De uniformados y sus empresas

Personalmente creo que los militares formados por los revolucionarios eran muy diferentes a los que encumbró el Estado a partir de la muerte del General Lázaro Cárdenas, él nunca estuvo de acuerdo con la represión vivida en el sexenio de López Mateos y menos con el uso del Ejército en 1968. El prestigio del Ejército Mexicano y de sus mandos se perdió con el uso que el Estado hizo de ellos, al igual que la ideología que les inculcó; los hizo enemigos del Pueblo o de cualquier movimiento que buscara cambiar al gobierno por uno de izquierda radical y no social demócrata como el actual.

El Ejército Mexicano nació en el Pueblo y del Pueblo, pero lo convirtieron en fuerza represiva contra el Pueblo, porque sus altos mandos emanan del elitista Colegio Militar y su Universidad, no del barrio, del pueblo o de la ranchería y su Comandante General, salvo muy raras excepciones, es efectivamente, extracto del Pueblo.

Por otro lado, la derecha teme al Ejército bajo el mando de civiles que no tienen su postura política, ni su ideología, lo que solo ha ocurrido solo una vez con el Lic. Andrés Manuel López Obrador, que hace un intento real de convertir a esa institución armada en digna defensora del Pueblo y la trata de poner a su servicio. Lo mismo intentó al desaparecer a la PF y crear la Guardia Nacional, cuyo actuar va ganando confianza en la gente, aunque existan elementos con actitudes absolutamente reprobables.

Estratégicamente la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad y en la administración pública con la 4T, ha permitido que ésta tenga una fortaleza mucho más amplia frente a los opositores, a los delincuentes de todo tipo y a la oposición ultraderechista, la que por cierto, habría tenido mucho más posibilidades de avanzar si los tuvieran de aliados, porque saben que en éstas fuerzas hay agentes del imperio infiltrados, por eso buscan esas alianzas fuera de México, tanto en EEUU, como en Europa, no tienen otra forma de ganar espacios, desprecian al Pueblo y esa es su debilidad porque las Fuerzas Armadas fueron reivindicadas como Pueblo por AMLO y les dio espacios de lucimiento en la estructura de construcción de la 4T, más allá de construir el ferrocarril, o puertos, han constituido empresas que empiezan a ser rentables y que le dan recursos a sus organizaciones y al país.

Es preferible eso, que empresas privadas que solamente van a perseguir sus ganancias sin importarles nada más y son abiertamente explotadoras del trabajo y persiguen beneficios del erario público, porque existen reducciones de impuestos como motivación para invertir, aunque esto esté proscrito desde la Constitución.

La expectativa de éxito económico, de servicio y de empleo bien remunerado que se tiene de estas empresas es muy alta, con el tiempo sabremos si esto ocurre o solo fue un espejismo. Por lo pronto, en ninguna de las empresas de las Fuerzas Armadas existe un sindicato y la forma de contratación de sus empleados, es pública, a través de medios electrónicos y convocatorias similares, sin embargo, se trata de empresas que son PROPIEDAD DEL PUEBLO con procesos de contratación individual, que en el caso de Mexicana, son eventuales por 3 meses renovables, sin poder contar con una plaza definitiva, a pesar de lo que establece la LFT.

La contratación en el Tren Maya, los trabajadores son agremiados al STFRM, sin que hasta hoy, se sepa que haya elección de sus comités en la que hayan participado los asalariados de esa empresa, pero al mismo tiempo, la empresa Mundo Maya, contrata bajo el esquema de la Administración Pública Federal y, ya que son parte de una estructura administrada por las Fuerzas Armadas de México, no cuentan con un sindicato civil o gremial independiente, lo que tanto en lo colectivo, como en lo individual, los mantiene en completa indefensión ante la patronal, que finalmente es una institución pública, lo que será todo un galimatías a la hora de defender sus derechos laborales, que los tienen por el solo hecho de ser asalariados.

Tanta beligerancia a las fuerzas armadas en la administración de empresas públicas, llámense aeropuertos, puertos, ferrocarriles, aerolíneas o lo que sea, permite que los derechos laborales sean nulificados en función de su propia estructura al margen de la LFT y de la protección que la Constitución otorga a todos los asalariados del país.

Se entiende que esa participación, tiene un valor estratégico muy importante, que supone evitar la privatización de estas empresas y la garantía de cumplimiento de sus metas en los plazos establecidos en su creación, sin embargo, se hace sin considerar los derechos de sus trabajadores y sujetándolos a una disciplina militarizada que está muy alejada de la realidad civil de estos trabajadores y trabajadoras.

La tendencia tendría que ser que la administración y operación de esas empresas se convirtiera en COMPLETAMENTE CIVIL, generando candados legales que eviten su privatización por la vía constitucional y partiendo de la base de que la inversión para su construcción y creación ha sido hecha desde el erario público y, por tanto, con recursos económicos que vienen de las contribuciones del Pueblo, así evitando su privatización.

Valdría mucho la pena actualizar también a estas condiciones, a PEMEX, CFE y a cada “paraestatal”, convirtiéndolas legalmente en verdaderas empresas de las que el único dueño real no es el Gobierno Federal, sino el Pueblo Mexicano y solo están para ser administradas por quien el gobierno decida, sin que por ello se conculque ningún derecho laboral de sus trabajadoras y trabajadores. Predicar con el ejemplo propiciando que esta fuerza laboral tenga los mejores salarios y prestaciones posibles y el respeto absoluto de su integridad como asalariados. ¿Será posible con la 4T que muchas veces parece 4ª simulación?