El gobierno de Daniel Noboa ordenó restringir la movilidad nocturna en Quito y Guayaquil, en medio de una crisis de seguridad marcada por el narcotráfico y cuestionamientos por el uso de la fuerza.
El gobierno de Ecuador decretó un toque de queda nocturno del 3 al 18 de mayo, que aplicará en nueve provincias, incluyendo las principales ciudades del país. La medida restringe la libre circulación durante seis horas cada noche, con el argumento de contener la violencia vinculada al crimen organizado.
Esta decisión se suma a una serie de estados de excepción implementados desde 2024, cuando el Ejecutivo declaró al país en “conflicto armado interno”, militarizando las calles. Sin embargo, lejos de resolver el problema de fondo, la estrategia evidencia una dependencia creciente de medidas de fuerza, mientras la inseguridad sigue posicionando a Ecuador como uno de los países más violentos de la región.
El endurecimiento de la política de seguridad, respaldado por Estados Unidos, también ha despertado señalamientos por posibles abusos de las fuerzas armadas, lo que abre un debate incómodo: el combate al narcotráfico está derivando en un costo alto en derechos humanos, sin garantías claras de resultados sostenibles.
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