La presidenta afirmó que la ciudadanía ya vio quién votó contra reducir privilegios en el sistema electoral y reiteró que su gobierno no negociará principios ni abandonará el proyecto de transformación.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó un mensaje contundente tras el rechazo de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, al señalar que la ciudadanía ya pudo observar qué partidos y legisladores votaron en contra de reducir privilegios en el sistema político. “No hay que traicionar al pueblo”, expresó durante su conferencia desde Palacio Nacional.
La mandataria sostuvo que en la votación quedó claro que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano rechazaron la iniciativa, además de algunos legisladores del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Sin embargo, destacó que el 99 por ciento de los diputados de Morena respaldaron la propuesta, lo que —dijo— demuestra que dentro del movimiento existe convicción por avanzar en la transformación del país.
Sheinbaum subrayó que la falta de aprobación de la reforma no representa una derrota, ya que el objetivo principal era cumplir con el compromiso de impulsar cambios para terminar con privilegios en el sistema electoral. “La gente sabe que no estamos dispuestos a negociar todo”, afirmó.
Al ser cuestionada sobre legisladores de Morena que votaron en contra o se abstuvieron, la presidenta sostuvo que existe libertad dentro del movimiento, pero dejó claro que la ciudadanía tomará su propia opinión sobre esas decisiones. También señaló que será el propio partido quien determine las acciones correspondientes en el futuro.
La mandataria recordó que su trayectoria política ha estado ligada a la lucha por la democracia, la justicia social y el combate al régimen de corrupción y privilegios, por lo que insistió en que su gobierno no puede apartarse de los principios del movimiento que llevó a la Cuarta Transformación al poder.
Finalmente, reiteró que el objetivo de la reforma —y de las nuevas propuestas que se presentarán— es reducir los gastos excesivos en la política y destinar los recursos públicos a necesidades sociales, como infraestructura, agua potable, salud, educación y programas de bienestar.
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