Los Reporteros Mx

Categoría: Opinión

  • Mira, Bartola…

    Mira, Bartola…

    tú no aprecias mis centavos
    y los gastas que da horror

    Chava Flores, La Bartola.

    A lo largo del año pasado, en México, la gente destinó la mayor parte de sus recursos a la adquisición de bienes y servicios para satisfacer necesidades cotidianas: al gasto corriente total correspondió 83% de su gasto total —gasto corriente: gastos que se realizan regularmente en el hogar para la adquisición de su canasta de consumo, además del gasto regular no destinado al consumo—. O sea, en 2025, los hogares mexicanos destinaron 83 centavos de cada peso que gastaron a compras regulares para la canasta básica y otros desembolsos habituales no ligados a consumo inmediato. Así que sólo una fracción menor se destinó a otros tipos de gasto —por ejemplo, ahorro, inversión o compras ocasionales—. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos porque, del 25 de diciembre de 2024 al 7 de enero de 2026, el INEGI levantó en 28,668 viviendas particulares de todo el país la Encuesta Nacional de Gasto (ENG 2025).

    Con los resultados que arrojó la ENG, puede estimarse que en 2025 en nuestro país había un total de 38’348,376 hogares. En cada hogar en promedio hay 3.4 integrantes. La ENG permite también estimar que 24% de la población total de México radica en localidades rurales —menores a 2,500 habitantes— y el 76% restante en localidades urbanas: 31.6 millones y 99 millones, respectivamente. Eso quiere decir que si todo México fuera una pequeña isla en la que toda su población viviera distribuida en 50 hogares, entonces en esa isla habría 37 niñas y niños menores de 15 años, 116 personas de entre 15 y 64 años, y 17 adultos mayores de 65 años y más.

    ¿Y cuánto gastamos? Durante 2025, el gasto total promedio trimestral por hogar fue de 89,752 pesos. De ese monto, 74,404 pesos se destinaron a gasto corriente. El gasto corriente mensual promedio por hogar fue entonces de 24,801 pesos, y si consideramos el promedio de integrantes por hogar, resulta que, mensualmente, por persona, a lo largo de 2025 en promedio el gasto corriente ascendió 7,278.69 pesos.

    ¿En qué se nos va la vida —y el ingreso— y esos poco más de siete mil pesos mensuales por cabeza? Naturalmente, el mosaico del gasto revela una jerarquía dictada por la urgencia: la mayor parte de esos recursos se concentra en alimentación, transporte y vivienda, los tres pilares sobre los que gravita la rutina de los hogares mexicanos. Conviene ponerle número al batallar de todos los días: según los datos de la ENG 2025, al examinar el promedio mensual del gasto corriente monetario para todo el año, los hogares destinaron 6,746 pesos a alimentos, bebidas y tabaco; 3,863 pesos a transporte y comunicaciones; 1,634 pesos a educación y esparcimiento; 1,555 pesos a cuidados personales; 1,524 pesos a vivienda y servicios; 1,324 pesos a enseres domésticos, artículos para limpieza y cuidado de la casa; 925 pesos a vestido y calzado; 901 pesos a salud; y 839 pesos a transferencias y otros gastos. Al examinar de cerca esta arquitectura de la subsistencia, la encuesta del INEGI dibuja una parte importante del autorretrato de un país que destina una proporción fundamental de su esfuerzo económico a mantenerse a flote, lo que debería hacernos recordar que en la economía de la gran mayoría de las familias el margen para el asueto o el ahorro robusto sigue siendo un territorio estrecho y cuesta arriba.

    Por supuesto, ese promedio nacional se desdobla en dos realidades geográficas muy distintas al cruzar la frontera entre la ciudad y el campo. En las localidades urbanas, el gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar fue de 62,985 pesos, impulsado principalmente por alimentos, bebidas y tabaco (21,382 pesos), transporte y comunicaciones (12,637 pesos), educación y esparcimiento (5,646 pesos), vivienda y servicios (5,291 pesos) y cuidados personales (5,122 pesos). En contraste, los hogares en localidades rurales registraron un promedio trimestral sensiblemente menor, de 40,465 pesos, donde si bien los alimentos (16,288 pesos) y el transporte (7,964 pesos) vuelven a ocupar los dos primeros sitios, los montos generales evidencian la profunda desigualdad estructural y los menores márgenes de maniobra económica que marcan el día a día fuera de los grandes centros urbanos.

    Como era de esperarse, el mapa nacional del gasto revela también una profunda cartografía de contrastes regionales. Frente al promedio nacional de 57,930 pesos trimestrales por hogar, las brechas entre entidades federativas dibujan dos Méxicos asimétricos. En el extremo superior se ubica la Ciudad de México con 84,564 pesos por hogar, seguida de cerca por Querétaro (81,685 pesos), Nuevo León (80,716 pesos) y Baja California Sur (78,826 pesos). En el extremo opuesto, marcando el reverso de la moneda, los hogares de entidades como Veracruz (42,554 pesos), Oaxaca (42,010 pesos), Tabasco (41,181 pesos), Campeche (39,299 pesos) y Chiapas —que registra el nivel más bajo del país con 38,203 pesos trimestrales— evidencian cómo las inercias del desarrollo económico regional condicionan de forma drástica el volumen de recursos con el que las familias encaran la vida cotidiana.

    Los resultados de la ENG 2025 muestran la imagen de un país cuyo esfuerzo económico se concentra, en buena medida, en salir adelante día con día. Mientras la urgencia de lo cotidiano devora la mayor parte del ingreso, la brecha entre lo necesario y lo posible sigue marcando, con números fríos, la distancia entre sobrevivir y vivir.

