Categoría: Opinión

Graves y particularmente delicadas son las acusaciones que viene realizando Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI y senador de la República, cuando habla públicamente de políticos presuntamente relacionados con el crimen organizado o el narcotráfico. Y aquí quisiera detenerme un momento, porque una cosa es la confrontación política, otra muy distinta es una denuncia y otra todavía más seria es señalar públicamente a personas atribuyéndoles posibles relaciones con organizaciones criminales.

Alejandro Moreno ha utilizado expresiones como “narcopolíticos” y “narcopartido” para referirse a sus adversarios. El propio PRI publicó el pasado 7 de junio un comunicado encabezado con una declaración suya: “En Coahuila barrimos a los narcopolíticos de Morena”. Además, Moreno ha llevado algunos de sus señalamientos a Estados Unidos, donde ha denunciado lo que considera autoritarismo y persecución política en México y ha insistido en acusaciones relacionadas con presuntos vínculos entre personajes del oficialismo y el crimen organizado.

Eso, viniendo del presidente nacional de un partido y de un senador de la República, me parece que merece mucho más que aplausos, gritos, entrevistas o publicaciones en redes sociales. Si el senador posee información concreta sobre políticos relacionados con el narcotráfico, entonces debería presentarla ante las autoridades correspondientes. Si conoce nombres, operaciones, circunstancias, movimientos financieros o cualquier otro elemento que pueda constituir evidencia, que lo entregue y que se investigue. Y si una autoridad considera necesario citarlo para que explique lo que sabe y aporte los elementos que dice tener, tampoco me parecería descabellado. Ya estuvo bueno de convertir acusaciones de semejante gravedad en simples instrumentos de propaganda electoral.

Porque llamar narcotraficante a alguien no es decirle mal gobernante, corrupto, incompetente o mentiroso. Estamos hablando de atribuirle posibles relaciones con delitos gravísimos. Si queremos vivir en un verdadero Estado de derecho, entonces las acusaciones deben investigarse independientemente del color partidista del señalado. Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano o quien sea. Si existen pruebas, que se proceda; si existen indicios serios, que se investiguen; pero si solamente existen discursos, entonces tengamos mucho cuidado de convertir la sospecha en sentencia simplemente porque apareció en X, Facebook, YouTube o en una conferencia de prensa.

Tampoco me parece prudente que un senador de la República y, más aún, dirigente nacional de un partido político, en su intento legítimo por recuperar espacios, simpatizantes y finalmente votos, termine construyendo toda una estrategia alrededor de desacreditar las acciones del Gobierno mexicano sin reconocer aquello que también ha sido reconocido fuera del país. Esto no significa que debamos aplaudirle todo al Gobierno ni mucho menos que México haya resuelto el problema del narcotráfico. Sería absurdo afirmarlo. Pero la relación de seguridad entre México y Estados Unidos ha mantenido mecanismos de cooperación y funcionarios estadounidenses han reconocido públicamente resultados de esa colaboración. Entonces tampoco podemos construir una realidad donde absolutamente nada sirve simplemente porque electoralmente conviene decirlo.

Y de ahí pasamos precisamente al otro gran asunto de estos días: quién dice la verdad, quién miente y quién tiene derecho a decidirlo.

Me llamó particularmente la atención la reacción del prestigiado periodista Joaquín López-Dóriga respecto de las acciones de Luisa María Alcalde y el ejercicio gubernamental denominado “Derecho de Réplica”. Hay algo incluso curioso en esta historia, porque fue precisamente en una entrevista con López-Dóriga donde Alcalde explicó el proyecto antes de que comenzara formalmente. La intención, según explicó entonces, sería identificar información que el Gobierno considera falsa, contrastarla con datos oficiales y responder públicamente.

Aquí la discusión se vuelve mucho más interesante que simplemente decidir si estamos con el periodista o con el Gobierno.

La prensa tiene que ser libre. Completamente libre. Un periodista debe poder investigar al presidente, a sus hijos, a un gobernador, a un senador, a un empresario, a un general o a quien sea sin pedir permiso y sin miedo a represalias. Esa libertad es indispensable en cualquier democracia que pretenda llamarse así. Pero la libertad de prensa tampoco puede significar que todo lo publicado automáticamente se convierta en verdad.

