Estados Unidos retiró visas a más de 20 funcionarios, exautoridades y políticos colombianos por presuntos vínculos con la corrupción y el narcotráfico. El caso salpica a figuras como Ricardo Roa, exdirector de Ecopetrol, y Wadith Manzur, mientras Abelardo de la Espriella, cercano a Donald Trump y respaldado por Washington, enfrenta el desafío de demostrar que su discurso contra el crimen no será una fachada para la subordinación política a Estados Unidos.
La Administración de Donald Trump anunció la revocación de visas a decenas de ciudadanos de Colombia y Bolivia como parte de su ofensiva regional contra la corrupción y el narcotráfico. En el caso colombiano, entre los señalados figuran Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022; Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo; y Wadith Manzur, senador electo cuya posesión quedó impedida por una orden judicial de detención. Las restricciones migratorias son decisiones administrativas estadounidenses y, por sí solas, no equivalen a una condena penal.
La lista también incluye a Karen Manrique, representante a la Cámara detenida por el escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), además de los exsenadores Julio Chagui y Liliana Esther Bita, y el exdiputado José Ignacio Mesa Betancurt. Roa enfrenta investigaciones relacionadas con su gestión al frente de Ecopetrol y su participación en la campaña de Petro. La acumulación de casos que involucran a políticos y funcionarios exhibe la gravedad de las sospechas sobre las redes de corrupción en las instituciones colombianas, aunque cada señalamiento debe acreditarse mediante los procedimientos correspondientes.
El Departamento de Estado aseguró que la medida respalda al gobierno de Abelardo de la Espriella en sus esfuerzos por combatir la influencia criminal dentro de los tribunales, las fuerzas policiales y el Legislativo. Sin embargo, ¿la lucha contra la corrupción responde a una política institucional colombiana o a las prioridades geopolíticas de Trump? La cercanía política de De la Espriella con el presidente estadounidense y la incorporación de Colombia a la alianza Escudo de las Américas alimentan las dudas sobre cuánto margen tendrá Bogotá para actuar con independencia frente a su poderoso aliado.
De la Espriella no puede limitarse a utilizar el respaldo de Trump como certificado de legitimidad ni presentar las sanciones estadounidenses como prueba definitiva de culpabilidad. Si pretende combatir las redes criminales, deberá permitir investigaciones transparentes, garantizar la independencia judicial y aplicar la ley sin selectividad política. Un gobierno que presume de mano dura mientras depende del aval de Washington corre el riesgo de convertir la lucha anticorrupción en propaganda y la cooperación internacional en subordinación, en lugar de construir instituciones capaces de investigar y sancionar a cualquier funcionario, sin importar su partido o cercanía con el poder.
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