    @gcastroibarra

  • La verdadera reforma debe transformar las Fiscalías

    La verdadera reforma debe transformar las Fiscalías

    La idea de que cambiar el mecanismo de selección de las personas juzgadoras, mediante su elección por voto popular, terminaría por sí mismo con la impunidad y la corrupción en México parte de un diagnóstico equivocado del funcionamiento de la justicia penal. La corrupción y la impunidad no se originan únicamente en la forma en que se designa a quienes juzgan. El sistema penal involucra a policías, fiscalías, peritos, defensores, autoridades penitenciarias y, por supuesto, órganos jurisdiccionales. Si las redes de corrupción pueden operar desde la investigación de un delito, manipular una carpeta, fabricar una imputación o utilizar indebidamente las facultades del Estado, cambiar únicamente el mecanismo de selección de los juzgadores no resuelve las causas que permiten que esas prácticas ocurran y, mucho menos, garantiza por sí mismo que desaparezcan.

    Cualquiera que haya caminado por los pasillos de una agencia del Ministerio Público, que conozca cómo funcionan las fiscalías, sabe con absoluta certeza dónde se vende el destino de las víctimas y cómo el pobre es aquel que no encuentra justicia y, en muchos casos, siendo inocente, termina en prisión. El juez no sale a perseguir criminales a la calle ni levanta casquillos en la madrugada; el juez resuelve con el expediente que le llevan a la mesa, con lo que las partes ponen a su vista. Y es precisamente en ese primer eslabón, en los escritorios grises de las fiscalías locales y federales, donde la justicia en este país no solo se detiene: se vende, se negocia o se pudre.

    Las cifras oficiales no alcanzan a retratar la tragedia humana, pero exhiben la dimensión del engaño. De acuerdo con el INEGI, más del 93 % de los delitos que se cometen en México ni siquiera se denuncian. La gente no deja de ir por flojera o indiferencia; no va porque sabe que entrar a una fiscalía es someterse a una segunda victimización, a horas de maltrato, a pedir favores y a toparse con servidores públicos que miran el reloj esperando dinero para mover una sola hoja. Y de ese raquítico porcentaje que sí se atreve a denunciar, la inmensa mayoría de las carpetas van a dar a un cajón en el olvido. La efectividad real del sistema no llega ni al 2 %. ¿De qué sirve transformar juzgados si la materia prima que llega a ellos está podrida desde el origen?

    La corrupción y la falta de vocación ministerial operan con dos rostros descarados. Por un lado, la desprotección más miserable hacia los vulnerables. Y lo viví como abogada postulante de forma recurrente: mujeres víctimas de violencia extrema, delitos sexuales o agresiones intrafamiliares, víctimas que tienen que mendigar medidas de protección; madres que deben pagar de su propia bolsa la gasolina de la patrulla para que vaya a notificar, o que tienen que conseguir por sus propios medios las grabaciones de las cámaras de seguridad antes de que se borren, porque el agente del Ministerio Público a cargo «no tiene personal», o hubo una «falla técnica y se borraron». Si la víctima o el imputado es pobre, su carpeta está muerta o tarda años en judicializarse. Esa indolencia no es falta de presupuesto ni cansancio burocrático: es una forma perversa de violencia institucional y de un negocio que tiene atrapados a los ministerios públicos.

    Por otro lado, opera una justicia a la carta para los ricos y los influyentes. Mientras una fiscalía puede mantener congelada la denuncia de una mujer violentada, aun cuando existen pruebas, también puede fabricar en cuestión de días una investigación penal para obtener una orden de aprehensión al servicio de un despacho influyente o de intereses políticos. Se inventan delitos patrimoniales para cobrar venganzas comerciales, se convierten controversias civiles en supuestos fraudes penales y se utiliza la amenaza de la cárcel como instrumento de extorsión. Y cuando un juez, con rigor constitucional, frena esos atropellos, como ocurre frente a detenciones ilegales sustentadas en informes falsos de supuesta flagrancia elaborados desde un escritorio, las redes de corrupción reaccionan utilizando el dolor de las víctimas y su desconocimiento jurídico para linchar mediáticamente al juzgador y ocultar su propia responsabilidad.

    Sería injusto, sin embargo, desconocer que también existen agentes del Ministerio Público que trabajan con honestidad, que se esfuerzan por hacer justicia y que genuinamente buscan ayudar a las personas. El problema es que, en determinadas instituciones, las redes de corrupción son tan profundas que terminan por involucrar, someter o convertir en instrumentos de sus intereses incluso a quienes inicialmente no forman parte de ellas. Hay quienes participan directamente y quienes, bajo presiones, instrucciones o amenazas de sus propios compañeros o superiores, terminan ejecutando actos que nunca debieron ocurrir. El resultado es el mismo para quien enfrenta un proceso penal: investigaciones manipuladas, detenciones ilegales, informes falsos de supuesta flagrancia elaborados desde un escritorio y decisiones que pueden destruir una vida. Cuando un juez, con rigor constitucional, frena esos atropellos, esas mismas redes pueden utilizar el dolor de las víctimas y su desconocimiento jurídico para desacreditar públicamente al juzgador, mientras ocultan su propia responsabilidad.

    Hablemos claro: la autonomía de las fiscalías se convirtió en un cheque en blanco para el compadrazgo y la impunidad interna. Se autonombraron intocables, pero siguen subordinadas al poder político en turno y a los intereses fácticos de sus titulares. Adentro no asciende quien investiga con rigor científico, ética o perspectiva de derechos humanos; asciende quien obedece consignas, quien cuida las espaldas a los mandos y quien sabe qué expedientes no deben tocarse jamás. Sus órganos de control interno y sus visitadurías son simples figuras de adorno, diseñadas para tapar los delitos de casa y castigar únicamente al que no se alinea a la red.