Hay mucha información que se publica y después resulta falsa, incompleta, exagerada o simplemente imposible de comprobar. Donald Trump convirtió la expresión “fake news” en parte del lenguaje político mundial, pero el fenómeno evidentemente no nació con él. Lo que sí cambió radicalmente fueron las redes sociales. Hoy basta un teléfono celular y unos cuantos segundos para que una acusación pueda recorrer un país entero antes de que la persona señalada tenga siquiera oportunidad de enterarse.

El poder de un medio de comunicación es enorme y precisamente por eso debe utilizarse con responsabilidad. Una noticia falsa puede destruir una reputación construida durante décadas. Puede afectar una familia, una empresa, una carrera profesional o una trayectoria política. Y después resulta prácticamente imposible regresar las cosas al punto donde estaban, porque la aclaración normalmente nunca alcanza la misma difusión que tuvo el escándalo.

Pero aquí también debemos aplicar exactamente la misma regla al Gobierno. Si desde Palacio Nacional se afirma que determinada información periodística es falsa, entonces que se demuestre. Que presenten documentos, cifras, fechas y evidencias. El derecho de réplica es perfectamente legítimo; la censura no. Aclarar una noticia es válido; intimidar al periodista por publicar algo incómodo sería otra cosa completamente diferente.

Entonces ni el Gobierno tiene derecho automático a la verdad por ser Gobierno ni un periodista tiene derecho automático a la verdad por ser periodista. Ambos deben responder por lo que dicen.

Y mientras discutimos sobre verdad, mentira, narcotráfico, libertad de expresión y responsabilidad pública, nuestros representantes populares decidieron regalarnos un espectáculo que parecía más un pleito de guajolotes que una discusión entre legisladores.

Los diputados Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, y Arturo Ávila, de Morena, protagonizaron un enfrentamiento en instalaciones del Senado que comenzó con acusaciones políticas y terminó entre insultos, jaloneos y empujones. Entre las expresiones que aparecieron durante la confrontación estuvieron “vocero del narco” y “porro de Alito”.

Y ahí está nuevamente la palabra mágica de nuestra política actual: narco.

Otra vez el narcotráfico convertido en insulto. Otra vez una acusación gravísima utilizada como proyectil político. Otra vez las palabras llegando mucho más rápido que las pruebas.

Vi las imágenes y, independientemente de las simpatías políticas que cada quien pueda tener, me parece que Arturo Ávila hizo bien en no llevar el enfrentamiento todavía más lejos. Lo estaban provocando, hubo intercambio de palabras y evidentemente los ánimos estaban encendidos, pero precisamente ahí es donde un representante popular tiene que recordar dónde está y qué representa. En política no siempre gana quien pega más fuerte ni quien grita más. Muchas veces gana quien entiende cuándo no caer en la provocación.

Y para ponerle la cereza al pastel apareció nuevamente Alejandro Moreno diciendo, palabras más, palabras menos, que él sí le habría entrado y habría puesto a Ávila “en su lugar”.

No todo es pelear, señor Moreno.

La política necesita firmeza, claro que sí. Necesita oposición, debate, denuncia y políticos capaces de defender con energía aquello en lo que creen. Pero el Congreso de la Unión no puede convertirse en una sucursal de la Arena México. Para eso existen las tribunas, los debates, las investigaciones, las fiscalías y, cuando corresponde, los tribunales.

Y no lo digo por defender a la 4T.

Lo digo por su apellido.

Moreno.

Porque casualmente quien escribe estas líneas también lleva ese apellido dentro de su propia historia familiar y sé perfectamente que no todos los Moreno pensamos igual, ni necesitamos resolver nuestras diferencias a golpes.

Respecto de Arturo Ávila y Luisa María Alcalde, también hemos visto cómo desde hace meses se publican versiones sobre una supuesta relación sentimental entre ambos. Hasta pareja los hicieron ya. Carlos Loret de Mola escribió sobre esa presunta relación desde abril. Pero aquí vuelvo exactamente al mismo principio: una cosa es lo que se publica, otra lo que puede demostrarse y otra muy diferente aquello que realmente tiene relevancia pública.

Si son pareja o no, francamente pertenece a su vida privada mientras no exista alguna consecuencia comprobable sobre el ejercicio de sus responsabilidades. Lo que sí podemos evaluar es su desempeño público. A Luisa María Alcalde por sus decisiones políticas y partidistas, y a Arturo Ávila por su actuación como legislador. Lo demás corre el riesgo de convertirse simplemente en combustible para las redes sociales.

Y quizá ahí está precisamente el problema que atraviesa todos estos acontecimientos.

