El uso estratégico de demandas civiles y denuncias penales por figuras públicas se ha convertido en una forma habitual para inhibir la labor periodística y silenciar investigaciones críticas.
En el último año, el ejercicio periodístico en México ha enfrentado una transformación en sus riesgos. Organizaciones como ARTICLE 19 (@article19mex) han documentado que el acoso judicial ha desplazado a la agresión física como el método predilecto para limitar la libertad de expresión. Durante 2025, esta tendencia registró incrementos alarmantes, superando el 140% en comparación con periodos anteriores.
El esquema de ataque es constante: funcionarios, políticos y particulares presentan denuncias bajo figuras como “terrorismo”, “daño moral” o “violencia de género” (VPEG). Estos procesos, aunque en ocasiones resultan favorables para los comunicadores tras años de litigio, cumplen con el objetivo inmediato de desgastar económicamente a los periodistas, obligar a la censura previa y forzar la eliminación de contenidos de interés público mediante medidas cautelares.
De Este fenómeno no solo afecta a reporteros de investigación, sino también a medios de comunicación que ven comprometida su viabilidad financiera al tener que enfrentar múltiples frentes legales simultáneos. La falta de protocolos especializados y la impunidad en los procesos hacen que esta práctica sea cada vez más atractiva para quienes buscan evadir el escrutinio público.
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