    La ciudadanía tiene que mirar de frente la raíz del problema. No habrá paz, verdad ni reparación del daño mientras existan fiscalías en las que la discrecionalidad, la opacidad y la corrupción permitan que una denuncia no sea debidamente investigada, que una investigación se utilice para favorecer intereses particulares o que una persona sea sometida a un proceso penal por razones ajenas a la justicia.

    La reforma que realmente puede cambiarle la vida al ciudadano no consiste únicamente en modificar estructuras, cambiar nombres o mover funcionarios de una oficina a otra; exige instituciones capaces de investigar con independencia, de rendir cuentas sobre la actuación de sus agentes y sobre las determinaciones que adoptan en cada investigación, de explicar y justificar sus decisiones conforme a la ley y, sobre todo, de investigar y sancionar a quienes utilizan las facultades del Estado para cometer abusos. También implica proteger a los agentes del Ministerio Público que hacen correctamente su trabajo, para que no sean presionados, utilizados o silenciados por quienes pretenden convertir la procuración de justicia en un espacio de intereses particulares.

    La justicia penal no comienza con la sentencia de un juez. Comienza mucho antes: en el momento en que una persona herida, asustada o vulnerada cruza la puerta de una fiscalía buscando ser escuchada y encontrar protección. Ahí empieza también la responsabilidad del Estado. Si esa persona encuentra indiferencia, corrupción, influyentismo, violencia o impunidad, el daño no termina en una carpeta mal integrada: se rompe su confianza en las instituciones y se debilita el Estado de derecho.

    Por eso, combatir la corrupción en las fiscalías no es una cuestión administrativa ni un asunto interno de las instituciones; es una obligación frente a cada persona que deposita en ellas su libertad, su patrimonio, su seguridad y, muchas veces, la esperanza de obtener justicia.

    Porque cuando el poder de investigar deja de estar al servicio de la justicia, puede convertirse en una de las formas más peligrosas de injusticia.

  • LA HACE DE EMOCIÓN

    LA HACE DE EMOCIÓN

    La reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo temblar los huesitos de más de uno. Y es que no está de más decirlo: se le ve muy bien, incluso, a mi parecer, mejor conservado que cuando era Presidente de México. Y no sería extraño; el estrés que implica gobernar un país termina pasando factura a cualquiera. López Obrador reapareció desde Palenque, Chiapas, para presentar su nuevo libro, Pueblo, y aprovechó para hablar nuevamente de algunos de los temas que marcaron su gobierno: la honestidad, la corrupción, la austeridad y lo que él considera las bases de la Cuarta Transformación. En su mensaje sostuvo que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo y reconoció también que la corrupción todavía existe porque, según explicó, se encontraba profundamente arraigada en la vida pública del país.

    Más allá de estar o no de acuerdo con él, hay algo que resulta interesante: López Obrador sigue teniendo la capacidad de mover la conversación pública prácticamente con una sola aparición. Después de un periodo alejado de la exposición cotidiana que implica la Presidencia, reaparece, habla durante más de una hora y nuevamente buena parte de la conversación política gira alrededor de él. No es poca cosa.

    Hay además un asunto particularmente delicado. Durante mucho tiempo se han realizado señalamientos públicos alrededor de sus hijos y, como ocurre con cualquier persona, esos señalamientos deben demostrarse con pruebas y no simplemente repetirse hasta convertirlos en una supuesta verdad. Yo tengo conocimiento directo de una declaración que considero sumamente interesante, proveniente de un personaje cuyo nombre ha aparecido recientemente relacionado públicamente con investigaciones sobre contrabando de combustibles y que hizo referencia a los hijos del expresidente. Por ahora no voy a revelar su contenido ni presentar esa versión como un hecho comprobado. Cuando exista el momento, el contexto y los elementos suficientes para documentarla responsablemente, se podrá contar la historia completa. En asuntos de esta naturaleza, una cosa es tener información y otra muy diferente poder probarla.

    Pero mientras López Obrador reaparecía en Palenque, ocurrió una coincidencia política imposible de ignorar: otro expresidente mexicano que durante años ha mantenido un perfil público considerablemente bajo volvió a aparecer. Carlos Salinas de Gortari participó el 28 de septiembre en el conversatorio “Hablemos de México”, organizado por estudiantes mexicanos de Harvard, una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos. Las fotografías comenzaron a circular y la presencia de Salinas volvió inmediatamente a generar conversación.

    ¿Coincidencia? Puede ser. Afirmar algo distinto sin evidencia sería especular. Pero periodísticamente resulta inevitable observar el contraste: López Obrador reaparece desde Palenque hablando de pueblo, honestidad, corrupción y transformación, mientras Salinas reaparece desde Harvard hablando sobre México. Dos expresidentes separados por décadas, proyectos políticos y visiones radicalmente distintas del país regresando prácticamente al mismo tiempo al escenario público. Veremos qué sucede. Esto apenas comienza a ponerse interesante y no hace falta recurrir a la ciencia ficción: basta observar los movimientos y documentar los hechos.

    Y precisamente uno de los asuntos sobre los que habló López Obrador merece una discusión mucho más profunda: la corrupción. Si la honestidad pretende continuar siendo uno de los pilares de la llamada Cuarta Transformación, ese principio necesariamente tiene que aplicarse a todos. No puede depender del partido político, del cargo ni de la cercanía con el poder.

    Los acontecimientos recientes demuestran que el problema sigue existiendo. La denominada Operación Enjambre había dejado, hasta el 8 de septiembre de 2026, 111 personas detenidas por presuntos vínculos con el crimen organizado y 14 presidentes o expresidentes municipales vinculados a proceso o encarcelados. Y existe un dato que vale la pena destacar: entre ellos aparecen personajes pertenecientes tanto a partidos de la coalición gobernante como a partidos de oposición. La corrupción y la infiltración criminal no reconocen colores partidistas. En Morelos, investigaciones federales también han derivado en detenciones de servidores públicos, exservidores públicos, empresarios y particulares presuntamente relacionados con redes de protección a organizaciones criminales. La propia Presidencia informó en julio sobre investigaciones que identificaron una red integrada por actores políticos, funcionarios, particulares y empresas, además del bloqueo financiero de 22 personas físicas y 10 personas morales.

