La semana pasada escribimos acerca del Plan Michoacán impulsado por Claudia Sheinbaum y el potencial de esta iniciativa para abrir un nuevo camino de esperanza capaz de alcanzar la tan anhelada paz en nuestro país. Lo importante de esta iniciativa, radica, por un lado, en que no se trata de un programa emergente para contener la violencia sino de la oportunidad de inaugurar un nuevo paradigma de pacificación nacional y, por el otro, su esencia basada en la justicia, la reconstrucción del tejido social y, sobre todo, en la participación comunitaria. Por esa razón, el plan coincide plenamente con la visión humanista que desde diversos espacios sociales impulsan varios actores, es decir, la visión de una paz construida desde abajo, sostenida por la cooperación, la dignidad y el trabajo solidario. Así como lo hicimos en la anterior entrega, nuestro colectivo reconoce en esta iniciativa una verdadera ruptura con la lógica de la guerra y la represión, que durante décadas (especialmente en el gobierno de Calderón) convirtieron al país en rehén del miedo.
De una vez por todas, a la trasnochada oposición le debería quedar claro algo: la paz no puede nacer de los cuarteles ni mucho menos de las balas, sino del compromiso de todas y todos con la justicia social y, en esa dirección, somos muchos los que consideramos que el Plan Michoacán y el cooperativismo comparten la raíz de reconstruir comunidades, devolver confianza, dignificar el trabajo campesino y enfrentar la desigualdad que alimenta la violencia estructural que tantas vidas ha costado al país. De ahí que nuevamente insistamos en que un plan de esta naturaleza, se entrelaza con los principios del cooperativismo que ha demostrado que los pueblos pueden levantarse desde la solidaridad y la autogestión, por eso, con firmeza afirmamos que Michoacán puede convertirse hoy en un laboratorio de transformación nacional si el Estado se compromete a vincular los programas sociales con economías comunitarias, cooperativas ambientales y proyectos de autogobierno rural. Imaginemos los alcances de un plan con estas características si se logra replicar como modelo en otros estados como por ejemplo Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz o Tamaulipas, ya que su implementación permitiría construir redes regionales de cooperación para la paz donde los gobiernos locales asuman el compromiso de fortalecer el tejido social con el acompañamiento de las fuerzas del orden.
No obstante, hay que señalar la importancia de institucionalizar un plan con estos alcances en la legislación federal pues estamos ante la posibilidad de dar paso a un nuevo marco legal en que se incorporen preceptos trascendentales como la Construcción de la Paz donde, se reconozca a las organizaciones comunitarias, cooperativas y fundaciones sociales como sujetos estratégicos de la pacificación. Un marco de esta naturaleza permitiría establecer mecanismos de financiamiento público, rendición de cuentas interinstitucional, y coordinación entre federación, estados y municipios, además de garantizar la protección jurídica de las comunidades que participen en la reconstrucción del tejido social. De ahí la importancia de que iniciativas como esta trasciendan las ideologías partidistas para convertirse en una política de Estado, en las que se involucre a todos los sectores de la sociedad.
Finalmente se hace necesario repensar a Gandhi: la no violencia no es pasividad, sino una forma superior de lucha basada en la verdad y en la fuerza moral del pueblo; hay que releer a Gramcsi pues si el Plan Michoacán logra articular a la sociedad civil con el Estado, puede convertirse en un bloque histórico de transformación social, donde el poder no se imponga desde arriba, sino que se construya desde la base popular. El desafío es grande, pero más la plena convicción de que pueblos históricos de nuestro país como Michoacán pueden convertirse en los primeros territorios de paz en el siglo XXI.
- Luis Tovar
Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, FUDEMAH
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