Durante su campaña, Abelardo de la Espriella pidió públicamente a Washington poner bajo la lupa a decenas de políticos colombianos, entre ellos Marta Peralta y Euclides Torres, cuyas visas fueron revocadas este lunes. La coincidencia vuelve a poner bajo cuestionamiento el uso de Estados Unidos como instrumento de presión contra adversarios políticos.
El entonces candidato Abelardo de la Espriella pidió en junio a Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, que tuviera “en el radar” a una lista de políticos y empresarios colombianos a los que vinculó con presuntos casos de corrupción y compra de votos. Entre los nombres estaban Euclides Torres y Marta Peralta, quienes ahora aparecen entre los sancionados por Washington.
La coincidencia resulta políticamente incómoda: De la Espriella señaló a sus adversarios ante una autoridad extranjera durante una campaña electoral y ahora, desde la Presidencia, celebra que dos de ellos hayan perdido sus visas. Sin embargo, el Departamento de Estado no ha afirmado públicamente que las revocaciones estén relacionadas con aquella lista, por lo que atribuirle directamente la decisión a la gestión del mandatario sería ir más allá de la evidencia disponible.
La lista incluía a figuras como Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Rafael Martínez, Eduardo Pulgar, Agmeth Escaf, Euclides Torres, Marta Peralta, Musa Besaile y otros dirigentes, a quienes De la Espriella acusó públicamente en el contexto de sus denuncias sobre una presunta red de compra de votos. Algunos de los señalados rechazaron las acusaciones y cuestionaron que el candidato los perfilara sin presentar pruebas públicas durante aquella transmisión.
Ahora, lejos de guardar distancia institucional, De la Espriella celebró las sanciones y advirtió que la ofensiva podría ampliarse, incluso con nuevas medidas administrativas y financieras. “La lucha apenas empieza”, declaró. El episodio deja una imagen particularmente dura de su estrategia política: convertir las sanciones migratorias y financieras de una potencia extranjera en un arma retórica contra adversarios internos, mientras Washington mantiene la potestad soberana de decidir a quién restringe el ingreso y por qué motivos.
El caso también evidencia la diferencia entre una denuncia política y una sanción oficial: que dos nombres de aquella lista hayan terminado perdiendo sus visas no demuestra por sí mismo que De la Espriella haya ordenado o provocado la decisión estadounidense. Lo que sí está documentado es que el hoy presidente pidió durante la campaña que Washington vigilara a esos dirigentes y que, después de conocerse las revocaciones, salió públicamente a respaldarlas y anunció que podrían venir más.
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