    Por eso la discusión no debería consistir únicamente en repetir que somos honestos. La honestidad pública necesita instituciones capaces de investigar, demostrar responsabilidades y sancionar, respetando siempre el debido proceso. Cuando un funcionario utiliza el dinero público para enriquecerse, cuando recibe sobornos o cuando pone una institución al servicio de intereses criminales, no solamente roba dinero: destruye carreteras que pudieron construirse, hospitales que pudieron equiparse, escuelas que pudieron mejorarse y servicios que pudieron llegar a millones de ciudadanos.

    Personalmente considero que México debería endurecer sustancialmente el combate institucional contra la corrupción grave, particularmente cuando exista asociación con organizaciones criminales, siempre dentro del marco constitucional y con debido proceso. Incluso debería discutirse si determinados delitos graves de corrupción requieren mecanismos penitenciarios especializados. No como instrumento de persecución política, sino como parte de una política integral que haga extraordinariamente costoso utilizar un cargo público para delinquir.

    Y aquí aparece otra discusión que pocas veces se aborda con suficiente profundidad: la relación entre la justicia estadounidense y los integrantes del crimen organizado que deciden convertirse en colaboradores. Estados Unidos utiliza desde hace décadas acuerdos de cooperación mediante los cuales personas involucradas en delitos extremadamente graves proporcionan información o testifican contra otros acusados a cambio de que esa colaboración pueda ser considerada al momento de dictar sentencia. Esto no significa automáticamente impunidad, pero sí puede producir reducciones importantes de las penas.

    El caso de Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, está perfectamente documentado por el Departamento de Justicia estadounidense. Integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable y aceptó colaborar con las autoridades. El propio gobierno estadounidense informó que su acuerdo contemplaba solicitar una pena inferior a la prevista si su cooperación era completa y verdadera. Finalmente fue condenado a 15 años de prisión y las autoridades reconocieron públicamente su cooperación. El juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán constituye otro ejemplo de la importancia de estos colaboradores: el Departamento de Justicia informó que la evidencia presentada incluyó el testimonio de 14 testigos cooperantes, entre ellos Rey y Vicente Zambada, Dámaso López y otros antiguos integrantes del narcotráfico.

    Ese mecanismo puede resultar eficaz para desmantelar organizaciones criminales, descubrir estructuras financieras y llegar a personajes que de otra manera serían prácticamente intocables. Pero también abre una discusión ética perfectamente válida: ¿hasta dónde debe llegar el beneficio otorgado a alguien que participó durante años en organizaciones responsables de enormes cantidades de droga, corrupción y violencia a cambio de entregar información sobre otros?

    No es una pregunta sencilla. La justicia estadounidense sostiene ese sistema porque la cooperación puede permitir perseguir estructuras superiores. Pero para las sociedades que padecieron directamente las consecuencias de esas organizaciones resulta comprensible preguntarse cómo personas que participaron en delitos gravísimos pueden eventualmente recuperar su libertad después de colaborar con las autoridades.

    México también debería observar con atención lo que esos procesos judiciales han revelado sobre algo todavía más preocupante: la profundidad con la que el narcotráfico puede penetrar las instituciones. El caso de Genaro García Luna terminó en Estados Unidos con una condena superior a 38 años de prisión. El Departamento de Justicia sostuvo, después del juicio, que utilizó sus cargos públicos para beneficiar al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos. Independientemente de partidos o administraciones, ese antecedente debería ser suficiente para entender la dimensión del problema.

    Por eso coincido con una parte fundamental del mensaje que López Obrador volvió a poner sobre la mesa: la corrupción debe combatirse. Pero ese principio tiene que trascender nombres, sexenios y partidos. Si la Cuarta Transformación construyó buena parte de su legitimidad alrededor de la honestidad, quienes hoy representan ese movimiento tienen una responsabilidad todavía mayor de demostrarla. Cuando existan elementos contra un alcalde, gobernador, funcionario o empresario, que se investigue. Si existen pruebas suficientes, que un juez determine responsabilidades. Y si no existen, que tampoco se utilice la sospecha como instrumento para destruir reputaciones.

    México necesita instituciones que no pregunten primero de qué partido es el acusado antes de decidir si investigan.

    La reaparición de Andrés Manuel López Obrador vuelve a recordarnos algo: el expresidente podrá haberse retirado de Palacio Nacional, pero evidentemente no ha desaparecido de la conversación política mexicana. Y mientras él habla desde Palenque de honestidad, corrupción y transformación, Carlos Salinas reaparece en Harvard. Al mismo tiempo avanzan investigaciones contra funcionarios y alcaldes y continúan conociéndose en Estados Unidos expedientes que muestran hasta dónde pueden llegar las redes del narcotráfico, la corrupción y los acuerdos con quienes deciden colaborar con la justicia.

    Hay demasiadas piezas moviéndose sobre el tablero como para no observarlas.

    Por ahora, la hace de emoción.

  • ¿Y la soberanía, American Society of México?

    ¿Y la soberanía, American Society of México?

    American Society of México (AmSoc) es una organización privada vinculada históricamente con la comunidad estadounidense y con la relación empresarial y bilateral entre México y Estados Unidos. No es el gobierno de Estados Unidos ni representa la voluntad de los mexicanos.