Nos estamos acostumbrando peligrosamente a una política donde primero se acusa y después, si acaso, se investiga; donde una publicación en redes sociales puede adquirir para millones de personas el mismo valor que una carpeta de investigación; donde una declaración política se convierte en sentencia y donde una información periodística es inmediatamente considerada verdadera o falsa dependiendo únicamente de quién la publicó y de qué lado político estamos nosotros.

Eso no fortalece la democracia.

Si Alejandro Moreno tiene pruebas de políticos relacionados con el narcotráfico, que las presente y que las autoridades investiguen hasta las últimas consecuencias. Si el Gobierno afirma que una información publicada por un periodista es falsa, que presente las pruebas que la desmienten. Si un periodista realiza una acusación, que tenga las fuentes y los elementos suficientes para sostenerla. Y si dos diputados tienen diferencias políticas, que las resuelvan con argumentos desde la tribuna y no a empujones en los pasillos.

Porque México tiene problemas demasiado serios como para reducir la discusión nacional a hashtags, acusaciones sin expediente, rumores sentimentales y pleitos de guajolotes.

La verdad no debería tener partido.

Y las pruebas tampoco.

El senador Alejandro “Alito” Moreno parece haber entendido perfectamente cómo funciona la política en estos tiempos: cuando siente que su nombre comienza a apagarse un poco, encuentra rápidamente la manera de volver a encenderlo. Una denuncia, un pleito, una declaración explosiva o cualquier asunto suficientemente llamativo sirve para regresar a los titulares. Hace apenas unos días lo vimos nuevamente visitando Estados Unidos, viaje que me imagino también aprovechará para comprarse algunos pares de esos zapatos que tanto le gusta usar, algunos trajes, corbatas y camisas. Y ya que Nueva York le queda relativamente de paso, seguramente debe tener por allá algún sastre que conoce perfectamente sus medidas, porque hay que reconocer que la ropa que utiliza se ve fina y el senador cuida bastante bien esos detalles.

Pero dejando a un lado la ironía, resulta particularmente interesante la denuncia que Moreno decidió llevar al país vecino contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral: Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga. El senador solicitó que sus actuaciones sean examinadas en Estados Unidos bajo el marco de la Global Magnitsky Act, a raíz de la controversia generada por las medidas cautelares relacionadas con publicaciones suyas en las que calificaba a Morena como “narcopartido”.

Aquí comienza lo verdaderamente curioso del asunto. El INE es un organismo constitucional autónomo mexicano y para revisar sus determinaciones México cuenta con instituciones y mecanismos jurisdiccionales propios, entre ellos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces resulta por lo menos extraño que una diferencia surgida dentro del sistema político y electoral mexicano termine trasladándose al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Presentar una denuncia allá no significa automáticamente que exista una injerencia extranjera, por supuesto, pero sería interesante observar qué ocurriría si alguna autoridad estadounidense decidiera efectivamente intervenir o sancionar a funcionarios mexicanos por decisiones adoptadas en el ejercicio de sus atribuciones. Ahí sí comenzaríamos a entrar en una conversación bastante más delicada sobre soberanía e intervención extranjera.

Para eso tenemos autoridades judiciales en México, para eso existe el Tribunal Electoral y para eso existe todo un sistema constitucional diseñado precisamente para resolver diferencias entre partidos, candidatos, ciudadanos y autoridades electorales. Si cada vez que una resolución no nos gusta buscamos que otro país intervenga, entonces algo estamos entendiendo mal sobre la autonomía de nuestras propias instituciones.

Pero bueno, quizá Alejandro Moreno también ha comprendido algo que los influencers descubrieron hace bastante tiempo: hasta las malas noticias generan seguidores. Hoy una denuncia produce titulares, un enfrentamiento genera reproducciones y una frase escandalosa garantiza entrevistas. En la política moderna muchas veces importa tanto permanecer dentro de la conversación como el contenido mismo de esa conversación.

Y hablando precisamente de noticias, acusaciones y verdades que todavía necesitan demostrarse, me llamó la atención una publicación de Azucena Uresti relacionada con Andrés Manuel López Beltrán y el enorme asunto del llamado huachicol fiscal. Durante los últimos meses han circulado testimonios, investigaciones periodísticas y señalamientos en los que aparece mencionado el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí debemos hacer una distinción fundamental: que una persona aparezca mencionada dentro de un testimonio, una declaración o una publicación periodística no significa que su responsabilidad penal haya quedado demostrada.

