Reilly no se detuvo ahí. Fue sobre esos humedales —que funcionan como esponja natural ante lluvias y sudestadas— donde promovió desarrollos emblemáticos. Los mecanismos: rellenos de napas, terraplenes para elevar cotas edificables por debajo de los 8,5 m sobre el nivel del mar, cuando la normativa imponía elevaciones superiores para evitar inundaciones.
El impacto no es solo ambiental. Cuando esas estructuras urbanas borran humedales, provocan una externalidad directa: el agua va a otro lado. Vecinas y vecinos de la zona denuncian que cada Sudestada trae consigo un nuevo nivel de inundación. Un análisis lo confirma: “la alquimia entre suelos baratos, acceso a cursos de agua y carteles de lujo” explica el brutal avance inmobiliario en zonas reservadas hasta antes para “lo malo del paisaje urbano”.
El relato de O’Reilly –como que “desarrolla al costo” para pequeños inversores– no logra ocultar esta paradoja: transformó terrenos de alto riesgo ambiental en lotes de lujo, mientras evita someterse a los estándares de evaluación ambiental.
Pero el daño no acaba en los suelos: en el paraje conocido como Punta Querandí, entre Dique Luján y Maschwitz, un territorio ribereño ancestralmente habitado por comunidades querandíes, chanás y guaraníes, O’Reilly y su empresa mantienen un litigio que simboliza ese despojo silencioso.
La comunidad denunció que en 2017 la firma de O’Reilly solicitó el desalojo del Museo Autónomo de Gestión Indígena y de instalaciones productivas instaladas por la comunidad en la parcela 321‑f. En sus escritos, la empresa califica a los comuneros como “fuente de conflictos” y menciona “episodios de violencia, amenazas y robo de alambrados” para argumentar el desalojo.
Los relatos de quienes habitan la zona son aún más perturbadores: un albañil denunció que le ofrecieron dinero para incendiar “los ranchos” de Punta Querandí a fin de liberar al terreno para el barrio privado lindero. Una monja vinculada al entorno del Opus Dei, organización a la que pertenece O’Reilly, fue acusada de hostigar y calificar a los miembros de la comunidad como “indios truchos”.
Es difícil obviar el contraste: mientras O’Reilly promueve supuestas “valores tradicionales” y sostiene que sus desarrollos generan empleo y orden urbano, al mismo tiempo bloquea el acceso público a la ribera, valla espacios usados por la comunidad y opera desde una lógica de negocios que vulnera derechos colectivos y ecosistemas enteros.
El problema no es solo moral, es estructural: un modelo de negocio que se apoya en vacíos regulatorios, privilegios y una relativa impunidad ambiental. Los documentos lo confirman: la autorización del emprendimiento no implicaba permiso para construir, y sin embargo se vendían lotes antes de la factibilidad definitiva.
En este escenario queda claro que O’Reilly encarna más que un empresario inmobiliario: representa un poder que articula negocios, diplomacia, religión y urbanismo en una zona con índices crecientes de vulnerabilidad. Los humedales están bajo asedio, las comunidades bajo presión, y los vacíos legales se transforman en muros —literalmente— que delimitan quién pertenece al “parque” y quién queda inundado esperando respuesta.
Cuando el desarrollo se come los humedales y sepulta memorias comunitarias, el “país del progreso” se convierte en un espejo con muros altos donde algunos miran desde el jardín de lujo mientras otros luchan para no ahogarse en su patio trasero.
Fuentes principales:
“Countries sobre los humedales: la empresa que los construye” (archivoinfojus.gob.ar)