    Por eso llama la atención que desde ese espacio se diga que “no les gusta nada” una propuesta mexicana relacionada con la doble nacionalidad de quienes aspiren a la Presidencia. ¿Perdón?

    En México podemos discutir, debatir, cuestionar y hasta estar en desacuerdo entre nosotros, ese llama democracia pero las reglas para ocupar la Presidencia de México corresponden a los mexicanos, a mexicanas y a nuestras instituciones.

    La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea reformar la Constitución para establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no puedan tener otra nacionalidad además de la mexicana. La propuesta busca establecer esta condición específicamente para quienes pretendan ocupar esos cargos de máxima responsabilidad pública.

    ¿Qué pasa con la soberanía de México cuando quien aspira a gobernarlo mantiene también una nacionalidad que puede generar obligaciones, intereses o vínculos jurídicos con otro Estado?

    Nadie está diciendo o proponiendo que una persona deje de ser mexicana por tener doble nacionalidad. El punto es otro, ocupar la Presidencia de México no es lo mismo que tener derecho a votar, viajar o vivir donde uno quiera. Quien pretende conducir al Estado mexicano debe responder, antes que nada, ante México y ante los mexicanos.

    Y aquí hay una cuestión de fondo que no deberíamos perder de vista, cuando quien aspira a gobernar México conserva también la nacionalidad de otro país, es legítimo discutir qué implicaciones podría tener eso frente a conflictos de intereses, obligaciones jurídicas o decisiones en las que estén involucrados los intereses de ambas naciones.

    Eso no significa acusar de deslealtad a nadie por tener doble nacionalidad. Significa algo mucho más sencillo, la Presidencia de México merece reglas claras sobre dónde está la primera lealtad constitucional de quien pretende ejercerla.

    Estados Unidos es nuestro vecino, nuestro socio comercial y un país con el que México tiene una relación inevitablemente estrecha, pero precisamente por eso necesitamos una relación entre países soberanos, no una relación de subordinación.

    El reclamo y la preocupación del presidente de la American Society of México y representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, me parece bastante bizarra, su opinión es como si viéramos una Harley Davidson en un cuadro del Grecco, está totalmente fuera de lugar

    ¿Desde cuándo una organización privada estadounidense tiene que aprobar las reglas con las que los mexicanos decidimos quién puede gobernar México?

    México no necesita permiso de Washington, de una organización empresarial ni de ningún grupo extranjero para decidir sus propias reglas.

    Porque la soberanía no consiste en preguntarle al vecino si está de acuerdo, consiste en poder decir, esta decisión la tomamos nosotros.

    Les mando un abrazo fraterno.

  • Lula a la cabeza

    Lula a la cabeza

    Luiz Inácio Lula da Silva tiene dos enemigos a vencer en las próximas elecciones: la ultraderecha más rancia del mundo y los evangelistas, religión que adoptó su contrincante Jair Bolsonaro, quien fuera presidente de ese país de 2019 a 2023, padre del contrincante actual de Lula, quien lleva más de 8 puntos de ventaja en intención del voto.

    Jair Bolsonaro, se aferró con tanta fuerza a esa religión que hizo de algunos pastores no sólo sus mecenas y voceros sino congresistas. El fanatismo producto de la ignorancia que le caracteriza a los Bolsonaro, lo llevó a conducir a su pueblo como si fueran ovejas al matadero durante la pandemia.

    Jair no sólo se negó a adquirir vacunas de China y Rusia, por provenir de países “comunistas”, sino que determinó que la pandemia se alejaría de Brasil con oraciones, de tal suerte que tuvo como resultado ser el segundo país con más muertes en el mundo durante ese periodo.

    La ignorancia de Jair Bolsonaro no fue gratuita, desde la preparatoria fue instruido en escuelas militares, donde era más importante saber usar una pistola que leer.

    Ahora, el hijo proveniente del mismo adoctrinamiento fascista, es un mediocre abogado, cuyo padre lo convirtió en diputado estatal a los 21 años y en senador a los 37. Ha sido acusado por corrupción, lavar dinero y maltrato familiar; sin embargo, esto es sólo anecdótico comparado con sus declaraciones sobre seguir el mismo método de gobierno que Javier Milei, en Argentina, es decir, llevar al país a la bancarrota y al pueblo a padecer hambre.

    Lula, junto con la presidenta de México se han convertido no sólo en los líderes de los pueblos de América Latina sino en el contrapeso de las irrupciones antidemocráticas financiadas por Estados Unidos que llevan al poder a sus títeres, como ha sucedido en Colombia, Perú, Ecuador, El Salvador, Chile, Bolivia, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Panamá, etc.

    El triunfo de Lula consolida la hermandad de los pueblos de américa Latina y cierra la puerta de la región a la ultraderecha para la que representa un verdadero manjar en ganancias y especulaciones financieras, acompañada de la sobrexplotación laboral que los conservadores acostumbraron en el pasado.

    Flavio Bolsonaro elogia las medidas de seguridad de Bukele, quien sacrifica salud, educación, vivienda, empleo, para tener a todos los jóvenes en la cárcel, acusándolos no sólo de pandillerismo con la simple sospecha de serlo, sino de terroristas por instrucciones del delirante presidente de Estados Unidos.

    La derecha en México guarda especial afecto por Flavio, aunque critica en México al gobierno del número de muertes por la pandemia y carencias en el sector Salud no cuestiona esos mismos problemas en sus aliados de América Latina, a quienes apoya incondicionalmente. Recordemos la felicitación de los panistas a Milei cuando llegó al poder, cuando Lilly Téllez lo invitó a ofrecer conferencias en México, “para que los poltícos mexicanos aprendieran a gobernar”. La invitación fue declinada por el gobierno argentino debido al escándalo que produjo la convocatoria de la panista.