Andrés López Beltrán ha rechazado públicamente acusaciones que pretenden relacionarlo con actividades criminales y ha pedido que quienes realizan esos señalamientos presenten pruebas. Y sinceramente, mientras no aparezcan esas pruebas, yo personalmente encuentro difícil imaginar que un político o el hijo de un expresidente decida involucrarse directamente en la operación de negocios ilícitos. Tendría que existir prácticamente una necesidad extraordinaria de adrenalina, porque alrededor del poder existen millones de oportunidades para hacer negocios completamente lícitos sin necesidad de convertirse en colaborador de una organización criminal.

Ahora bien, que yo lo considere improbable tampoco demuestra que sea inocente. Esa es precisamente la diferencia que muchas veces estamos perdiendo. Mi opinión no es una sentencia absolutoria, de la misma manera que la acusación de un periodista, un testigo o un adversario político tampoco constituye una sentencia condenatoria. Para eso existen investigaciones, fiscalías, expedientes, pruebas, jueces y tribunales. Más adelante veremos qué resulta de todas estas investigaciones sobre el huachicol fiscal y hasta dónde llegan realmente las responsabilidades. Si existen pruebas contra quien sea, que se presenten; si existen delitos, que se persigan, sin importar apellido, partido político o posición dentro del gobierno.

Y regresamos inevitablemente a Alejandro Moreno, quien nuevamente ha utilizado una expresión bastante dramática al señalar que nadie lo va a callar y que, si fuera necesario, está dispuesto incluso a pagar con su vida. Francamente, ya chole con ese tema. Aquí nadie debería querer callar a Alejandro Moreno ni a ningún otro político. Tampoco se trata de censurar periodistas, medios de comunicación, ciudadanos o adversarios del gobierno. Se trata de algo muchísimo más sencillo: no decir mentiras y, cuando se realizan acusaciones graves, poder demostrarlas.

No confundamos censura con responsabilidad.

La libertad de expresión es indispensable en una democracia y México necesita protegerla particularmente porque nuestro país sigue siendo peligroso para muchos periodistas. Necesitamos periodistas incómodos, investigadores, reporteros que cuestionen al gobierno y medios capaces de exhibir aquello que el poder preferiría mantener escondido. Pero precisamente por eso el periodismo serio debe diferenciar una investigación de un rumor, un testimonio de una prueba y una acusación de una sentencia.

Porque hoy pareciera que basta colocar una fotografía, un encabezado espectacular y algunos signos de interrogación para convertir cualquier versión en noticia. Después vienen miles de reproducciones, comentarios, programas de televisión, mesas de análisis y publicaciones en redes sociales. Para cuando aparece una aclaración, la acusación original ya recorrió todo México.

Y ahí es donde creo que también debemos defender a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Defenderla no significa impedir que la critiquen ni convertir cualquier cuestionamiento al gobierno en un ataque contra México. Al contrario: la presidenta debe ser cuestionada, observada y sometida permanentemente al escrutinio público. Para eso existe una prensa libre. Pero una cosa es cuestionar sus decisiones y otra muy diferente inventarle hechos, atribuirle responsabilidades sin pruebas o convertir especulaciones en verdades simplemente porque generan audiencia.

Demasiadas mentiras circulan diariamente como para continuar aceptando que la reputación de cualquier persona pueda destruirse mediante una acusación que después nadie tiene obligación de demostrar. Y digo cualquier persona porque esta regla no puede depender del partido político. Debe aplicarse exactamente igual para Claudia Sheinbaum, para Alejandro Moreno, para Andrés Manuel López Beltrán, para Morena, para el PRI, para el PAN y para cualquier ciudadano.

Si existen documentos, que se publiquen. Si existen pruebas, que se presenten. Si existe corrupción, que se investigue. Si existen delitos, que los responsables enfrenten a la justicia. Y si únicamente existe una acusación, entonces llamémosla exactamente por lo que es: una acusación.

Lo que no podemos hacer es convertir la mentira en modelo de negocio y después llamar censura a cualquier intento por exigir responsabilidad. Si el negocio de algunos medios, políticos o personajes públicos consiste en decir mentiras para obtener audiencia, votos, seguidores o relevancia, entonces sí, se les acabó el negocio y punto. Pero si lo que existe es una investigación periodística seria, documentada y sustentada con evidencia, entonces nadie debería intentar callarla, mucho menos desde el poder.

La libertad de expresión no necesita mentiras para sobrevivir y la verdad tampoco necesita censura para defenderse. Lo que ambas necesitan es algo que últimamente parece escasear demasiado en la conversación pública mexicana: pruebas.