    Desde ahora la derecha se organiza diferentes tipos de fraudes, financiados por Estados Unidos. Los medios ya empezaron a inducir el voto al afirmar que están empatados cuando la diferencia a favor de Lula es evidente.

  • De cosas a seres sintientes: Ley de bienestar animal

    De cosas a seres sintientes: Ley de bienestar animal

    Este martes el Senado aprobó, con 115 votos a favor y uno en contra, la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales. Conviene aclarar algo desde el principio: todavía no rige. La minuta ya está en la Cámara de Diputados, donde una iniciativa parecida pasó más de un año congelada. Lo de ayer es un primer paso firme, pero no el último.

    Los animales dejan de ser cosas

    Lo más importante de la ley no son las multas sino una idea: reconoce a los animales como seres sintientes, capaces de sufrir y de disfrutar. Para el derecho mexicano, que durante décadas los trató como bienes muebles, eso cambia la premisa. El texto incorpora además los cinco dominios del bienestar animal (nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental), un marco que la veterinaria usa desde hace tiempo y que ahora se vuelve obligación federal.

    Una sola regla para todo el país

    Hoy la protección depende del código de cada estado: lo que en una entidad se sanciona, en otra pasa sin consecuencias. La nueva ley, de 125 artículos, fija un mínimo común y reparte las competencias entre Federación, estados y municipios. Suena técnico, pero es justo donde estas leyes suelen fallar. Cuando nadie sabe a quién le toca actuar, nadie actúa.

    Lo que te toca si tienes una mascota

    Nace la figura de la tutela responsable. Quien tenga un perro o un gato deberá alimentarlo bien, llevarlo al veterinario, darle condiciones dignas, esterilizarlo y mantener al día su registro de salud. Habrá un Registro Nacional de Animales de Compañía, centros de atención en los municipios y campañas permanentes y gratuitas de vacunación y esterilización. Es, a mi juicio, lo más acertado del texto, porque intenta frenar el abandono desde la raíz, que es la sobrepoblación, y no solo castigarlo después.

    Multas, arresto y un padrón

    Por maltrato, la ley prevé multas superiores a los 200 mil pesos y hasta 36 horas de arresto. Quien sea sancionado entrará a un padrón de infractores por un máximo de cinco años y, mientras siga en él, no podrá recibir apoyos públicos para el cuidado animal. También tendrá que costear lo necesario para que el animal se recupere. Se prohíbe la venta de animales en mercadillos y se crea un directorio de criaderos, albergues, refugios y rescatistas, con lo que se busca ordenar un mercado que hoy opera en buena medida a ciegas.

    Lo que se quedó fuera

    Las corridas de toros y las peleas de gallos seguirán en manos de cada estado; seis ya las regulan. Para los espectáculos con animales, la ley se limita a pedir que respeten su bienestar. Tampoco se prohíbe de golpe su uso en investigación y enseñanza: se habla de una transición. Quien esperaba una ley más contundente tiene motivos para sentirse a medias.

    Hay también críticas puntuales. Activistas de Morelos, por ejemplo, temen que el texto facilite el sacrificio de animales rescatados. Ese punto tendrá que aclararse en el reglamento, con criterios veterinarios estrictos.

    El reto es aplicarla

    Aprobar una ley es la parte fácil. Los municipios serán la primera línea y muchos cuentan con presupuestos mínimos y poco personal. Sin dinero para los centros de atención, sin inspectores y sin un registro que funcione, la norma corre el riesgo de quedarse en el papel. Y antes de eso falta el trámite en Diputados, que pueden aprobarla tal cual o modificarla; en ese caso regresaría al Senado.

    Aun con sus huecos, el mensaje del Senado es claro: el maltrato animal ya no se ve como un asunto menor. Si los diputados están a la altura, México tendrá por fin un marco federal. Lo demás (presupuesto, reglamentos y ganas de hacerlo cumplir) dirá si sirve de algo.

  • Trump, China y la presión sobre México

    Trump, China y la presión sobre México

    Trump acaba de abrir una pausa con China y una presión renovada sobre México. Mientras Xi Jinping recibía honores de Estado en Washington, Trump presentaba ante la ONU a los cárteles mexicanos como una amenaza para la civilización occidental. ¿Son hechos aislados? No. La tregua con Pekín le está comprando tiempo y margen para endurecer su política hacia México antes y después de las elecciones intermedias.

    El trasfondo es un escenario que ya dejó de parecer remoto: un ataque casi simultáneo de Rusia contra un país de la OTAN y de China contra Taiwán. The Atlantic documentó que estrategas militares ya analizan esa posibilidad. En la mayoría de las simulaciones, Washington prioriza el Indo-Pacífico y deja a Europa con respaldo limitado. China es el único rival capaz de alterar el equilibrio mundial; Rusia, aunque peligrosa, es considerada una amenaza regional. La guerra con Irán también redujo las reservas estadounidenses de misiles avanzados.

    La advertencia no significa que una guerra de dos frentes sea inevitable. Significa que el problema existe y que Estados Unidos necesita evitar una escalada en Asia. Por eso la visita de Xi, del 23 al 25 de septiembre, tuvo más importancia estratégica que comercial.

    La cumbre produjo acuerdos limitados: extensión de la tregua comercial, reducciones arancelarias sobre bienes no sensibles, compras chinas de carbón y un diálogo sobre “superinteligencia”. No resolvió la rivalidad por Taiwán, la tecnología ni el liderazgo mundial. La pausa no eliminó el conflicto. Lo administró.

    Para Xi, el beneficio fue concreto: reconocimiento como igual y un respiro económico sin ceder sus líneas rojas. Para Trump, la fotografía de estabilidad le permitió vender la tregua como prueba de liderazgo. No hubo reconciliación, sino una pausa útil para que cada potencia reorganizara sus prioridades.

    Ese respiro permitió a Trump mirar hacia el hemisferio occidental. Un día antes de recibir a Xi, desde la ONU, calificó a México como “el epicentro de la violencia de los cárteles”, comparó a esos grupos con el Estado Islámico y dijo que debían ser “asesinados, exiliados o detenidos”. Al mismo tiempo, afirmó mantener una “muy buena relación” con el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

    La contradicción es solo aparente. Trump puede elogiar la relación bilateral y usar a México como símbolo de una amenaza que exige respuestas extraordinarias. El mensaje convirtió un problema de seguridad binacional en un asunto hemisférico. El Canciller Roberto Velasco respondió con la fórmula mexicana: cooperación sin subordinación y defensa de la soberanía.

    La presión tendrá dos reguladores. El primero serán las elecciones intermedias del 3 de noviembre. Si los republicanos pierden terreno, Trump necesitará victorias visibles y México ofrece una narrativa sencilla: frontera, drogas y seguridad. Si el resultado le favorece, podrá mantener una presión calibrada.

    El segundo regulador será el T-MEC. En julio, Estados Unidos no aceptó renovarlo en su forma actual. El tratado sigue vigente, pero quedó abierta la revisión anual y se perdió la certeza de una extensión automática por otros 16 años. Así, el acuerdo comercial se convirtió también en una palanca política.

    La negociación ya no se limitará a reglas de origen o contenido regional. También puede incorporar seguridad nacional, control de inversiones chinas y cooperación contra los cárteles. El escenario más probable es una presión calibrada, aunque un resultado electoral adverso podría activar amenazas arancelarias. Si además estallara una crisis en Europa o Taiwán, Washington exigiría que México asumiera mayores responsabilidades con menos atención estadounidense disponible.

    De aquí a mediados de 2027 veremos tres señales: endurecimiento retórico, amenazas comerciales y descalificación pública de los avances mexicanos. Si aparecen juntas, la presión dejará de ser una herramienta de negociación para convertirse en una estrategia de confrontación.

    La respuesta a la pregunta inicial es clara: Trump utiliza la tregua con China para comprar tiempo estratégico y trasladar su agenda de fuerza hacia México. La pausa en Asia no significa tranquilidad para nuestro país. Significa que Washington tiene más espacio para exigir, condicionar y negociar desde una posición de presión.

    México no puede decidir cuándo Trump necesitará una nueva victoria política. Sí puede decidir si esa victoria se construirá a costa de su soberanía, su economía o ambas. La tregua con China no cerró el tablero. Solo le dio a Trump el tiempo necesario para mover la siguiente pieza.

    a[email protected]
    X: @a_snpedro
    Instagram: aldospm
    Facebook: Aldo San Pedro

  • Colosio y Colosito

    Colosio y Colosito

    Si Benito Juárez sólo hubiera acuñado su fase célebre, sin mayores logros patrióticos, su lugar en la historia no existiría. No puede trascender el tiempo una simple frase sin más peso político que un discurso al que se le adjudican todos los méritos existentes, sólo porque el orador fue asesinado

    El homicidio convirtió a Luis Donaldo Colosio Murrieta en un mártir del PRI, y los medios extendieron una admiración partidista a un culto artificial para un parte de la sociedad, totalmente desinformada. Aquí se ubica la necrofilia y la necesidad de mitos.

    Colosio no fue un teórico de la política, ni un analista de la realidad del país, mucho menos aportó algo a México, simplemente dejó de existir injustamente para que fuera imposible comprobarse sus posibles méritos, supuestos y especulaciones.

    Ni siquiera puede decirse que el homicidio de Colosio Murrieta influyó en la derrota del PRI, o en el triunfo del PAN. El cambio de partido fue negociado con Estados Unidos, con el objetivo de que nada cambiara.

    El cambio de régimen en 2018, colocó a Colosio en el lugar que le corresponde en la historia, cuyo mérito fue haber sido asesinado, y su única obra una frase en un discurso de aniversario de su partido, ya para entonces, 1994, muy desgastado, porque seis años después perdería la presidencia de la República.

    Lo que se pudo rescatar de la política que le caracterizaría fue una sola frase, sobre la sed y hambre de justicia de los mexicanos, de ahí extrajeron lo que algunos llamaron el “ideario” de Colosio, libros anécdotas fantasiosas y hasta amistades inexistentes.

    Ahora, ante la posibilidad de que por fin su hijo se convierta en un político, los medios no saben cómo resurgir la imagen de Colosio Murrieta ante la total carencia d e méritos del junior, tanto que en el norte del país lo mencionan gratuitamente con el mínimo pretexto.

    Por ejemplo, ante el asesinato de la periodista activista y candidata Lucy Aponte Polo en Perú, sin duda perpetrado por el gobierno que encabeza Keiko Fujimori, se hace referencia a Colosio Murrieta, por el simple hecho de que el homicidio sucediera en un mitin. La mayoría de los candidatos asesinados han tenido lugar en actos de proselitismo, pero para el diario Debate, dirigido por priistas de la vieja guardia, es necesario mencionarlo injustificadamente, todos los días para darle fuerza artificial a las simpatías del junior.

    Revivir el recuerdo de Colosio Murrieta ante la imposibilidad de que el hijo tenga aciertos muestra su miseria intelectual, que nada tiene que hacer en la política, representa un recurso desesperado ante la posible muerte de un mito priista. Porque una vez que pierda las elecciones Colosio, el PRI y Movimiento Ciudadano se quedarán sin el chantaje sentimental que han mostrado con ese apellido durante más de 30 años.

    Un ejemplo de falta de conciencia fue que dijera el junior que no descansará hasta encontrar a los culpables del asesinato de Carlos Manzo, cuando los responsables del homicidio de su padre todavía no están identificados.

    A Colosio jr. lo hizo a un lado Samuel García, líder de facto de Movimiento Ciudadano, para que no le hiciera sombra a su esposa Mariana para competir por la gubernatura, le significa un estorbo que ni gana ni deja ganar.

  • No mentir

    No mentir

    Uno de los principios emanados del proyecto de la Cuarta Transformación que de manera insistente promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador fue “no mentir”, principio que en la oposición no tiene sentido, ya que de manera natural, a veces cínica, utilizan los medios corporativos como Televisa, TV Azteca, Imagen, Fórmula… para manipular la información.

    Durante el sexenio del presidente Obrador se creó una cofradía entre los medios corporativos, los partidos opositores y sus seguidores para controlar de manera masiva la información, con el objetivo de crear una idea falsa de un gobierno fallido. La mentira se ha vuelto la mejor arma para la oposición, que busca contrarrestar los evidentes beneficios que en nuestro país se perciben, que inclusive han sido reconocidos por instancias internacionales donde los parámetros muestran el avance en materia económica, social y de seguridad alcanzados desde que el pueblo de México decidió votar por el cambio verdadero que le ofreció el proyecto de la Cuarta Transformación.

    En este sentido, es de suma importancia promover desde la sociedad civil una nueva práctica para contrarrestar el flagelo de la “mentira” promovida por los medios corporativos y sus voceros, gente sin escrúpulos que solo busca sacar beneficio económico que durante décadas les fue proporcionado desde el mismo gobierno a través de pagos millonarios. No olvidemos los vergonzosos acuerdos que se firmaron para evitar la difusión de la violencia generada durante la famosa guerra contra el narcotráfico promovida por el presidente Felipe Calderón, a través de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Acuerdo manchado de la sangre de muchos inocentes, víctimas que Calderón denominó como daños colaterales.

    La mejor opción para que desde la sociedad se contrarreste el flagelo de la “mentira” debe ser el abandono total de los medios corporativos y de sus voceros, enemigos de la verdad y traidores a la patria.

  • Trumpas y la oposición

    Trumpas y la oposición

    Trump salió con que México es el epicentro de todo el mal, el epicentro de los cárteles del narco que azotan a su país. Solo que se le olvidó un detallito, o varios, como, por ejemplo, que los gringos son el país más consumidor de drogas del mundo, que básicamente no hacen nada para detener el tráfico dentro de los EUA (no creo que la droga llegue a EUA y la gente llegue a recogerla así nada más porque sí), se le olvidó decir que tanto la CIA y DEA son los traficantes de drogas más grandes del mundo, que los gringos armaron, arman a los narcotraficantes de México.

    Ahora que, si él se lamenta, compartir frontera con un país que dejó, en cierta medida, de ser el tapete de los gringos, a nosotros nos da más pena, coraje, compartir frontera con un país sumido en las drogas, con un país que tiene a un pedófilo/payaso como presidente, y lo peor, a un país que es el más grande terrorista del mundo, de todo esto tenemos que lamentarnos. Y lo peor que el comercio no quiera ver hacia otros lados.

    Y como siempre, la oposición no nos puede fallar, y nuevamente se puso de tapete de Trumpas, ahí tienen a Alito, a su mascota Mancilla haciendo el ridículo con su gorrita verde al estilo de Trump, que esa idea es de uno de los genios influencers, precisamente del hermano de la muchacha que increpó a Fernández Noroña en el Aeropuerto, esa que se cayó en las temibles escaleras del Bienestar, ese mismo sujeto, que usa modelos en bikinis, para hacer sus buenas obras… También, cómo no podría faltar el líder del cartel inmobiliario, ahora dirigente del PAN junto a Canayín, pidiendo a gritos que Trump intervenga en México, solo para que les regresen el poder y obviamente el dinero del pueblo. A la vez que lloran y chillan por una alianza, para ahora sí sacar a Morena del poder, y regresar ellos, que solo quieren vender México al mejor postor o al peor postor, solamente.

    Y por si no fuera poco, andan muy álgidos con la ley que se inventaron, un meme = cárcel, porque este gobierno censura, claro, gritan, bufan en esta terrible dictadura, y como los sujetos que tienen doble nacionalidad, que la presumían en todos lados, ya podrán ser candidatos – hasta que renuncien a ella –, andan más que encaprichados, con sus fake news, sus chismes, que solo entre ellos se la creen y eso, es supuestamente.

    Y como la oposición no es capaz de ser honesta, adivinen quién empezó la campaña electoral del 2027 de forma adelantada, obviamente la oposición. Pero si se les dice algo, es “censura” de este “narco gobierno”.

    Lo único bueno es que el pueblo ya despertó, como AMLO hizo que hiciéramos, a pesar de muchos, y ya no nos creemos las falacias de la oposición, y en muchas ocasiones las de los nuevos chayoteros pro 4T, que se quemaron por andar defendiendo a los sionistas en México, y defendiendo a Citlalli Hernández, que ha hecho un pésimo trabajo, y en presidencia la siguen defendiendo, obvio, desde allá la pusieron a la feminazi de Hernández, cómo pedirá el voto a los hombres para ella ahora que aparentemente “ganó” para ser alcalde Cuauhtémoc en la Ciudad de México, no vaya a ser que desde Presidencia, al compartir las mismas ideas feminazis, la quieran imponer para ser la sucesora de Clara Brugada en la Ciudad de México.

    Y #laperritadetrump sigue ladrando, igual que Alito el traidor a la patria, y en el Poder Legislativo siguen sin hacer nada para castigarlo…

    No se les olvide, este texto está plagado de opiniones, cuestionamientos personales, algunos hechos reales y chunga.

    #PalestinaLibre #FreePalestine

    Gracias.

    BLOG: https://chimpando.blogspot.com/